viernes 20 de mayo de 2016
Desde las tres centrales sindicales y desde prácticamente toda la oposición le reclamaron a Macri que no vete la ley que declara la emergencia ocupacional. “El Presidente no va a adoptar actitudes demagógicas”, rechazó los pedidos el ministro Frigerio.
EN GOBIERNO DAN POR HECHO QUE MACRI HOY VETARÁ LA
LEY PESE AL RECLAMO EN CONTRA DEL SINDICALISMO Y LA
OPOSICIÓN
Ahí va el Capitán Veto por más despidos
El presidente Mauricio Macri fue recibido ayer con una ovación en la Bolsa de Cereales.
Por WERNER PERTOT
“Soy el jefe del veto”, dijo hace algunos años Mauricio Macri cuando lo consultaron por uno de sus más de 100 vetos como jefe de Gobierno. Hoy, todo indica, tendrá su primer veto presidencial y será nada menos que el de la ley antidespidos, que fue aprobada en la madrugada del jueves. “Tengo abstinencia de veto”, le escucharon decir sus íntimos, como una broma para desdramatizar la encerrona en la que quedó en el oficialismo al no poder evitar que se aprobara la Ley de Emergencia Laboral. Cuando todas las negociaciones fallaron, el PRO apuró la sanción para intentar que el tema pase de una vez y salga de agenda. Desde tres de las centrales sindicales le reclamaron a Macri que no vete la ley. No parece haber espacio para reconsiderar.
El macrismo hizo todo lo posible para evitar llegar a este escenario. Pero fracasaron las negociaciones con Sergio Massa que llevaron adelante el titular de la Cámara baja, Emilio Monzó, y el jefe del bloque PRO, Nicolás Massot. Cuando desde el oficialismo vieron que no habría posibilidad de frenar la ley antidespidos en su variante actual o en la que podría haber aprobado el massismo, con incentivos para las pymes, resolvieron que era mejor terminar rápido con un tema que los viene horadando en la agenda pública. “El costo político ya está asumido”, consideraban desde el PRO, teniendo en cuenta las semanas que tiene la controversia por los miles de despidos.
Por eso, los integrantes de Cambiemos se abstuvieron y permitieron que se aprobara la ley, en lugar de seguir intentando bloquearla. Fue aprobada a las 5.46 de la mañana por 147 votos afirmativos, 3 negativos y 88 abstenciones. Le seguirá un veto fulminante. “Va a ser inmediato”, anunció el diputado Pablo Tonelli. “El Presidente no va a adoptar actitudes demagógicas. Va a usar todas las herramientas legales e institucionales para evitar que este tipo de iniciativas generen problemas y afecten el trabajo de los argentinos”, sostuvo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. “Había una intencionalidad política de dañar al Presidente”, aseguró.
Desde el oficialismo aseguraron que no temen a la reacción de los sindicalistas. Massot, en tanto, sostuvo que las distintas medidas que fue tomando el Gobierno – desde la ley de Primer Empleo hasta la reunión del Consejo del Salario – deberían “suavizar cualquier posible reacción” ante el veto. En Balcarce 50 cruzan los dedos. En el Consejo del Salario, Macri llamó a los sindicalistas a “trabajar en la famosa estrella polar que decía Perón que es la productividad”.
Los abogados trabajaban ayer en la fundamentación del veto total que Macri firmará hoy, para no prolongar más la discusión. Sus asesores preparaban una escena simbólica que hable por sí sola: el presidente anunciará el veto a la ley antidespidos en Cresta Roja, la empresa avícola que los macristas se jactan de haber salvado. En la actualidad, trabajan allí 1300 de los 3500 empleados originales. Es el mismo lugar desde donde Macri hizo su primera declaración en contra de la ley.
Los sindicatos
Una vez que Macri vete la ley antidespidos la pelota irá a parar del lado de los sindicatos. ¿Qué harán? Algunos ya comenzaron a definirse, mientras otros mantuvieron silencio, como Antonio Caló o Hugo Moyano. Sí habló, en cambio, su hijo Pablo Moyano. “Si veta la ley va a cometer un error histórico y si es así no descartamos un paro general”, afirmó el secretario adjunto de Camioneros.
Las dos CTA también advirtieron sobre la posibilidad de llegar a un paro nacional. “las cinco centrales están dejando diferencias de lado para defender esta ley. Tengo la esperanza de que el Presidente tenga sentido común y no vaya en contra de la gente”, sostuvo el titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli. “Las dos CTA vamos a hacer jornadas de lucha y si da para un paro, vamos a hacer un paro y esperemos que el resto de las centrales se sumen”, indicó. Por su parte, Hugo Yasky afirmó que “sería un error vetar la ley, pero en ese caso vamos a bregar por la unidad de los trabajadores”.
El titular de la UTA, Roberto Fernández, no fue tan taxativo: “Serán los cuerpos orgánicos del movimiento obrero los que nos indiquen que debemos hacer”. “Sería un gravísimo error del Gobierno vetar la ley. Desnudaría conductas políticas no favorables a la mayoría del pueblo que son los que trabajan y los jubilados”, indicó el titular del Sindicato de la Alimentación, Rodolfo Daer. Sobre la respuesta, opinó: “No creo que hoy la cosa pase por la acción gremial lo que si creo es más que nunca hace falta reunir la Comité Central Confederal para definir los puntos reivindicatorios en el orden político y económico de los trabajadores”. Desde UPCN, Andrés Rodríguez dejó en claro que no van “a tomar acciones concretas porque no amerita la realidad para tomar medidas concretas” (ver página 7).
Los opositores
El kirchnerismo cargó el ambiente con advertencias contra el presidente. El jefe de bloque del Frente para la Victoria en Diputados, Héctor Recalde, advirtió: “Le pido a Macri que no la vete para proteger al empleo, y si el Presidente la veta, va a tener otro veto, que es el de los trabajadores”.
En tanto, Sergio Massa le pidió a Macri que “escuche la necesidad de los trabajadores que sienten miedo a perder el empleo”. Massa todavía no terminó de digerir cómo Cambiemos le desarmó la estrategia para que se votara su proyecto y volviera al Senado. Calificó de “incoherente” al bloque oficialista y sostuvo que el kirchnerismo “juega a que pierda Macri”. En tanto, el diputado Facundo Moyano indicó que “ahora son los sindicalistas, los que tienen representación real y directa en los trabajadores, los que tienen que discutir esta cuestión en el caso hipotético de un veto”. Desde el otro sector del massismo, José Ignacio de Mendiguren advirtió que, si bien votó en contra del proyecto, “no apoyaría el veto de Macri”.
“Vetarla es una decisión descorazonada, alejada de las necesidades de los trabajadores”, sostuvo el diputado Juan Cabandié. En tanto, el ex ministro de Trabajo y legislador porteño Carlos Tomada indicó que “vetar esta ley es vetar la tranquilidad de millones de trabajadores. Y más que una decisión política, es una definición ideológica. Una definición que demuestra lo poco que les interesan los trabajadores, lo poco que respetan el diálogo con los gremios y lo poco que les interesan las instituciones de las que tanto hablaban”.
Los grandes éxitos del veto
Durante su gestión en la Ciudad, Mauricio Macri vetó más de 100 leyes, algunas de las cuales habían sido aprobadas incluso por el bloque del PRO. Entre las normas que vetó estuvieron:
- La ley de aborto no punible “al considerar que excede lo establecido por la Corte Suprema en el fallo del 13 de marzo” de 2012. Macri dejó así en funciones un protocolo dispuesto por el Ministerio de Salud porteño, que la oposición porteña consideraba restrictivo del fallo de la Corte. Macri argumentó que “el proyecto de la Legislatura permite abortar a víctimas de violación desde los 14 años, sin autorización legal ni límite gestacional”.
- La ley que creaba una Oficina contra la Trata de Personas, una iniciativa de una legisladora del PRO. En su lugar, Macri creó un Comité contra la Trata sin presupuesto propio.
- La ley que regulaba la publicidad oficial fue vetada parcialmente. El manejo de la pauta terminó con una causa penal el año pasado.
- La norma que creaba un registro de cuidacoches.
- Con otro veto, anuló un subsidio para Teatro por la Identidad, el grupo de actores que trabaja con Abuelas de Plaza de Mayo. Luego del escándalo, les dio más dinero de lo que preveía la Legislatura.
Además, Macri vetó un régimen de protección para empresas recuperadas, de jubilación para músicos, y hasta una ley de semáforos para ciegos.
Apostillas
- Expuesto. Sergio Massa estaba molesto y frustrado porque el cambio de estrategia del oficialismo lo dejó expuesto a una derrota que no estaba en sus planes. Concedió muchas entrevistas a los canales de noticias, se mostró en los pasillos entusiasta, donde se cruzó con los integrantes del Bloque Justicialista y se abrazó con el ex gobernador Riojano Beder Herrera. Sin embargo, lo que mas trascendió de la larga madrugada en la Cámara de Diputados, fue una foto suya en una sugestiva pose mientras charlaba con la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, que fue furor en las redes sociales.
- Sanguchitos. La redes se encargaron de ponerle pimienta a la sesión madrugadora de la Cámara de Diputados donde se debatía la ley antidespidos. Varias fotos mostraban al jefe de los diputados PRO, Nicolás Massot, charlando entre las bancas con los diputados del FpV y el Bloque Justicialista de Diego Bossio. Los epígrafes sugerían un ofrecimiento de un menú de “sanguchitos” como parte de un acuerdo.
- Puerta de Hierro. El radical Mario Negri salió al cruce en su cuenta de Twitter al entredicho que tuvo con Sergio Massa delante de varios periodistas en el Salón de Pasos Perdidos. “Se dieron vuelta como una media”, le reprochó el renovador y le reprochó que había compartido la noche anterior un asado con los macristas Emilio Monzó y Nicolás Massot donde Negri no había sido invitado. “Yo no voy a Puerta de Hierro”, le respondió el radical. Luego trascendió el sentido de la frase del radical: Negri había cuestionado las vistas que el macrismo hacía a Massa para sellar acuerdos en su casa de Tigre, a la que calificó como Puerta de Hierro, el nombre de la mítica residencia de Juan Perón en su exilio español.
- Ruido. Los acuerdos alcanzados por el FpV y Cambiemos en la ley de rebaja del IVA generó ruidos en el bloque opositor. Los referentes de Cámpora monitorearon los cambios que Axel Kicillof acordó con el macrista Luciano Laspina en las oficinas del bloque opositor. La situación incomodó a los diputados del Movimiento Evita, que decidieron ausentarse al momento de votar la media sanción de la Cámara baja al proyecto oficialista.
DIPUTADOS APROBÓ LA EMERGENCIA OCUPACIONAL CON 147
VOTOS A FAVOR Y 3 EN CONTRA
La ley salió con amplio apoyo
Como se especulaba, la bancada de Cambiemos se abstuvo y permitió que se aprobara el proyecto que impulsaba el bloque del Frente para la Victoria. Ante el fracaso de su intención de aprobar un proyecto propio, el massismo también la votó.
Luego de un extenso debate que llevó toda la noche, la ley antidespidos se votó a las 6 del jueves.
Por Miguel Jorquera
Después de un mes de idas y vueltas y seis horas de debate en el recinto durante la madrugada del jueves, con diferentes posicionamientos, disputas y negociaciones cruzadas, la oposición en la Cámara de Diputados terminó por alinearse para convertir en ley la emergencia ocupacional que prohíbe los despidos sin causa por 180 días en la administración pública nacional y el ámbito privado que reclamaron como prioridad las cinco centrales sindicales al Congreso. La votación fue contundente: 147 votos a favor, 88 abstenciones de la alianza oficialista Cambiemos y un puñado de aliados provinciales, y apenas 3 en contra. Un trabajoso triunfo legislativo del arco opositor para sancionar una ley que el anunciado veto presidencial de Mauricio Macri para hoy tiñó de la misma precariedad que amenaza a las fuentes de trabajo. “Si el Presidente la veta va a existir otro veto: el de los trabajadores”, advirtió el jefe del bloque del Frente para la Victoria (FpV), Héctor Recalde.
Poco antes de las 6 de la mañana, en el cierre del extenuante debate, cada bloque expuso sobre la mesa las cartas que se conocían de antemano, pero que nadie mostraba en el recinto y alimentaban la incertidumbre. Cambiemos, finalmente, se abstuvo en la votación, lo que facilitó que la “emergencia ocupacional” se convirtiera en ley. El objetivo es que el veto presidencial le ponga punto final al capítulo parlamentario que – afirmaban – “desgasta al gobierno”.
El oficialismo le había bajado al pulgar a los acuerdos con el Frente Renovador (FR), donde su líder, Sergio Massa, había colaborado la semana pasada a frustrar la sesión especial convocada por el resto de la oposición y buscado colocarse en el centro del escenario político. Hubo una disputa en el interior de Cambiemos sobre la estrategia parlamentaria. El radicalismo cargó con el peso de defender en el recinto la gestión de un gobierno que no consideran de coalición y en el que reconocen su condición de socio menor “sin poder de decisión”.
En el FpV aprovecharon la grieta en la alianza oficialista para impulsar la sanción sin más dilaciones. En eso trabajaron a lo largo de la maratónica sesión. A la medianoche del miércoles, afirmaban tener “122 votos consolidados” para imponer la aprobación de la ley con mayoría simple en caso de que Cambiemos votara en contra y el massismo insistiera con su proyecto, que introducía modificaciones a la media sanción de los senadores por lo que obligaba a que se volviera a debatir en la Cámara alta. Era la idea que prevalecía un día antes de la sesión.
El cambio en la estrategia oficialista desacomodó al massismo. Una semana atrás el bloque del Frente Renovador amenazaba con quebrarse y Massa logró sellar la fisura la fisura gracias al acuerdo logrado con Cambiemos. Los renovadores se dividían entre mantener su propia propuesta a riesgo de hacer fracasar la ley antidespidos – que había promovido en el Congreso junto a las centrales sindicales – o tener que alinearse con la propuesta del FpV y el Bloque Justicialista. Massa terminó por convocar a una reunión de bloque a las 21 del miércoles para mantener unida a su bancada. Primó la decisión de acompañar la sanción de ley. Lo que el massismo vivió como una doble derrota: someterse a la estrategia de Cambiemos (con el que había pactado un acuerdo diferente una semana atrás) y acompañar la propuesta de FpV.
Debate
Con final anunciado, el debate siguió su propio derrotero. Recalde prefirió en su cierre responder a los argumentos del oficialismo en contra de la ley. Repasó las experiencias anteriores como la aplicación de una ley similar tras las crisis de 2001. “Hizo que bajara la desocupación”, señaló. “El derecho de los trabajadores ni crea ni destruye empleo. Es la política económica la que construye o destruye empleo. Lo otro distribuye con más o menos equidad el empleo que ya existe”, insistió el jefe del bloque del FpV, quien reclamó al Gobierno que “no empecemos a cortar el hilo por lo más delgado. Y a esta hora hay muchos obreros en la calle, por eso queremos rápidamente esta ley. Hay muchos despidos, esto tiene que ser un mensaje”.
“En esta sesión, el resultado está cantado: se va a votar una mala ley y mañana será vetada con la imposibilidad de que la Cámara de Diputados tenga la mínima chance de volver a insistir. Entonces, ¿qué estamos votando? ¿Por qué nos estamos lastimando entre nosotros para ver cómo sacamos mejores ventajas, diciéndonos cosas, muchas de las cuales son ciertas?”, se preguntó Graciela Camaño para graficar la sensación de frustración del massismo. Le apuntó a Cambiemos: “El oficialismo ha decidido perder con la ley más barata. Por eso, no nos asombran los acuerdos a los cuales se puede haber arribado”, señaló en referencia a un supuesto acuerdo con el FpV.
“El problema radica en que la única posibilidad o respuesta que tiene un trabajador es su laburo. Lo único que puede llevar a su casa es lo que produce a través de su trabajo: el salario. Esto venimos a tratar de defender acá: la posibilidad de que un trabajador siga llevando a su casa el pan de cada día”, dijo el jefe del Bloque Justicialista y dirigente del Smata Oscar Romero.
Libres del Sur y el socialismo, que habían decidido encolumnarse con el dictamen massista, revirtieron sus posturas y acompañaron la aprobación de la media sanción del Senado. “Lamentamos la forma en que se ha llevado adelante la discusión. Seguramente hubiese podido ser más productiva, clara y rápida. De todos modos, quiero señalar que estoy muy satisfecha por lo logrado. Pusimos en la agenda pública de la Argentina que el desempleo o echar a un trabajador es algo malo. Y esto fue aceptado hasta por el propio presidente de la Nación”, sostuvo la socialista Alicia Ciciliani.
El Frente de Izquierda dividió postulados pero acompañó la sanción de la ley. “Es un secreto a voces que esta noche hay un pacto entre el macrismo y el kirchnerismo para que pase rápidamente el mal trago, el presidente vete esta norma y se dediquen a otra cosa”, dijo Néstor Pitrola (PO). “En las últimas semanas el pueblo pudo ver en forma impúdica cómo el gobierno nacional se dedicó a cerrar filas con los empresarios para evitar una ley que ponga algún límite a los despidos y suspensiones”, aportó Myriam Bregman (PTS).
“Sabemos que perdemos, que no es mayoritaria nuestra voluntad, pero no traicionamos a nadie. No nos hemos movido de lo que pensamos”, dijo el radical Mario Negri para defender la postura de Cambiemos. Dijo que la ley antidespidos “no es proporcional ni eficaz para el problema”, que “no tiene esa dimensión” y le apuntó al peronismo: “lo más importante de este proyecto de ley era pegarle un sopapo al gobierno”.
Aumento escalonado al mínimo
CON EL VOTO EN CONTRA DE LAS DOS CTA, EL CONSEJO DEL
SALARIO FIJÓ UN MÍNIMO VITAL DE 8060 PARA ENERO DE 2017
Con la inflación, queda todavía más mínimo
Fue un trámite exprés. El Gobierno propuso un aumento del 33 por ciento en el salario mínimo, que recién se completa en enero del año próximo, trece meses después de la devaluación que disparó el aumento de los precios. Avalaron las tres CGT.
Cinco centrales sindicales para el Consejo. Mauricio Macri sólo participó de un tramo de la reunión. El seguro de desempleo pasó a 3000 pesos.
El Consejo del Salario acordó ayer un incremento para los sueldos mínimos fuera de convenio de 33 por ciento en tres cuotas, la última en enero del año próximo, con lo que el piso se ubicaría en los 8060 pesos. Hoy se encuentra en 6060 pesos. La recomposición del salario mínimo se encuentra lejos de la caída del poder adquisitivo de la clase trabajadora en los últimos meses producto de la inflación, la devaluación y el fuerte ajuste de las tarifas. Las subas serán de 750 pesos a partir de junio (el mínimo se ubicará en 6810 pesos), 750 desde septiembre (7560 pesos) y 500 en enero (8060 pesos). Los empresarios se manifestaron conformes con el exiguo incremento acordado, mientras que las dos centrales de trabajadores CTA, que conducen Hugo Yasky y Pablo Micheli, lo rechazaron. “Nosotros votamos en contra, pero perdimos como en la guerra. No se puede fijar un salario mínimo para el año que viene en 8000 pesos cuando la canasta es de 16.000”, expresó Micheli. Tal como estaba previsto, en ese ámbito de discusión se dispuso también elevar el seguro de desempleo a 3000 pesos respecto de los 400 pesos en que se encuentra congelado hace casi diez años (desde 2006).
El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil es un ámbito institucional de diálogo, del que participan Estado, trabajadores y empleadores. En ese convite se evalúan temas referidos a las relaciones laborales y se acuerda el salario mínimo para todo el año en curso. A diferencia de los aumentos salariales que acuerdan sindicatos y empleadores, esta actualización tiene un impacto directo limitado y sólo sirve como una protección legal para los que se encuentran fuera de convenio laboral. Los trabajadores en relación de dependencia que perciben un ingreso cerca del piso legal son menos de 300 mil. Este año el aumento acordado también alcanzará a docentes de las siete provincias donde se estableció que el ingreso mínimo debe ser, al menos, 20 por ciento superior a este mínimo.
La reunión se realizó en Casa de Gobierno debido a que el hall del Ministerio de Trabajo, donde suele hacerse este encuentro, estuvo bloqueado por una protesta de trabajadores de esa cartera que denuncian unos 250 despidos injustificados. El Consejo fue encabezado por el jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo, Ernesto Leguizamón, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. El presidente Mauricio Macri se acercó luego de iniciado el encuentro pero no se quedó hasta el final de la reunión. Participaron representantes patronales, como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), y de las tres CGT y la CTA. Estuvo ausente el titular de la CGT Hugo Moyano, pero fue representaron por el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato.
El acuerdo alcanzado fue un incremento de 2000 pesos, equivalente el 33 por ciento, que se pagará en tres veces. De esta manera, el salario mínimo pasará a 6810 a partir del 1º de junio, a 7560 en septiembre y 8060 en enero del año próximo. Aun tomando un valor estable para el dólar de 14,50 pesos -precio sobre el que pivotea la divisa en las últimas semanas- de aquí hasta fin de año, los salarios mínimos medido en dólares se ubicarán en 470 en junio, 521 en septiembre y 556 el año próximo. Estos valores ya denotan una fuerte caída del poder adquisitivo en moneda extranjera respecto a los valores previos a la devaluación, la cual podría acentuarse si el gobierno convalida una nueva devaluación. En agosto de 2015, el salario mínimo era de 5588 pesos y el dólar costaba 9,21 pesos, lo que equivale a 657 dólares. En la actualidad el salario mínimo equivale a 418 dólares (6060 pesos).
Un informe elaborado por Cifra – centro de investigación de la CTA – advierte que, solo entre enero y abril, el poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil se contrajo 12,4 por ciento. Aun considerando una inflación que se desacelere en los próximos meses, en agosto el salario mínimo tendría un nivel 21,5 por ciento inferior al de comienzos de año y 25,5 por ciento más bajo que el de agosto de 2015, cuando se aplicó el primer tramo de la última actualización, indica el documento del centro de estudios que coordina el economista Eduardo Basualdo. En tanto, ayer el Indec informó un aumento acumulado en el primer cuatrimestre del año para los precios mayoristas del 19,1 por ciento.
“Es un buen acuerdo, porque para el sector empresario no es una cosa grave y da un piso aceptable para un sueldo mínimo”, afirmó el titular de CAME Osvaldo Cornide. Por su parte, Micheli sostuvo que “no se pueden aumentar las tarifas de golpe y el salario en cuotas”. Las dos CTA votaron en contra mientras que las tres CGT, que conducen Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Antonio Caló, rubricaron el acuerdo. En el único punto en el que hubo consenso fue en el aumento del seguro de desempleo, el cual se incrementó en 650 por ciento al pasar de los 400 pesos que estaba fijado desde 2006 a 3000 pesos. También se analizaron algunos temas referidos a la productividad, tales como seguridad y salud, adicciones en el mundo del trabajo, cambio tecnológico, problemática de la tercerización, impuestos y ausentismo.
Abren el paraguas
El dirigente de la Unión Industrial Argentina, José Urtubey, dijo ayer que no habrá reactivación este año. “Soy de los que creen que en el segundo semestre no va a mejorar la economía. Solo trabajando en conjunto sectores privados y gobierno veo una reactivación para el año que viene”, expresó el hermano del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. El empresario indicó que sus expectativas están centradas en que “se pongan en funcionamiento Mesas de Diálogo Social, para que multisectorialmente los diferentes actores de la actividad económica y productiva del país establezcan líneas de acción factibles, basadas en la realidad de cada región del país, con un primer gran objetivo: la generación de empleo”. “Hay que encarar en positivo los problemas, impulsando la matriz productiva en un círculo virtuoso que incluya siempre al trabajador”, opinó el vocal de la UIA. Hasta el momento, la devaluación, el tarifazo y la apertura comercial sumergió a la industria en una crisis. FIEL informó ayer que en abril la industria cayó 6,1 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado.
OPINIÓN
Las señales y las razones
Por Mario Wainfeld
La gimnasia parlamentaria incluye el manejo táctico del quórum. Se ejercita de dos maneras o en dos tramos. La primera, en orden de aparición, es con las posaderas: dando quórum o dificultándolo. La segunda en secuencia es con la mano: levantada o con el dedo, pulsando un botón. Son recursos lícitos en general, cuya legitimidad queda expuesta la aprobación o al reproche de los ciudadanos. En la recuperación democrática hay ejemplos surtidos, para regalar.
Otra cosa son las malas artes, las “picardías” abusivas o el delito liso y llano. Por caso, el diputrucho menemista, los sobornos conocidos y con amplia credibilidad política aunque nunca sancionados por “la Justicia”.
La picaresca doméstica es vasta pero no se recuerda una maniobra semejante a la del macrismo con la sancionada ley de Emergencia Ocupacional. Dar quórum para perder, para apurar la derrota, para acelerar el tránsito al anunciado veto presidencial. Raro pero encendido, distorsivo de la seriedad. Nada tan grave en una cultura política laxa por demás. Chocante, eso sí, a los autoelogios del republicanismo de derecha, un tigre que se mancha cotidianamente.
Poco afecto a la indignación perenne, este cronista es transigente con las artimañas legales de los legisladores. Y más crítico con las cuestiones de fondo, por ejemplo los despidos, el desempleo y la implantación de un modelo neo conservador. Por eso, le parece más grave el veto que el quórum. Y más que el veto, la política económica, social y laboral del presidente Mauricio Macri que lo motiva.
La narrativa M sobre la ley mezcla macanazos, falacias y omisiones. Empecemos por una de estas, referida al plazo de vigencia de la norma: regiría por seis meses, que no es tanto. Si se hubiera apurado el trámite desde el Senado casi hubiera corrido uno. Aún con el delay deliberado, su aplicación culminaría en noviembre, momento en que según los anuncios del Gobierno la inflación será mínima y se habrán creado una carrada de puestos de trabajo digno.
Si así fuera, se repetiría lo que pasó en el lapso en que hubo una regla parecida durante la presidencia de Néstor Kirchner. No habría despidos sino generación galopante de empleo. Tanto que en esa etapa (que la versión oficial falsea o borra de la memoria) el entonces ministro de Trabajo Carlos Tomada anunciaba mes a mes en la Casa Rosada la evolución de los índices de empleo. Lo hacía, claro, porque eran entusiasmantes. Esas cifras no se tergiversan porque se fundan en datos sobre aportes patronales, no falseables.
Si el futuro corroborara las profecías macristas la medida quedaría derogada por su propia letra dentro de seis meses. Sólo podría prorrogarse mediante una nueva ley. La oposición complaciente (esto es toda, salvo la izquierda y el Frente para la Victoria) jamás la apoyaría.
El ejemplo de la era kirchnerista y el sentido común confirman, en cambio, una aseveración del gobierno sin validar sus conclusiones.
La regla que encarece los despidos (no los impide ciento por ciento porque admite excepciones) no creará puestos de trabajo. Estos son consecuencia de la marcha de la economía real, del crecimiento en especial en sectores mano de obra intensivos.
Otros son los objetivos de la ley, lo que aborrece Macri. Primero es un freno a las facultades patronales, a su poder. Es preventiva, actúa como una señal. En el derecho laboral argentino para la actividad privada la estabilidad del trabajador es “impropia”. La regla general es que se puede despedir sin causa, a cambio de una indemnización. Hay excepciones, son minoría.
Elevar el costo potencial de los despidos tampoco los elimina pero convoca a recapacitar y a no abusar de (o banalizar) la potestad del empleador.
La ley es una “señal” que el Estado emite para disuadir y frenar un fenómeno creciente. Las decisiones estatales inducen conductas, construyen climas.
El protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apenas se aplica pero propaga un mensaje a las fuerzas de seguridad. El país cambió, el gobierno es más transigente con el uso de la fuerza o la represión. Las policías lo captan (les sale fácil) cuando salen de razzias por la noche o en barrios populares. Los uniformados se restriegan las manos duras, porque los instiga una directiva genérica. El encarcelamiento ilegal de Milagro Sala opera en la misma dirección.
De modo análogo se explica la desesperación de Macri para que el Estado no interfiera con la mano invisible del mercado (que acá es la mano dura de los patrones). Alerta que el país cambió: ya no hay un Estado proactivo que entra en acción para frenar despidos, dictar conciliaciones obligatorias u otros recursos.
El macrismo y el Frente Renovador que lidera el diputado Sergio Massa claman en defensa de las pymes. El oficialismo, con más hipocresía, augura que el encarecimiento de los despidos las pone en riesgo. El massismo, más moderado, insinúa medidas para disminuir otros costos de esas empresas. En proporciones muy distintas, ambos omiten que el mayor problema de las pymes es el modelo económico y no el pasivo eventual de las indemnizaciones. ¿Por qué deberían despedir las principales creadoras de empleo si estuvieran en un contexto auspicioso, descartando el sadismo o la necedad?
La respuesta es tan evidente como ajena al repertorio neocon. Su rentabilidad está en jaque por la apertura indiscriminada de las importaciones, todavía no concretada del todo. Y por la recesión que reduce el consumo interno al que proveen.
A las ramas de actividad protegidas, semi reguladas o fomentadas desde el Estado las acecha el dumping económico y social. Competencia del aluvión de productos importados más baratos, en buena dosis como consecuencia de los peores salarios que se pagan en otras comarcas. Cero novedad para cualquier persona añosa: la experiencia se padeció durante la dictadura y en la última década del siglo pasado.
Los pequeños y medianos empresarios tienen una coalición de intereses con sus empleados y más en general con la clase trabajadora. Su prosperidad (o supervivencia, en el borde) depende del consumo local. Están en problemas si se extienden o ahondan la merma de la masa de trabajadores y del valor adquisitivo de los salarios.
La conjunción de intereses objetivos explica su ascenso conjunto en los gobiernos nacional-populares exitosos. Y su abatimiento en los de derecha. Los comportamientos subjetivos o electorales a veces transitan el mismo riel, a veces se bifurcan.
Se reunió el Consejo nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil. Fijó un nuevo valor del mínimo vital y móvil, inferior a la inflación previsible para el primer semestre del año. Las CGT avalaron mansamente, las CTA votaron en contra, en minoría y anunciando paros.
También se elevó el importe del Seguro de Desempleo, significativamente. Una medida parcial pero auspiciosa.
El Gobierno formó distintas comisiones intersectoriales. La de la Productividad se propone tratar, entre otros tópicos, el ausentismo, las adicciones en el mundo del trabajo y la productividad. A las patronales les preocupa que haya faltazos los lunes especialmente lo que atribuyen a la vida disipada de los laburantes, en especial los más jóvenes. Antonio Caló, secretario de una de las CGT, banca ese razonamiento en declaraciones periodísticas patéticas. Comenta que los pibes salen de noche, trasnochan mucho más que él en su juventud, beben o se drogan, que sus viejos lo fajaban si él incurría en desórdenes parecidos. En fin…
El arcaísmo del jerarca metalúrgico confluye con el ánimo empresarial, más racional y utilitario. Busca disciplinar a los trabajadores, restarles beneficios, bajar sus ínfulas dentro y fuera del área laboral. Flexibilizar y “domesticar” la mano de obra es base del proyecto económico, cuya idea de competitividad no cierra con los sueldos más elevados de la región.
Se habla de los costos políticos que pagará o evadirá el macrismo. Vetar o no una ley es un detalle, comparado con la realidad existencial de “la gente”. Puesto de otro modo: las personas ya despedidas tendrán, factiblemente, mala espina con el Gobierno. Y las que lo sean de aquí en más también, el veto a la ley podrá potenciar la bronca que tiene raíces más hondas, ligadas a la vivencia cotidiana.
El oficialismo se empeña en impedir un paro general, de las cuatro centrales. Es verosímil que lo consiga, en el corto plazo. Claro que no es invulnerable a otros reclamos. La movilización de la comunidad universitaria y la unidad en la acción de los sindicatos del sector forzó al ministro de Educación Esteban Bullrich a mejorar bastante la oferta en las paritarias.
La acción directa masiva conserva peso, gravita. Los laburantes y otros grupos de interés lo advierten y apelan a ella con más frecuencia. El veto presidencial no puede paralizarla ni negarla más allá de lo verbal. Ni desconocerla. He ahí otro desafío para el Gobierno, que va in crescendo.
LAS CENTRALES OBRERAS EVALUAN LAS MEDIDAS DE
FUERZA ANTE EL VETO DE MAURICIO MACRI
Entre la movilización y el paro general
Las dos CTA proponen un paro general mientras que las CGT son más cautelosas. Pablo Moyano no descartó esa medida y otros dirigentes adelantaron nuevas movilizaciones. El sábado habrá una reunión de los cinco líderes sindicales en Mar del Plata.
Macri recibió a los gremios ayer en Casa Rosada, en una fría reunión del Consejo del Salario Imagen: DyN.
Por Laura Vales
Las centrales obreras responderán en la calle el veto del presidente Mauricio Macri a la ley antidespidos. De mínima, con una nueva movilización; de máxima, con un paro general. Las dos CTA ya salieron a proponer el paro, y aunque ayer el jefe de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, no habló, su hijo Pablo hizo un gesto en esa dirección: “Si veta la ley, Macri va a cometer un error histórico y si es así no descartamos un paro general”, sostuvo el dirigente de Camioneros. Pero el grueso de los cegetistas eligieron el bajo perfil y evitaron hacer declaraciones. Los jefes de las cincocentrales discutirán el sábado la medida a tomar.
“Si veta la ley, será el segundo error que va a cometer Macri. El primero fue darle la espalda, y el segundo vetarla, porque esta ley no surgió por generación espontánea sino que viene traccionada por las cinco centrales sindicales, respaldada por más de 300 mil trabajadores en un acto multitudinario, aprobada por una mayoría en el Congreso; va a ir en contra además de lo que siente el 65 por ciento de los ciudadanos que en todas las encuestas responden que este es un problema que se tiene que resolver y que la ley es lo que corresponde para hacerlo”, señaló tras el anuncio del veto presidencial Hugo Yasky, titular de la CTA de los Argentinos.
Yasky, Pablo Micheli, Hugo Moyano, Antonio Caló y Luís Barrionuevo están invitados a participar el sábado, en Mar del Plata, de un panel de la Semana Social organizada por la Pastoral Social de la Iglesia. “Hablé con Moyano y con Caló; nos vamos a reunir después de la mesa. Ellos saben que las CTA estamos planteando un paro nacional y que los trabajadores esperan una respuesta a esta mojada de oreja”, dijo Micheli a Página/12.
Los dirigentes – con excepción de Moyano – se vieron ayer con Macri en la Casa Rosada, en el plenario del Consejo Nacional del Salario. Pero el cara a cara no fue más allá de un saludo protocolar. En un tramo del encuentro, los jefes sindicales habían pedido que el Consejo se expidiera sobre la ley de emergencia ocupacional, pero la parte empresaria se opuso, bloqueando el debate. Presidencia distribuyó después las fotos en las que los jefes gremiales responden al apretón de manos del presidente, con mala cara.
En las dos CTA están pensando en cómo generar una movida de mayor voltaje que la marcha del 29 de abril, que juntó a 300 mil trabajadores. Una posibilidad en análisis es recorrer el territorio, para dar a la protesta más intensidad y despliegue en el tiempo. Los dirigentes saben que hay lugares como el polo industrial de Zárate Campana, Rosario o la provincia de Jujuy donde los despidos están haciendo estragos. De todos modos, llevarán a la reunión con las CGT un esquema amplio, porque lo prioritario es poder desarrollar las protestas en un marco de unidad.
El gobierno echó leña a ese fuego con la confirmación de que Macri anunciará el veto de la ley en Cresta Roja, la planta avícola reabierta con la intervención del gobierno, pero que mantuvo a apenas un tercio de sus personal.
Las cinco centrales obreras hicieron frente común para impulsar la ley antidespidos. Este movimiento incluyó que la CGT moyanista bajara del tope de su agenda su histórico reclamo por Ganancias, y que su secretario general pasara del apoyo a Macri en la campaña a la vereda de la crítica. Por esto, en el ámbito sindical, ayer las fichas se jugaban a que Moyano no dejará pasar el veto sin hacer nada.
“En caso que Macri vete la ley habrá una gran cuota de malestar”, dijo desde Rosario Juan Carlos Schmid, titular de la Confederación de Transporte y uno de los cegetistas más cercanos al camionero. “Por ahí hay que salir a la calle”, sostuvo el secretario general de Smata, Ricardo Pignanelli. A su vez, Pablo Moyano agregó que si Macri “la veta no descartamos un paro general”. Aunque puso reparos al proyecto votado porque “no era lo ideal”, el hijo del jefe de la CGT la defendió como una herramienta para “poner un freno a la ola de despidos”.
“El movimiento obrero va a seguir luchando contra los despidos y va haber movilizaciones”, añadió; “en los próximos días va haber una reunión urgente para analizar la medida que tome el Presidente”.
Entre los cegestistas que se oponen a tomar medidas contra el veto se anotó Andrés Rodríguez, titular de UPCN, gremio estatal que dejó pasar la ola de despidos de los empleados públicos sin hacer prácticamente nada. También el titular del Sindicato de la Alimentación, Rodolfo Daer, descartó una posible medida de fuerza al considerar que “no” cree que “hoy la cosa pase por la acción gremial”.
“Si veta la ley, será el segundo error que va a cometer Macri. El primero fue darle la espalda, y el segundo vetarla, porque esta ley no surgió por generación espontánea sino que viene traccionada por las cinco centrales sindicales, respaldada por más de 300 mil trabajadores en un acto multitudinario, aprobada por una mayoría en el Congreso; va a ir en contra además de lo que siente el 65 por ciento de los ciudadanos que en todas las encuestas responden que este es un problema que se tiene que resolver y que la ley es lo que corresponde para hacerlo”, señaló tras el anuncio del veto presidencial Hugo Yasky, titular de la CTA de los Argentinos.
Yasky, Pablo Micheli, Hugo Moyano, Antonio Caló y Luís Barrionuevo están invitados a participar el sábado, en Mar del Plata, de un panel de la Semana Social organizada por la Pastoral Social de la Iglesia. “Hablé con Moyano y con Caló; nos vamos a reunir después de la mesa. Ellos saben que las CTA estamos planteando un paro nacional y que los trabajadores esperan una respuesta a esta mojada de oreja”, dijo Micheli a Página/12.
Los dirigentes – con excepción de Moyano – se vieron ayer con Macri en la Casa Rosada, en el plenario del Consejo Nacional del Salario. Pero el cara a cara no fue más allá de un saludo protocolar. En un tramo del encuentro, los jefes sindicales habían pedido que el Consejo se expidiera sobre la ley de emergencia ocupacional, pero la parte empresaria se opuso, bloqueando el debate. Presidencia distribuyó después las fotos en las que los jefes gremiales responden al apretón de manos del presidente, con mala cara.
En las dos CTA están pensando en cómo generar una movida de mayor voltaje que la marcha del 29 de abril, que juntó a 300 mil trabajadores. Una posibilidad en análisis es recorrer el territorio, para dar a la protesta más intensidad y despliegue en el tiempo. Los dirigentes saben que hay lugares como el polo industrial de Zárate Campana, Rosario o la provincia de Jujuy donde los despidos están haciendo estragos. De todos modos, llevarán a la reunión con las CGT un esquema amplio, porque lo prioritario es poder desarrollar las protestas en un marco de unidad.
El gobierno echó leña a ese fuego con la confirmación de que Macri anunciará el veto de la ley en Cresta Roja, la planta avícola reabierta con la intervención del gobierno, pero que mantuvo a apenas un tercio de sus personal.
Las cinco centrales obreras hicieron frente común para impulsar la ley antidespidos. Este movimiento incluyó que la CGT moyanista bajara del tope de su agenda su histórico reclamo por Ganancias, y que su secretario general pasara del apoyo a Macri en la campaña a la vereda de la crítica. Por esto, en el ámbito sindical, ayer las fichas se jugaban a que Moyano no dejará pasar el veto sin hacer nada.
“En caso que Macri vete la ley habrá una gran cuota de malestar”, dijo desde Rosario Juan Carlos Schmid, titular de la Confederación de Transporte y uno de los cegetistas más cercanos al camionero. “Por ahí hay que salir a la calle”, sostuvo el secretario general de Smata, Ricardo Pignanelli. A su vez, Pablo Moyano agregó que si Macri “la veta no descartamos un paro general”. Aunque puso reparos al proyecto votado porque “no era lo ideal”, el hijo del jefe de la CGT la defendió como una herramienta para “poner un freno a la ola de despidos”.
“El movimiento obrero va a seguir luchando contra los despidos y va haber movilizaciones”, añadió; “en los próximos días va haber una reunión urgente para analizar la medida que tome el Presidente”.
Entre los cegestistas que se oponen a tomar medidas contra el veto se anotó Andrés Rodríguez, titular de UPCN, gremio estatal que dejó pasar la ola de despidos de los empleados públicos sin hacer prácticamente nada. También el titular del Sindicato de la Alimentación, Rodolfo Daer, descartó una posible medida de fuerza al considerar que “no” cree que “hoy la cosa pase por la acción gremial”.
OPINIÓN
No permitamos que la Luna se apague
Por Carlos Funes *
Difícil no referenciar en estos días una de las escenas culminantes de la película Luna de Avellaneda – filmada en gran parte en mi propio club – donde en una asamblea en el gimnasio, los socios decidían el doloroso remate a cambio de trabajo.
Sin duda la reciente movilización de los dirigentes que representamos a los clubes de barrio ha sido fenomenal, sumada al sorprendente apoyo de hasta cierta prensa “ocultadora” de realidades, que ha puesto en el tapete la delicada situación que atravesamos con este tarifazo inusual y desmedido –especialmente en los servicios públicos y esenciales–, y que ha forzado al gobierno nacional a comunicar, a través de su secretario de Deportes, la instrumentación en menos de tres semanas de una tarifa diferenciada (en realidad se refirió a un subsidio), y de un decreto que se firmaría a tal fin.
Pero lo que necesitamos no es una foto de Macri firmando un decreto rodeado de dirigentes de clubes de barrio agradecidos, sino simplemente que reglamente la Ley 27098 sancionada en el transcurso del gobierno anterior, y que hace referencia clara a una tarifa social en los servicios para este tipo de entidades.
Este gobierno viene prometiendo muchas “alegrías” que luego terminan en tristezas, por eso debemos reforzar y sostener el reclamo hasta que efectivamente se instrumente y se materialice realmente en nuestros costos. De ser así representaría un logro muy valioso obtenido con nuestra lucha, sin embargo necesitamos seguir mirando hacia adelante, sin olvidar que con estas políticas de ajuste hemos visto desaparecer decenas de clubes de barrio como los nuestros, en la dictadura y en los noventa.
Digo mirar para adelante, sabiendo que solo habríamos logrado hasta acá algo importante en la emergencia que se nos impone, que es reducir gastos.
Pero no podemos ignorar que, con este rumbo y las demoledoras medidas económicas que toma el gobierno de Cambiemos, nuestro destino estará marcado por lo mismo que se está ofreciendo con “la zanahoria” de bajar la inflación, la temida e incipiente recesión, representada en nuestro caso por la dramática foto de gimnasios, salones y salitas de nuestros clubes en penumbras durante muchas horas del día, sin actividad ante la fuga de socios y socias que no puedan pagar las cuotas y aranceles imposibles de actualizar y que deberemos cobrar para sostener abiertas nuestras puertas, pagar profesores de deportes, mantenimiento de edificios e instalaciones, etcétera.
Y no debemos soslayar, como dirigentes comunitarios, que estamos hoy visibles en la punta del iceberg. Pero abajo están los pibes y las pibas que en muchos casos becamos, los padres que no podrán enfrentar gastos que no sean imprescindibles, los empleados que deberemos reemplazar con más de nuestro propio esfuerzo y la vida social-cultural-deportiva hipotecada con la esperanza de que no desaparezcamos. Sí. Esto ya lo viví. Ya lo vivimos.
Por eso, pensar en nosotros como comunidad y como ciudadanos, y no como un centro de costos se vuelve esencial. Por eso, pensar en los otros con quienes nos integramos y somos, nuestros socios y socias, sus dificultades y ausencias que ya aparecen, y las “tarifas sociales” que ellos no tendrán, es una responsabilidad fuerte para enfrentar – juntos – lo que viene.
“Hay otras lunas, y están en ésta”, diría un querido amigo. No sé cómo harán para “disciplinarlas”, para que no brillen ante las carencias y los ajustes de la vida cotidiana. Lo que sí sé es cómo lo intentarán con nosotros: la ruin acta de inspección integral del Gobierno de la Ciudad que está arriba del mostrador del buffet desde el mismo día que nos reunimos en mi club con otros dirigentes, indicaría cuál es su estilo. El nuestro, ante este tarifazo brutal y despiadado, será irremediablemente pensar siempre en los Otros. O sea, en los Nuestros.
Aguante la Luna. Salú con Pineral y soda.
* Presidente del Club Deportivo y Social Colegiales.
http://www.pagina12.com.ar/diario/principal/index.html
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