domingo 22 de mayo de 2016
Un nutrido grupo de ex ejecutivos de bancos de inversión internacionales desembarcaron en Economía, Banco Central, CNV, Anses, UIF, YPF, Banco Nación y hasta en el Ministerio de Desarrollo. JP Morgan es el que tiene más representantes. También hay del Deutsche, Morgan Stanley, Citi, Barclays, Merrill Lynch, Goldman Sachs y Chase.
FINANCISTAS QUE TRABAJARON EN LA MECA DE LAS
FINANZAS GLOBALES MANEJAN ÁREAS CLAVES DE LA
ECONOMÍA ARGENTINA
Wall Street en la Casa Rosada
Hombres que trabajaron en Wall Street se instalaron en la Casa Rosada como no lo han hecho en ningún otro anterior gobierno en Argentina.
Por Alfredo Zaiat
Una legión de por lo menos 27 financistas ocupa diferentes cargos estratégicos en la estructura del gobierno de Mauricio Macri, y la mayoría ha trabajado en Wall Street. Están en el Ministerio de Hacienda y Finanzas, Banco Central, Comisión Nacional de Valores, Anses, Unidad de Información Financiera, YPF, Banco Nación, y hasta en el Ministerio de Desarrollo Social. Es tan impactante este desembarco que sorprende a los propios protagonistas del mercado financiero internacional, que lo festejan pero a la vez les genera intriga el experimento. Wall Street está acostumbrada en Estado Unidos a colocar en ciertos cargos claves alguno de sus representantes, para luego desplegar una extraordinaria capacidad de lobby para conseguir condiciones que permitan ampliar su fabuloso negocio sin interferencias. La administración Macri fue más allá y entregó directamente el manejo de varios organismos estatales al mundo de las finanzas internacional. Wall Street se instaló de ese modo en la Casa Rosada como no lo ha hecho en ningún otro gobierno.
En los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa la banca internacional apoyó, estuvo muy cerca de los funcionarios y ganaron mucho dinero. Pero con Macri directamente asumieron el control de áreas sensibles para su negocio. Y no han perdido tiempo en empezar a valorizar ese espacio privilegiado en el poder. Diseñaron operaciones de canjes de deuda (Tesoro Nacional y Banco Central), colocación de bonos del Estado Nacional (títulos para pagar a los fondos buitres), provinciales (Buenos Aires, Mendoza, Neuquén) y de empresas (YPF), y especulación con las Lebac. Además ya tienen previsto avanzar en otros negocios que hoy son negados por el gobierno pero que están en agenda, como la venta de los paquetes accionarios de empresas privadas en manos de la Anses y la privatización parcial (Arsat) o total de empresas públicas luego de asfixiarlas financieramente afectando de esa manera la calidad del servicio, siendo Aerolíneas Argentinas el caso más evidente.
La banca internacional liderada por JP Morgan y Deutsche Bank se ha quedado con los negocios que se abrieron en Argentina a partir del gobierno de Macri desplazando a bancos nacionales En la mega emisión de bonos para pagar a los buitres inversores locales casi no tuvieron espacio para sus ofertas, que quedaron concentradas en entidades de Estados Unidos y Europa. Esa colocación significó una ganancia directa por comisiones de 29,7 millones de dólares para el Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Santander, BBVA, Citigroup y UBS. Pero el filón para esos bancos fue quedarse con los bonos a un precio más bajo que la cotización inicial, que al subir en los dos días posteriores significó una ganancia de unos 600 millones de dólares, según consignó la agencia de información financiera Bloomberg. Argentina pagó caro, esos bancos internacionales ganaron fortunas y la banca local no pudo morder.
El JP Morgan es el que tiene más representación en la gestión de gobierno. El 6 de marzo pasado se describió en este mismo espacio la presencia de cuatro ex ejecutivos de esa entidad (Alfonso Prat Gay, Luis Caputo, Vladimir Werning y Demian Reidel) en puestos relevantes (“JP al poder”), situación que ya de por sí era impactante. Pero la sospecha de que no eran los únicos derivó en una paciente búsqueda en organigramas de dependencias estatales, tarea no sencilla porque en varias no está publicado, en otros no informan los nombres de todos los funcionarios a cargo, cuando lo hacen no detallan los curriculum vitae y la mayoría no responden a requerimientos de información solicitados por este diario.
El saldo de esa labor es el cuadro que se publica acompañando este artículo, donde se observa que además del JP Morgan hay ex ejecutivos de otros grandes bancos internacionales en dependencias públicas. Provienen de Goldman Sachs, Morgan Stanley, HSBC, Citi, Deutsche, Chase, Barclays, Merrill Lynch. La banca nacional está representada solamente por el Galicia con un par de ejecutivos que pasaron a ocupar cargos en el Banco Nación. El otro banco local privado de envergadura, el Macro, por ahora no ha tenido espacios para algunos de sus ejecutivos, exclusión que se explica por cuestiones políticas vinculadas al ex hombre fuerte de la entidad, Jorge Brito, banquero que creció con el alfonsinismo, se consolidó con el menemismo, avanzó con el duhaldismo y se expandió con el kirchnerismo, hasta ser un importante financista del massismo. Este recorrido, sumado a diferencias políticas con su socio histórico (Delfín Ezequiel Carballo), tuvo como consecuencia la marginación del Macro en estos meses del macrismo, y un golpe de timón en manejo del banco impulsado por Carballo en alianza con la Anses (el organismo estatal tiene el 30,9 por ciento de las acciones), dejando a Brito como presidente formal. El titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, Luis María Blaquier (ex Goldman Sachs), será uno de los directores del Macro, y aliado de Carballo en esa movida.
Quién es quién
Luis María Blaquier, sobrino de Carlos, presidente de Ledesma, también formó parte del directorio del Grupo Clarín y es socio del Grupo Pegasus, liderado por Mario Quintana, coordinador del gabinete económico del gobierno. Blaquier trabajó trece años en Goldman Sachs. En el mundo de las finanzas también se desempeñó en Alliance Capital Management. Matías Tamburini, del Deutsche Bank, lo acompaña en la gestión del estratégico FGS de la Anses, que acumuló activos por 719.708 millones de pesos, al 31 de marzo de este año. Otro dos financistas se sumaron a su equipo. Uno es Sebastián Peña Mc Gough, como coordinador de la tarjeta Argenta, administrada por el FGS-Anses, proveniente del Banco de Inversiones MBA Lazard que en febrero de 2014 pasó a denominarse Banco Voii (en su página web se explica que “es un nombre simple que remite a la acción de “ir””). Otro es Enrique Boilini que se encarga del departamento Inversiones del FGS-Anses, con antecedentes laborales en el First Boston Corp y en Yellow Jersey Capital.
En el Banco Central, además de los financistas que han rodeado a Federico Sturzenegger en su paso por el Banco Ciudad que ahora lo acompañan en la entidad monetaria, se ha sumado otro JP Morgan como director, Demian Reidel, quien también pasó por Goldman Sachs. Un puesto clave fue para un hombre de Morgan Stanley, Agustín Collazo, que saltó de esa entidad a tener una activa participación en la estratégica mesa de dinero del Banco Central. En la city comentan que el período de aprendizaje de Collazo para operar desde el mostrador del BC resultó muy productivo para las finanzas de varios bancos. Otro director del BCRA es Horacio Tomás Liendo (nieto), hijo de quien fuera secretario de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa del Ministerio de Economía durante la década de los noventa con Domingo Cavallo, y nieto del general que comandó el Ministerio de Trabajo en la dictadura militar. Inició su carrera profesional en el estudio Marval, O’Farrell & Mairal y antes de sumarse al directorio del BCRA trabajaba en el Banco ICBC.
La Comisión Nacional de Valores es el organismo encargado de la regulación y control de los diferentes actores del mercado bursátil. El manejo de esa institución requiere mantener criterios de independencia y estar alejado de los intereses de los hombres de las finanzas. Esa misión es uno de los grandes desafíos de Marcos Ayerra en la conducción de la CNV teniendo en cuenta su pasado laboral en el Chase Securities, entidad financiera que ha sido absorbida por el JP Morgan. Uno de los directores que lo acompañan en la gestión, Carlos Hourbeigt, se enfrenta a igual misión al venir de Copernico Capital Partners, firma fundada en 1999 por los financistas Ricardo Maxit y Mariano Caillet-Bois. En Copernico, Hourbeigt fue “senior porfolio manager & partner” de 2000 a 2007, para luego mudarse al Deutsche Bank.
El caso más sorprendente es el de Gabriel Castelli porque, a diferencia de sus colegas financistas, no describió el salto a la función pública hacia un área de economía, sino que asumió el cargo de viceministro de Desarrollo Social. Al divulgarse su nombramiento grandes medios destacaron que estuvo al frente de Cáritas, la principal institución solidaria de la Iglesia en la Argentina, durante dos períodos (2006 a 2012).
En los últimos tres años fue presidente de la Comisión Justicia y Paz, que congrega a personalidades católicas laicas y depende de la Conferencia Episcopal. Obviaron que también fue director externo del ICBC Bank y de Loma Negra, miembro del comité ejecutivo de Farmacity (del Grupo Pagasus, liderado por el mencionado Mario Quintana) y director financiero del Grupo HSBC de 1997 a 2004. Es una originalidad de gestión del gobierno de Macri: el Ministerio de Desarrollo Social está manejado por Carolina Stanley, hija de un ex ejecutivo del Citibank (Guillermo Stanley), y por un hombre del mundo de las finanzas.
Relaciones carnales
“Wall Street a cargo de Argentina (otra vez)”, tituló un artículo la agencia especializada en economía y finanzas Bloomberg el 10 de marzo pasado, cuando el equipo económico informó sobre un acuerdo con los fondos buitre en el que se comprometió a pagar en efectivo la sentencia del juez Thomas Griesa. Dos meses después, el británico Financial Times publicó “Argentina recupera su relación con Wall Street”, artículo de su enviado a Buenos Aires Benedict Mander en el que repasa la nueva relación del gobierno de Mauricio Macri con las finanzas internacionales.
Los dos medios de comunicación con estrechos lazos con bancos globales destacaron la presencia en el Palacio de Hacienda de ex ejecutivos del JP Morgan y Deutsche Bank. El ministro Alfonso Prat Gay se incorporó al JP Morgan en 1994, casi al mismo tiempo que el secretario de Finanzas Luis Caputo. El subsecretario de financiamiento Santiago Bausili se sumó a esa entidad un par de años más tarde, al igual que Vladimir Werning, el economista que ahora se desempeña como Secretario de Política Económica. El caso de Werning es muy fuerte porque no hubo tiempo de espera en otra firma: antes de asumir ese cargo en la cartera de Hacienda y Finanzas era el economista jefe para América latina de JP Morgan.
Bloomberg describió que “Wall Street se vuelve a mostrar a favor de esta nueva Argentina, y a lo grande. Desde su victoria en noviembre, el presidente Mauricio Macri, un ex hombre de negocios, ha llenado su administración con miembros de sectores exportadores, financieros, economistas y ejecutivos corporativos”. Para luego advertir que “no es el tipo de estrategia que un líder podría considerar en este momento, digamos, en Estados Unidos, España o Grecia, lugares donde el rechazo contra lo financiero ha llegado a un punto álgido en los últimos años”.
El Financial Times también elogia la estrategia económica del gobierno de Macri contraponiéndola al “intervencionismo” que predominó durante el kirchnerismo, a la vez que destaca el impactante desembarco en la Casa Rosada de hombres que trabajaron en Wall Street. Pero al final del artículo hace una advertencia a través de una declaración del director gerente del fondo Advanced Capital, Agustín Honig, quien recordó la crisis de 2001 y que el presidente Fernando de la Rúa huyó en helicóptero de la Casa Rosada. “El gobierno de De la Rúa hizo lo que Wall Street dijo que había que hacer en el país, y explotó”, afirmó. Entonces el periodista concluye su crónica planteando dudas acerca de si un gabinete con banqueros puede estar capacitado para hacer frente a algunos de los problemas del mundo real que enfrentan, entre ellos, el conflicto sindical por la defensa de puestos de trabajo, la respuesta social por el tarifazo y la inflación elevada de dos dígitos.
azaiat@pagina12.com.ar
Por Raúl Dellatorre
La elite dominante que hoy ocupa, sin intermediarios, puestos clave en el gobierno de Mauricio Macri, son hijos de la resolución de la crisis financiera mundial de 2008. Y han sido empleados de sus responsables. Aquella crisis fue el resultado de la especulación desenfrenada que desató el triunfo del neoliberalismo de fines de los 70 y principios de los 80, sobre el modelo productivista keynesiano. El triunfalismo neoliberal desató el proceso de transnacionalización y financierización del capitalismo global que vio crecer exponencialmente la especulación financiera, en los países centrales y en los periféricos, desplazando como eje de acumulación a la inversión productiva.
Fue un proceso de especulación y acumulación, pero también de concentración del capital mundial en pocas manos. Esta hegemonía financiera transformó por completo las elites económicas del planeta, tal como bien describe el economista Jorge Beinstein en un artículo de reciente publicación (revista Maíz número 6, Facultad de Periodismo y Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional de La Plata). Esta acumulación se dio, principalmente, en la posesión de activos financieros: papeles de deuda, obligaciones, derivados y otros títulos fiduciarios, es decir sin un valor real ni representación de un bien tangible, sino que su valor refleja un compromiso que alguien debe pagar. Es fiduciario porque su valor está basado en la “fe” de que el compromiso se va a cumplir. Un valor especulativo. Y la especulación infló el valor de estos papeles, de estos derivados, creó una burbuja que en un momento estalló; cuando quienes estaban comprometidos a pagar no lo hicieron y entonces se cortó la cadena de pagos. El sistema cayó como un castillo de naipes.
Pasó en 2008 y en los países centrales. Lo particular de esta crisis del neoliberalismo es que los gobiernos centrales pusieron la solución justamente en manos de quienes habían provocado la crisis, los responsables, los culpables: los propios bancos. No es para sorprenderse que la solución se “lograra” con fondos públicos que “salvaron” a los bancos en crisis, los recapitalizaran y, ¿para qué? Para que volvieran a hacer lo mismo. El neoliberalismo no murió con la crisis, se revitalizó. Lo que vino después sería peor que lo anterior. Necesariamente.
Los ganadores de ese proceso a nivel global son conocidos, pero más vale tenerlos presentes. En el artículo referido, Beinstein señala que el descontrol financiero y la concentración llevaron a que el Deutsche Bank acumule 75 billones de dólares en derivados financieros, que en 2015 representaban 22 veces el producto bruto de Alemania, o 4,6 veces el PIB de toda la Unión Europea. Del otro lado del Atlántico, sólo cinco bancos norteamericanos acumulaban en sus activos derivados por 250 billones de dólares, es decir 14 veces el producto bruto anual de Estados Unidos, o simplemente 3,4 veces el producto bruto mundial. Esos cinco bancos son: Citigroup, JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America y Morgan Stanley, cuyas conexiones con el gobierno de Macri están puntillosamente explicadas en la nota central de estas páginas, por Alfredo Zaiat.
Esta nueva elite dominante no tiene un modelo económico ordenador del capitalismo mundial. Sus apéndices locales, como las que ocupan ministerios y secretarías en Argentina y en otros países en los que han desplazado a los intentos de transformación e inclusión social de inicios del siglo XXI, no son el sujeto de una nueva gobernabilidad. Tienen la lógica de los negocios, de la ganancia rápida, la que surge de la valorización financiera. Aunque prometan los supuestos beneficios de un modelo exportador, inviable ante el repliegue del mercado global. O una improbable ola de inversiones de un sistema financiero internacional en crisis que sólo puede ofrecer capitales especulativos ávidos de sacar provecho de bicicletas financieras.
No es que estos CEOs locales desconozcan las limitaciones del mundo económico y financiero al cual pertenecen. Lo que ocurre es que siguen con admiración el festín de los grandes bancos internacionales con esta masa de derivados financieros y sueñan con “abrirse al mundo” para participar de ella. Aunque el costo, para el país, sea asumir los riesgos de un nuevo, y nada improbable, estallido de la burbuja.
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El tercer semestre
Ante los trabajadores que quedan en una planta que perdió a un tercio de su plantel y precarizó al resto, Macrì anunció su primer veto: la prohibición de despedir trabajadores que, a su juicio, limita la libertad. La promesa de controlar la inflación y reactivar la economía en el segundo semestre no se sostiene en ningún hecho comprobable. Massa quiso terciar y terminó con el bloque partido. Los proyectos PYME del FpV y el FR pueden apurar un segundo veto.
Por Horacio Verbitsky
“Hay que vender la idea de que el país tiene una base sólida”, postula con entusiasmo Federico Sturzenegger. El diario La Nación destaca su “evidente tranquilidad” que atribuye a la exitosa solución al problema de la deuda, que le permite concentrarse en la tarea que todo el gobierno considera primordial. “Estamos obsesionados con reducir el gasto público. Esa es una tarea permanente”, dice. Ahora que “ya nadie duda sobre si la Argentina va a poder cumplir con sus compromisos” la recuperación será “muy, muy rápida y significativa”. Para Sturzenneger, la reactivación se producirá en el segundo semestre.
Estas declaraciones fueron formuladas el 11 de junio de 2011, cuando era Secretario de Política Económica durante el último ministerio de Domingo Cavallo, bajo la presidencia de Fernando de la Rúa. A 15 años de distancia se conoce lo sucedido: el megacanje no solucionó el problema de la deuda, sólo la incrementó en decenas de miles de millones de dólares. Ese dinero financió la fuga por parte de las grandes empresas, que expatriaron sus capitales antes de que los ingenuos mortales fueran atrapados por el corralito. La reactivación no fue rápida ni significativa, sino que se profundizó la recesión, mientras la reducción del gasto público se limitó a la merma del 13 por ciento en los ingresos de jubilados y trabajadores del Estado, y fue devorada por la cuenta de intereses del nuevo endeudamiento. Además tuvo consecuencias personales para el locuaz vocero: la Corte Suprema confirmó el procesamiento de Sturzenegger por negociaciones incompatibles con la función pública. Si aún no ha llegado a juicio ha sido por la protección política que le acordó Maurizio Macrì, quien lo hizo presidente del Banco Ciudad, diputado nacional y ahora presidente del Banco Central, mientras pretende que el suyo es un gobierno honesto y transparente. Este blindaje contra las consecuencias de sus actos permite que Sturzenegger mantenga el optimismo bobo de entonces, compartido con la plana mayor de la nueva Alianza que integra, y vuelva a vaticinar primores para el segundo semestre, en este caso descenso de la inflación, que a fin de año caería al 2 por ciento mensual, desde el 6,5 por ciento de abril, lluvia de inversiones en dólares, megaplanes de obras públicas, empleo auténtico y no inútil, crecimiento, felicidad y globos. El problema es que hoy como entonces estas expresiones de deseos no tienen correlato en la realidad. El gobierno necesitaría un año de tres semestres para ver sus vaticinios hechos realidad. Mientras, se limita a repetir slogans de campaña, con promesas que suenan muy atractivas pero que no tienen la menor posibilidad de cumplirse.
Esa independencia del discurso en relación con los datos de la realidad no es una exclusividad argentina. En su edición del viernes el diario de registro de la política estadounidense, el Washington Post, publicó una columna sobre lo que llamó “un mundo post fáctico”, en el que el público ni siquiera se preocupa por saber si los hechos que se le presentan son verdaderos. Se detectó una tendencia general a creer en los supuestos hechos que confirman las opiniones preexistentes y desechar aquellos que las contradicen. Este fenómeno se potencia en las redes sociales, donde quienes sostienen las opiniones más fuertes son los menos inclinados a modificar sus puntos de vista y tienden a rechazar como tendenciosa cualquier corrección basada en datos. Otra publicación estadounidense atenta al mismo fenónemo es la revista New Yorker donde Jill Lepore escribió que la enorme cantidad de datos disponibles vuelve a las personas cínicas respeto de la verdad misma. “Con tantas fuentes de información disponibles, es mejor suponer que son todas erróneas. Si la verdad está pasada de moda, si vivimos realmente en un mundo post fáctico, no hay ningún motivo para que los mentirosos se avergüencen”. Pese a que Donald Trump miente una y otra vez en su campaña y que sus falsedades son de inmediato señaladas, “esto no incide en su comportamiento ni en el de sus seguidores”, dice el Post. También el referendo sobre la posible salida británica de la Unión Europea está plagado por un mal uso intencional de los datos, agrega. Pese a que ha sido demostrada su falsedad, la cifra de 350 millones de libras por semana que Gran Bretaña pagaría a la Comisión Europea, sigue pintada en el exterior de los ómnibus como argumento de campaña, sin que nada cambie. La conclusión es que en la era de las redes sociales, a los políticos, los militantes, los programas robot y los gobiernos les resulta fácil manipular las noticias y al público cada vez más difícil corregirlo, aún cuando se lo proponga.
Lágrimas y sonrisas
Sturzenegger hizo un curso profesional para dominar ese arte de divorciar el discurso de la realidad. En 2013, el consultor ecuatoriano Jaime Duran Barba lo preparó para el debate con los otros aspirantes a la diputación por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En una conferencia en la universidad neoyorquina de Columbia, Sturzenegger narró muy divertido cuáles fueron esas enseñanzas:
1. No proponer nada. La gente no está preocupada por esas cosas, que no son relevantes.
2. No explicar nada. Si se explica qué es la inflación, habría que decir que la emisión monetaria genera inflación, que entonces debería reducirse la emisión, y que si se reduce la inflación habría que hacer un ajuste fiscal y que si se hace un ajuste fiscal la gente va a perder su trabajo. Eso es lo que no hay que decir. Desde el gobierno se puede hacer lo que se considera necesario, pero no hay que decirlo en medio de un debate. Mejor decir que están mintiendo con los números de la inflación o decir cualquier cosa; hablar de los hijos de uno. No importa.
3. No atacar a nadie. A la gente no le gusta ver a alguien agresivo.
4. No defenderse de ningún ataque.
Las personas más sensibles pueden llegar a las lágrimas al constatar con un diario en las manos la oposición entre los duros hechos que aprecia en su vida cotidiana, y el relato con que los presentan políticos siempre sonrientes. “Vamos a estar mejor, confíen”, dijo el presidente Macrì en Santiago del Estero. Su viceministro de Hacienda, Pedro Lacoste, anunció que en el segundo semestre bajará en forma drástica la inflación y “la economía va a crecer a una tasa que nos sorprenderá a todos”. El propio presidente y su ministro de Obras Públicas, Rogelio Frigerio, pregonan que dada la confianza que el mundo tiene en la nueva Argentina en el mítico segundo semestre diluviaràn inversiones sobre el país. A esta altura, lo repiten con una sonrisa como un acto de fe en el que ni ellos creen, porque nada de lo que esperaban para el primer semestre ha ocurrido, más allá de los gestos políticos interesados del gobierno de Estados Unidos, cuyo propósito es favorecer la transferencia de utilidades de sus empresas, incrementar el superávit comercial con la Argentina, recuperar el control perdido sobre las políticas de seguridad y defensa con pretexto de la lucha contra el narcotráfico y quitar del mapa una pieza fundamental en el realineamiento regional, que en 2005 le dio la espalda al ALCA en la cumbre de Mar del Plata, donde Lula, Kirchner y Chávez desairaron a George W. Bush. Hoy sólo queda Lula, y reducido a luchar por su supervivencia política. Al anunciar el veto a la ley de emergencia que prohíbe los despidos, Macrì dijo que en un año se verían los frutos del camino emprendido, el famoso tercer semestre del año verde. Macrì no para de repetir que desde hace cinco años la economía no crece ni crea empleo privado, lo cual es lisa y llanamente falso. En su página El Revelador sobre Periodismo de Datos, la especialista informática María Soledad Escobar muestra que en esos años estigmatizados por Macrì, el PIB argentino creció en porcentaje más que los de Alemania, España, Estados Unidos, Francia e Italia sumados. Como enseña Durán Barba, mejor hablar de los hijos de uno.
Tocata y fuga
El informe de coyuntura 19 de CIFRA, realizado por los investigadores Mariano Barrera, Mariana González y Pablo Manzanelli, analiza las encrucijadas de la política económica de la Alianza Cambiemos y permite prever que este año el crecimiento será negativo. La devaluación nominal del 60 por ciento y la simultánea disminución o supresión de retenciones produjeron un salto inflacionario, que fue del 1,7 por ciento del mes electoral de octubre de 2015 al 6,5 por ciento de abril, por el fuerte aumento en las tarifas de servicios públicos, lo cual da un índice anualizado de 40,7 por ciento, aun con las optimistas predicciones del Banco Central. Esto implicó una caída del poder adquisitivo del salario del 12 por ciento (que podrá recuperarse según resulten las negociaciones paritarias) y una fuerte retracción del consumo, que en abril fue del 6,6 por ciento interanual. Mayor aún fue la caída en la construcción, que llegó al 22,7 por ciento en los cuatro primeros meses del año. La industria sólo retrocedió 3,4 por ciento interanual en el primer bimestre del año según datos de la UIA. Pero los cambios verificados en la composición del comercio exterior sugieren que estas son apenas las primeras brisas de un viento helado que se aproxima. “Se advierte un ascenso en las importaciones de vehículos finales (44 por ciento) y bienes de consumo (6 por ciento), y una fuerte caída de los insumos intermedios (-12 por ciento), combustibles y lubricantes (-16 por ciento), piezas y accesorios para bienes de capital (-2 por ciento), y bienes de capital (-1 por ciento). Además de los automóviles, entre los bienes que más aumentaron sus importaciones se encuentran juguetes, muebles, calzado, abonos”. Aún así, la devaluación no logró más que una recomposición parcial del tipo de cambio multilateral, que es el que mide la competitividad externa respecto de los principales socios comerciales. Su aumento del 36 por ciento entre noviembre y febrero ubica el tipo de cambio real en niveles similares a los de octubre de 2014, y dado el ritmo inflacionario se seguirá apreciando en los próximos meses, erosionando la competitividad externa. Lejos de producirse la lluvia de dólares pronosticada, lo que se incentivó fue la fuga de capitales, que en el primer bimestre del año fue de 3.000 millones de dólares mensuales, 364 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. Las clases altas no disminuyen su consumo; lo que se fuga es la inversión. Esta hemorragia recién se contuvo en marzo, cuando el Banco Central llevó al 38 por ciento la tasa de las LEBACS, lo cual es tóxico para la inversión y promueve la especulación financiera, cosa que no cambia por la disminución posterior a 36,75 por ciento. Esta acelerada reanudación de la fuga (característica del modelo de acumulación de capital impuesto por los principales agentes económicos, con una burguesía media y alta que calcula su rentabilidad en dólares) es apenas una primicia del nuevo ciclo de endeudamiento iniciado por el acuerdo con los fondos buitre con la emisión de 12.500 millones de dólares en bonos. De acuerdo a lo expuesto en sus fundamentos, el objetivo es cubrir como mínimo “el programa de reducción gradual del déficit fiscal anunciado por el ministro de Hacienda y Finanzas: reducción del déficit fiscal al 4,8 por ciento del PIB en 2016, al 3,3 por ciento en 2017, al 1,8 por ciento en 2018 y al 0,3 por ciento en 2019”. Aunque no hubiera otras necesidades que estas, el nuevo endeudamiento externo con privados en moneda extranjera alcanzaría este año los 47.825 millones de dólares, o 19,6 por ciento del Producto Interno Bruto, casi tres veces más que al asumir Macrì. En el último año de su mandato presidencial, con una proyección de 120.000 millones de dólares, esa deuda implicaría un tercio del PIB de 2019. Así, este nuevo ciclo de endeudamiento externo, que no se destinará a financiar inversiones productivas sino gastos corrientes y a cubrir el déficit externo, en un escenario de escasas oportunidades de inversión tenderá a alimentar la fuga de capitales al exterior. La conclusión de CIFRA es que si bien algunas de las medidas implementadas suponen un aumento de la rentabilidad, y por ende un incentivo a la inversión, la caída del consumo interno ejercerá presiones contrarias en un escenario en el que los mercados externos no dan indicios de expansión sino más bien lo contrario. “La recesión económica será contemporánea a una fuerte especulación financiera fomentada por el alto rendimiento en dólares de la tasa de interés que fija el Banco Central. En ese marco, el elevado endeudamiento externo implícito en el programa fiscal y el acuerdo con los Fondos buitre puede generar, si se accede exitosamente al crédito internacional, las divisas para compensar la restricción externa y financiar la fuga de capitales, que ya no estará originada en ganancias productivas sino en la renta financiera. Se trata de un escenario sumamente regresivo y con fuertes pugnas distributivas que, a diferencia de otras etapas históricas, no tiene una crisis económica que la precede y la legitima. Ello preanuncia la intensificación de conflictos sociales, no solo entre el capital y el trabajo sino también entre las fracciones hegemónicas del capital (banca transnacional y terratenientes pampeanos) y los grupos económicos locales ligados al ámbito industrial para intentar imponerse en la nueva estructura de precios y rentabilidades relativas”.
Sobre la libertad
Por Horacio Verbitsky
El viernes al alba la Cámara de Diputados sancionó la ley de emergencia para prohibir los despidos y al atardecer Macrì firmó el veto. Lo anunció con jactancia en una fábrica que luego de un cierre reabrió con un tercio menos de sus trabajadores y con el resto privado de todo derecho laboral. Allí hizo explícito su punto de vista: la ley cercena la libertad de los empresarios para despedir a sus trabajadores (cosa que según dijo no se proponen hacer), y eso conspira contra el crecimiento (de sus utilidades, es de suponer). El trámite legislativo fue la primera derrota categórica del gobierno, que se consuela con la afirmación dogmática de Durán Barba, para quien el veto acrecentará la popularidad de Macrì. La lealtad de Macrì al núcleo duro de sus representados es una virtud que no abunda en todas las tiendas políticas pero entra en conflicto con la irritación que le produce que su gobierno sea caracterizado como el de los ricos. El proyecto fue pedido por las cinco centrales de trabajadores que lo respaldaron con un acto masivo frente al monumento al trabajo, y presentado por el Frente para la Victoria. El Frente Renovador de Sergio Massa zigzagueó entre el gobierno y la oposición y presentó un proyecto propio, en el que además de vedar los despidos incluyó una serie de beneficios para las PYMES, sobre los lineamientos acercados al Congreso por la Confederación de la Mediana Empresa, CAME. Sin preocuparse por ocultarlo, Massa dejó saber que su objetivo era no ir a la zaga del FpV. Durante varios días, el gobierno celebró esta ayuda del opoficialismo, hasta que leyó mejor el proyecto, preparado por el diputado Marco Lavagna, por el que la prohibición de despidos regiría en forma retroactiva al 30 de marzo de 2016, y advirtió que tendría un alto costo fiscal. El Frente para la Victoria propuso a Massa que si acompañaba el proyecto que venía con media sanción del Senado, el principal bloque opositor votaría al mismo tiempo un proyecto con las medidas de los renovadores para las PYMES. Pero Massa se opuso, como si no hubiera nadie más en la cancha, con la expectativa de que ni el FpV ni Cambiemos tuvieran los votos suficientes para aprobar sus respectivos dictámenes y entonces él pudiera imponer el propio. Pero calculó mal y 142 diputados aprobaron la veda y la doble indemnización. Su bloque se partió entre quienes terminaron sumándose al proyecto del FpV (Felipe Solá, Facundo Moyano, Graciela Camaño y el propio Massa), aquellos que se abstuvieron; uno que se opuso (el ex ministro de Devaluación y Pesificación Asimétrica, José Mendicurren) y uno que se borró como Casildo Herrera. La historia no termina con la sanción legislativa ni con el veto presidencial. La insistencia por los dos tercios del Senado es posible y, en tal caso, ejercería presión sobre los diputados. Pero aún si no prosperara, el Frente para la Victoria elaboró un proyecto de ley de Asistencia Nacional a las PYMES para “garantizar su sustentabilidad económico-financiera y preservar sus niveles de empleo durante 180 días prorrogables”. Luego de algunas reuniones entre Marco Lavagna y Axel Kicillof, ese texto se aproxima al de los renovadores, cosa lógica ya que ambos se originaron en el reclamo de la CAME. El proyecto ofrece a las PYMES facilidades de pagos hasta doce cuotas para sus impuestos y aportes previsionales, con una tasa reducida al 0,5 por ciento mensual; les permite compensar saldos entre la AFIP y la ANSES; suspende por 180 días la ejecución de deudas impositivas; les da 90 días para ingresar el IVA a partir de la facturación. También les permite descontar de sus impuestos a las ganancias y los bienes personales hasta el 20 por ciento de las utilidades reinvertidas en maquinarias o tecnología y computar como pago a cuenta de esos impuestos lo pagado por el impuesto al cheque; les restablece el carácter de monotributista suspendido por falta de pago y las exime del primer pago del primer anticipo de ganancias o ganancia mínima presunta posterior a la sanción de la ley. Además retrotrae a noviembre de 2015 las tarifas de electricidad, gas y agua, por 180 días o mientras dure la emergencia ocupacional. Quienes mantengan o incrementen la cantidad de trabajadores registrados gozarán de esas tarifas por otros 24 meses. Por una línea de adelantos o redescuentos del Banco Central, las PYMES podrán financiar hasta la mitad de sus contribuciones patronales mediante créditos de la banca comercial con una tasa promocional del 22 por ciento. Las líneas de financiamiento subsidiadas para incorporar tecnología tendrán 180 días de gracia. Un régimen de promoción industrial para PYMES permitirá imputar a cuenta del impuesto a las ganancias los aportes patronales pagados. De aprobarse el proyecto se crearía un Consejo de Monitoreo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con participación de distintos ministerios, de representantes del sector PYME y académicos especialistas en desarrollo industrial y política comercial. Ese Consejo determinará la extensión del Plan Ahora 12, en cuotas sin interés, para aquellos sectores PYME que atraviesen una situación crítica, con riesgos para la producción y el empleo, en virtud de la caída de las ventas en el mercado interno, la mayor competencia externa o la falta de instrumentos de financiamiento. Las PYMES representan el 99 por ciento del universo empresarial, emplean al 60 por ciento de los asalariados del sector privado, explican el 45 por ciento de las ventas totales, el 65 por ciento de la inversión productiva y financian con fondos propios el 75 por ciento de esas inversiones. Un segundo veto seria aún más difícil de explicar.
EL PERONISMO DIJO QUE ACOMPAÑARÁ LAS MEDIDAS DE
FUERZA QUE TOMEN LAS CENTRALES OBRERAS
Un respaldo para los sindicatos
El titular del PJ, José Luis Gioja, afirmó que apoyarán la decisión que tomen los gremios ante el veto de Macri a la emergencia ocupacional. Abal Medina advirtió que la ley había recibido el aval del 75 por ciento del Senado y del 60 de Diputados.
José Luis Gioja, Juliana Di Tullio, Juan Manuel Abal Medina y Julián Domínguez criticaron el veto de Macri.
Imagen: Télam & DyN.
El peronismo respaldará el plan de lucha que llevarán adelante las centrales obreras como respuesta al veto presidencial de la ley de Emergencia Ocupacional, confirmó ayer el titular del Partido Justicialista, José Luis Gioja. “Apoyaremos porque creemos que es en defensa de los más necesitados, la parte más delgada de la cuerda, que es por donde se corta cuando hay problemas”, aseguró el diputado sanjuanino en un comunicado de prensa. El viernes, la conducción del PJ había difundido un documento en el mismo sentido, repudiando la decisión de Mauricio Macri de no promulgar la norma impulsada por el movimiento obrero y acompañada en el Congreso por todos los sectores de la oposición.
“El peronismo será respetuoso de la decisión que tomen los trabajadores y sus dirigentes sindicales” y “si deciden una medida de fuerza en contra del veto presidencial” acompañarán esa decisión, aseguró Gioja, que manifestó su esperanza de que “el Presidente no insista con la ‘vetomanía’ que trae de sus días como jefe de Gobierno de la Ciudad”, cuando se negó a promulgar más de cien leyes votadas por la legislatura, muchas veces con el apoyo de su propio bloque.
“Se habla de republicanismo, de respeto a las instituciones de la República, de división de poderes, y a mí me parece que si se elige el camino del veto es una ruta equivocada que no conduce a buen destino –agregó el sanjuanino–. Si se ven los números que arrojó la votación de la ley que protege a los trabajadores en actividad, tanto en Diputados, que representan al pueblo de la Nación, como en Senadores, que representan a las provincias, las mayorías parlamentarias decidieron que esta ley es importante, por eso no veo que haya argumentos que respalden el veto”.
Por su parte, el senador por la provincia de Buenos Aires Juan Manuel Abal Medina señaló que “el enorme apoyo que consiguió” el proyecto de ley contra los despidos “en ambas cámaras legislativas, aprobada por el 75 por ciento de los senadores y el 60 por ciento de los Diputados, demuestra que no se trató de una iniciativa de un solo sector político, como erróneamente señaló ayer el Presidente en su discurso, sino de un amplísimo reclamo social”. Para Abal Medina, “el Presidente tiene todo el derecho del mundo de discrepar con la iniciativa pero lo que no debe hacer es desentenderse de una preocupación por el empleo que es mayoritaria en la sociedad”.
El ex presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, también criticó al gobierno por “desconocer” las consecuencias que tiene el desempleo. “El problema no es que tomó la decisión de vetar la ley, sino que hay 200 mil despedidos en el sector público y privado, y de cada un despedido dos son de la economía informal” y que no hay “una estrategia para contener el desempleo” por parte del gobierno. “Cuando uno habla de despidos es hablar de personas de carne y hueso que pierden un horizonte y mañana no van a poder pagar la luz de su casa, o el gas, o no van a poder comprarle los artículos de la escuela a sus hijos”, agregó el ex legislador.
En tanto, la diputada Juliana Di Tullio opinó que “Macri jamás ha tomado una medida en favor de las mayorías populares” y “vetó esta ley a favor del trabajo” porque “desde que asumió ha beneficiado a los sectores más poderosos de la economía; al sector financiero, agropecuario, ha quitado retenciones a las mineras y el campo”. Para la legisladora, “este gobierno se dio una política muy específica para beneficiar los sectores concentrados de la economía en detrimento de los sectores populares y la clase media.”
Estas opiniones no son aisladas sino que están enmarcadas en la posición oficial del PJ, que el viernes publicó un documento en el que se “lamenta profundamente la decisión adoptada por el Presidente de la Nación de apelar al veto de la Ley que defiende a los trabajadores en momentos que se encuentran angustiados por la ola de despidos, y ante la preocupación manifestada por las centrales sindicales que ven cómo día a día se pierden puestos de trabajo”.
CAMBIEMOS JUSTIFICÓ EL VETO DE MACRI
En defensa del jefe
Funcionarios de Cambiemos reivindicaron ayer el veto del presidente Mauricio Macri a la ley de Emergencia Ocupacional. La norma aprobada por el Congreso constituía “un cepo al trabajo”, por lo que “dentro del marco de las instituciones y lo que establece la Constitución” el gobierno “tomó la decisión que tenía que tomar”, evaluó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Consultado sobre la posibilidad de que las centrales sindicales impulsen un paro en rechazo al veto, el ministro valoró el “nivel de diálogo” con los dirigentes gremiales como “prudente y maduro” y consideró que “puede haber diferencias como la que hubo con el proyecto antidespidos pero tenemos una agenda que creemos que es mucho más valiosa, que vale la pena seguir trabajando, como pasó en el Consejo del Salario, donde encontramos ámbitos de coincidencia”.
El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, explicó paradójicamente que “entendemos la política como el arte de convencer al otro de que el camino que nosotros entendemos es el mejor para la Argentina, también lo es para el que puede llegar a pensar circunstancialmente distinto”. Según Frigerio, el gobierno nacional tiene “obsesión” con “generar puestos de trabajo de calidad que paguen buenos salarios”. “Detrás de cada política pública que implementa el Presidente está ese objetivo, y por supuesto, está en el norte de nuestras políticas cuidar a los que menos tienen, cuidar a los sectores más vulnerables”, concluyó.
El diputado Mario Negri, jefe del bloque de Cambiemos, aseguró que “el gobierno apunta a bajar la inflación, generar inversiones y sincerar la economía” y evaluó que “es muy marcado el sinceramiento que propone esta gestión”. “Hace cinco años que el empleo no crece, hay un problema estructural en el empleo formal y ahora nos pega el viento de frente de Brasil y su crisis”, advirtió. Además, admitió “despidos en la construcción por el freno de la obra pública, pero ya se pondrá en marcha de nuevo”, prometió.
Otras voces
Felipe Solá (diputado nacional, FR): “Con el veto Macri demostró que a los empresarios no se los toca. Se muestran una vez más como un Gobierno mucho más preocupado por los empresarios que por los trabajadores. Este es un veto ideológico, porque lo que está cuidando no es el bolsillo fiscal sino el del empresario”.
- Myriam Bregman (diputada nacional, FIT): “Asumieron hablando de las instituciones pero gobiernan con DNU, veto, jueces en comisión y todo lo que permite el presidencialismo feroz”.
- Victoria Donda (diputada nacional, Libres del Sur): “El veto de Macri a un proyecto que logró tanto consenso es la ratificación de que a este Gobierno poco le interesa la situación que atraviesan los compatriotas que más sufren la crisis por la que atravesamos, obligando a las mayorías menos favorecidas a pagar los costos de un ajuste económico brutal”.
- Víctor De Gennaro y Claudio Lozano (Unidad Popular): “Repudiamos el veto a la ley antidespidos y la pobre compensación que significó el aumento otorgado en el Consejo del Salario. Los argentinos merecemos y estamos en condiciones de construir un futuro mejor.”
- Pablo Farías (ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe): “El veto va en contra de algo que se pregonó y que tuvo que ver con el cambio político: la búsqueda de consenso antes que la decisión de un solo sector político, que generó cierta irritabilidad en la sociedad”.
OPINIÓN
El manifiesto del veto
El discurso con el que Macri anunció el veto a la ley de emergencia laboral tiene la forma de un manifiesto político. El rechazo de una ley que se presenta como defensa de los trabajadores resultó una ocasión publicitaria muy especial para el enunciado de una filosofía.
El primer dato es que Macri habla obsesivamente en primera persona (“para mí”, “yo creo”, “estoy convencido”) lo que facilita el cruce entre los dos registros que se ponen en escena: el de las atribuciones presidenciales y el de la historia personal. Está ejerciendo el veto, que es el máximo poder personal que la Constitución otorga al presidente porque implica la posibilidad de que su opinión se imponga a la de la mayoría de los representantes del pueblo. “Es una ley que va en contra de los argentinos”, afirma; el mensaje tiene una claridad abrumadora: en la Argentina actual, el que decide qué es lo que está a favor o en contra de los argentinos soy yo; todo eso dicho después de exaltar la virtud del diálogo y de fustigar la concepción autoritaria del Estado que, según él, practicó el gobierno anterior. Desde esa dura plataforma, Macri arranca la descripción del modo en que toma las decisiones. Y utilizando la experiencia de su paso por la presidencia de Boca dice que él es capaz de desoír la voluntad colectiva predominante, cuando él cree lo contrario. Todos querían allá por 1994 que Maradona fuera el técnico de Boca, “yo, Macri”, presidente del club, creía lo contrario, no lo nombré a Maradona y después, “gané 17 copas”, dice, saltando la valla que un pudor muy elemental parece aconsejar al uso del “yo” cuando se hace referencia a títulos que obtiene un grupo de profesionales del fútbol.
Pero el discurso no se limita a su autoafirmación como líder. Establece algo así como un programa, como una hoja de ruta de la Argentina que viene. Es cierto que cualquiera que escuche las palabras de Macri puede opinar que un conjunto de vaguedades no constituye un programa político. Que la apelación a la creatividad y a la tenacidad de los argentinos no es un camino para llegar a lugar alguno. Sin embargo, la palabra de Macri es programática en otro sentido, el de una nueva utopía para los argentinos. Claro, también aquí hay que aclarar que, en principio, la utopía no tiene nada de nueva, porque es la utopía del neoliberalismo. Es la utopía del capital humano que presupone que todos somos “empresarios de nosotros mismos”, que nuestro nivel de vida dependerá de cuánto esfuerzo invirtamos en nuestra formación y en el cuidado de nosotros mismos. No es ajeno a esta inflexión el uso de un orientalismo de bolsillo, en cuyo corazón está la idea de que lo social no es más que una proyección – cuando no directamente una alucinación – de nuestro yo interior. Lo nuevo de esta vieja utopía es que viene a enfrentar cara a cara – sin disimulos y sin mediaciones – a otra utopía que se fue gestando en nuestro país y en nuestra región alrededor de la idea de patria, de justicia, de solidaridad, de soberanía, una utopía que tampoco es nueva pero que alcanzó grados de poder inéditos en la América latina de lo que va del siglo XXI.
La utopía neoliberal en su actual estado tiene reminiscencias de aquel relato utópico y cínico acerca del origen del capitalismo, que Marx critica en el primer tomo de El Capital, en el capítulo sobre la acumulación primitiva. Es decir el famoso cuento de que en algún momento de la humanidad hubo un conjunto de personas laboriosas e inteligentes y del otro una multitud de vagos, derrochadores e inútiles; los primeros se transformaron en capitalistas, los segundos – en el mejor de los casos – en trabajadores. Esta idea de la acumulación primitiva, dice Marx, juega en la economía política el mismo papel que el pecado original en la teología. Es el “ganarás el pan con el sudor de tu frente” pero transformado “creativamente”: “según como te comportes, no necesitarás sudar”. La realidad, dirá Marx, es que el capitalismo entró en la historia chorreando sangre y lodo por todos los poros. Fue pura violencia, rapiña, colonialismo. Todo el ruido de estos días alrededor de la “meritocracia” no es más que un regreso a ese mito constitutivo del capitalismo. Nadie nos va a regalar nada, todo será fruto de nuestro esfuerzo, de la confianza que tengamos en nosotros mismos. En la apariencia, es una exaltación virtuosa, una gran promesa que impulsa a la superación, una clave que permitirá a los trabajadores y a los pobres redimirse de su herencia pecadora y dejar de depender del Estado, monstruoso e inútil, para convertirse en un eficaz gestor de su propio progreso a través de la libertad.
Sin embargo, la utopía tiene un reverso que la hace rozar con la realidad. En la vida real – esa de la que hablan las encíclicas del papa Francisco pero a la que es sorda la verborragia neoliberal – el tiempo prometido nunca llega. No se conoce la experiencia de ningún país que haya recorrido por el camino del neoliberalismo el puente que lleva de la dura realidad del capitalismo a la felicidad indescriptible de la “libertad”. Lo que en realidad ha ocurrido y ocurre es un proceso que el sociólogo francés Christophe Dejours, analizando la problemática de los trabajadores franceses, llamó la “banalización de la injusticia social”. Se basa en el mutuo reforzamiento de dos tipos de sufrimiento: el de quien se queda sin trabajo y el de quien todavía tiene trabajo. El cuento del capital humano y de la meritocracia crean en la sociedad la idea de que quien perdió el trabajo es un fracasado como empresario de sí mismo y que solamente él es el culpable, y que el que todavía tiene trabajo tiene que seguir conduciéndose como buen empresario, es decir protegiendo su capital aún a costa de las máximas renuncias a su propia dignidad. La utopía neoliberal debe ser juzgada por la experiencia a la que le da fundamento. En el mundo del neoliberalismo realmente existente, según el profundo análisis del sociólogo Ariel Colombo, no funciona el capitalismo de la promesa sino el de la extorsión: hay que aceptar el infinito despilfarro de energías que exige la acumulación de “capital social”, que termina en las más penosas neurosis, o sucumbir en el fracaso y en el derrumbe.
La libertad trae progreso. Los populistas no quieren la libertad porque necesitan séquitos de pobres, esclavos del Estado. La libertad trae consigo la confianza. Si los argentinos tenemos confianza en nosotros mismos, todo el mundo lo va a advertir y nos va a premiar con su confianza. Entonces vendrán las inversiones, las empresas pequeñas se harán medianas y las medianas serán grandes. Si superamos la desorganización no tenemos techo. El manifiesto político-utópico de la derecha argentina podría reducirse a un libro de “autoayuda política” de los más mediocres, si no fuera porque lo subyacen la ilusión y el miedo: la ilusión de poder llegar a ser uno de los afortunados ganadores en la lotería del capital social y el miedo de caer en la banquina y que nuestra propia empresa – es decir nuestro yo – quiebre definitivamente. La utopía neoliberal es el gran emergente de la derrota de los “socialismos reales”, es decir el fracaso de la gran utopía del siglo XX, la del comunismo, un fracaso en el punto exacto en que una promesa de libertad se transformó en su contrario. Sin embargo, podría ser un error la comprensión del macrismo como una simple restauración de la Argentina de la década de los noventa, por el simple hecho de que el retorno de una experiencia nunca ocurre en el mismo plano histórico. La década de los noventa argentina tuvo como prólogo el estallido hiperinflacionario de 1989, el neoliberalismo recién empezaba su belle epoque. Era el tiempo de Fukuyama (el del “fin de la historia”) y el de Fujimori (el del presidente democrático que devino dictatorial en Perú). La promesa del capitalismo neoliberal resultó creíble durante el festival de endeudamiento que sostuvo un consumo suntuario tan desigual socialmente como fugaz en el tiempo. No había sucedido el derrumbe de 2001. No había ocurrido el desendeudamiento, la recuperación productiva, el mejoramiento social y el ensanchamiento de derechos que vivimos estos doce años. No hubo tampoco un caos económico y político que preludiara la nueva escena. Por eso el fantasma del pasado es hoy una obra en construcción. Se la construye con persecuciones judiciales, operaciones mediáticas, estigmatizaciones, censura explícita de voces y hasta detenciones ilegales como la de Milagro Sala.
En el mismo discurso, Macri declaró la postergación del tiempo de la bonanza. Ya no será en el segundo semestre sino en el segundo año. La postergación no es gratuita por el duro hecho de que antes que el segundo año hay que atravesar el segundo semestre. El veto de la ley de emergencia laboral marca un hito importante: es el primer choque importante entre el presidente y el Congreso. Con el agregado de que la dirigencia sindical, aún la que acompañó a Macri en la carrera presidencial empieza a tener problemas para sostener el apoyo; al punto que han abrazado la agenda del empleo y el salario por encima de la del piso del impuesto a las Ganancias. Por otro lado, los mismos que empuñaron el republicanismo y la división de poderes como arma de combate contra los gobiernos anteriores celebran la valentía y el pulso político de Macri para vetar un proyecto con amplio apoyo parlamentario, político y popular. El salto es hacia un mayor endurecimiento del Gobierno, difícil de conciliar con la necesaria ampliación de su base de sustentación política. Para el peronismo antikirchnerista, en un sentido amplio que incluye a Massa, no resultará muy redituable la cercanía política con el Gobierno. Comienza un tiempo de realineamientos. Y un tiempo de conflictos.
EL DIRIGENTE DE LA CGT AZOPARDO JUAN CARLOS SCHMID DESPUES DEL VETO
“El costo político lo pagó el Gobierno”
El jefe de la influyente confederación que reúne a los sindicatos de transporte dice que “el paro general no se descarta”, anuncia un proceso de análisis y debate, y afirma que la discusión sirvió para adelantar temas como el Consejo del Salario, informalidad y Ganancias.
Por Martín Granovsky
El viernes 27 Juan Carlos Schmid será reelegido secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, que reúne a su gremio, el de Dragado y Balizamiento, con sindicatos poderosos como los que congregan a los camioneros, los peones de taxi y los conductores de tren. Su nombre circula como un posible número uno de la eventual Confederación General del Trabajo reunificada y en el acto masivo del 29 de abril fue quien leyó el documento sobre el empleo elaborado por las CGT y las CTA.
–¿Qué consecuencias tiene el veto presidencial a la ley de emergencia laboral?
–Indudablemente acentúa el malestar. Agrega una cuota de malestar a la situación que dio origen a la sanción de la ley en el Congreso. Sobre todo agrega malestar porque hay un problema grave: una tendencia a la caída del empleo combinada con la inflación.
–¿El malestar es el de los dirigentes sindicales?
–El malestar es el de la sociedad. A nadie se le escapa que aumentaron mucho los precios en la canasta de alimentos. Tampoco se le escapa a nadie el disgusto por los aumentos en los servicios. O el recorte en distintos ámbitos de la educación que ya generó movilizaciones importantes. Diversos sectores están en un estado de reclamo social.
–¿El veto es un desafío político?
–Siempre hay desafíos políticos. Puedo coincidir en que, como dijo el viernes el Presidente, hay un estancamiento del empleo que viene de hace varios años. También puedo estar de acuerdo con que en parte la situación compleja de hoy responde a errores del pasado. Pero está gobernando el PRO. Y el PRO es el que tiene que hacerse cargo de los problemas y ofrecer soluciones tanto para quienes votaron a Mauricio Macri como para quienes no lo votaron. Las decisiones para encausar estos problemas son decisiones políticas y corresponden en primer lugar al Poder Ejecutivo.
–El Gobierno suele decir que todavía no pudieron tomar las riendas del Estado.
–Están por cumplir seis meses. Ya deben conocer qué botones apretar para poner en marcha determinadas acciones.
–¿Es un tema de dominio burocrático del Estado o de rumbo?
–Además de saber qué botones apretar, cada gobierno tiene un sesgo. En el rumbo este gobierno hasta ahora tuvo el sesgo de favorecer a los sectores de mayor poder económico. Eso no impide registrar que convocó al Consejo del Salario o que dio pasos vinculados con paliativos para la cuestión social. Es cierto que se mantuvieron los amortiguadores que venían de la otra gestión y que tomaron algunas medidas correctivas. Pero son mucho más lentas y muy menores que, por ejemplo, la intensidad y la velocidad de reducción de las retenciones.
–¿Las centrales están de acuerdo con la versión oficial de que no cayó el empleo?
–Aquí existe lo que muchos llaman “apagón informativo”. El manoseo de las estadísticas, como sabemos, empezó hace mucho tiempo. También sabemos que este mismo gobierno declaró la emergencia estadística. Ahora, si en seis meses el Estado no logra poner en pie un solo término de referencia, estamos en dificultades. En eso no cambió nada respecto del gobierno anterior. Cualquiera dice cualquier cosa. No es algo bueno para las expectativas económicas, porque a veces toman en cuenta datos cuya seriedad no conocemos. No es bueno para el Estado, que no tiene horizonte. No es bueno para el sector empresario. Y no es bueno para los trabajadores. Brasil tiene el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, que es un instrumento ineludible e indiscutido para medir la pobreza y la canasta básica. Nosotros no tenemos nada.
–El ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, habló de “sensación térmica de despido”. Si hay sensación térmica de frío es porque antes objetivamente la temperatura es baja.
–Es el mismo ministro que nos dijo a los gremios: “Ustedes saben cómo tienen que negociar, porque hay un límite a los reclamos salariales que está dado por el riesgo de perder el trabajo”. Si dijo eso hace meses es porque ya reconocía la tendencia a la reducción del empleo. Muchas consultoras de opinión pública indican que hoy una de las principales preocupaciones es la pérdida del empleo. Todo el mundo observa que hay parálisis y no movimiento. No hay ritmo. Sin llegar a ser científico, cualquiera sabe a qué resultado final conduce el proceso que empieza con el recorte de horas extras, sigue con las suspensiones y continúa con las vacaciones adelantadas. Así se camina hacia el despido.
–¿Los del Estado actuaron como estímulo de despidos privados?
–Antes tengamos en cuenta un fenómeno objetivo. Cuando hay una retracción en el Estado a través de la combinación de despidos y baja del gasto público, los efectos se trasladan inevitablemente al sector privado y a la economía. Alguien del sector privado se vería afectado.
–Macri dijo que la ley que vetó impedía la creación de empleos.
–No estoy de acuerdo con esa apreciación. En la Argentina siempre hubo miradas distintas sobre la economía y el tipo de sociedad que cada uno quiere. El presidente tiene la facultad de tener su propia mirada, naturalmente, pero creo que en este caso se equivoca. Los dirigentes sindicales impulsamos la ley. La conocemos bien. Y conocemos bien su génesis.
–¿Qué hay en la génesis?
–Yo mismo leí un documento conjunto de las centrales sindicales en el acto del 29 de abril. El texto iba mucho más allá de la doble indemnización. Planteaba la existencia de una emergencia ocupacional. En la Argentina hay un problema de empleo desde hace muchos años con dificultades en el sector estatal y falta de oferta de trabajo en el sector privado. Hace mucho que la Argentina carece de un proyecto industrial en serio. Esa carencia se ve agravada por los aumentos tarifarios. Impacta sobre las pymes. En buena medida el trabajo creado es de baja calidad y en su mayoría precario. Subrayo este punto porque nuestros reclamos no apuntan solo a los trabajadores que están en blanco. Sabemos que primero cayeron los que viven de una changa, los que te pintan tu casa o el servicio doméstico. Son millones de empleos precarios y no fueron creados por este gobierno. El 82 por ciento para los jubilados solucionaría integralmente el tema provisional. Si hay un sector vulnerable son ellos y eso no se resuelve ni siquiera con una emergencia. Muchas veces pedimos que los jubilados cobren por lo menos el salario mínimo, vital y móvil. Y como nuestro enfoque es integral y así lo planteamos en el acto de Paseo Colón el 29 de abril, no debe haber ninguna regulación del derecho de huelga ni protocolos especiales de seguridad. No queremos discutir descuentos de medidas de fuerza en el Consejo del Salario. Sé que algunos lo pensaron. Por suerte después no lo propusieron en la reunión. Tampoco queremos intromisión en los asuntos sindicales. Los marítimos están intervenidos doblemente. Por la Justicia y por el Ministerio de Trabajo. Queremos una inmediata normalización. Que saneen el padrón y que llamen a elecciones. Nuestros planteos tienen en cuenta estos puntos y el trasfondo de un proceso inflacionario que en el mejor de los casos terminaría en el 35 o 37 por ciento para el 2016. Ese es un malestar que seguirá estando presente y seguirá cruzando las demandas y los conflictos. Tanto el documento como el contenido de las intervenciones de los compañeros que hablaron el 29 de abril fueron en ese sentido, cosa que permitió una dinámica con temas como la convocatoria al Consejo del Salario o el análisis de la situación de las pequeñas y medianas empresas. Ahora hay nuevas cartas sobre la mesa.
–¿Las cartas impulsan un paro general o lo impiden?
–El paro nunca se descarta. Hay que reunirse y discutir. Si para llegar al documento y al acto estuvimos un mes reuniéndonos, también ahora tenemos que debatir. Sobre todo cuando además hay perspectivas como la reunificación de la CGT. Hay que coordinar acciones. Hay que hablar con un mosaico de identidades. Trabajamos mucho. Nada es sencillo. Hay confluencia de intereses: trabajadores privados, trabajadores estatales, gremios de servicios, gremios industriales, sindicatos más conciliadores, sindicatos más confrontativos, la propia situación interna del peronismo... Claro, el sector que más ha sido golpeado, el de los estatales, tendrá sus razones para proponer una medida. Pero las diagonales se recorren una por una. Son varias las diagonales que atraviesan al movimiento sindical. Y hay que recorrerlas todas. Juntarnos, evaluar la situación, analizar las tendencias y estudiar las alternativas. Muy pronto hay un tema que volverá a generar tensión: Ganancias. Reaparecerá por el pago del aguinaldo. El gobierno hizo con Ganancias lo mismo que el anterior: fue corriendo el arco.
–¿Quién ganó y quién perdió con la sanción y con el veto? ¿La posición de los sindicatos está mejor, igual o peor que antes?
–Las cosas no están iguales. Si acá hay un costo político, lo pagó el Gobierno a instancias de nuestra movida. Lo pagó al desconocer la representación democrática que hay en las dos cámaras. Y produjimos avances. El Gobierno convocó al Consejo del Salario que, según tengo entendido no iba a ser convocado presumiblemente antes de septiembre. Ahora habrá también una búsqueda alternativa y adelantada del impuesto a las ganancias. Hay una mayor velocidad en la reunificación de la CGT. Se discute más sobre el sector informal. El Gobierno tiene que tomar medidas para que los compatriotas tengan derechos. El derecho no es solo acceder a la Asignación Universal por Hijo y a otros amortiguadores. El derecho es a un trabajo formal con convenio y seguridad social. Son millones en situación precaria, no se generaron ayer y obviamente la reducción drástica no sucederá de un día para otro. Pero hay que tomar medidas urgentes. ¿Qué tratamiento hay para una empresa con un dueño y tres empleados? No puede ser que la alternativa sea despedir a dos de los tres para pagar la luz. ¿Qué tratamiento hay para las importaciones? En los 90 ponían los contenedores en el muelle para hacer arreglos y adentro venían desde los guantes y la estopa hasta las herramientas, los tornillos y los clavos. Una apertura importadora sin límites puede ser un problema gravísimo que se sumará a los problemas ya existentes. La unificación de la CGT también va a servir para enfrentar esos desafíos y articular un trabajo de mayor intensidad con las pequeñas y medianas empresas.
MÁXIMO KIRCHNER ADVIRTIÓ SOBRE EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DE
MAURICIO MACRI
“Un modelo con consecuencias nefastas”
El diputado criticó el veto a la ley antidespidos y, frente a las cesantías de hoy, recordó que hace menos de un año se discutía el Impuesto a las Ganancias. “No se sinceró la economía, se sinceró el Presidente”, afirmó.
“Pasamos en menos de un año de discutir el Impuesto a las Ganancias a debatir sobre la necesidad de una ley para frenar los despidos”, remarcó ayer Máximo Kirchner para graficar “las consecuencias nefastas del modelo de país de Macri”, durante una nueva edición de las Plazas del Pueblo, en Quilmes. Máximo se subió de “sorpresa” al escenario montado en la Plaza Aristóbulo del Valle por Nuevo Encuentro, partido que conduce Martín Sabbatella, y habló sobre “la ruptura del contrato” entre el Gobierno y sus votantes “a partir del ruido que están haciendo todas sus medidas”. Consideró que el anuncio del veto a la ley antidespidos desde Cresta Roja “fue de una insensibilidad innecesaria, con los miles de trabajadores que quedaron afuera” de esa empresa avícola, donde de 3500 cesanteados sólo 1300 fueron reincorporados, e ironizó sobre los dichos del ministro de Interior, Rogelio Frigerio, acerca del tarifazo de gas: “Lo invito a comer un asado en Santa Cruz en remerita y con las ventanas abiertas.”
Frente a dos mil autoconvocados, el diputado y referente de La Cámpora repasó durante casi media hora todos los temas de la coyuntura. “Que los números cierren con la gente afuera es fácil”, dijo parafraseando su propia consigna, a la que agregó que “no se puede gobernar sólo con la televisión dando consejos a la gente de cómo afrontar el ajuste”. “No se sinceró la economía, se sinceró el Presidente, y ya no pueden ocultarlo”, remató.
“Escuché a Macri quejarse de lo dura que es la política. Sinceramente, no sé si se lo toma en serio”, dijo en relación a la frase del Presidente en la que, refiriéndose al aspecto de sus funcionarios, soltó que “la política es dura”. “Gobernar no es sólo tener asesores de imagen, hay que tener corazón, como el que tuvo Néstor Kirchner para levantar un país como el que recibió, con 20 por ciento de desocupación, default y desesperanza”, afirmó. En ese punto, recordó que el miércoles se cumple un nuevo aniversario del inicio del mandato del ex presidente. “Fíjense qué diferencia, cuando Néstor negoció la deuda, dijo primero se crece y después se paga. Los grupos de poder tenían que esperar, porque era la hora de la gente”, sostuvo.
En sintonía con el discurso de Cristina Fernández de Kirchner frente a Comodoro Py, pidió a la militancia “no enojarse con los que no nos votaron”, porque a quienes se inclinaron por Cambiemos “los engañaron”. Festejó, además, que “la gente se está movilizando pacíficamente”, lo que, dijo, demuestra “una conciencia de clase, de defensa de derechos”.
“Acá en Quilmes, como en todo el conurbano, empieza a ser común que cierren negocios y pequeñas y medianas empresas, que se detenga la construcción y que cientos de trabajadores deambulen tratando de encontrar algún sustento que les permita llegar a fin de mes”, describió Sabbatella, para quien en lugar de “las inversiones y el derrame de riqueza” que prometió el Gobierno “lo único que se derramó fue desempleo, pobreza y angustia”.
Para ser alguien PRO hay
que empezar con una
offshore
LA RED DE EMPRESAS EN PARAÍSOS FISCALES DEL
FONDO DE INVERSION HOPE FUNDS, INVESTIGADA
POR LAVADO DE DINERO
Las guaridas del rey de la esperanza
El titular de Hope Funds promocionó la gestión de Macri en la ciudad, que a su vez lo benefició con un cuestionado contrato de concesión. También se asoció a un estrecho colaborador del hoy presidente y fue contratado por otro para hacer negocios con la marca Boca Juniors. Desde Messi hasta el papa Francisco, los famosos y los poderosos ¿confiaron? en él.
Blaksley y Messi presentan un cheque de U$S 20,000 para Unicef.
Por Santiago O’Donnell
El titular de la firma Hope Funds, investigado por lavado de dinero por la AFIP y la Justicia argentina, aparece en los Panama Papers como director, apoderado y/o beneficiario de una compleja red de empresas con sede en los paraísos fiscales de Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y Singapur, junto a un grupo de socios o testaferros cuyo nombres se repiten en las distintas offshore y también en varias empresas del grupo inscriptas en la Argentina.
Así surge de los documentos del estudio panameño Mossack Fonseca, que detectó y analizó Página/12 en el marco de la investigación impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
En los últimos años Hope Funds, liderada por el empresario Juan Enrique Blaksley Señorans, ha organizado y llevado adelante eventos pagos para promocionar al gobiero de la ciudad de Buenos Aires durante la gestión del hoy presidente de la Nación, Mauricio Macri, incluyendo la carrera entre el superatleta jamaiquino Usain Bolt y el Metrobus recién estrenado en el 2013, compulsa que laudó a favor del atleta el entonces jefe de gobierno en la línea de llegada. Hope Funds también ha sido beneficiada por el gobierno de la ciudad con la extensión de una concesión de una importante propiedad comercial en la exclusiva zona de Recoleta a un precio muy por debajo del mercado y sin que el expediente pase por la legislatura porteña. Además, Hope Funds realiza tareas de mercadeo para Boca Juniors, club dirigido por Daniel Angelici, predecesor de Macri en la presidencia de la institución y apuntado como el principal operador judicial del mandatario argentino. Blacksley también está asociado en una empresa con Fernando Marín, un ex directivo del grupo Socma, el holding de la familia Macri, a quien el presidente argentino designó para coordinar el multimillonario negocio del Fútbol Para Todos.
En otros negocios con otros interlocutores Hope Funds organizó la exhibición del tenista Roger Federer en el municipio de Tigre, maneja emprendimientos gastronómicos en la ciudad de Buenos Aires, emprendimientos inmobiliarios en la provincia de Buenos Aires, es auspiciante de importantes deportistas y equipos deportivos y está asociado a locales de tango en Buenos Aires y Nueva York, entre otras iniciativas comerciales que denotan un crecimiento exponencial del grupo desde su creación como fondo de inversiones en 1989.
Semejante crecimiento llamó la atencón de las autoridades. Una investigación de la AFIP reveló que el empresario no podría justificar el crecimiento de su patrimonio, ni podría demostrar el origen de los fondos que utilizó para sus inversiones.”El informe que entregó la AFIP es contundente: de los 521 clientes que tiene la empresa Hope Funds, apenas tres estaban en regla, tenían la capacidad económica suficiente para hacer una inversión y la dejaron asentada en su declaración de impuestos. Es decir que el 99,42% de los clientes violaron de una forma u otra la ley argentina, según el escrito que firmaron Jorgelina Beritich Medina, jefa de la Sección Actuaciones Judiciales de la División Penal de la AFIP; José Antonio Bilbao, titular de la Dirección de Planificación Penal de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos, y Diego Alejandro Franco, jefe de la División Penal Tributaria,” señala una investigación de enero del año pasado del periodista Juan Graña del sitio Infobae.com.
El informe de la AFIP originó una denuncia del entonces titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Juan Carlos Gonella, en mayo del año pasado, denuncia que fue presentada en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado, ya que Blaksley fijó su domcilio en esa localidad bonaerense. “Las operaciones de ‘Hope Funds S.A.’ indican que la firma habría recibido en mutuo la suma aproxmada de ocho millones y medio de pesos (puntualmente $8.428.123) por parte de clientes que, además de no presentar actividad económica suficiente, habrían ingresado al régimen jubilatorio, coincidentemente, en el año 2011. A lo expuesto aquí debe añadirse que en muchos casos ‘Hope Funds S.A.’ habría recibido aportes de terceros por fuera del circuito bancario regular, accediendo a la entrega de importantes sumas concentradas mediante un ùnico desembolso en efectivo”, dice la denuncia.
Según los Panama Paperes, Blaksley aparece como beneficiario de la empresa Marketsite S.A. en documentos de due diligence del estudio panameño Mossak Fonseca. Marketsite S.A., a su vez, aperece en el centro de un complejo entramado empresas radicadas en paraisos fiscales, incluyendo al menos 21 en Panamá, cinco en las Islas Vírgenes Británicas y dos en Singapur. Blaksley figuró como presidente de varias de estas empresas, hasta que a mediados de 2013 fue reemplazado por un contador de Mossak Fonseca, pasando a ser beneficiario de las mismas, en distitnas combinaciones, junto o por separado, con su socio minoritario (tres por ciento) en Hope Funds S.A., Federico Armando Dolinkue, su representante ante Mossak Fonseca, Alejandro Miguel Carozzino, y a su cuñada Verónica Inés Vega. En algunos casos también figuran como coapoderados de firmas del grupo el empresario gastronómico Emilio Lucini y el empresario del tango Juan Horacio Fabbri. Las offshore del grupo incluyen MKT Ltd., Global entertainmententerprisesLtd., Marketsite Ltd., International Entertainment Management Group Ltd., Tango Investments Trading, 10 A Office One Properties Corp, Twist Business Center Ltd., y Marketsite Real Estate ltd., entre otras. Este cronista intentó contactarse reiteradas veces con Hope Funds S.A. el viernes por la tarde durante el horario de oficina que aparece en la página web de la firma pero nadie contestó la llamada. Tampoco fue contestado un mensaje enviado esa tarde al email de contacto.
Hope Funds maneja varios negocios en la ciudad de Buenos Aires. Junto al accionista matoritario Grupo IRSA, Hope es dueño del 47 por ciento del complejo Buenos Aires Design. La concesión por veinte años del Buenos Aires Design venció el 18 de noviembre de 2012 y ese mismo mes fue renovada por el gobierno porteño hasta el 17 de noviembre de 2017, un día antes de que se cumplan los cinco años. Allí se aplicó la ley 3399, que permite al Ejecutivo ampliar la concesión por un plazo menor a los cinco años, sin necesidad de que la medida cuente con la aprobación de la Legislatura. Por esa concesión IRSA y Hope funds pagan “el irrisorio canon de 42.353 pesos mensuales”, denunció hace dos años la entonces diputada porteña Gabriela Cerruti. Los concesionarios del Buenos Aires Design subalquilan a otras empresas privadas 70 locales comerciales que se distribuyen en tres plantas, a un precio de 7000 pesos mensuales, lo que supone una recaudación por ese solo concepto que rondaría los 500 mil pesos mensuales. Además, el Buenos Aires Design, enclavado en una de las zonas turísticas más concurridas de la ciudad (lo rodean el Centro Cultural, el Cementerio de La Recoleta y Plaza Francia), cuenta con una terraza de tres mil metros cuadrados, 174 cocheras que subalquila y dos edificios anexos: el Hard Rock Café, cuya licencia argentina pertenece a Hope Funds, y un auditorio de más de dos mil metros cuadrados. Cuando se produjo la renovación express del predio el apoderado de IRSA era Augusto Rodríguez Larreta, hermano de Horacio, entonces jefe de gabinete del gobierno de la ciudad y actual jefe de gobierno porteño.
Un año después de la renovación de la licencia del Buenos Aires la ciudad recibió a tres deportistas ilustres. El 30 de noviembre del 2013 las hermanas estadounidenses Serena y Venus Williams jugaron un partido de exhibición en el Buenos Aires Lawn Tennis y el 14 de diciembre de ese año velocista y hombre record de los 100 y 200 metros llanos, Usain Bolt, corrió contra un colectivo de la línea 59 en una traza del recientemente inaugurado metrobus porteño, la obra pública más emblemática de la gestión macrista en la ciudad. Más allá de que los deportistas brindaron clinicas de tenis y atletismo en distintas las villas porteñas, los contribuyetes pagaron a través del gobiero porteño cinco millones de pesos por la presencia de estos destacados personajes, a razón de un millón para las hermanas Williams y cuatro para Bolt. Hope Funds organizó ambos eventos junto a la firma Imagen Deportiva del empresario Guillermo Marín.
Además, en una entrevista cn el diario La Nación en mayo del 2012, el propio Blaksley reveló un vínculo comercial que una a Hope Funds con el club Boca Juniors: “También somos dueños del merchandising de Boca Juniors [todo menos la camiseta y la estática], y la licencia de escuelas de fútbol. La cultura y el entretenimiento me cubren de cualquier avatar local” dijo entonces el “dueño” de Hope Funds, título con el que Blaksley figura en la página web de la firma.
Blaksley además está asociado a Fernando Marín en la empresa Musyka S.A. inscripta en la Inspección General de Justicia en ocutbre de 2013. El año pasado Hope Funds y Fernando Marín coprodujeron la obra musical “Pasos de amor, el musical de la paz”, exhibida en el teatro El Nacional de la calle Corrientes. También en la capital porteña, Blaksley, autoproclamado mecenas de las artes y los deportes, trajo en julio del 2012, a traves de Hope Funds y junto a la empresa italiana Artifex, la muestra Meraviglie dalle Marche, que reunió obras de Rafael, Tiziano y Rubens, entre otros maestros, y se expuso en el Museo Nacional de Arte Decorativo en la Avenida del Libertador, Palermo Chico. En diciembre del 2013 Hope Funds organizó la despedida del futblista Ariel “el burrito” Ortega en el Estadio Monumental. El año pasado la firma abrió una sucursal del afamado restaurante de comida peruana de alta gama La Rosa Náutica en un local de Puerto Madero.
Pero los negocios de Hope Funds en la Argentina no se limitan a la ciudad de Buenos Aires. En mayo del 2013 Hope Funds organizó una muestra de arte criollo en el Vaticano, ocasión que le valió a Blaksley una foto con el papa Francisco.
En el rubro deportivo, en junio del 2012 Hope Funds se anotó como sponsor oficial de la selección argentina de basquet después de firmar un convenio el titular de la CABB en las oficinas del fondo de inversión en Sarmiento al 600, a metros del obelisco. Tres meses más tarde Hope Funds se convirtió en el prinipal patrocinante del multicampeón equipo de polo La Dolfina, cuyo líder Adolfo Cambiaso es ampliamente considerado como el mejor polista del mundo. Dos meses después la firma contrató al tenista suizo Roger Federer, entonces número uno del mundo, para realizar una exhibición en el municipio de Tigre,evento que fue presentado enconferencia de prensa por el entonces intendente Sergio Massa. Durante el match, que también tuvo como protagonista al tenista argentino Juan Martín del Potro, una falla en la tribuna tubular montada a último momento casi causa una tragedia. En julio del 2013 Hope Funds, conjuntamente con la fundación Lionel Messi, entregó un cheque por 20,000 a Unicef después de un partido benéfico en Lima, Perú. Ese noche después del partido Blaksley se sacó una foto con el crack de Barcelona bajo las luces del Estadio Nacional, ambos rodeados por un grupo de niños que sostienen la gigantografía de un cheque representando dicha donación. Desde entonces Hope Funds ha patrocinado diversos eventos de polo, basquet, tenis y automovilismo, incluyendo la incursión del ex tenista David Nalbandian en el campeonato argentino de rally.
En el rubro gastronómico, un grupo vinculado a Hope Funds intenta abrir una sucursal del Hard Rock Cafe en Rosario, pero tras la denuncia de la PROCELAC el trámite se estancó en la legislatura de esa ciudad. Según informó Rosario/12 en junio del año pasado, un representante de la franquicia presentó un escrito ante la comisión de planeamiento de la legislatura de la ciudad argumentando que el proyecto debía ser aprobado porque detrás del emprendiiento no se encontraba la cuestionada Hope Funds sino la empresa HRC Rosario S.A. Sin embargo, el grupo de apoderados de la empresa incluye a Emilio Lucini, el mismo que aparece asociado a Blaksley en las offshore, y además está integrada por dos empress controladas por Blaksley,una de las cuales lleva el nombre de “Hope Funds Holding”.
En el rubro inmobiliario, Hope Funds desarrolló un club de campo lllamado “La Asunción” en Luján y proyecta otro emprendimiento similar llamado “Verazul” en el municipio de Pilar, hoy gobernado por el macrista Nicolás Ducoté. Además de las preguntas sobre el origen de los fondos para su desarrollo a partir de las denuncias contra Hope Funds, el proyecto “Verazul” ha sido duramente objetado por grupos ambientalistas locales. Sus representates afirman que la construcción del country en siete hectáreas de humedales a la vera del río Luján acarrea serios riesgos de inundaciones para los vecinos de la zona.
EL GOBIERNO CONTRATÓ A MCKINSEY PARA
ELABORAR UN MARCO REGULATORIO PARA LAS TIC
El plan para la ley de comunicaciones
La consultora desembarcó con una propuesta para desarrollar las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Cobra 875 mil dólares por 16 semanas de trabajo. Sus vínculos con las telefónicas.
Mario Quintana, secretario de Coordinación Interministerial, es el principal impulsor del acuerdo con McKinsey.
“Es nuestro compromiso poder acompañar al gobierno en este momento de transición histórico, por lo cual estaremos reduciendo significativamente nuestros honorarios a 875.000 dólares para las 16 semanas de duración del proyecto”. El textual forma parte de la propuesta de colaboración que la consultora estadounidense McKinsey le acercó en marzo al presidente Mauricio Macri, titulada “Apoyando al gobierno argentino en la construcción de un marco regulatorio para el desarrollo y la innovación en TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación)”. Desde entonces, un grupo de analistas desembarcaron en el Ministerio de Comunicaciones para asesorar desde las sombras. El principal impulsor de este convenio es el secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana, un ex McKinsey, titular del Grupo Pegasus y dueño de la cadena Farmacity.
Después de derogar por decreto los artículos más relevantes de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, el gobierno creó a través de la resolución 9/16, publicada en el Boletín Oficial el 15 de abril, una comisión para la elaboración de una nueva ley de comunicaciones convergentes que regulará no sólo a la radiodifusión sino también a las telecomunicaciones. Esa comisión se ha venido reuniendo con distintos especialistas del sector y a mediados de este mes ya difundió una primera declaración. Sin embargo, de modo paralelo a ese trabajo público McKinsey avanza de manera reservada con la elaboración de un marco regulatorio para las comunicaciones.
La propuesta de colaboración elaborada por la consultora estadounidense, a la que accedió Página/12 en exclusiva, comienza con un breve mensaje dirigido a Quintana, el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el presidente de Arsat, Rodrigo de Loredo. “Estimados Oscar, Mario y Rodrigo, de acuerdo a lo acordado en nuestro último encuentro, cumplimos en hacerle llegar la propuesta de trabajo para acompañar al gobierno argentino en la construcción de un marco regulatorio de TIC, incluyendo como parte fundamental del esfuerzo repensar la estrategia y definir un plan de negocios para Arsat”.
Luego se incluye un breve marco histórico donde se afirma que durante los últimos años Argentina ha quedado atrás en términos de penetración, innovación y uso de servicios TIC por una serie de “limitaciones estructurales” entre las que destaca la baja asignación de espectro radioeléctrico, precios altos en smartphones y equipamiento de red y tarifas congeladas en algunos servicios. Allí además se remarca que “a pesar de que Argentina ha realizado inversiones relevantes en Arsat, existe alguna indefinición en cuanto al plan estratégico de la empresa y al rol que la misma deberá desempeñar para apoyar el desenvolvimiento del sector”.
El documento de McKinsey incluye una serie de objetivos específicos entre los que sobresalen: 1) definir la visión y los objetivos para la Argentina en el desarrollo del sector de Tecnología, Medios y Comunicaciones, de manera que se convierta en un motor de desenvolvimiento, crecimiento e innovación para el país, 2) definir las principales palancas e iniciativas del futuro marco regulatorio, que permitan alcanzar la visión y los objetivos definidos, 3) integrar todos los elementos del marco regulatorio en un modelo consistente que otorgue previsibilidad al sector a mediano y largo plazo, 4) resolver desafíos que enfrenta el sector, entre los que se menciona la necesidad de favorecer el crecimiento en telefonía móvil, aumentar la banda ancha de alta velocidad, promover el acceso a dispositivos y equipamiento de primera generación, fomentar inversiones en el sector privado y público y establecer reglas y condiciones para participar en medios, 5) definir el rol de Arsat para apoyar el desarrollo de la infraestructura y del sector, 6) definir un plan de negocios 2016-2019 para Arsat y 7) definir un plan de implementación que considere a los principales actores involucrados.
En la tercera sección del documento se explicita un plan de trabajo que incluye entre las actividades “mapear los principales actores y potenciales barreras”, “mapear y analizar todos los activos de Arsat” y “analizar y escoger opciones estratégicas para Arsat por tipo de activo/segmento”. Como informó Página/12 el pasado 22 de abril, Héctor Huici, secretario de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, es uno de los más activos promotores de esta iniciativa. El funcionario reconoció en una jornada organizada en la Universidad Abierta Interamericana que estaban analizando el potencial de las distintas unidades de negocio de Arsat y distinguió entre “la parte satelital, la red de fibra óptica, el data center y la mochila de plomo de Arsat, que es el tema de la TDT (Televisión Digital Terrestre)”. McKinsey es la encargada de auditar esas unidades y buscar interesados en tomar el control de cada una en una especie de loteo. La intención, al menos en un primer momento, no es privatizar la firma sino explorar la posibilidad de incorporar capital privado o favorecer la colonización empresaria de la infraestructura a través de la firma de contratos.
Junto con el plan de trabajo, McKinsey detalló en su propuesta un cronograma de entrega de productos que incluye reuniones de presentación de avances y seguimiento del proyecto. Hace unos quince realizaron una primera exposición sobre el mercado de las telecomunicaciones ante el presidente Mauricio Macri y la intención es entregar el informe final en julio.
En el plan que le acercaron al gobierno se explicita quienes integran el equipo de trabajo. “Como es habitual, proponemos la conformación de un equipo mixto entre funcionarios del Ministerio de Telecomunicaciones, Secretaría de Coordinación Interministerial, Arsat y la consultora McKinsey”, dice el texto. Por el lado de la consultora, el proyecto es liderado por Francisco Ortega, director de la oficina de Buenos Aires de McKinsey, Luis Enríquez, miembro de la oficina de McKinsey en Bruselas y Rodrigo Diehl, un ex empleado de Techint que durante los últimos 12 años se especializó en el área de TIC dentro de la consultora. A ellos se suman Adolfo Pittaluga, Josefina Ceirano y Juan David Muñoz, tres consultores encargados de la ejecución cotidiana del proyecto.
A su vez, el plan cuenta con la participación de “expertos globales en TIC y regulación”. Página/12 reveló el sábado 14 de mayo que la figura más destacada de ese grupo de asesores externos es el colombiano Diego Molano quien fue Director General de Asuntos Corporativos de Telefónica en Colombia entre 2005 y 2010 y luego fue designado por el presidente Juan Manuel Santos como ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones hasta mayo del año pasado, periodo en el que también estrechó lazos con América Móvil, la firma del magnate Carlos Slim, que busca ampliar negocios en el país. Pese a ese historial, en el documento de McKinsey se afirma que el equipo que asesorará al gobierno argentino es “100 por ciento Clean Team” ya que “nunca ha trabajado con ninguno de los operadores argentinos, eliminando cualquier tipo de conflicto potencial”. Es cierto que Molano no trabajó para Telefónica de Argentina, pero también es cierto que Telefónica de Argentina no es una pyme local sino la filial de una multinacional española que también tiene como filial a Telefónica de Colombia.
Otros “expertos globales” que integran el equipo son Antonio Robalo de Almeida, quien trabajó en los programas europeos para el desarrollo de las comunicaciones Esprit y RACE; Bengi Korkmaz, una especialista en políticas públicas egresada de Harvard con pasado profesional en Ebay y Yahoo; y Jürgen Meffert, un ingeniero que trabaja en McKinsey hace 25 años y actualmente se desempeña en la oficina de Düsseldorf, Alemania.
En la propuesta de colaboración se aclara que “los honorarios profesionales para este tipo de esfuerzos son de 400 mil dólares por mes más los gastos necesarios para la ejecución del proyecto (entre 15 y 18 por ciento adicional), pero el gobierno de Macri consiguió que “solamente” les cobren 875 mil dólares por 16 semanas de trabajo, poco más de la mitad de lo que supuestamente correspondería. McKinsey aclaró por las dudas que los valores expresados son netos de impuestos.
Quién es McKinsey
McKinsey es una consultora de negocios estadounidense que ofrece servicios a multinacionales y gobiernos en más de 60 países. Fue fundada en la ciudad de Chicago en 1926 y se convirtió en una firma exitosa bajo el liderazgo de Martín Bower, considerado uno de los padres de la consultoría. Su exposición pública es relativamente baja comparada con el enorme poder que tiene a nivel global. Ese contraste no es casual. Duff McDonald publicó en 2013 un libro titulado La firma donde analiza la influencia secreta de McKinsey sobre las compañías estadounidenses y allí destaca que en los contratos estándar suele figurar la siguiente cláusula de confidencialidad: “El cliente acepta que no usará el nombre de McKinsey, no se referirá al trabajo de McKinsey ni pondrá los productos o la existencia o condiciones de este acuerdo a disposición de personas ajenas a su organización sin permiso previo por escrito de McKinsey”.
ORIGINAL Y RUIDOSA PROTESTA CONTRA EL
MINISTRO EN LA FERIA ARTEBA
Los artistas contra Lopérfido
Repartieron un volante con la cara del ministro de Cultura porteño y su frase sobre los desaparecidos. Luego hicieron una sentada y pasaron por altoparlantes el audio en que niega que fueran 30.000.
Los artistas recorrieron la feria anoche repartiendo los volantes contra el ministro Lopérfido.
Por Paula Sabatés
Patricia Bullrich recorría la feria ArteBa rodeada de personal de seguridad, pero aun así le aceptó un volante a una joven que se acercó especialmente a buscarla. El volante es llamativamente fucsia, cuadrado, y dice “ArteBA 25!”, en referencia a la edición de la feria que termina hoy. “Gracias, linda”, dijo la ministra de Seguridad de la Nación, pero la joven ya estaba caminando para la salida. Cuando dio vuelta la hoja, la funcionaria se encontró con la foto de un compañero del PRO y una leyenda escrita bien en grande que reza “Persona no grata para la cultura. Renuncia Ya!”. El grupo de trabajadores de la cultura del que formaba parte la chica del volante acababa de dar por terminada una – otra – acción contra el Ministro de Cultura porteño Darío Lopérfido, cuya renuncia reclaman distintos sectores desde finales de enero.
En línea con la serie de protestas que artistas de distintas disciplinas vienen realizando en repudio a las declaraciones de Lopérfido, que dijo que en la Argentina “no hubo 30 mil desparecidos” y que ese fue un número que “se arregló en una mesa para obtener subsidios”, la que tuvo lugar ayer en el predio de La Rural fue altamente creativa. Con la intensión de intervenir un evento artístico para interpelar al público y no de ir al choque o generar conflicto, el numeroso grupo de artistas presentes se concentró en un stand específico de la feria, desde donde partieron todas las acciones.
Lo primero tuvo que ver con el reparto de los volantes, estratégicamente diseñados por los artistas para simular la gráfica oficial del evento, que distribuyeron por todo el pabellón donde se concentró la muestra. El miércoles había habido una primer volanteada, aunque de menor escala, anticipando la de ayer. Ese día (el mismo en que Leo García fue noticia por romper una serie de copas de plástico), la propia Marta Minujín recibió en mano uno de los folletos, que para el fin de esa jornada empapelaban baños, mesas y hasta algunos stands y que hicieron juego con unos llamativos globos negros que decían “30 mil”.
Si bien fue lo más masivo - no hubo casi quien se fuera sin su volante - eso no fue tan fuerte, visual y simbólicamente, como lo que siguió después. Convencidos de que “nadie mejor que él mismo para expresar lo que queremos decir”, tal como dijo uno de los artistas a este diario, los trabajadores de la cultura hicieron sonar por altoparlantes un fragmento de las declaraciones que el ministro hizo en la conferencia pública en Pinamar mientras era entrevistado por los periodistas Luis Majul y Edi Zunino. El mismo corte de audio que desde hace un tiempo suena en la mayoría de los teatros independientes cuando termina una función y que sonó fuerte en la última marcha del 24 de marzo, en la que una multitudinaria columna se manifestó por este tema.
“¿Ustedes son de La Cámpora?”, preguntó una mujer visiblemente molesta cuando la comitiva le pasó por al lado. No fue necesario que los artistas respondieran. Otro visitante lo hizo por ellos: “No, son los que expresan lo que muchos pensamos”, sentenció, dando cuenta de lo dividida que estuvo, esta vez, la reacción de los presentes: en otras acciones, como la del BAFICI, fueron más los que estuvieron a favor de la acción, en contraste con los que repudiaron lo que consideraron un escrache.
Lejos de recular, cuando los efectivos de la misma seguridad privada que luego custodió a Bullrich se acercaron al grupo de artistas para pedirles que silencien los megáfonos, éstos largaron los equipos de sonido y se sentaron en el suelo de La Rural. Pero los dichos de Lopérfido no pararon de sonar, porque esta vez fueron los artistas visuales, teatristas, músicos y cineastas los que reprodujeron la frase seleccionada. “Si algún error cometió la dictadura militar fue no hacerles un juicio justo y matarlos de esa manera”, se escuchó en voz de cuarenta artistas, en lo que fue lo más fuerte y convocante de la jornada, que además incluyó la proyección de un video en repudio al ministro.
Como Bullrich, miles se llevaron a sus casas la experiencia de una feria distintas, y también el volante de las dos caras. De un lado, la de la marca privada que celebró otra exitosa jornada con cientos de visitantes y expositores, y que se posicionó nuevamente como uno de los eventos más emblemáticos del arte en Latinoamérica. Del otro, la postal de una realidad concreta que se vive en la Ciudad: la de un grupo de artistas que repudia a su representante en el Estado. Y que está dispuesto a todo para lograr que renuncie.
http://www.pagina12.com.ar/diario/principal/index.html
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