martes, 17 de mayo de 2016

Meritocracia o democracia en la educación // Mérito, educación e igualdad // Ingreso irrestricto y eficiencia

Imágenes integradas 1
martes 17 de mayo de 2015

 OPINIÓN


Meritocracia o democracia en la educación


Por     Adriana Puiggrós    *


El filósofo y pedagogo estadounidense John Dewey tuvo una influencia notable en el progreso de la pedagogía en la Argentina durante el siglo XX. Los buenos educadores aprendieron en sus textos que educación y democracia tienen un vínculo esencial, e incorporaron las expresiones pedagógicas de la democracia. Una de las ideas principales de Dewey es que el niño “aprende a trabajar por amor a la cosa misma, no por una recompensa o por temor al castigo”. Valora la energía, la iniciativa y la originalidad como “cualidades que tienen más valor para el mundo que la más perfecta fidelidad al obedecer órdenes”. 

En las escuelas primarias argentinas, hasta hace unas décadas, se calificaban las tareas de los alumnos con “suficiente” o “insuficiente” y lo más frecuente era que el/la maestra llamara a la mamá o el papá cuando el niño presentaba dificultades. Entonces intervenía la “maestra particular” y aquellos cuya escolaridad no era interrumpida por factores socio-económicos, salían adelante. 

También ahora los docentes acuden a las familias y en algunas escuelas públicas del país hay tutores, psicólogos y psicopedagogos que acompañan a los alumnos y a los maestros en los avatares del proceso de enseñanza-aprendizaje. El carácter complejo, arrítmico y cambiante de este último no solamente ha sido objeto de innumerables estudios teóricos sino reflejado de manera instrumental en opciones didácticas y tecnológicas, y forma parte del discurso corriente de los docentes. Asimismo, la mayoría comprende la inminencia de combinar la atención al carácter “común” de la educación (que instaló Sarmiento inspirado en el reformista norteamericano Horace Mann) con las diferencias en los caminos del aprendizaje, nacidas en la historia personal, cultural o social de los alumnos. 

El valor “igualdad” como meta a alcanzar es un presupuesto de la educación democrática, cuyos orígenes se remontan al siglo XVII, cuando Juan Amós Comenio fundaba la institución educativa moderna, donde proponía enseñar todo a todos, defendiendo el acceso irrestricto a la lectura, la escritura y el cálculo, animándolos, sin “dar ocasión a nadie para estimar a unos y menospreciar a otros”. Comenio rubricó la decrepitud de la máxima “la letra con sangre entra”, pero hay razones para que los métodos que de ella se derivan regresen una y otra vez de la mano de quienes prefieren la desigualdad (que no es lo mismo que la diferencia). 

Marcar y establecer jerarquías o méritos entre los alumnos basándose en los logros de aprendizaje, en lugar de atender los obstáculos que se interponen para algunos, está al servicio de intereses que llamaré de la manera más directa: clasistas. 

El ejemplo al cual me refiero son las medidas tomadas por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que impuso la calificación numérica y suprimió el pasaje automático entre los primeros grados, acusando de populistas y demagógicos los alcances pedagógicos de las última década.
 
El propio Comenio y ni hablar John Dewey quedaron de esa manera en la misma bolsa. ¡Cómo penarían ante este atraso pedagógico los inspectores del antiguo Consejo Nacional de Educación (radicales, socialistas, liberales democráticos y anticonservadores) que recorrían el país difundiendo las ideas de la “Escuela Nueva”, corriente nacida a fines del Siglo XIX que resalta a la educación democrática! 

Ni hablar de la reacción de Jean Piaget ante el atropello al ritmo propio del aprendizaje o de Paulo Freire al advertir que se le planta a un niño un aplazo para castigar su falta de “esfuerzo”. Antediluviana es la pedagogía de la voluntad. Pero calza como anillo al dedo con el protocolo pedagógico destinado a formar al meritócrata. Definamos al meritócrata del Siglo XXI: es el que logra alcanzar metas que se imponen desde la sociedad del conocimiento corporativo, potenciadas por los prejuicios clasistas de los dueños del poder. Para ser meritócrata hay que ganarles a todos, meritócrata sólo hay uno, el que gana la carrera y se compra el Chevrolet. 

Pero no se trata de una rifa sino de una carrera cruel que deja en el camino a miles y miles de niños y jóvenes cuyo mérito destruye consignándolos como desertores en diversos escalones del sistema escolar, convertido en maquinaria de clasificación social. Sobre la correlación entre nivel de escolaridad y clase social hay una abundante literatura europea, norteamericana y latinoamericana. 

La relación entre ambos factores no es automática, pero la intención de usar las diferencias en el proceso educativo como instrumento que afirme a los alumnos en el sector de clase del cual provienen ha cobrado fuerza en la era neoliberal. Hay cierto placer, cuando no saña, en ilusionarse con ser meritócrata. Hay que tener voluntad y esforzarse para no equivocar un renglón en los comportamientos y contenidos impuestos. Nada de imaginación. 

Es especialmente importante otorgar consenso a la evaluación. Esta sustituye la enseñanza pues en la pedagogía meritocrática lo que vale es medir bien, no saber. Sustituye el enseñar por la tasación de los conocimientos. Esa es la línea que rige la política educativa del gobierno. Sin embargo, el viejo Comenio decía que “el viento sopla por donde quiere y que los hijos de los ricos, los nobles o los que dirigen el Gobierno no son los únicos que han nacido para esas dignidades (…) dejando a los demás como inútiles y sin esperanza.” Así es. 

La sabiduría popular ha logrado muchas veces restaurar la enseñanza democrática en la Argentina. No será fácil empaquetar el sistema educativo para venderlo en el mercado.

   Pedagoga. Ex diputada nacional.                              

















OPINIÓN


Mérito, educación e igualdad


Por      Javier Bráncoli    *


La decisión del ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro, de reinstalar los aplazos en el sistema de calificaciones en la escuela primaria y las declaraciones de los funcionarios que acompañaron tal medida merecen una reflexión crítica.

La decisión gubernamental se funda en un consenso social e institucional construido minuciosamente por la actual fuerza de gobierno, organizaciones no gubernamentales, instituciones de evaluación educativa y referentes académicos. Este consenso tiene como piedra angular la argumentación sobre la “baja calidad” de la educación en la Argentina y puede resumirse en un zócalo reciente en una señal de noticias: “La política aplazó a la educación”.

La meritocracia es el nuevo (¿viejo?) paradigma para las políticas educativas como bien lo desarrolla Carina Kaplan. Se sustenta en la igualdad de oportunidades y el esfuerzo personal. La medida reintroduce la posibilidad de calificar como insuficiente a niñ@s de 6 a 8 años en el primer ciclo y calificaciones numéricas inferiores a 4 en el segundo. Esta medida adoptada en forma aislada denota el carácter selectivo que se pretende dar a la institución escolar y situar al niñ@ y su familia como responsables exclusivos de su trayectoria.

La publicidad de una conocida marca de automóviles que se ha visto en estos días forma parte de la misma matriz conceptual. Todos somos iguales, quienes llegan a mejor situación son los que se esfuerzan y triunfan. El resto no hizo lo “suficiente”.

Frente a estas orientaciones que se enuncian para la Educación en la Argentina, corresponde decir que la igualdad de oportunidades ha sido la falacia sobre la cual el neoliberalismo construyó estos consensos sociales en diferentes momentos de la historia Argentina. Francois Dubet plantea que es la igualdad de posiciones la que permite reconocer que no todos los sujetos parten de la misma línea de largada en una sociedad profundamente desigual. Está largamente estudiada y probada la relación entre condiciones materiales de vida y posibilidades de aprendizaje en la escuela.

Los sujetos merecen y pueden desarrollar capacidades si cuentan con los soportes necesarios para hacerlo. Aquí cumple una función sustancial el rol del Estado para hacer accesible para niñ@s, jóvenes y adultos significativas experiencias de aprendizaje que amplíen su universo cultural, enriquezcan sus trayectorias educativas y mejoren su desempeño en la escuela.

En la última década e impulsadas por el Ministerio de Educación de la Nación, un conjunto de políticas socioeducativas tendieron a reducir esa distancia posicional a partir de un conjunto de iniciativas tales como: Conectar Igualdad; Programa de Coros y Orquestas infantiles y juveniles; Turismo Educativo; Centros de actividades culturales, recreativas y deportivas que funciona(ban) en el marco de la escuela y en instituciones barriales.

En el marco de estas políticas socioeducativas se creó una red de organizaciones territoriales que trabajan cotidianamente en contextos de vulnerabilidad para acompañar a las familias en su tránsito por la escuela. La consigna que las convoca es Estudiar es tu Derecho y funciona desde el año 2010 a la actualidad 1.

Las organizaciones comunitarias ganaron protagonismo en los años de la crisis y se consolidaron luego como parte central en la ejecución de políticas públicas en el territorio en la última etapa. Han sumado a las acciones de carácter asistencial, alternativas educativas productivas, culturales y de comunicación.

Centros y jardines comunitarios, espacios de apoyo escolar, bibliotecas populares, centros culturales, radios escolares y comunitarias, clubes barriales y parroquias recibieron apoyo estatal para acompañar a niñ@s, jóvenes y sus familias en el proceso de escolarización. Este acompañamiento se desarrolla a partir de la implementación de la Asignación Universal por Hijo para la protección social. Como parte del proceso de trabajo intersectorial muchas de estas organizaciones fueron reconocidas por el Estado como instituciones educativas.

Escuela, familia y comunidad se articulan en espacios y proyectos de trabajo conjunto para mejorar las posiciones de quienes parten de una situación de desventaja. Denominamos a estas experiencias espacios socioeducativos 2 y representan un soporte para las familias pobres y segregadas que por su grado de desintegración y fragilidad no pueden garantizar funciones propias del núcleo doméstico de la familia.

Hacer la tarea, compartir juegos, leer cuentos, ver películas, realizar salidas educativas, cuidar la salud y la higiene personal forman parte de estas tareas propias del trabajo afectivo o emocional. Estas acciones – que constituyen una economía doméstica de cuidado – inciden decisivamente en el proceso de socialización y se realizan en contextos comunitarios.

Hoy estos programas se encuentran paralizados y con un futuro incierto por falta de financiamiento, desarticulación de los equipos de trabajo y una imprecisa descentralización operativa.

Quienes plantean como norte de la propuesta educativa, el mérito y el esfuerzo individual son los mismos que restringen a su mínima expresión las posibilidades de educación de los más débiles. Una propuesta basada en la planificación de la desigualdad.

*    Profesor e investigador UBA-UNM. Coordinador de la Red Estudiar es tu Derecho.

1  Sitio institucional:  www.estudiarestuderecho.net
2 Puede consultarse experiencias de trabajo en: http://portales.educacion.gov.ar/dnps/fi les/2011/06/Red-de-Organizaciones.pdf                                        
















OPINIÓN


Ingreso irrestricto y eficiencia


Por      José Paruelo    *

Cómo hace unas semanas lo hizo Héctor Masoero, Alieto Guadagni (miembro, como Masoero, de la Academia Nacional de Educación) cuestionó algunos aspectos distintivos de la universidad argentina. En un artículo publicado en La Nación, Masoero se preguntaba si la gratuidad de la enseñanza promovía la igualdad y cuestionaba una ley promulgada en el gobierno anterior. En un artículo publicado en Página/12 (26/03/16) cuestioné algunos supuestos en los que pretendía sustentarse ese artículo: el arancelamiento de los estudios superiores. El Sr. Guadagni critica, en un artículo aparecido en Clarín, los requisitos de ingreso a la universidad. Cuestiona la ineficiencia que representa permitir que todos aquellos que terminan la escuela secundaria ingresen a la universidad pública. Cuestiona la ausencia de un mecanismo que seleccione a los “mejores”. Esto, argumenta, permitiría reducir la deserción y aumentar la eficiencia.

Durante los '90 se instauró una mirada de la educación importada desde otro ámbitos, particularmente el empresarial. En ese marco se buscó evaluar beneficios y costos y derivar indicadores. Uno de estos indicadores es la eficiencia, o sea la relación entre el “producto” del sistema (sería el graduado de la universidad) y los “insumos” gastados (medidos por el monto asignado por el presupuesto nacional a las universidades). El concepto de eficiencia (cantidad de producto/insumos) es extremadamente útil para evaluar el desempeño de, por ejemplo, una fábrica de tornillos: en este caso es muy simple identificar los productos y los insumos para fabricarlos. Pero, ¿cúal es el producto de la universidad? Hay un modelo de educación superior que está orientado solamente a producir profesionales, “graduados”. Hay otro modelo, el de la universidad pública heredera de la reforma universitaria de 1918, donde el énfasis esta puesto en las funciones. En este modelo, la universidad debe cumplir con tres funciones: generar conocimiento, aprender/enseñar y extender los frutos del conocimiento a la sociedad. ¡Ese modelo no especifica productos! Claramente, el hacer cotidiano de la universidad genera productos: artículos científicos, libros, maneras de pensar, ámbitos de discusión, ideas novedosas, conciencia, médicos, licenciados en letras, etc... En última instancia, cultura. Por supuesto, celebramos que la mayor parte de los ingresantes a la universidad se gradúen y que se publiquen muchos artículos en las mejores revistas. Es ocioso aclararlo. El punto es a expensas de qué maximizamos esos productos tangibles y cuantificables. Si para lograrlo, como propone el Sr. Guadagni, hay que restringir el ingreso, ese modelo de universidad se desdibuja, sus funciones se resienten.

Como suele ocurrir, aquí también aparece la ideología. Una de las perspectivas ideológicas desde la cual se piensa este tema es que, asegurado el acceso a la educación primaria y secundaria, la situación en que llega un estudiante a un eventual examen de ingreso es fruto del esfuerzo individual. Garantizada la “igualdad de oportunidades”, aparecen sólo diferencias asociadas al mérito. Este planteo desconoce aspectos fundamentales de la estructura de la sociedad: la existencia de minorías sojuzgadas, explotadores y explotados, diferencias de género, profundas desigualdades de acceso a bienes económicos y culturales, etc. Todo esto lleva a que la situación desde la cual un egresado de la secundaria enfrenta un examen de ingreso sea muy distinta según su contexto económico, social, cultural e, incluso, geográfico. Y que, obviamente, no tenga que ver con su esfuerzo y sus méritos. Este cuestionamiento suele contestarse con un “es prioritario mejorar la escuela secundaria”. Es cierto, pero ¿y mientras tanto? Es más, ¿las desigualdades sólo se asocian a la formación secundaria?

Permitir el ingreso a la universidad a todos es darle una oportunidad a la igualdad. Pero es más que eso, es diversificar la composición social, las historias de vida, las aspiraciones y las realidades culturales del claustro de estudiantes. Eso tiene enormes virtudes, no sólo para aquel que proviene de un secundario no tan bueno, también para el estudiante que hizo su vida escolar en colegios pagos en barrios cerrados.

Mi universidad, la UBA, eliminó el examen de ingreso apenas se pudo salir de la dictadura cívico militar. Desarrolló un sistema para acompañar a los estudiantes en el proceso de inserción en la exigente vida universitaria: el Ciclo Básico Común. En él se busca incluir al estudiante y no expulsarlo. Por supuesto, el sistema es perfectible pero luego de varias décadas ha mostrado sus virtudes al facilitar el proceso de nivelación de estudiantes que llegan en peores condiciones a los estudios superiores. Por supuesto que hay deserción. Pero, ¿qué tan grave es? Incorporar, aunque sea temporalmente, a la universidad a jóvenes es muy positivo para ellos y para la sociedad como un todo. De esa experiencia salen mejores. El título del artículo de Guadagni indica que nuestra universidad desperdicia recursos. ¿Haber mantenido en el sistema educativo por uno o dos años a nuestros jóvenes es un desperdicio? No, ¡es más educación!

¿Tiene el ingreso irrestricto y el supuesto despilfarro que eso implica consecuencias negativas sobre la universidad y su calidad? No podemos en estos casos hacer un experimento crítico para evaluar la hipótesis asociada a esa pregunta. Sin embargo, algunas evidencias sugieren que no es así. La UBA es la universidad iberoamericana mejor ubicada en el ranking mundial. Teniendo ingreso irrestricto desde hace décadas se posiciona mejor en una serie de indicadores de calidad (número de graduados, generación de conocimiento e impacto en la sociedad) que todas las universidades brasileras o españolas. No figuran en esa base de datos los presupuestos, pero con seguridad la UBA fue capaz de ocupar ese lugar con una fracción muy pequeña del dinero del que disponen universidades europeas o norteamericanas. Si traicionando mi convicciones calculara la eficiencia en el uso de recursos, seguramente la UBA pelearía el top ten. Pero no lo voy a hacer, no hace falta caer en eso...

   Profesor titular de la UBA, investigador superior del Conicet.



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