miércoles 18 de mayo de 2016
UN GUIÑO PARA LOS AMIGOS
MACRI AUMENTÓ UN 650 POR CIENTO EL TOPE PARA LAS
CONTRATACIONES DIRECTAS Y LICITACIONES PRIVADAS DEL
GOBIERNO
Una buena noticia, pero solo para los amigos
Ahora las contrataciones directas podrán ser hasta 1,3 millón de pesos y las licitaciones privadas hasta 6 millones. Macri ya había hecho algo similar cuando fue jefe de Gobierno y convirtió a la Ciudad en el distrito con mayor discrecionalidad para las contrataciones.
Mauricio Macri y su “hermano de la vida” Nicolás Caputo, gran beneficiado con las adjudicaciones en la Ciudad.
El presidente Mauricio Macri aumentó el tope para eludir las licitaciones públicas en un 650 por ciento. El monto máximo para las contrataciones directas del Gobierno nacional pasó de 200 mil pesos a 1,3 millón mientras que las licitaciones privadas subieron de 800 mil pesos a seis millones de pesos. No es la primera vez que Macri hace algo por el estilo: cuando era jefe de Gobierno porteño, aumentó los topes a un nivel que la Ciudad superó los montos máximos de la Nación y la provincia de Buenos Aires. De hecho, llegó a ser el distrito con mayor discrecionalidad para contrataciones directas. El Presidente tomó esta decisión en la semana en la que su amigo Nicolás Caputo superó los 377 millones de pesos en licitaciones ganadas en el Gobierno porteño.
El Presidente firmó ayer el decreto 690/16 que aumentó todos los topes para evitar licitaciones “con la finalidad de otorgar mayor flexibilidad y rapidez a la gestión de las contrataciones”. Macri indicó que esto “permitirá que los distintos organismos estatales puedan cumplir con mayor celeridad y eficacia sus objetivos en aras del bienestar general”. Macri argumentó que la última modificación se hizo en 2013 y citó los aumentos de topes que fue decidiendo él mismo en el Gobierno porteño.
En concreto, la decisión implicará que los funcionarios podrán hacer contrataciones por trámite simplificado hasta 75 mil pesos, contrataciones directas de hasta 1,3 millón y licitaciones privadas o concursos privados hasta seis millones de pesos.
Vieja costumbre
No es la primera vez que Macri sube los topes para que sus funcionarios puedan eludir en forma legal las licitaciones públicas. En la Ciudad, como jefe de Gobierno, apenas asumió llevó el límite de licitaciones privadas a medio millón y en 2011, lo duplicó a un millón de pesos. En 2013, lo volvió a duplicar y en 2014 lo llevó de dos a tres millones de pesos. Las contrataciones directas en ese año pasaron a tener un tope de dos millones. Los montos no tenían en ese momento ningún parangón en otras jurisdicciones: la provincia de Buenos Aires tenía un máximo de 875 mil pesos, mientras que el Gobierno nacional no pasaba los 200 mil pesos, es decir, diez veces menos que el Gobierno porteño. La provincia de Santa Fe, gobernada por el socialismo, tenía un tope de 400 mil pesos.
Este año, el sucesor de Macri en la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, dispuso aumentar los topes de las licitaciones privadas de tres a cinco millones de pesos y los de las contrataciones directas de dos a tres millones.
En 2014, Macri dispuso también que los plazos de las licitaciones podían ser “reducidos por urgencia” por todos los funcionarios de director general para arriba. Esta no fue, no obstante, la única norma que dictó Macri que le dio mayor discrecionalidad a sus funcionarios. En 2010, firmó los decretos 556 y 752 en los que le dio a ministros y subsecretarios la potestad de “realizar gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales que, por la celeridad con la que deben llevarse a cabo, no puedan ser gestionados desde sus inicios a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones”.
Ese decreto, el 556/10, fue el que usaron para las contrataciones directas de la productora de Fernando Niembro, por un monto que superó los 23 millones de pesos. Los 193 contratos con La Usina no fueron publicados en el Boletín Oficial porteño. Incluían la colocación de publicidad, pero también reparto de volantes o sondeos de satisfacción entre los porteños. Se trataba de tareas para las que la empresa, que fue creada poco antes de empezar a facturar, no contaba con experiencia previa, ni con empleados. El relator deportivo debió renunciar el año pasado a su candidatura como primer diputado de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. En cambio, ninguno de los funcionarios porteños que le otorgó las contrataciones dimitió.
Las diferencias entre los mecanismos son clave: mientras una licitación se publica en el Boletín Oficial y es abierta a las empresas que se quieran presentar, en una compra directa el funcionario convoca a tres empresas para que presenten un presupuesto. No tiene publicidad. La licitación privada está a medio camino: se invita a cinco empresas a participar.
La comunera kirchnerista Julieta Costa Díaz viene denunciando desde hace años la discrecionalidad en las contrataciones del Gobierno porteño. En un relevamiento que hizo de 2014, encontró que el 69 por ciento de las contrataciones del Gobierno de Macri fueron sin licitación pública. Entre 2013 y 2014, la administración porteña aumentó un 23 por ciento las compras directas. En 2013, el 43 por ciento de todas las compras fueron por contratación directa. En 2014, ese porcentaje escaló al 69 por ciento. En cambio, las licitaciones públicas cayeron un 20 por ciento entre 2013 y 2014. En 2015, el entonces legislador Fernando Muñoz registró no menos de 700 usos del decreto 556 para compras de urgencia que había sido usado con la empresa de Niembro.
“No me extraña que Macri haga esto como presidente – indicó Costa Díaz a Página/12 – En la Ciudad en base a decretos armó un mecanismo perfecto para evitar las licitaciones públicas y beneficiar a los amigos.”
Caputo y cía.
La decisión del Presidente llega en el momento en el que se discute judicialmente la transparencia de sus declaraciones juradas a partir de la revelación de los Panamá Papers de que formaba parte de dos empresas offshore en paraísos fiscales como Panamá y las Islas Bahamas. El mandatario tomó la decisión de elevar un 650 por ciento el tope de las licitaciones privadas en el mismo mes que su amigo y consejero Nicolás Caputo rompió la barrera de los 300 millones en licitaciones ganadas en el Gobierno porteño.Caputo controla a través de su constructora la empresa SES S.A., que antes de que Macri asumiera como jefe de Gobierno tenía contratos con el Gobierno porteño por 120 millones de pesos. Esa cifra escaló a 1400 millones durante la gestión de su amigo. Hizo obras de mantenimiento de escuelas, pasos a nivel, limpieza de los corredores del Metrobus, refacciones en el Parque Lezama y el mantenimiento de hospitales porteños, entre otras.
Este año, Caputo siguió acumulando nuevas licitaciones del Gobierno porteño. La última fue adjudicada esta semana para una obra pluvial por 69 millones de pesos. Con esta contratación, Caputo alcanzó los 377 millones en obras en tan sólo cinco meses. Antes de estas nuevas licitaciones, Caputo ya concentraba casi un cuarto de todo el presupuesto para refacciones de obras escolares del año pasado.
Macri incluyó en su declaración jurada una deuda de 18,5 millones que tiene Caputo con él, por lo que la ex legisladora de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti lo denunció penalmente. Cerruti entiende que esa deuda lo hace a Macri socio de los negocios de su amigo. El presidente primero aseguró, durante la campaña electoral, que su “hermano de la vida” no tenía ninguna contratación con el Gobierno porteño. En la actualidad, señala que si las licitaciones están bien hechas, no debería haber nada que objetar. No obstante, la multiplicación de los fondos trajo algunas preocupaciones en el oficialismo, al punto de que circularon versiones de que Caputo vendería su empresa.
Lo mismo sucedió con Iecsa, la ex constructora de Macri que ahora maneja Angelo Calcaterra, primo del presidente, a la que venderían a un socio. Iecsa está vinculada a la brasileña Odebrecht –investigada por corrupción en Brasil– en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento y a Austral Construcciones en la construcción de un gasoducto. En su última declaración judicial, Lázaro Báez mencionó a Calcaterra como socio en una licitación en Santa Cruz, lo que encendió algunas alarmas. Un grupo de diputados kirchneristas le solicitó al juez Sebastián Casanello que detenga la venta de Iecsa hasta que se investigue su relación con Báez. Durante los gobiernos anteriores, Iecsa ganó licitaciones por 1.800 millones de dólares.
Lo cierto es que Macri se encuentra con conflictos de intereses a cada paso: cuando en febrero envió 9 mil millones a Córdoba benefició a Iecsa. Cuando adjudicó la obra civil de un reactor nuclear en Río Negro a Caputo SA por 796 millones favoreció a su amigo. Ayer incrementó la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos.
Vendieron una empresa del Grupo Macri
La familia Macri sigue adelante en su plan de vender su emporio económico para evitar las evidentes incompatibilidades con el ejercicio de poder por parte de Mauricio Macri. Ayer se conoció la venta de su participación en Galileo, una empresa que líder en la utilización del gas como combustible, al grupo inglés Blue Water Energy por un monto que no se difundió. Galileo se creó en 1987, cuando Argentina hacía punta en la producción mundial de gas. Luego, la firma transformó el parque automotor con la utilización del GNC. Con la venta, Galileo establece su sede en Londres con el nombre Galileo Global Technologies. Supuestamente, también el amigo del presidente Nicolás Caputo y el primo presidencial, Angel Calcaterra (foto), están interesados en vender sus empresas, muy beneficiadas con la obra pública. Trascendió que hay, al menos, dos empresas de capitales chinos – socias de Calcaterra en algunas obras públicas – que están interesadas en quedarse con la firma y sus licitaciones.
BUSCAN CERRAR HOY EL ACUERDO POR LA DEVOLUCIÓN DE
LA COPARTICIPACIÓN
El federalismo tiene precio
La propuesta del Gobierno es devolverles a las provincias en cinco años, empezando por el actual, los fondos detraídos de la coparticipación en favor de la Anses. Cinco provincias ya adhirieron. Otras tres cobraron por decisión de la Corte.
Rogelio Frigerio, ministro del Interior, junto al gobernador Hugo Passalacqua, de Misiones.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, encabezará hoy en Córdoba la segunda reunión del Gobierno nacional con los gobernadores provinciales, con el propósito de cerrar los acuerdos bilaterales para el reintegro escalonado del 15 por ciento de la coparticipación retenida para el financiamiento de la ANSES. Con las firmas en su haber de Jujuy, Chubut, Tucumán, Neuquén y Misiones (esta última firmó ayer), Frigerio buscará avanzar en el mismo sentido con los dieciséis distritos restantes. Tres provincias quedaron al margen de estas negociaciones – Córdoba, San Luis y Santa Fe – ya que cuentan a su favor con sentencias de la Corte Suprema de Justicia que obligó al gobierno nacional a restituirle el total de lo detraído de la coparticipación.
Según se anticipó, durante el encuentro se escucharán los reclamos de los gobernadores por los retrasos en obras públicas, el pedido del gobierno bonaerense de reformulación del Fondo del Conurbano y las quejas de varias provincias por el incremento de giros del Estado nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la Coparticipación Federal de Impuestos será el tema principal, tanto en lo referente a la devolución del 15 por ciento detraído en los años anteriores como en relación a la futura asignación de recursos.
La primera reunión de gobernadores en el interior también se realizó en la ciudad de Córdoba el pasado 26 de enero. Desde agosto de 1992, mediante el primer “Pacto Fiscal”, se retiene de la masa de recursos coparticipables el 15 por ciento antes de su distribución para financiar la transición del sistema previsional, que a partir de 1994 y hasta 2008 se rigió por un régimen de capitalización privado. Esa detracción fue prorrogada en el Presupuesto 2006, lo que dio lugar a los reclamos de Córdoba, Santa Fe y San Luis, a las que la Corte Suprema de Justicia dio la razón en diciembre de 2015. A esas tres provincias, al tener sentencia judicial favorable, se les reintegró el 15 por ciento de una sola vez, pero al resto, en atención al costo fiscal que representaría una generalización de esa medida, se les propuso devolverlo en forma escalonada, en cinco cuotas anuales de 3 puntos porcentuales cada una, entre 2016 y 2020. Además, dejó abierta la posibilidad a las provincias para acceder a préstamos por hasta 6 puntos de los 12 restantes, que deberán ser reintegrados antes del 31 de diciembre de 2020.
De acuerdo a la propuesta de devolución escalonada - a la cual ya adhirieron cinco provincias – el ingreso adicional que recibirían las 21 provincias involucradas este año sería de alrededor de 39 mil millones de pesos, de acuerdo a una estimación que realizara la consultora Economía & Regiones (anteriormente vinculada a Rogelio Frigerio). El monto surge de los 13 mil millones correspondientes a la primera de las cinco cuotas de la devolución de la Anses, y otros casi 26 mil millones al que las provincias podrán acceder en forma de préstamo (equivale al valor de dos cuotas). En el reparto de esos casi 39 mil millones, los que más recibirían este año serían Buenos Aires, 9700 millones; CABA, 2900 millones; Chaco, 2200 millones; Entre Ríos, 2100, y Tucumán por una cifra similar. Entre los que menos recibirían, figuran Tierra del Fuego, 550 millones; Santa Cruz y Chubut, 700 millones cada una; Neuquén, 770 millones, y La Pampa, 830 millones.
Economía & Regiones calculó dicha distribución en base a una estimación de recaudación total de dos mil millones de pesos para este año y en el impuesto a las ganancias en particular, de 474 mil millones. De los 13 mil millones a distribuir este año como primera cuota de la devolución, el gobierno nacional ofrecerá la asignación en efectivo de unos cinco mil millones, y los restantes ocho mil a girar entre junio y diciembre de este año, inclusive, a través de liquidaciones diarias.
La propuesta del Ministerio del Interior establece que, “hasta 2019, la Nación podrá compensar de la masa de impuestos coparticipables devuelto anualmente, los créditos que respecto de la Provincia ostente a su favor, pero esa compensación no podrá superar el 50 por ciento” de la devolución asignada. A partir de 2020, una vez completada la devolución, si la Provincia aún tuviera deudas remanentes con la Nación “que pudieran ser objeto de compensación con los créditos en concepto de coparticipación federal, la compensación no podrá afectar más de un tercio de los ingresos que se generen a favor del distrito”.
En cuanto a los préstamos que el gobierno nacional ofrecerá a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (Anses), se establece que serán equivalentes a dos cuotas de la devolución en el año 2016, y de un monto equivalente a una cuota “para cada uno de los períodos 2017, 2018 y 2019”. El interés de los mismos se calculará con una tasa del 15 por ciento anual vencida para los años 2016 y 2017, y del 12 por ciento anual vencida para los tres años siguientes.
La ley antidespidos quedó en el
jardín de los senderos que se
bifurcan
EL MASSISMO EVITÓ EL ACUERDO DE TODA LA OPOSICIÓN Y
EN LA SESIÓN DE HOY INSISTIRÁ EN SU PROYECTO CONTRA
LOS DESPIDOS
La ley antidespidos sigue en el purgatorio
El proyecto que tiene media sanción del Senado no tendría los votos para su aprobación. En el FpV no descartaban votar la iniciativa de Massa. Anoche en Cambiemos deslizaban que podrían apurar la sanción para que Macri la vete.
Los jefes de los bloques legislativos del FpV, Héctor Recalde y Miguel Angel Pichetto, se reunieron ayer en el Congreso.
Por Miguel Jorquera
El Gobierno acaricia su objetivo de volver a frustrar la sanción de ley antidespidos que tratará hoy la Cámara de Diputados, que sin acuerdo opositor y con las modificaciones que reclama el massismo la devolverían al Senado, donde el trámite parlamentario se prolongaría al menos por dos semanas más con destino final incierto. Aunque apremiado por la exposición pública “negativa” que le impone el prolongado debate legislativo por la ola de despidos en el Estado y ámbito privado, desde un sector de la alianza oficialista Cambiemos dejaron trascender anoche que podrían modificar su estrategia parlamentaria y “facilitar” (con su abstención) la aprobación de la media sanción del Senado para que el presidente Mauricio Macri le ponga punto final al debate con el veto antes que dilatar aun más la discusión. Una jugada arriesgada que habrá que ver si Cambiemos la pone en marcha en una sesión que promete ser maratónica, donde la emergencia ocupacional irá a la cola del temario y cuya definición recién se resolvería bien avanzada la madrugada del jueves.
Ayer fracasaron todas las negociaciones entre las bancadas opositoras después de que Sergio Massa le cerró las puertas a cualquier acuerdo al ratificar que irá al recinto con su propio proyecto. La iniciativa del Frente Renovador (que incorpora exenciones para las pymes y medidas de promoción de empleo) podría ser aprobada por descarte, sino la ley perdería estado parlamentario e inhabilitaría la continuidad de su tratamiento. Ni la ratificación de la media sanción del Senado que prohíbe los despidos sin causa por 180 días y prevé la doble indemnización – respaldada por el FpV, BJ y varios monobloques – ni el rechazo del oficialista Cambiemos alcanzarían mayoría para ser aprobados.
Ahí es donde, al menos, un sector del oficialismo evalúa la opción de cerrar cuanto antes el debate que le complica - aseguran – su estrategia comunicacional en este tema. Varios diputados de Cambiemos admitieron que podrían abstenerse en la primera votación y así facilitar que la media sanción del Senado se convierta en ley.
Luego sobrevendría el veto presidencial, que a su criterio se podría sostener públicamente con los argumentos que ya esgrimió el Gobierno: que la ley “no favorece a la generación de empleo” y que “se trata de una embestida opositora, especialmente del peronismo, contra la gestión de Macri”. Son los argumentos que vienen esgrimiendo los gobernadores y legisladores oficialistas y cercanos al Ejecutivo. De esta manera, volverían a cargar contra el kirchnerismo y dejarían sin protagonismo a Massa, a quien le achacan el alto costo fiscal de sus iniciativas de apoyo a las pymes. Habrá que ver si el giro finalmente se da en el recinto.
Orden del día
La agitada jornada de ayer en Diputados la cerró la reunión de Labor Parlamentaria, donde Cambiemos impuso su criterio de enviar la ley antidespidos a la cola del temario de la sesión de hoy y cuya resolución recién se alcanzaría bien avanzada la madrugada del jueves. El oficialismo desechó el reclamo de invertir el orden del día y tratar la emergencia ocupacional en primer término, como reclamaron Recalde (FpV), el Frente Cívico de Santiago del Estero, la socialista Alicia Ciciliani, el canillita Omar Plaini y los integrantes del FIT, Néstor Pitrola (PO) y Myriam Bregman (PTS).
La massista Graciela Camaño avaló la postura de Cambiemos, asegurando que le bastaba el compromiso del oficialismo de aportar a los dos tercios necesarios para habilitar el tratamiento de la emergencia laboral, dado que los dictámenes todavía no tienen los siete días hábiles “de vista” para llegar al recinto.
Antes, Massa y Camaño habían rechazado una propuesta del FpV para tratar de cerrar un acuerdo del arco opositor. El encuentro se realizó en el despacho de Recalde, que recibió a Massa junto a la secretaría parlamentaria del FpV, Teresa García y el vicepresidente de la Cámara baja y presidente del PJ, José Luis Gioja, donde le propusieron que acompañaran la media sanción del Senado sin modificaciones y que ellos apoyarían en forma paralela la propuesta de exenciones para las Pymes. Un tema en el que ya se había reunido para buscar coincidencias el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, y el economista massista Marcos Lavagna.
El encuentro habría transcurrido “en buenos términos” y en “coincidencias conceptuales” –evaluaron desde el FpV – pero Massa ratificó que impulsará su propio proyecto y se retiró de la reunión. Camaño dialogó unos minutos más con sus pares del kirchnerismo y dio por terminado el encuentro, que desde algunos sectores del massismo se obstinaron en negar.
Recalde y Pichetto
También los jefes de las bancadas senadores y diputados del FpV, Miguel Pichetto y Héctor Recalde, se reunieron ayer para evaluar el posible escenario si la ley regresa a la Cámara alta, donde Pichetto prefirió no adelantar posición aunque la mayoría de sus senadores estarían mas cerca de ratificar su proyecto a pesar de las presión del Ejecutivo sobre sus gobernadores para intentar frenar la ley.
Tras salir del despacho de senador rionegrino en el segundo piso del Senado, Recalde aseguró que “fue muy claro el senador Pichetto. Ellos votaron la ley con 49 senadores de varios bloques, no solamente del PJ-FPV, y nos dijo que él no podía comprometer su palabra”. “Lo que yo interpreto es que si votaron 49 senadores y la ley viene modificada de Diputados, según mi deducción, rectificarían la ley aprobada”, agregó el abogado laboralista a modo de conclusión del encuentro.
“Vamos a insistir con el proyecto original, que es lo que el movimiento obrero pide y es el dictamen de mayoría nuestro: ratificar la ley del Senado”, insistió Recalde antes de atravesar nuevamente el Salón de Pasos Perdidos para reunirse con los jefes de la CTA que ratificaron el pedido a los legisladores.
–¿Qué va a hacer su bloque si su postura no logra mayoría? ¿Van a acompañar el dictamen del massismo? – preguntó luego Página/12 a Recalde.
–Nosotros no vamos a dejar a los trabajadores sin ley – respondió el diputado.
Con las cartas echadas y el juego de cada uno sobre la mesa, el oficialismo decidió guardarse una bajo la manga e intentar que Macri cierre la partida en la que se imagina perdedor para barajar y dar de nuevo en otro escenario.
HUGO YASKY Y PABLO MICHELI SE REUNIERON CON EL
TITULAR DEL BLOQUE DEL FPV
“No queremos un salto sin red”
Los titulares de las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA) reclamaron en Diputados que no se pierda más tiempo y se sancione hoy la ley antidespidos. Advirtieron que si se sigue postergando el tema se profundizará el conflicto social.
Pablo Micheli y Hugo Yasky estuvieron ayer en el despacho del titular del bloque del FpV, Héctor Recalde.
El jefe del bloque de diputados del FpV, Héctor Recalde, recibió ayer en su despacho a los titulares de las dos CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli, quienes le plantearon la necesidad de que la ley antidespidos sea aprobada “sí o sí” en la sesión de esta noche. La expectativa de las centrales se centra, de máxima, en la aprobación del proyecto original que obtuvo media sanción del Senado, y de mínima, en la sanción de un proyecto con cambios – que deberá volver a la Cámara alta – pero la apuesta es que hoy haya mayoría de diputados levantando la mano a favor de la emergencia ocupacional. “No queremos un salto sin red – le dijo Yasky a Página/12 tras la reunión –. Si hay condiciones de que sea sancionado el proyecto del Senado, hay que avanzar porque es el camino recto y mas corto, y sino tendremos que arremangarnos, pero lo primordial es que la iniciativa no quede cajoneada”.
Tanto Yasky como Micheli se fueron de la reunión con la certeza de que hoy verán cumplidas sus expectativas. Esa es la razón por la que, en principio, la movilización en la calle es un recurso que todavía está “latente”, tal como señaló Micheli, como alternativa en caso de que el Presidente se incline por vetar la ley. “La sola mención del veto en todas las asambleas sindicales, e incluso durante el acto del 26 abril, generó una unánime demanda de agudizar la lucha”, aseguró Yasky, quien sostuvo que en ese caso las centrales “van a estar a la altura de las expectativas que el proyecto generó entre los trabajadores”.
De la reunión participaron, además, el secretario general adjunto de la Asociación Bancaria, Andrés Castill, y los diputados del FpV Edgardo Depetri (de origen en la CTA) y Abel Furlán (referente de la UOM). Todos coincidieron en la necesidad de sancionar hoy la ley, tras el fracaso de la sesión especial convocada por el FpV la semana pasada. “Que se pongan de acuerdo el Frente para la Victoria con el Frente Renovador y las otras fuerzas de la oposición para que se vote contundentemente esto, y si no quiere votar el oficialismo, que no vote, pero que salga la ley”, reclamó el líder de la CTA Autónoma.
“Mañana va a haber ley y posiblemente sea la ley que vino del Senado” fue el compromiso que asumió Recalde, según relataron los dirigentes tras la reunión.
Los titulares de ambas CTA se ocuparon de remarcar que la emergencia ocupacional es una iniciativa de las centrales sindicales. “Hubo un compromiso el 29 de abril ante 300 mil trabajadores para frenar los despidos, y esperamos que el Congreso esté a la altura de esa expectativa”, afirmó Yasky. En el mismo tono, Micheli insistió en que la prohibición de los despidos “es una propuesta de las centrales obreras” y que la movilización del 29 “produjo un antes y un después en el escenario político”.
“Todas las centrales coincidieron en que la situación real de los trabajadores es sumamente difícil porque no se las tiene en cuenta en la política económica”, sostuvo Micheli en referencia al proceso de unidad entre las distintas fracciones de la CTA y de la CGT. Para Micheli, “los miles de despidos, la recesión, el ajuste y la timba financiera” propiciaron que “las centrales obreras dejaran de lado las diferencias para sentarse a una mesa y acordar un pliego de reivindicaciones mínimas”, algo que “no es habitual en la extensa historia del movimiento obrero”.
Yasky, por su parte, calificó de “actitud negacionista” la postura oficial respecto de las cifras de nuevos desempleados, que en cuatro meses superó los 150 mil, según un informe del CEPA. “El Gobierno mismo tiene guardadas bajo siete llaves encuestas de opinión de las que surge que los principales problemas de los argentinos son el empleo y el aumento de precios, dos temas que niega constantemente”, señaló. “¿Si no existe el desempleo, para que convocan a los empujones a un acuerdo con empresarios para que dejen de despedir? Es tan contradictorio que las mismas empresas que firmaron despidieron trabajadores”, agregó.
“Queremos que se termine esta situación porque todos los días hay despidos en distintos lugares y la única forma de pararlo es con una ley”, exigió Micheli. La sesión de hoy definirá en parte el futuro de la iniciativa, por la que los sindicatos vienen reclamando desde hace mas de 30 días.
LOS DIPUTADOS TRATARAN OTROS DOS PROYECTOS
Más temas en agenda
El tratamiento del proyecto de ley de emergencia ocupacional, impulsado por la oposición, se lleva todas las miradas en la sesión de hoy en la cámara de diputados. Sin embargo es el tercero en la orden del día, y antes se discutirán otras dos iniciativas: la ley de acceso a la información pública y la que establece una devolución del IVA en artículos de la canasta básica para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.
El proyecto de acceso a la información pública será debatido finalmente luego de varias postergaciones. El secretario de Asuntos Políticos del gobierno nacional, Adrián Pérez, definió ese proyecto como una “herramienta eficaz para prevenir la corrupción” y destacó que “por primera vez cuenta con la voluntad política del Ejecutivo para aprobarse”.
El proyecto podría recibir mañana un amplio respaldo debido a que el dictamen de mayoría logró el consenso de casi todos los bloques, y establece que todos los ciudadanos están habilitados para pedir en forma gratuita información a cualquier organismo de la Administración Pública Nacional y que esa solicitud deberá “ser satisfecha en un plazo no mayor de quince días hábiles”.
Ante la denegatoria de una información, el solicitante tendrá un plazo de hasta 40 días para interponer un reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, organismo que se creará a partir de esta ley. Si bien la norma da respuesta a un viejo reclamo de organizaciones civiles, hoy hay críticas al proyecto por considerar que esa agencia debería estar dotada de “mayor autonomía e independencia”. Tanto la designación como la remoción de su titular dependen del Poder Ejecutivo, lo que para algunas ONG “supone un condicionamiento para el cumplimiento adecuado de sus fines y vulnera el principio de independencia del órgano de control”.
Luego los legisladores debatirán el proyecto que propone la devolución de parte del IVA para los productos de la canasta básica alimentaria para quienes perciben jubilaciones, pensiones y AUH. La iniciativa contempla la devolución del 15 por ciento del IVA aunque pone un tope mensual de 300 pesos. A pesar de que han criticado ese límite por considerarlo insuficiente, la oposición apoyaría el texto, por lo que se espera que reciba media sanción.
EL GOBIERNO DE MAURICIO MACRI SALIO A METER PRESIÓN
CONTRA LA LEY ANTIDESPIDOS
Un discurso para preparar el veto
El ministro Francisco Cabrera les pidió a los empresarios que si están contra una ley de doble indemnización, lo digan. La sugerencia se replicó en reuniones con gobernadores. Das Neves y Schiaretti respaldaron la posición de la Casa Rosada.
Cabrera desayunó con miembros de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina.
En tiempo de descuento, el Gobierno salió a meter presión en contra de la ley de emergencia ocupacional. Ayer no solamente fueron funcionarios de primera línea quienes criticaron, una vez más, el proyecto pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados, sino que hubo un pedido a figuras públicas para que manifiesten su rechazo y le den respaldo a un eventual veto por parte del presidente Mauricio Macri.
“Si piensan que una ley de doble indemnización es inconveniente, que lo digan”, le pidió el ministro de Producción, Francisco Cabrera, por la mañana a un centenar de empresarios durante un desayuno que compartió con ellos. La sugerencia del Gobierno se replicó en reuniones que mantuvieron durante todo el día con gobernadores e incluso se coló en la agenda de la reunión que mantuvo el Mauricio Macri con el viceministro de Desarrollo Económico de Italia, Iván Scalfarotto.
En el país existe un “problema de baja demanda laboral” pero no “una crisis de empleo”, sostuvo Cabrera en el desayuno que tuvo con miembros de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina. Allí les pidió a los presentes que manifiesten sus críticas al proyecto que hoy trata la Cámara de Diputados y que el Gobierno vetará cuando se apruebe, según advirtieron el Presidente y sus voceros más autorizados en reiteradas ocasiones. El objetivo del Poder Ejecutivo es quitarle legitimidad social a la propuesta para minimizar los costos de rechazar la ley.
En la misma reunión, el ministro también anticipó que “se van a generar 60 mil nuevos empleos en el próximo semestre y 400 mil el año que viene”. Para Cabrera, “el verdadero rol del Ministerio de la Producción es generar empleo sustentable y de calidad para llegar a pobreza cero” y para eso es necesario echar mano a los “20 mil millones de dólares en inversiones latentes” que existirían “sólo en el sector industrial”. Pero, agregó, para eso es necesario “la normalización de la macroeconomía”.
En el mismo sentido se manifestó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, que sostuvo que la ley de emergencia ocupacional “no es una herramienta que le sirva a los trabajadores” sino “todo lo contrario” porque “termina ahuyentando a los inversores”. Para el funcionario macrista, “las inversiones han empezado a llegar” y “todos los días” se estarían creando “nuevos proyectos de empleo, no sólo del sector privado, sino también en la obra pública”.
De esa misma línea se hicieron eco gobernadores cercanos a la Casa Rosada. El mandatario de Chubut, Mario Das Neves, aseguró – horas después de firmar el acuerdo con el gobierno nacional por la devolución del 15 por cuento de los montos coparticipables – que la ley antidespidos “es muy mala” y “no produce ningún efecto real sobre la gente” respecto al empleo. “Creo que ha sido una puja entre el oficialismo, la oposición y los gremios. Yo voté leyes antidespidos cuando fui diputado, pero la verdad que no generan ningún efecto”, opinó.
Por su parte, el cordobés Juan Schiaretti advirtió que la ley “no resuelve el problema del empleo” y sugirió “poner en marcha un programa anticrisis que otorgue subsidios a la pequeña y mediana empresa, que permita que no se tenga que despedir trabajadores”. El gobernador de Córdoba se quejó de que desde “hace un mes que se está perdiendo tiempo discutiendo una medida que no dio resultado en el pasado”.
El tema incluso alcanzó a la reunión que mantuvo Macri en su despacho con Scalfarotto. Luego del encuentro, el titular de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, habló sobre el proyecto: “Lo mejor que podría pasar es que se olvidaran de esa ley y fuéramos para adelante con el país, seriamente. El Gobierno tiene que ayudar seriamente a ese 30 por ciento de pobreza que hay en el país, que no son los que están incluidos en la ley antidespidos, sino gente que está fuera de la economía blanca”, dijo.
ENCUENTRO LATINOAMERICANO SOBRE FLUJOS
FINANCIEROS ILÍCITOS, CON CRÍTICAS A MACRI
“No son paraísos, son cloacas fiscales”
Una de las organizaciones más críticas de las guaridas fiscales apuntó a Macri por su offshore en Panamá. “Nadie tiene una firma en Bahamas si no pretende, al menos, ocultar información.”
“Mossack Fonseca es sólo un ejemplo de las redes de servicio offshore”, indicó Latindadd.
Por Tomás Lukin
Página/12
En Perú
Desde Lima
“No son paraísos fiscales, son cloacas fiscales”, graficó el director de Latindadd, Carlos Bedoya. En diálogo con Página/12 durante la primera jornada del “Encuentro latinoamericano sobre flujos financieros ilícitos” en la capital de Perú, el abogado e investigador advirtió que “las compañías e individuos que abren sociedades offshore en esas jurisdicciones del secreto enfatizan que son estructuras legales pero no nos engañemos, ningún argentino compra una firma en Bahamas para invertir en Brasil como hizo el presidente argentino Mauricio Macri y su familia si, por lo menos, no pretende ocultar información sobre sus operaciones”.
“La firma panameña Mossack Fonseca es solo un ejemplo de las redes de servicios financieros offshore que funcionan alrededor del mundo vinculadas al poder político y el capital trasnacional. Esas estructuras buscan esconder información y no pagar o abonar menos impuestos. Eso es un atentado contra las posibilidades de desarrollo”, lanzó Bedoya al comenzar el evento organizado por Latindadd y Convoca. El encuentro en la capital peruana permitió a especialistas y periodistas de distintos medios de la región intercambiar experiencias sobre las investigaciones vinculadas con los Papeles de Panamá en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Inglaterra y Perú.
“Los organismos internacionales no tienen capacidad real para detectar y combatir la problemática asociada a los paraísos fiscales”, advirtió Oriana Suárez, de la Coalición para la Transparencia Financiera. De acuerdo a la especialista, “los flujos financieros ilícitos crecen a tasas de más del 8 por ciento anual en América latina, mucho más del ritmo de crecimiento que exhiben los países de la región”. Suárez citó un informe de la organización Global Financial Integrity según el cual la región perdió 1,4 billones de dólares de ingresos fiscales en flujos financieros ilícitos durante la última década. Sobre ese total, el 88 por ciento corresponde a falsa facturación en el comercio entre empresas (abusos con precios de transferencia y sub-sobre facturación) y el 12 por ciento proviene de hechos criminales y corrupción.
“El presidente Macri pretendía ser el líder regional de la transparencia, eficiencia y anticorrupción y quedó directamente vinculado con los Panamá Papers. No se trata de una excepción sino que la opacidad es una metodología del grupo económico familiar revelada por una filtración de alcance global”, sostuvo Bedoya en diálogo con este diario. Por la relevancia de su investidura, las estructuras offshore utilizadas por Macri y su familia lograron un protagonismo a escala global, pero la fuga de capitales y la evasión impositiva canalizada a través de la red global de servicios financieros que ofrecen las guaridas fiscales representan una extendida problemática para los países de América del Sur.
Entre los casos analizados y debatidos por los participantes del encuentro figuraron: los financistas de la campaña de la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, las sociedades creadas por ex funcionarios y colaboradores de la dictadura chilena de Pinochet, firmas vinculadas a Lázaro Báez, los cocineros más famosos que revolucionaron la cocina peruana, el escritor y político Mario Vargas Llosa y las sociedades asociadas a funcionarios del nuevo gobierno argentino.
En tanto, el abogado argentino de Tax Justice Network (TJN), Andrés Knobel, cuestionó la “hipocresía de los organismos internacionales” a la hora de proponer abordajes y soluciones para la problemática asociada a las guaridas fiscales. “Mientras que la OCDE o el Foro Global apuntan contra islas del Caribe y otros países pequeños, siguen defendiendo o ignorando el rol de los países más ricos en el universo de las jurisdicciones opacas, especialmente Estados Unidos, el Reino Unido o Suiza”, explicó el especialista a este diario. Como alternativa, Knobel presentó el Indice de Secreto Financiero (FSI, por sus siglas en inglés), un indicador alternativo construido por TJN que ofrece un abordaje integral para el mundo offshore: analiza las regulaciones, leyes y tratados de las diferentes jurisdicciones para elaborar el índice de secretismo que, luego, es ponderado de acuerdo al tamaño de la guarida y su relevancia para los mercados financieros globales. Con esos parámetros, Suiza, Hong Kong, Estados Unidos, Singapur e Islas Caimán encabezan el ranking. Panamá, la sede de la firma Mossack Fonseca, ocupa el puesto número 13 del ranking. Las Bahamas, el archipiélago caribeño donde la familia Macri radicó la empresa Fleg Trading Ltd, con la ayuda de los especialistas de Mossack Fonseca, están en el puesto 25.
CRISTINA KIRCHNER APELÓ AYER EL PROCESAMIENTO QUE
LE DICTÓ BONADÍO EN LA CAUSA POR DÓLAR FUTURO
“Son acusaciones de naturaleza política”
La ex presidenta presentó el escrito a través de su abogado Carlos Beraldi. Cuestiona que el juez ignora que funcionarios del actual gobierno como Mario Quintana fijaron el margen de devaluación por el cual se vieron beneficados en la compra de dólares que habían realizado.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue procesada por “administración fraudulenta”.
Por Irina Hauser
Cristina Fernández de Kirchner acusó al juez federal Claudio Bonadío de procesarla basándose en “consideraciones de naturaleza exclusivamente política” sobre “los pormenores de la política económica” cambiaria que adoptó su gobierno y que “resultan totalmente impropias de una resolución judicial”. Lo hizo, a través de su abogado Carlos Beraldi, al apelar la resolución de Bonadio que la señaló como coautora del delito de administración fraudulenta a raíz de las operaciones del Banco Central de venta de dólar futuro que según el juez causaron un perjuicio al Estado. La presentación le cuestiona que pasa por alto que la “flexibilización del tipo de cambio y la devaluación de la moneda” fueron decisiones del actual gobierno de Mauricio Macri, del cual hasta ahora no se conocen imputados, ni entre los funcionarios que devaluaron ni entre quienes compraron dólar futuro y se vieron beneficiados.
En el último año del gobierno del CFK, las operaciones llamadas de dólar futuro, se habilitaron como parte de una estrategia para evitar la devaluación, contener la inflación y evitar una corrida bancaria. Consisten en fijar un precio del dólar para una determinada fecha de vencimiento. Si la cotización del dólar en ese momento supera a la prefijada, pierde el Estado. En el caso en juego, los vencimientos comenzaban este año y como el gobierno actual decidió devaluar – pese a que lo desmintió durante la campaña – salieron ganando los compradores. Según el peculiar razonamiento de Bonadio, el perjuicio se produjo ya en el momento de la venta de futuros, porque él opina que había que devaluar a como diera lugar.
Según recuerda la apelación presentada por Beraldi, el juez Bonadío “ignora” en su razonamiento que, por ejemplo, Mario Quintana, secretario de Coordinación Interministerial “fue uno de los funcionarios del actual gobierno que decidió el precio que iba a cobrar por esas operaciones” en el Mercado de Término de Rosario S.A (Rofex) cuando el mismo había comprado 11,5 millones de dólares a futuro en el momento en que era director de Farmacity y CEO del fondo Pegasus “beneficiándose con la operatoria”.
Bonadío dijo que era “impensable” que una “operación financiera en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del BCRA de 5000 millones a 17 mil millones de dólares, que tenía claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del Poder Ejecutivo”, por lo que procesó a Cristina Kirchner y al ex ministro de economía Axel Kicillof. Luego desarrolló un razonamiento que los muestra como responsables mediatos dentro de una organización que integraban el directorio del BCRA y la Comisión Nacional de Valores, que debía controlar.
Se afirma de manera dogmática la existencia de un acuerdo entre funcionarios públicos que, de manera sistemática, concertada y organizada, llevaron a cabo supuestos actos de contenido ilícito. Tal manifestación se sostiene exclusivamente en la voluntad del juzgador”, señala la apelación. Insiste en que el juez no fundamenta por qué sería una conducta delictiva y en que carece de “fundamentos serios probatorios y jurídicos”. La apelación objeta también el embargo de 15 millones de pesos que el juez les impuso a todos los procesados que, además de la ex presidenta y Kicillof son el ex titular del BCRA Alejandro Vanoli, doce directivos de la entidad y de la CNV. Seguramente todos irán apelando ante la Cámara Federal.
La sala II de la Cámara es la que interviene en este expediente. Sus tres jueces (Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah) fueron recusados por CFK y, además, un grupo de diputados encabezados por Héctor Recalde los denunció penalmente. Aunque estén cuestionados, podrían seguir actuando, aunque hay distintas interpretaciones. La recusación debe ser resuelta por la Sala I. Como Farah también integra esa sala, no vota en este caso. Por ende, si no están de acuerdo en su postura los otros dos camaristas, que son Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, deben convocar a un subrogante de la Cámara del Crimen para desempatar. Ballestero está de vacaciones, así que todo empieza a demorar.
A la vez, la Sala I de la Cámara de Casación Penal tiene que resolver la recusación contra Bonadio: una fue presentada por uno de los imputados del BCRA, Pedro Biscay. La otra es de Cristina, del día que se presentó a prestar declaración indagatoria mientras una multitud cambiaba la fisonomía habitual de la avenida Comodoro Py para darle apoyo. Ambas fueron rechazadas por la Cámara Federal. Casación ya tiene el expediente de Biscay desde el 6 de mayo. No es un dato menor, porque si este tribunal decidiera apartar a Bonadio, también podrían caer las decisiones que tomó hasta ahora, entre ellas los procesamientos. Los camaristas Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos se reunieron el lunes, Figueroa, al parecer quiere analizar el recurso y llamar a una audiencia. Sus colegas no, pero accedieron a la posibilidad de celebrar una audiencia, siempre que sea pronto, donde las partes expongan su parecer. Ayer se volvieron a reunir pero Figueroa, quien como presidenta de la sala debe poner fecha de audiencia, no lo hizo.
Es posible que si sigue pasando el tiempo, luego se sume también la recusación planteada por CFK. Biscay había dicho que Bonadío da un trato diferenciado a las partes. Cristina planteó que no es imparcial y que incluso tomó medidas a favor de que se concretara el supuesto resultado ruinoso de las operaciones de dólar futuro cuando el titular actual del BCRA, Federico Sturzenegger, le consultó si podía pagar los contratos de futuros que vencían, y el dijo que no veía inconvenientes.
MEDIOS Y COMUNICACIÓN
Luna de Avellaneda 2016
Nelson Cardoso recuerda la película Luna de Avellaneda (Campanella, 2004) referida a situaciones vividas en el 2001, para preguntarse si no se trata acaso de una premonición o metáfora de la Argentina actual.
Por Nelson Cardoso *
Cuántas veces se ha dicho que la ficción supera la realidad; en materia de series, y particularmente en películas de cine. En este caso se trata de la película Luna de Avellaneda, esa obra maestra dirigida por Juan José Campanella en el año 2004.
La película se desarrolla en el contexto económico y social argentino, particular de la ciudad de Avellaneda, en los primeros años del 2000.
Cuenta la vida y suerte de un club de barrio, Luna de Avellaneda, en un momento de profunda crisis por el no pago de una deuda contraída y acumulada durante muchos años con el fisco. En la última escena, se desarrolla una asamblea extraordinaria, entre los socios activos del club, para tratar una propuesta de privatización del mismo, planteada por un dirigente municipal genialmente interpretado por Daniel Fanego que hace de un tecnócrata devenido en funcionario del municipio de Avellaneda. Funcionario a quién, la comisión directiva, le va a pedir asesoramiento y ayuda frente al aviso de deuda que el club contrajo con el fisco. Y quien propone como solución privatizarlo, para lo cual pide que los socios se reúnan en asamblea para tratar su propuesta.
Durante la misma y ante un puñado de lo que queda de socios activos, Alejandro (Daniel Fanego) encarna el relato de un político tecnócrata que viene a traer la solución a un problema: vender el club para hacer un centro nocturno de azar (un casino). Propone transformar una entidad social, cultural y deportiva de más de sesenta años, en una empresa con fines de lucro. Con la promesa, repetida hasta el hartazgo, de crear doscientos puestos de trabajo para los socios del club, la instalación de un casino, con tres bares y dos restaurantes. Para que “todos podamos volver a soñar en grande” repetía.
La película muestra el contraste de la participación de los vecinos de Avellaneda, en el contexto social y económico de los años ´50 en un club floreciente, con ocho mil socios activos, rodeado de fábricas pujantes. Avellaneda era un polo industrial lleno de fábricas y la gente podía ir al club a entretenerse, hacer deporte, a tener amigos y a vivir. En contraposición el film muestra una Avellaneda convertida en un cementerio de hormigón, con gente desocupada y que trata de sobrevivir, en lugar de vivir. Y con el club con apenas doscientos sesenta socios.
Ricardo Darín, encarna a Román, un miembro de la comisión directiva, socio vitalicio que, el destino hizo, que naciera en el propio club. Remisero que minuto que tiene libre, minuto que lo destina voluntariamente a su club del alma.
Durante el desarrollo de la asamblea, Román se opone a la propuesta del funcionario municipal, liderando un discurso que apela al pasado de oro del club y del barrio, al valor de lo que significa una institución como lugar de encuentro y de vida de vecinos y amigos, algo “que no tiene valor monetario”. “Se acuerdan cómo era antes? Yo venía de la fábrica y le decía a mi mujer....hoy fabricamos cien heladeras....hoy ¿qué le digo?...perdió el punto, ganó la banca...como siempre”.
Alejandro y Román representan dos proyectos totalmente contrapuestos para con el futuro del club. Alejandro propone resolver el problema privatizando el club, “yo ya estuve charlando con los vecinos del barrio, y ellos están muy interesados en mi propuesta”, argumentaba a su favor. “Son los buenos negocios los que llevan un país para arriba”.
El discurso de Román apelaba a salvar el club, con trabajo, con esfuerzo y con solidaridad. “Si hay que cambiar, cambiemos, pongamos una huerta, fabriquemos algo”; “hagamos los negocios, pero hagámoslo nosotros”.
El resto de los socios intervienen apoyando a unos y a otros, expresando todo tipo de posturas. Habla un socio y es denunciado por otro que lo acusa de haber cerrado una fábrica del barrio y haber dejado en la calle a cincuenta trabajadores, entre esos su propio padre. Otro socio dice: “no se dan cuenta que estos tipos se quieren afanar el club, como se robaron todo”.
La asamblea finaliza con una votación donde gana la propuesta de vender el club por unos pocos votos (veintiséis votos por no vender contra treinta y tres por venderlo).
Dos propuestas, dos relatos. Una deuda. Una votación pareja, donde gana la privatización. Un club, un país. ¿Acaso una premonición o metáfora de la argentina actual?
Sobre el final de la película, Román y su familia derrotados, deciden irse a vivir a España. Ya partiendo Román le dice al amigo: ¿cómo se hace un club nuevo? Él le responde: habrá que averiguarlo… En eso estamos los veintiséis que votamos en contra.
* Docente FSOC/UBA y UNLaM.
MEDIOS Y COMUNICACIÓN
Seguridad y privacidad de los datos
Laura Marotias advierte sobre los riesgos en cuanto a seguridad y privacidad que entraña la posibilidad de que el Estado argentino comience a utilizar los servicios de Facebook at Work (FaW) bajo la falsa premisa de que la tecnología es neutral.
Por Laura Marotias *
La posibilidad de que el Estado argentino comience a utilizar los servicios de Facebook at Work (FaW) – tal como circuló luego de la reunión entre Mauricio Macri y la Jefa Operativa de Facebook, Sheryl Sandberg – genera una gran preocupación.
La principal señal de alarma está relacionada con la seguridad y privacidad de los datos que, a partir de esta decisión, serían gestionados por Facebook. Sabemos, por las revelaciones de Edward Snowden, el involucramiento que esta empresa ha tenido en las acciones de espionaje internacional de la Agencia de Seguridad Nacional de los EE.UU. (NSA), entregándole datos privados para crear el sistema clandestino de vigilancia PRISM.
Otra alerta refiere al uso de los datos. Facebook no cobra por sus servicios al usuario final. Hay una máxima que resume fielmente esta situación: si algo es gratis, el producto sos vos. El negocio de Facebook es analizar la información subida por los usuarios para venderles a terceros publicidad orientada. En este caso, estamos hablando de que se analizaría la información producida por los funcionarios públicos argentinos. Esta información es sensible aún cuando lo que se analice sean sólo los metadatos y no los datos (entre quiénes se desarrolló una conversación y no el contenido de la misma). Además, dicha información se encuentra protegida por la ley 25.326 de Protección de los Datos Personales, donde se explicita que “El responsable o usuario del archivo de datos debe adoptar las medidas (...) que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos (...)” y “es prohibida la transferencia de datos personales de cualquier tipo con países u organismos internacionales (…)”
Cabe destacar también la desprotección ante la quedaría el Estado argentino frente al espionaje internacional al dejar la gestión de su información en servidores que se encuentran bajo la legislación de otro país. En Brasil, los documentos de Snowden revelaron que Dilma Rousseff fue espiada y sus datos utilizados para favorecer a empresas norteamericanas en licitaciones públicas. La respuesta fue comenzar a reemplazar sus servicios de correo electrónico por el sistema libre Expresso, desarrollado por una agencia estatal, mientras se evalúa exigir a empresas como Facebook y Google que instalen sus servidores en territorio brasileño. Otros países tienen iniciativas similares. ¿Por qué Argentina iría en sentido contrario, siendo el primer país en entregar voluntariamente sus datos a otra nación? Por extensión se daría una situación única: nuestra propia Agencia de Inteligencia, responsable de detectar en forma anticipada posibles peligros para la Nación en el seno de su estructura, quedaría totalmente a ciegas ya que las comunicaciones a intervenir estarán en servidores bajo la eventual intervención de la CIA ó la NSA, pero no de la AFI.
También como ciudadanos debemos alertarnos ante decisiones que parecen ser tomadas tecnocráticamente, bajo la premisa de que la tecnología es neutral. Nada más lejos de la realidad, especialmente en el ámbito público, donde las definiciones sobre qué tipo de software se utiliza y cómo se establecen mecanismos de seguridad sobre los datos, son parte de una decisión tan política como técnica. Entonces, ¿cuál sería la decisión política de elegir un producto que no ha sido probado nunca a esta escala ni en este sector, cuando existen sólidas plataformas de redes sociales realizadas en Software Libre? Un ejemplo: la plataforma ELGG es utilizada por el gobierno australiano, el británico, el de Canadá y la Unesco entre otros organismos gubernamentales. Por otra parte, si hablamos de eficiencia en el gasto público, el Estado ya cuenta con herramientas (propias y ya pagas) que cumplen las mismas funciones. Por ejemplo, el sistema CLIC (http://clic.gob.ar) <>, desarrollado en convenio con la Universidad Nacional de La Plata. También se han comprado herramientas privativas de comunicación a otras empresas, como Microsoft. En el caso de FaW que, hasta donde trascendió, sería gratuita durante el primer año ¿no deberíamos al menos preguntarnos por qué “la limosna es grande”?
Introducir cualquier herramienta privativa, es decir, una herramienta sobre la cual no conocemos el código es aceptar que pueda hacer “cualquier cosa”: es una caja cerrada sobre la que el Estado no tiene ningún control. Es por esto que SoLAr reclama y defiende desde sus inicios hace doce años el uso de Software Libre en todos los ámbitos y, especialmente, en el ámbito público. La incorporación de Software Libre en el Estado no se trata únicamente de costos, sino fundamentalmente de protección, confidencialidad, accesibilidad, interoperabilidad, compatibilidad de la información, seguridad y soberanía tecnológica.
* Licenciada en Sociología, presidenta SoLAr (Software Libre Argentina).
http://www.pagina12.com.ar/diario/principal/index.html
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