Desde el año 2006, cuando se cumplió el 30 aniversario del golpe genocida de 1976, el Poder Ejecutivo argentino decretó feriado nacional inamovible el 24 de marzo. El objetivo del presidente de entonces, fue que a partir de ese año la fecha no sea laborable, para estimular a la sociedad a ejercitar un recuerdo o una reflexión sobre el genocidio que ocurrió en nuestro país durante la última dictadura. Feriado nacional inamovible, caiga viernes -como entonces, como ahora- o miércoles con partidos nocturnos. Haga frío o sea sol. Inamovible. Inalterable. Como una marca roja indeleble en la rutina de todos los días. Para que cada 24 de marzo, hasta en cada zócalo del país, el último de los argentinos se vea forzado a recordar la brutalidad de los asesinos y la gesta de quienes se les opusieron, y cada cómplice activo o silencioso de los verdugos militares se compruebe aislado, solo y derrotado, pura escoria.
Esa sensible medida del Poder Ejecutivo, impulsada por Néstor Kirchner, fue sólo una entre varias decisiones similares, que perseguían el fin de la impunidad y el comienzo de una nueva etapa en la vida democrática del país: la Justicia a fondo. A su vez, significó una victoria trascendente para quienes desde hacía treinta años venían luchando contra los dictadores y sus partícipes civiles, las más de las veces en condiciones políticas adversas.
Establecer feriado nacional inamovible para cada 24 de marzo fue una medida de carácter simbólico que acompañó otras de tenor más concreto. Entre ellas, impulsar con toda la fuerza del Estado las causas judiciales por delitos de lesa humanidad, que estuvieron demoradas durante años en los juzgados o simplemente no podían iniciarse por culpa de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Y no sólo: la expropiación de la ESMA a la Marina de Guerra argentina y su entrega a los organismos de derechos humanos; el descabezamiento de las cúpulas militares cuando el gobierno no tenía aún un mes de ejercicio en el poder; el gesto firme al ordenar con un dedo al jefe del Ejército que descuelgue los retratos de los genocidas Videla y Bignone; el discurso en el Colegio Militar del 24 de marzo de 2006, con el pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo reluciente entre el verde oliva de los jefes militares; el decreto que liberó a los oficiales de la obligación de guardar secreto si de violaciones a los derechos humanos se trata; los cambios en los planes de estudio para la formación castrense; el desmantelamiento de la estructura ilegal de inteligencia descubierta en la Base Almirante Zar, de Trelew, etcétera, configuraban el perfil de un gobierno que no era improvisado en su política de derechos humanos, al tiempo que demostraba que su "gestualidad", como le llamaban, tantas veces criticada maliciosamente por la derecha, excedía por muchos cuerpos una mediocre ecuación electoral.
Sin dudas, la lucha político-ideológica, en el plano de las ideas, de tantos años, obtuvo sus resultados. El kirchnerismo, desde la más alta investidura estatal, demostró en la historia que lo que sucedió durante la dictadura trascendió largamente a las víctimas directas del accionar genocida y comprendió al conjunto del tejido social. La dictadura se adueñó del poder en la Argentina para instalar un plan económico que se propuso desaparecer físicamente al opositor político, al luchador social, al rebelde, al solidario, para extinguir materialmente a la clase trabajadora, destruyendo el aparato productivo nacional en beneficio de los grandes capitales internacionales, financieros especialmente.
Las gestiones de Néstor y Cristina abordaron con visión histórica, política, integral, cultural, y no meramente penal, el drama de la dictadura y sus alrededores. No procuraron reparar únicamente a las familias victimizadas por el genocidio, sino encarar políticamente la cuestión, sin redes ni compromiso alguno con nadie. No se trató de un análisis táctico, sino estratégico. Afrontaron la coyuntura con visión de largo alcance y efecto prolongado. Se internaron en la construcción de una "memoria fértil", como piden las Madres, y no "impolítica", como también reclaman. Tenían una razón política profunda que los empujaba a hacerlo: el proyecto nacional que encabezaban se proponía desarrollar el país, complejizar su aparato productivo, y repartir en forma crecientemente igualitaria las riquezas que generara ese crecimiento. Jamás disociaron "memoria" de "política", ni "presente y futuro" de "pasado".
Cambiemos
En 2017 todo es diferente. La derecha liberal gobierna el país. Los herederos políticos de quienes sostuvieron el golpe manejan nuevamente el aparato del Estado. Son los mandatarios de espesos capitales que, casualmente, se beneficiaron con aquel genocidio. Por televisión abierta, y en el medio de la polémica por la decisión del presidente Macri de cambiar el significado del feriado del 24 de marzo, declarándolo móvil, un alto funcionario, titular de la Aduana, relativiza el genocidio. No sólo el número de víctimas de la dictadura, sino la matriz del Estado terrorista.
Me explico: si dejáramos pasar así nomás que un funcionario público llame "modelo caótico de conducción de la guerra" al exterminio genocida, y "lugares descentralizados" a los campos de concentración, estaríamos a un paso de aceptar, cuanto menos por defecto, que la represión estatal, sus crímenes, torturas y desapariciones forzadas, no constituyeron una forma argentina del "Terrorismo de Estado", sino una sumatoria de errores de gestión cometidos por, apenas, malos funcionarios.
A no olvidar: si Juan José Gómez Centurión sigue siendo funcionario público es porque la Justicia federal no lo mandó preso y entendió que las pruebas reunidas en su contra no son todavía (y sólo por ahora) suficientes para procesarlo por corrupto. Esa máxima que sigue su amigo presidente que lo nombró en la Aduana, también debe regir para todas las demás circunstancias judiciables: que hubo un plan sistemático de extermino, que se trató de un genocidio y que no existió ninguna guerra, son profundas verdades históricas demostradas en sede judicial. No son, por lo tanto, materia opinable. Menos que menos para un funcionario público. Con la barbaridad que dijo este hombre el domingo, no hace falta que un juez lo procese para sacarlo del puesto.
Porque los cargos no son de quienes los ocupan sino de la Constitución, la democracia y el pueblo que este fascista de poca monta agravió alevosamente. Al menos así se enseña en las clases teóricas de democracia liberal.
Desde luego, las definiciones de un funcionario estatal sobre lo que pasó en los años setenta no son banales. Son constitutivas de la matriz ideológica del gobierno que integra. Explican políticas de Estado, desde económicas hasta científicas. De hecho, el kirchnerismo, como identidad política, no nació el 25 de mayo de 2003, cuando asumió el gobierno, sino el 24 de marzo de 2004, cuando Néstor expropió la ESMA, la entregó a los organismos de DD.HH., pidió perdón en nombre del Estado, y llamó "compañeros" a los desparecidos, que hasta entonces eran tratados oficialmente como "terroristas", "foquistas", "violentos" y todo lo demás, y tirados al tacho de lo incómodo e indeseable para una democracia demasiado vigilada por los poderosos económicos. Ese día el kirchnerismo se sacó de encima la (esa sí que) pesada herencia pegotista; la Patria empezó a ser otra cosa, y el pueblo pudo explorar una potencialidad que hasta ese momento tenía vedada.
No en vano a ese hito histórico apuntó de entrada el macrismo. Una de las primeras medidas de política oficial en materia de derechos humanos del gobierno Macri fue suprimir en la nueva impresión del libro "Nunca más" el prólogo añadido en 2006, a 30 años del golpe, en el que el kirchnerismo gobernante discutió con el texto original, escrito por Ernesto Sábato, y que fundó la Teoría de los Dos Demonios.
En suma, Gómez Centurión no está solo. Como escribió Cristina, "es Macri". Por eso mismo, no alcanza con que el gobierno saque un comunicadito rápido para despegarse del escándalo, y continuar de vacaciones en Chapadmalal o Villa La Angostura. No alcanza con devolver al pueblo el feriado inamovible del 24 de marzo. Y digo más: no alcanza siquiera con la salida definitiva del titular de la Aduana. Hace falta más.
La lucha por la verdad histórica es política. Y cultural. Comprende la sanción penal del genocidio, y la reivindicación de todas las gestas emancipatorias de nuestro pueblo, porque un denominador común las unifica: las luchas por democratizar la riqueza y alcanzar libertades siempre fueron reprimidas por quienes quieren concentrarlas en unos pocos. Esas luchas, que son una sola y gran lucha, se libran todo el tiempo, en simultáneo, y en múltiples frentes. ¿Qué tiene que ver Gómez Centurión con la modificación por decreto de las leyes migratorias y de ART, con el traspaso de la Justicia, con la persecución casi obstinada de Gils Carbó, con las amenazas de destitución al juez Rafecas, con los despidos, con la eliminación de las retenciones?
Todo.
