martes 31 de mayo de 2016
LE PERTENEZCO
PRAT-GAY PIDIÓ PERDÓN A EMPRESARIOS EN MADRID POR
LOS "ABUSOS" QUE COMETIÓ ARGENTINA SOBRE ELLOS
"Quiero pedir disculpas a los capitales españoles"
El ministro de Hacienda lamentó la expropiación de YPF y aprovechó un encuentro con inversores para disculparse, en nombre del Estado, por "lo que han sufrido los capitales españoles". Además, dijo que no le da miedo la pérdida de puestos de trabajo.
"Argentina está de vuelta. Empecemos por un aplauso porque estamos de vuelta", propuso Prat-Gay al empezar su disertación en Madrid.
Por Tomás Lukin
El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, pidió perdón. La solicitud de indulgencia no tuvo como destinatarios a los empleados públicos desplazados sin causa, a quienes calificó de "grasa militante", ni los sectores de ingresos fijos afectados por la aceleración inflacionaria. Tampoco buscó el funcionario la redención con industrias, comercios, hoteles y usuarios residenciales afectados por los tarifazos. "Quiero pedir disculpas por los abusos de todo tipo que han sufrido los capitales españoles en Argentina", expresó ayer Prat-Gay durante un desayuno organizado en Madrid con funcionarios y empresarios de ese país. Como parte de su estrategia para atraer inversores, el titular del Palacio de Hacienda consideró que la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF en manos de Repsol por la cual el gobierno argentino pagó 4670 millones de dólares en 2014 fue un "disparate". En la primera jornada de su gira por Europa, el funcionario ponderó el desmantelamiento de las restricciones cambiarias que habilitó a las empresas españolas a remitir utilidades y dividendos a sus casas matrices. Prat-Gay destacó además las mejoras de rentabilidad para las proveedoras de servicios públicos de capitales españoles originadas en los aumentos de tarifas.
"No tengo más que empezar por pedirles disculpas por los últimos años, por lo que han sufrido los capitales españoles", arrancó el ministro. "Argentina está de vuelta. Empecemos por un aplauso porque estamos de vuelta", propuso Prat-Gay al iniciar su intervención en el evento convocado la ONG Nueva Economía Forum y financiado por Telefónica. "Los últimos años fueron un escándalo donde nos alejamos de todos. Reestablecer los lazos con el mundo y la nación española es una prioridad de nuestro Gobierno", consideró Prat-Gay tras su pedido de disculpas a los empresarios españoles. "No podemos hacerlo solos. Nos faltan la experiencia y los capitales", lanzó el funcionario al proponer que inviertan en áreas de turismo, energía e infraestructura.
A pesar de las tensiones bilaterales que generó la decisión del gobierno de CFK de expropiar el paquete accionario de Repsol en YPF, las empresas españolas mantuvieron una destacada presencia en todo el entramado productivo local. España es el segundo inversor extranjero en el país, solo superado por Estados Unidos. Los desplazamientos de empresas españolas del control de activos estratégicos del país se concretaron como consecuencia de la falta de inversión e incumplimientos de las firmas. Por ejemplo, Marsans, que controlaba Aerolíneas Argentinas, o Aguas de Barcelona, que mantenía una participación en AySA. Ninguna de esas irregularidades fue mencionada por el ex jefe de monedas del JP Morgan.
El dato actualizado de la Cámara Española de Comercio de la República Argentina arroja que existen 259 compañías locales bajo control español. Cemento Avellaneda, Autopista del Sol, Metrogas, Banco Santander, Banco BBVA Francés, Gas Natural, Edesur-Endesa, Mapfre, Zara, Dycasa y Telefónica son algunos de los principales exponentes del rentable grupo de firmas ibéricas instaladas en el país. Las empresas de capitales españoles, ante quienes se disculpó Prat Gay, figuran entre las principales beneficiarias del proceso de privatizaciones y extranjerización de la economía local. Durante los 90, los flujos acumulados de inversiones extranjeras tuvieron al país europeo como líder indiscutido. Más recientemente, con el estallido de la crisis de los países de la periferia europea, las rentas provenientes de las filiales latinoamericanas de distintas firmas permitieron amortiguar el impacto sobre sus balances de profunda recesión económica.
"Estamos volviendo a poner a la Argentina en la senda del crecimiento tomando algunas medidas difíciles. No nos guiamos por la instantaneidad de la opinión pública. Con el desastre que nos dejaron era imposible crecer. Si no tomábamos las medidas nos transformábamos en Venezuela", expresó Prat-Gay al intentar justificar el ajuste recesivo en marcha. "La ley antidespidos era un cepo laboral a las empresas, era una garantía para no contratar. Nuestro gobierno no tiene miedo de que en el propio proceso de creación económica se pierdan algunos puestos de trabajo, lo importante es que después se creen muchos más puestos", indicó el funcionario durante el desayuno con empresarios españoles, donde también defendió el acuerdo con los fondos buitre. Hasta ahora ningún funcionario del gobierno de Mauricio Macri había viajado a España a la espera de las nuevas elecciones generales previstas para fines de junio. Sin embargo, antes de que se defina al nuevo presidente español, Prat-Gay fue enviado a una gira por Europa para seducir inversores. En Madrid, el ministro fue recibido por Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta en funciones del gobierno encabezado por Mariano Rajoy. "Es un político solvente, experimentado y con criterio", lo elogió ante la prensa. "El gobierno de Macri marca un antes y un después. Representa una apuesta por recuperar pulso vitalista de nación moderna y avanzada", completó la representante del Partido Popular.
La gira de Prat-Gay por Europa tiene como objetivo "promover las inversiones en Argentina". El relato oficial instaló que las inversiones de empresas extranjeras iban a llover gracias a la confianza recreada por la llegada de Macri a la Casa Rosada. El supuesto flujo contenido de desembolsos no se materializó. La continuidad de la crisis internacional y la profunda caída de la demanda local no estimulan la llegada de inversiones. Para la tradición neoliberal, las empresas multinacionales juegan un rol determinante en los procesos de desarrollo. Desde esa perspectiva, mucha inversión extranjera sugeriría que los gobiernos hacen bien las cosas y poca reflejaría una orientación "errónea" de la política. La experiencia durante la década del '90 evidencia como la maximización de esos flujos, donde España jugó un rol central, no garantiza un impulso para el crecimiento y el desarrollo. En cambio, los flujos de la IED dejaron como saldo la pérdida de importantes grados de libertad.
UN REPASO DE LO QUE DEJARON LOS EMPRESARIOS
ESPAÑOLES
Recuerdos del saqueo
El ministro Alfonso Prat-Gay pidió disculpas "por lo que han sufrido los capitales españoles", pero no hizo ninguna referencia a la tierra arrasada que quedó tras el paso de Iberia/Marsans por Aerolíneas y Repsol por YPF.
Antonio Mata y Antonio Brufau, dos responsables del vaciamiento.
Por Fernando Krakowiak
"No tengo más que empezar por pedirles disculpas por los últimos años, por lo que han sufrido los capitales españoles", aseguró ayer en Madrid el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, ante un puñado de políticos y empresarios del país ibérico. El funcionario calificó de "disparate" la expropiación de YPF y acusó al kirchnerismo de llevar adelante una "destrucción sistemática de las reglas más básicas", pero no hizo ninguna referencia a la herencia que dejaron los empresarios españoles luego de su paso por la petrolera nacional. Tampoco mencionó el vaciamiento que concretaron en Aerolíneas Argentinas y que forzó su estatización a fines de 2008. Lo que sigue es un repaso de la tierra arrasada que quedó en esas dos empresas tras el paso de Iberia/Marsans y Repsol.
Aerolíneas Argentinas
A fines de 1990, el gobierno de Carlos Menem le vendió Aerolíneas Argentinas a la estatal española Iberia. La compañía se transfirió sin ningún pasivo, ya que antes el Estado absorbió su deuda, que ascendía a 868 millones de dólares. Los españoles pagaron 1610 millones de dólares en títulos públicos y apenas 260 millones en efectivo, con la particularidad de que para conseguir el dinero se endeudaron y transfirieron el pasivo a la cuenta de la propia Aerolíneas.
El objetivo de los españoles era expandirse en la región para poder competir con las gigantes europeas y estadounidenses que entonces dominaban el mercado global. Sin embargo, el plan no funcionó y en 1994 negociaron con Menem para que el gobierno argentino renunciara a la "acción de oro", que le permitía fiscalizar las decisiones estratégicas y la venta de activos.
Una vez que se deshicieron de ese obstáculo, los españoles comenzaron a liquidar prácticamente todo. Vendieron oficinas comerciales en el país y el exterior, los simuladores de vuelo y las 28 aeronaves que conformaban la flota. También desmantelaron los talleres y levantaron decenas de rutas y escalas. La situación no mejoró y en el año 2000 se declararon en convocatoria de acreedores. La lucha de los trabajadores y el apoyo de gran parte de la población resultaron claves para evitar la quiebra.
Finalmente, en octubre de 2001 el gobierno español le vendió la empresa a un consorcio liderado por la compañía turística Marsans por apenas un euro. Antes tuvo que aportar cerca de 700 millones de dólares que se debían destinar al armado de un plan de negocios y pagar deudas anteriores, aunque Marsans, comandada por Antonio Mata y Gerardo Díaz Ferrán, utilizó ese dinero para hacer crecer otras empresas de su grupo, como Air Comet. En 2001, esa aerolínea se limitaba a la operación de vuelos charter al Caribe, Sudamérica y las Islas Canarias, pero rápidamente comenzó a crecer y brindar vuelos comerciales regulares. "Air Comet se equipó a través de las empresas del Grupo Aerolíneas, obteniendo de ese modo un verdadero enriquecimiento ilícito. Se basaron en los negocios de las empresas del Grupo Aerolíneas para apalancar el crecimiento de unidades de negocios distintas, como Air Comet Europa, Air Comet Chile, Marsans Internacional Argentina y Marsans Internacional Chile", detalló el gobierno nacional en un descargo presentado ante el Ciadi, donde Marsans demandó al país luego de que se le quitó la empresa, pese a que en los meses previos a la estatización había dejado de pagar los sueldos, la nafta y las tasas aeroportuarias. De hecho, a fines de 2008, el Estado nacional se tuvo que hacer cargo de la compañía para evitar su cierre. La Auditoría General de la Nación estableció entonces que Aerolíneas Argentinas había quedado, luego de dieciocho años de gestión española, con un patrimonio negativo de 2500 millones de pesos y un pasivo estimado en 890 millones de dólares.
Repsol-YPF
Cuando Repsol tomó el control de YPF en 1999, la petrolera argentina tenía activos en Estados Unidos, Indonesia, Rusia, Venezuela, Colombia, Guyana, Ecuador, Brasil, Perú y Bolivia. Lo primero que hicieron los españoles fue venderle a Apache la participación en la estadounidense Crescendo Resources, firma a través de la cual la petrolera argentina operaba en Texas y Oklahoma. De ese modo, se hicieron de liquidez para acelerar la cancelación de la deuda que habían tomado para adquirir la propia YPF. A partir de 2000, Repsol inició además un proceso de transferencia del resto de los activos internacionales en cabeza de YPF a alguna de sus otras subsidiarias. La venta de todas las firmas aportó 3063,5 millones de dólares que luego fueron girados a Repsol como dividendos extraordinarios.
La desinversión se evidenció en la evolución de los pozos exploratorios. Según los propios datos informados por YPF ante la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, entre 1993 y 1998, el año anterior a que Repsol se quedara con la compañía, el promedio de pozos explorados por YPF fue de 77 por año. Entre 1999 y 2004 el promedio se redujo a 26 por ciento, un 70 por ciento menos, y entre 2005 y 2010 la exploración bajó a 13 pozos perforados por año, un 84 por ciento menos respecto del período 1993-1998. Recién en 2011, año previo a la expropiación de la empresa, la actividad registró un pequeño repunte con 24 pozos, aunque igual quedó muy por debajo del promedio histórico.
La disminución de los pozos exploratorios repercutió en un fuerte retroceso de las reservas. El becario del Conicet, Mariano Barrera, detalló en un informe elaborado en base a datos de la Secretaría de Energía que entre 1999 y 2011 las reservas de petróleo de YPF disminuyeron de 123 a 63 millones de metros cúbicos, un 49,8 por ciento, y las de gas de 191 a 50 millones de metros cúbicos, un 73,8 por ciento. Ambas caídas fueron superiores al promedio del mercado. Por lo tanto, la participación de YPF en el total de las reservas de crudo se redujo de 25,2 al 18,4 por ciento, mientras que en el caso del gas disminuyó de 25,6 a 16,6 por ciento.
El proceso de desinversión a nivel local tuvo como contracara utilidades record que luego se remitieron al exterior. Entre 1999 y 2011, YPF obtuvo ganancias por 16.450 millones de dólares y giró al exterior dividendos por 13.246 millones de dólares. En el mismo período, el patrimonio neto de la empresa se redujo 41 por ciento, mientras que la producción de petróleo cayó 43 por ciento y la producción de gas disminuyó 31 por ciento. Las cifras dejan en claro que Repsol utilizó los recursos para favorecer su expansión internacional a costa de la petrolera local, que al mismo tiempo fue reduciendo su radio de acción a la Argentina.
La falta de inversión tuvo a su vez un fuerte impacto ambiental. Según el informe Mosconi presentado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en junio de 2012, el índice de frecuencia de derrames de petróleo, utilizado desde 2006, evidenció hasta 2008 una tendencia decreciente, pero luego la situación se revirtió y en 2010 y 2011 hubo un incremento significativo con más de 4500 derrames por año. La causa principal identificada fue la rotura de caños que se encontraban en mal estado por falta de mantenimiento. La consecuencia fue un aumento de las tierras contaminadas con hidrocarburos, de las cuales sólo un pequeño porcentaje fue sometido al tratamiento de recuperación (entre 3 y 12 por ciento, según el año).
fkrakowiak@pagina12.com.ar
MACRI ANUNCIO QUE REPATRIARA LOS FONDOS QUE TENIA DEPOSITADOS EN
BAHAMAS
Al fin llegan las inversiones
Luego de las críticas que generó la difusión de su cuenta por 18 millones de pesos en un paraíso fiscal, el Presidente informó ayer que había ordenado al administrador de sus fondos que radicara la suma en el país.
Por Werner Pertot
La dirigente de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti denunció al presidente Mauricio Macri por presunto enriquecimiento ilícito en base a los datos que el mandatario presentó en su declaración jurada. En esa presentación, Macri pasó a declarar más del doble de bienes que el año pasado: de 52 millones de pesos en 2014 pasó a 110 millones en 2015. En el Gobierno, sostuvieron que la diferencia se debe a la valorización de las acciones de sus empresas, que antes había incluido con un valor simbólico. "Implica una rentabilidad muy difícil de explicar", señaló Cerruti.
La ex legisladora porteña ya había presentado una denuncia penal contra Macri el año pasado cuando envió su declaración jurada como candidato a presidente ante la Oficina Anticorrupción. En ese caso, la denuncia de Cerruti partió de las diferencias entre lo declarado en esa instancia y lo que indicó ante la Ciudad como jefe de Gobierno. Los macristas sostienen que hay una incompatibilidad entre los dos formularios, pero la diferencia de datos terminó siendo parte de una investigación judicial.
Este año, tras la filtración de documentos del estudio de abogados Mossack Fonseca, conocida como Panamá Papers, Macri comenzó a ser investigado por el juez Sebastián Casanello por presunta omisión maliciosa en su declaración jurada. Es porque no figuran en sus presentaciones las empresas offshore Fled Trading y Kagemusha, radicadas en Islas Bahamas y Panamá, respectivamente. Dos paraísos fiscales.
En su declaración jurada, Macri indicó que tiene 18 millones de pesos en las Bahamas, un dinero que el año anterior figuraba en Estados Unidos y Suiza. En medio del escándalo de los Panamá Papers y con la discusión del blanqueo en el Congreso, ayer anunció que traerá esos fondos de vuelta al país (ver página 4).
Enriquecimiento
La denuncia que presentó ayer Cerruti fue sorteada y cayó en el juzgado de Sebastián Ramos. El fiscal será Gerardo Pollicita. En el texto de la denuncia, Cerruti indica que Macri presentó con retraso su declaración jurada dado que, por ley, tenía 30 días desde su asunción. "El presidente informa que ha iniciado el año (2015) con 49.164.980 millones de pesos y ha finalizado el período con un patrimonio neto de 110.199.664 pesos. Su patrimonio neto se incrementó un 124 por ciento en un año", indicó Cerruti, quien consideró que esto "implica una rentabilidad de sus activos muy difícil de explicar". La dirigente de Nuevo Encuentro le pide al juez que investigue si ese crecimiento de 61 millones puede explicarse por los ingresos que declara.
La ex legisladora advirtió que Macri declaró "ingresos totales por 13.353.634 pesos (ingresos del trabajo, alquileres y otras rentas neto de gastos, ingresos no alcanzados por el impuesto a las ganancias, bienes recibidos por herencia, legado o donación) y gastos totales por 6.462.926,84 pesos (gastos no deducibles en el impuesto a las ganancias y gastos personales). En definitiva, de la declaración jurada presentada por el propio Presidente, surge que ha tenido ingresos 'legales' y declarados por 6.890.707,16 pesos".
Esta cifra no cubre la diferencia de 61 millones. "Estamos ante un escandaloso incremento patrimonial que nos lleva automáticamente a presumir la existencia del delito de enriquecimiento ilícito", sostuvo Cerruti en el escrito, que puede leerse completo en el sitio de la ex legisladora Nuestras Voces.
Desde el Gobierno, habían explicado que la diferencia se debía a la valuación de las acciones de sus empresas. La ex legisladora indicó que "podría deberse también a un incremento muy extraordinario en la valuación de sus activos (más de 120 por ciento), lo que nos dejaría ante el más grande especialista en inversiones del planeta, únicamente superado por la rentabilidad lograda por los denominados fondos buitres gracias a su gestión", ironiza.
"Sin embargo, cuando revisamos el punto 9 de su declaración jurada, en el ítem denominado 'Diferencia de Valuación de los mismos bienes al inicio y al final del año', nos encontramos con que esa diferencia de valuación es 'cero'. Es decir, seguimos teniendo 60 millones de pesos de diferencia que no se encuentran justificados de acuerdo a la declaración jurada presentada", advirtió. Cerruti, inclusive, consideró que la nota incluida por el presidente explicando esas inconsistencias es una prueba del supuesto delito de enriquecimiento ilícito. En caso contrario, argumentó la dirigente, habría falseamiento de la declaración anterior.
Yacylec
La dirigente de Nuevo Encuentro indicó también inconsistencias entre los datos que proporcionó Macri y otras fuentes documentales. "Según la información recogida de los propios entes oficiales, Macri cedió el 5,33 por ciento de Yacylec SA en el mes de febrero de 2016. Si revisamos la declaración jurada presentada, el Presidente informa que al 31 de diciembre de 2015 poseía un 0,01 por ciento de acciones de Yacylec SA. Es decir, un porcentaje menor al que luego termina transfiriendo", advirtió la ex legisladora. "Esto nos indica, con un único ejemplo, que el enriquecimiento ilícito de casi 60 millones de pesos que evidencia la declaración del presidente, es aun mayor a esos 60 millones, ya que al cierre del año 2015 poseía una cantidad de acciones de Yacilec SA mucho mayor a la consignada", afirmó.
Según se informó a través del Boletín Oficial el 1º de marzo pasado, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) aprobó mediante ua resolución que el Presidente traspase las acciones que poseía de Yacylec – la empresa que transporta energía de alta tensión desde Yacyretá – a Sideco Americana, el holding familiar de los Macri.
Por otro lado, cuando Mauricio Macri dio a conocer su declaración, la ex legisladora advirtió también que había declarado 19 millones en el Fideicomiso Caminito, que es un emprendimiento inmobiliario en el sur de la Ciudad. Cerruti advirtió en ese momento que el Gobierno porteño, con Macri al frente, impulsó exenciones impositivas que beneficiaron a esa empresa. Se trata de la firma que remodeló la ex fábrica de Alpargatas y la convirtió en Molina Ciudad, un edificio de 65 mil metros cuadrados. Aunque no formó parte de su denuncia, Cerruti señaló que "en diciembre de 2012 la Legislatura debatió y votó el proyecto de creación del Distrito de las Artes. El proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo a través del ministro Francisco Cabrera contemplaba un sinnúmero de exenciones impositivas y ventajas" (ver aparte).
La declaración jurada de Macri continúa remarcando que su amigo, consigliere y contratista del Estado Nicolás Caputo le debe 22 millones de pesos. Pero por ese motivo se lo investiga a raíz de la primera denuncia de Cerruti, por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.
O trucho o no tan ciego
El anuncio de Mauricio Macri de repatriar los 18 millones de pesos que tenía en Bahamas generó todo tipo de repercusiones en las redes. Una que lo comentó en Twitter fue la abogada Graciana Peñafort. "Duda existencial: leo que Macri repatriará los 18 palos que tenía en el exterior. 'Di la orden al administrador'. Pero.... ¿no era que Macri en abril había creado un fideicomiso ciego en el que habia depositado sus bienes? Entonces, cuando creó el fideicomiso ciego, ¿no puso ahí esos dólares y esas cuentas? Entonces el fideicomiso ciego es trucho", escribió. "El fideicomiso ciego o es trucho porque sólo tiene una parte del patrimonio de Macri, o bien no es taaan ciego porque recibe instrucciones. Espero que algún fiscal revise la constitucion del fideicomiso ciego de Macri", agregó.
Caminito sembrado de sospechas
La ex legisladora Gabriela Cerruti señaló que recién este año Mauricio Macri dio a conocer que tiene 19 millones de pesos invertidos en Fideicomiso Caminito, que hizo inversiones inmobiliarias en el sur de la Ciudad y que fue beneficiado por el Gobierno porteño a partir de una serie de con exenciones de impuesto a los ingresos brutos y de ABL votadas en la Legislatura. El Fideicomiso Caminito es propietario de Molina Ciudad, un edificio que se hizo en base a remoderar la ex fábrica de Alpargatas, en Avenida Patricios al 1000. Actualmente, son 65 mil metros cuadrados, con 360 lofts de entre 160 y 230 metros cuadrados, todas con balcón. También hay unidades duplex con terrazas propias. Los pisos tienen cuatro metros de altura. La pileta, 32 metros de largo. En la planta baja hay estudios de arte en el Grand Atrium Central, abierto al público. Esa empresa recibió los beneficios impositivos del Distrito del Arte, una ley que impulsó el Gobierno de Macri y fue resistida por los vecinos de La Boca y Barracas. "En el año 2012, el edificio que ahora se sabe que es del (ex) jefe de Gobierno fue sede de la exposición de Casa FOA, impulsada por el Gobierno de la Ciudad para la promoción de la zona sur", indicó Cerruti, quien señaló que Macri estuvo allí entregando premios a emprendedores. "Un enorme cartel en la puerta aclara que la comercialización está a cargo de Achával-Cornejo. El presidente de esta inmobiliaria es Iván Achával, íntimo amigo de Mauricio Macri y uno los pocos con quienes compartió su cumpleaños en febrero pasado junto a su esposa Juliana y su hija Antonia", señaló la dirigente de Nuevo Encuentro en su sitio Nuestras Voces. Según indicó Cerruti, "el proyecto lo llevó adelante Fernando Baremboin, un ex gerente de IRSA que formó su propia desarrolladora, GES S.A. Ges comparte dirección, French 2699 Piso 1, con Fideicomiso Caminito y en las notas de prensa aparece como la propietaria del edificio de Alpargatas y todo el emprendimiento. Sin embargo, quienes a partir de 2011 compraron cuotas del fideicomiso, saben que lo hicieron con Caminito". El gobierno de Macri remodeló la avenida Patricios para elevar el valor inmobiliario de la zona y en diciembre de 2012 el macrismo consiguió que se votara la ley del Distrito de las Artes, que lo eximió de pagar impuestos por 10 años. También podrá usar hasta el 25 por ciento de la inversión como pago a cuenta de futuros impuestos. "El proyecto estaba claramente destino a desarrolladores inmobiliarios, sin que se supiera entonces que el principal emprendedor de esa zona era el jefe de Gobierno", indicó Cerruti.
LA DISCUSIÓN PARLAMENTARIA DEL PROYECTO SOBRE EL
PAGO A LOS JUBILADOS Y EL BLANQUEO
Desconfianza de afuera y de adentro
Los aliados aseguran que no acompañarán la iniciativa si el blanqueo incluye a funcionarios. Desde la oposición no quieren mezclar la discusión sobre el pago a los jubilados con el blanqueo.
El radical Mario Negri expresó reparos sobre el alcance del blanqueo.
Por Miguel Jorquera
Mientras los diputados macristas se entusiasman y aspiran en convertir en ley "en 30 o 40 días" el proyecto ómnibus que bajo el título del pago de ajustes a jubilados, también incluye un blanqueo de capitales y la devolución de coparticipación a las provincias, el primer escollo que enfrenta el gobierno es dentro de la propia alianza oficialista: el jefe de diputados de la UCR, Mario Negri, comunicó a "al Gobierno" que su bloque "no acompañará" la propuesta que el blanqueo "incluya a funcionarios", en el mismo sentido que a través de un documento se pronunció el socio menor de Cambiemos, la Coalición Cívica (CC) que lidera Elisa Carrió. Con cuestionamientos y dudas, desde los bloques opositores prefieren conocer el proyecto – que llegaría hoy a la Cámara baja – para fijar posición, ya que los textos de las iniciativas del Gobierno no siempre se corresponden con sus anuncios. Así lo hicieron saber a Página/12 desde el Frente para la Victoria (FpV), el massista Frente Renovador (FR), el Bloque Justicialista (BJ) y Progresistas.
"Nuestro objetivo es darle tratamiento en 30 o 40 días en ambas Cámaras. Este mismo jueves queremos empezar con una sesión informativa de comisiones, donde va a haber distintos funcionarios del Ejecutivo, empezando por (el titular de la Anses, Emilio) Basavilbaso y (el director de la AFIP, Alberto) Abad, los más competentes en este tema", sostuvo el jefe de los diputados PRO, Nicolás Massot, que le puso fecha tentativa al tratamiento en el recinto: el 15 de junio.
Luego abrió las puertas a las negociaciones: "este proyecto será igual a los anteriores, siempre abiertos a que la oposición plantee sus ideas. Hay dirigentes con mucha experiencia en estos temas para proponer mejoras", completó Massot convencido que sin concesiones no tienen las manos necesarias para imponerlo en el Congreso.
La primera negociación será hoy puertas adentro para buscar aplacar la rebelión de sus propios aliados. Cerca de Negri, que también conduce el interbloque de Cambiemos, ratificaron el cuestionamiento de la UCR al blanqueo de capitales. "Queremos excluir del blanqueo a los funcionarios y también a quienes tengan pendientes causas judiciales. Es una decisión de todo el bloque y Negri se lo comunicó a las más altas esferas del Gobierno", dijeron a Página/12.
La CC lo hizo con un documento partidario con el aval de Carrió: "los funcionarios de los tres poderes del Estado y de todos los niveles de la administración, así como los contratistas y concesionarios del Estado y las personas imputadas en delitos contra la administración pública, deben quedar excluidas del beneficio de la ley de blanqueo propuesta por el PEN ya que constituiría un acuerdo de impunidad".
El encuentro será hoy a las 18 horas y a puertas cerradas en el Anexo de la Cámara baja. Allí, el secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci y sus subsecretarias Alejandra Breggia y Mercedes Bourquin, buscarán convencer a sus socios de los beneficios del blanqueo.
Desde el FpV ya habían criticado las características "ómnibus" del proyecto, afirmaron que no acompañán que el blanqueo incluya a funcionarios, cuestionaron la metodología y el alcance de los ajustes jubilatorios y manifestaron sus sospechas sobre la "privatización" de las acciones que componen el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que sostiene todo el sistema provisional. Igual esperarán el ingreso del proyecto: quieren conocer al "letra chica", producir informes de los especialistas y debatirlo dentro del bloque para fijar posición.
El referente económico del FR Marco Lavagna cuestionó que la iniciativa mezclara el tema de los jubilados "con el blanqueo de capitales y con la devolución del 15 por ciento a las provincias por la deuda de coparticipación". "La verdad es que es una gran ensalada", señaló.
"Nadie puede estar en contra del reajuste a las jubilaciones, pero primero hay que conocer la letra chica para poder opinar en serio", había dicho Diego Bossio del BJ ante los periodistas parlamentarios. "Es poco serio que tengamos que opinar en un tema tan importante como el provisional por lo que dicen desde el Gobierno a los medios. Consideramos que hay que discutir por separado, las jubilaciones por una lado y el blanqueo por otro, al que por principios estamos en contra y mucho mas si el blanqueo incluye a los propios funcionarios que hicieron el texto de la ley", dijo a Página/12, la socialista Alicia Ciciliani.
El macrismo tendrá que remontar una cuesta, donde los aliados desconfían que el blanqueo sea una traje a medida para funcionarios corruptos. Un tema que abroquela al grueso de la oposición, que también reclama garantías para acompañar al resto de la iniciativa.
Sesión en duda
El apuro del Gobierno por avanzar con los proyectos de reajuste a los jubilados y el blanqueo de capitales puso en dudas la sesión que el oficialismo había previsto para este miércoles en la Cámara baja. Allí se iban a tratar las iniciativas impulsadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que proponen juicios acelerados en caso de flagrancia y la creación en el Código Penal de las figuras de agente encubierto, agente revelador e informante. Entre esas iniciativas estaba prevista la figura del arrepentido, pero tal como informó Página/12, las críticas la dejaron, por el momento, en el camino. Hasta ayer por la noche, la convocatoria a la sesión no había sido oficializada desde la presidencia de la Cámara de Diputados.
EL TITULAR DE LA ANSES CONFIRMÓ QUE LA PENSIÓN POR
VEJEZ SE OTORGARÁ A LOS 65 AÑOS A AMBOS SEXOS
Cinco años más para las mujeres
La nueva pensión por vejez obligará a las mujeres a esperar cinco años más para obtener un beneficio previsional. Hasta ahora aquellas que no completaban los aportes podían acceder a la jubilación a los 60 años con la moratoria.
Más de 2,2 millones de mujeres accedieron a la jubilación a los 60 años con la moratoria.
El proyecto de ley ómnibus de blanqueo de capitales y pago de sentencias previsionales implica, en materia jubilatoria, elevar en cinco años, de 60 a 65, la edad de retiro para las mujeres que no lleguen a cumplir con los aportes obligatorios. El director de la Anses, Emilio Basavilbaso, confirmó ayer que no habrá distinción entre hombres y mujeres para la edad mínima con la cual acogerse a la Pensión por Vejez, que será para todos a los 65 años. Hasta el momento, con las moratorias lanzadas por el gobierno anterior, el trámite podía iniciarse a los 60 años en el caso de las mujeres y al cabo de cinco años accedían a un haber pleno, que como piso era la jubilación mínima, tras saldar la deuda de aportes atrasados. En su lugar, con la nueva ley deberán esperar a los 65 y si no logran completar aportes, cobrarán de por vida el 80 por ciento de la jubilación mínima, monto establecido para la nueva pensión.
Basabilbaso anticipó algunos puntos del proyecto antes de su envío al Congreso. "Para todos es 65 años", señaló respecto a la edad mínima para acceder al autoproclamado programa de derecho a la vejez. El funcionario ratificó además que "desde septiembre queda finalizada la segunda moratoria, pero se mantiene vigente la primera para los que hicieron aportes pero no llegaron a los 30 años que pide la ley". La primera moratoria que lanzó el kirchnerismo (Ley 24.476) permitía completar aportes hasta 1993, mientras que la segunda (Ley 26.970) extendía el beneficio hasta 2003. Con ello se logró extender la cobertura previsional al 97 por ciento de las personas en edad de jubilarse, contra el 66 por ciento de 2001. Ingresaron al sistema 3,2 millones de personas, de las cuales el 70 por ciento (2,2 millones) fueron mujeres con escaso o nulo nivel de aportes. Estas nuevas beneficiarias ingresaron al sistema con 60 años y tras cinco años del pago en cuotas de aportes atrasados a la Anses, pasaron a cobrar como piso la jubilación mínima.
Con los cambios que introduce el proyecto del macrismo, las mujeres que no tengan los aportes necesarios para la jubilación o no puedan completarlos con la primera moratoria – porque les faltan del período comprendido entre 1993 y el momento de iniciar el trámite – deberán esperar hasta los 65 para ingresar al beneficio a la vejez. Este esquema crea jubilados de "primera" y de "segunda", porque coexistirán aquellos que accedieron al beneficio con los aportes correspondientes por haber trabajado en blanco y aquellos que fueron víctimas de la informalidad y solo cobrarán el 80 por ciento de ese mínimo.
Otro punto polémico de la ley es el publicitado incremento de 45 por ciento por la actualización de haberes para aquellos jubilados que hicieron juicio al Estado pero aún no obtuvieron sentencia firme. Para actualizar los haberes respecto a los aportes realizados en la etapa activa se tomaba en cuenta el Indice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (Isbic), que daba un reajuste promedio de entre 60 y 80 por ciento. Por un decreto del Gobierno que complementa el proyecto de ley, se lo reemplazó por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que arroja un aumento de 45 por ciento para ese primer haber.
El proyecto de ley contempla además que los recursos para hacer frente tanto al pago de las sentencias y moratorias previsionales como de la actualización de los haberes, que en conjunto podría implicar una suma (a valores actuales) no menor a los 125.000 millones de pesos (75.000 millones sólo para el pago de fallos firmes), provendrá de las ganancias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses y de la penalización retenida por el blanqueo. No obstante, Basavilbaso sostuvo que en caso de que el blanqueo de capitales no sea aprobado dentro del paquete enviado para su tratamiento legislativo, la mejora en los haberes jubilatorios y el pago de sentencias previsionales se realizará con aportes del Tesoro nacional. "Si no hay blanqueo, se puede pagar pero habrá un esfuerzo adicional del Estado, con dinero del Tesoro", sostuvo el titular del organismo.
Si bien confirmó que el proyecto abre las puertas a una eventual venta de acciones del FGS, aseguró que no será necesario hacerlo en breve para cumplir con los juicios y pago de haberes. De todos modos, la utilización de los resultados financieros del FGS, que hasta el momento se recapitalizaban en la cuenta de la entidad, implicará un progresivo deterioro de esa base de ahorro (stock) de los jubilados respecto a un aumento en la cantidad de beneficiarios. La solución continúa siendo formalizar la mayor cantidad de trabajadores para poder hacer sustentable el sistema previsional. Actualmente tres de cada diez asalariados están en la informalidad.
Por Eduardo Santín *
Para entrar al tema hay que empezar por reconocer el derecho al reajuste de haberes que sucesivas sentencias judiciales otorgaron a un segmento de jubilados y la necesidad de que esas liquidaciones, que tardan entre 6 o 7 años en efectivizarse, se aceleren. Ahora bien, los anuncios de Mauricio Macri hay que desmenuzarlos para saber a dónde se quiere llegar y qué significan para el futuro del sistema previsional.
Se debe tener en cuenta que la cifra de 2,5 millones de jubilados que se dice que van a estar favorecidos parece en principio sobredimensionada. De los 6,6 millones de beneficios que se pagan actualmente, 3,4 millones han logrado el haber por la moratoria y quedan afuera del reajuste anunciado; 1,6 milones son pensiones, de las cuales más de dos tercios son directas y es muy probable que tampoco tengan reajuste; más de 500 mil ya han cobrado sus juicios; 60 mil tienen sentencia definitiva; 300 mil están en juicio. En definitiva, la cifra real de quienes quedan por reajustar difícilmente supere el millón, muy lejos de los 2,5 millones que pomposamente se anuncian.
Hay que subrayar que si hoy se puede otorgar esta reparación es porque existe el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que posee más de 50.000 millones de dólares. Esto es consecuencia de la estatización de las AFJP, que permite obtener una renta. Es parte de la "pesada herencia", que al momento de los anuncios no se destaca.
Vale ahora analizar qué hay detrás de esta decisión:
No se prorroga la moratoria, y en su lugar se implementa la Pensión Universal por Vejez, que es el equivalente al 80 por ciento de la jubilación mínima. A diferencia de la moratoria, en este caso se impone que el beneficio será para todos, solo otorgable a partir de los 65 años. Esto significa que una mujer que no completa los 30 años de aportes deberá esperar a los 65 para acceder a una prestación. Es decir sube para ellas la edad jubilatoria.
Se dice que el blanqueo es el instrumento para financiar esta propuesta, así como en los 90 se uso de excusa el pago a jubilados para vender las empresas del Estado. La mayoría de las estimaciones sobre el blanqueo dicen que podrían recaudarse 30.000 millones de pesos como consecuencia de la tasa que le cobrarían a los blanqueadores. Esta cifra está lejísimos de alcanzar para cubrir la operatoria, que se ubicaría en no menos de 250.000 millones de pesos. Si bien los funcionarios aclaran que no van a vender las acciones que posee el FGS, todo hace suponer que parte de los recursos faltantes saldrán de este Fondo por la presión de las grandes corporaciones a liberarse del Estado como accionista.
Otro elemento a considerar es que si se usan las utilidades del FGS para financiar los gastos corrientes y de capital para financiar esta decisión, lo van a descapitalizar y, por lo tanto, su función de fondo contracíclico se termina.
También hay que prestar atención a la modificación propuesta en los índices para actualizar los haberes que sirven para calcular la jubilación inicial cambiando el ISBIC (Indice de Salarios Básicos de la Industria y Construcción) por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). Hoy el reajuste que en general otorgan los fallos judiciales es entre el 60 y el 80 por ciento del haber actual. Que el gobierno promocione el 45 por ciento da la sensación que pretende provocar una disminución de lo que les correspondería.
Por último no se entiende por qué los 60.000 beneficiarios que ya tienen sentencia firme van a cobrar en cuotas, cuando ya han recorrido el penoso camino de la justicia y la Anses.
* Ex diputado nacional MNA-Forja.
OPINIÓN
El papel del Estado, ayer y hoy
Por Alejandro Vanoli *
En los últimos años se ha discutido mucho acerca de cuestiones coyunturales. Mucho más en estos meses a raíz de las medidas adoptadas por el Gobierno de Macri que están generando graves consecuencias económicas y sociales en nuestro país. Pero es necesario complementar esta preocupación razonable sobre la coyuntura con una reflexión sobre los impactos de mediano y largo plazo.
Es bien conocida la importancia de un Estado eficiente que genere a través de una asociación virtuosa con el sector privado, las condiciones para el desarrollo.En tal sentido, existen varias experiencias exitosas en diversos países de Asia, a contramano de lo que ha sucedido en América Latina, en donde el neoliberalismo ha truncado ese proceso de desarrollo en varias oportunidades.
Luego del año 2003, hubo ciertos avances en términos de políticas estructurales en la región. En esa línea, Argentina fue uno de los pocos países latinoamericanos en los cuales se verificó un mayor crecimiento de las exportaciones industriales y de servicios que de las de productos agropecuarios, evidenciando una tendencia a la reversión de la reprimarización de la economía.
Asimismo, el desendeudamiento de la Argentina – que pasó del 151 al 26% del PIB entre los años 2003 y 2015 – implicó también una fuerte mejoría estructural. En paralelo, se mejoró el salario real dando fuerte impulso a la demanda efectiva, se aplicaron políticas que recuperaron las escuelas técnicas, se aumentó fuertemente el presupuesto en educación y ciencia y tecnología, entre otras.
Toda esta batería de medidas tendientes a impulsar el consumo, reducir fuertemente el desempleo – que pasó del 25% en 2002 al 7% en 2015 – y aumentar la producción permitieron incrementar sustancialmente en un 25% a la clase media, el segundo mayor crecimiento a nivel regional, consolidando así una importante palanca para el desarrollo. Estos logros pueden ser verificados en una inobjetable fuente: el documento Prospecto de emisión de bonos que el actual Gobierno efectuó para pagar a los buitres.
En sentido contrario, el nuevo Gobierno ha planteado una política de corte neoliberal a ultranza. Diversas iniciativas adoptadas desde diciembre de 2015 han afectado seriamente a la estructura productiva, especialmente a las PyMEs, en particular: 1) el cambio del rol del Estado, 2) la aplicación de políticas de ajuste 3) el aumento de costos en las actividades productivas y 4) el cambio en las políticas externas y de inserción internacional del país.
1) Rol del Estado: Hacia una mayor brecha en bienes públicos.
a) Las reducciones presupuestarias en el Estado con una visión contable de corto plazo como lo que ocurre en Aerolíneas Argentinas o la discontinuidad de ARSAT 3: Ciertamente las inversiones que no hace el Sector Público son oportunidades de negocios para empresas transnacionales que compiten con dichas empresas o, sencillamente, son inversiones que dejan de realizarse. Esto redunda en pérdidas de puestos laborales, de capacidades tecnológicas nacionales y costos crecientes para las empresas argentinas, lo que se traduce en una menor entrada de divisas para el país. Achicar el Estado y dar negocios a sectores trasnacionales es una actitud coherente de los CEOs que pasaron de la actividad privada a trabajar desde el Estado para sus anteriores patrones.
b) El desfinanciamiento de las Universidades Nacionales implica graves pérdidas en el acceso a la educación para los sectores medios y populares y pérdidas en investigación y servicios a la producción.
c) La política de promoción de los despidos por razones ideológicas y presupuestarias generan no solamente graves injusticias y un mayor desempleo sino que además, implican pérdidas de capital humano y la desaparición de capacidades y políticas que dejan de implementarse en los distintos niveles del Estado.
2) Achicamiento de la economía: Hacia una mayor brecha regional y social.
a) La fuerte caída en la inversión pública genera un deterioro en la infraestructura, mayores costos en transporte y servicios, el aumento del desempleo y una desarticulación regional del país.
b) Las políticas de ajuste afectan no solo al Estado sino al conjunto de la cadena productiva y generan cierre de empresas y despidos.
c) La pérdida de cohesión social que genera un mayor desempleo y menores salarios reales implica no solo una sociedad más desigual sino también un retroceso de capacidades que otorgan competitividad al país.
3) Mayores Costos: Hacia una mayor brecha productiva.
a) La política monetaria de altas tasas de interés que lleva a cabo el Banco Central encarece el crédito y ha generado una fuerte caída del consumo y la inversión.
b) Esto se agrava con la eliminación –por parte de la CNV y la Superintendencia de Seguros– de las medidas que obligaban al sector financiero a orientar el ahorro a la economía real, lo que se potencia con la desaparición o desnaturalización de otros programas (como el Fondo para el Desarrollo Económico Argentino –FONDEAR– y la Línea de Créditos para la Inversión Productiva –LCIP–) que incrementaron fuertemente al financiamiento a bajas tasas para las empresas nacionales.
c) La maxidevaluación ha generado un fuerte encarecimiento de los insumos importados e insumos nacionales pero dolarizados en un contexto de estancamiento de las exportaciones industriales por la recesión global y regional y por la recesión de la economía local.
d) Los brutales tarifazos generan una virtual quiebra a las PyMEs de diversos sectores productivos, en particular los vinculados al mercado interno.
En consecuencia, estos mayores costos (precios, tipo de cambio, tasas de interés y tarifas) generan una pérdida de competitividad para las empresas nacionales que se agravará estructuralmente con el desguace del Estado y los factores recesivos anteriormente descriptos en 1y 2. Además este cuadro se complejizará aún más con las políticas comerciales y la estrategia de inserción global del Gobierno que detallaremos a continuación.
4) Inserción internacional: Aumento de la brecha externa.
a) Fomento al ingreso de capitales especulativos. El ingreso de capitales golondrina para especular con las altas tasas de interés fomentado por la eliminación de medidas prudenciales cambiarias, generará una mayor apreciación cambiaria más allá de la devaluación nominal y profundizará un déficit comercial que se financiará con endeudamiento.
b) La apertura comercial implementada desde diciembre de 2015 implicará el libre acceso para importaciones a precios de dumping debido a la crisis global. El débil esquema de licencias no compensa la eliminación de mecanismos derogados en 2016 que limitaban la entrada de ciertas importaciones, en particular las de productos que podían ser abastecidos con producción local.
c) Rol de acuerdos de libre comercio. La redefinición del MERCOSUR como una zona de libre comercio y la búsqueda de acuerdos bilaterales de libre comercio con la Unión Europea y el acercamiento a la Alianza del Pacífico generará mayores importaciones que un eventual crecimiento en exportaciones. Esto implica un retroceso cualitativo ya que las mayores exportaciones serán de productos de menor valor agregado lo que combinado con el aumento de las importaciones redundará en graves efectos sobre la producción, el empleo y desarrollo regional.
Todos estos factores expuestos auguran un agravamiento en el plano productivo y social. Consecuentemente, se evidenciará un mayor desequilibrio fiscal y externo que el neoliberalismo compensará temporalmente con un mayor ajuste y con endeudamiento externo.
Todos sabemos cómo termina eso: al Proceso le llegó la crisis de 1982, a la Convertibilidad, el 2001. Ahora ocurrirá en el corto plazo una cierta estabilidad ficticia que en el mediano plazo se traducirá en una involución de subdesarrollo y en una crisis inexorable si no se cambia el rumbo.
* Ex titular del Banco Central.
MICHETTI CULPÓ AL "POPULISMO" POR
"MENTIRLES A LOS TRABAJADORES"
La fantasía de vivir bien
En línea con el economista Javier González Fraga, la vicepresidenta dijo que "les hicieron creer" a los sectores medios bajos que "podían vivir bien de esa forma eternamente". Michetti corrigió el pronóstico y dijo que recién en el 2017 la situación repuntará.
"Vamos a empezar a ver algunas luces en el túnel que indican que estamos saliendo", dijo.
"Les hicieron creer que podían vivir de esa forma eternamente", señaló ayer la vicepresidenta, Gabriela Michetti, abonando la teoría que había desplegado el ex presidente del Banco Central durante el menemismo, Javier González Fraga: el kirchnerismo "les hizo creer a los empleados medios que podían comprarse un celular o un plasma". La vice de Mauricio Macri comparó la situación actual con estar "en un túnel oscuro y duro" y anticipó que todavía falta camino por recorrer porque la salida "va a ser el año que viene".
"Lo más difícil para nosotros es atravesar el momento en el cual salís del populismo y salís de la fantasía de una mentira importante y muy grande", dijo la presidenta del Senado insistiendo con la teoría de la herencia dejada por el Gobierno anterior. "Estamos en un momento duro, difícil. Vamos a empezar a ver algunas luces este año que nos indican que estamos en un túnel y estamos yendo para la salida, y no para cualquier lado", agregó justificando el ajuste económico que aplicó el macrismo en las primeras medidas de Gobierno que dejó miles de desocupados en lo que va de su gestión y anticipando que el mal momento económico continuará al menos hasta fin de año.
La referente de Cambiemos hizo suyas las palabras de González Fraga, ex candidato a la vicepresidencia por el radicalismo en el 2011, por las que el economista recibió el repudio de distintos sectores de la política. "Le hicieron creer a un empleado medio que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior. Eso fue una ilusión, eso no era normal", había dicho el ex funcionario y añadió luego que "por supuesto que era bueno pero no normal, no era sostenible". El economista continuó profundizando su crítica contra el kirchnerismo al apuntar que "venimos de doce años en donde las cosas se hicieron mal. Se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y el tipo de cambio", y apoyó al macrismo en la idea de que "eso ahora tiene que basarse en mayor productividad, exportaciones y hay que sincerar la economía".
"La situación ha sido dura y sigue siendo dura", apuntó Michetti en la misma línea y después de destacar "la mentira del populismo" por haber engañado a la población "al decirle que se puede vivir con recursos de emisión de dinero sin sustento y con un setecientos por ciento de inflación acumulada". Sin embargo la ex vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y dirigente de Cambiemos se mostró optimista porque "la salida va a ser para el año que viene; una economía que crece recién la vamos a ver el año que viene".
Al igual que el presidente Mauricio Macri, Michetti pone las fichas en lo que pueda suceder el año próximo. "A partir del mes de julio, se va a notar sustancialmente la baja de la inflación, y, a partir de ahí, se dará una baja permanente", apuntó vaticinando un repunte para mediados de año sin salir de la oscuridad del túnel. Además aseguró que "el sector que más sufre es el de la clase media baja" y anticipó que en julio también "se van a ejecutar cien mil millones de pesos en obra pública, que contrata mano de obra en la construcción, que va justamente a ese sector de la sociedad", que acompañará el repunte de la economía paliando en parte la falta de trabajo.
Dejando atrás el slogan de la "herencia encontrada", Michetti resaltó del gobierno macrista que "en muy poquito tiempo se han hecho cosas muy importantes desde el punto de vista de ordenar el país", y agregó que eso "se nota mucho cuando uno viaja al exterior. Por un lado duro, difícil, y por otro lado, el orgullo de poder ir encaminando las cosas con un esfuerzo brutal. Se está trabajando mucho".
