jueves 19 de mayo de 2016
Y UPCN QUE HABILITA HASTA 800 DESPIDOS
Dejan en la calle a más trabajadores públicos
Al mismo tiempo que negoció un compromiso con los privados para evitar que sigan echando gente y mientras se discute la emergencia ocupacional en el Congreso, Macri avanza con más desvinculaciones en el Estado.
En los últimos días comenzaron a llegar los primeros telegramas a los empleados del Renatea.
Al mismo tiempo que negoció un compromiso con el sector privado para evitar despidos durante noventa días, como forma de neutralizar la ley de emergencia ocupacional que anoche debatía el Congreso, el gobierno nacional homologó la semana pasada un acuerdo entre el Registro Nacional Trabajadores Agrarios y el gremio UPCN que permite echar entre 600 y 800 trabajadores del organismo. En los últimos días comenzaron a enviar los primeros telegramas. Los afectados son todos los empleados contratados entre el 23 de enero de 2012 y el 21 de marzo de 2016, periodo en el cual el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (Uatre), Gerónimo “Momo” Venegas, perdió el control del registro. De este modo, el gobierno nacional continúa despidiendo gente.
El acta acuerdo entre el Renatea y UPCN se firmó el 22 de abril y la subsecretaría de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo lo homologó el jueves de la semana pasada. Ese texto deja sin efecto el Convenio Colectivo de Trabajo y considera “extinguida” la relación laboral de los empleados contratados a partir de enero de 2012. El acta establece una indemnización, la cual no podrá ser inferior a los seis meses de sueldo. Además, se aclara que a pedido del gremio se resolvió aplicar a las indemnizaciones “un porcentual del veinte por ciento con carácter indemnizatorio adicional”. “Es un mamarracho jurídico porque no se puede convalidar la baja de un convenio colectivo si no se les ofrece a los trabajadores una situación superadora”, señaló a Página/12 Ana Córdoba, empleada del Renatea en la Provincia de La Rioja.
La justificación para avanzar es el fallo de la Corte Suprema que en noviembre del año pasado admitió un cuestionamiento a la ley 26.727 que le quitó a la Uatre y a las entidades patronales del agro el manejo del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y creó en su reemplazo el Renatea, organismo estatal encargado de fiscalizar el trabajo rural. El máximo tribunal resolvió, con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt, devolverle el manejo del registro a Venegas que ahora aprovechó ese guiño judicial y acordó con UPCN considerar “extinguida” la relación laboral de entre 600 y 800 trabajadores.
En las cartas documento que empezó a enviar el Renatea se le comunica a cada empleado que “la relación de trabajo que lo uniera con este organismo queda sin efecto prescindiendo de vuestros servicios”. A continuación se lo emplaza a concurrir al organismo “al efecto de proceder a la celebración del Acuerdo Individual de Desvinculación y poder hacer efectiva la indemnización convenida con UPCN (…) bajo el apercibimiento de que frente a su silencio o incomparecencia se considerará sin aplicación a vuestro caso el acta acuerdo”. De este modo, se busca disfrazar los despidos con acuerdos voluntarios bajo amenaza de que si no aceptan no obtendrán la indemnización en un contexto económico muy difícil y ya sin empleo. La cartas están firmadas por Ernesto Ramón Ayala, Subdirector General a cargo de la dirección general del Renatea y hombre de extrema confianza de Venegas.
El convenio colectivo anulado de manera inédita con la anuencia del secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, establece que los trabajadores son parte de la planta permanente. Por lo tanto, si un área se disuelve el Estado tiene la obligación de reubicarlos, lo cual no está ocurriendo. En este escenario, los trabajadores están en condiciones de demandar al Estado y probablemente obtengan un fallo a su favor en la Justicia, pero si firman ese “Acuerdo Individual de Desvinculación” terminarían convalidando de alguna manera la irregularidad que se está cometiendo y reduciendo también las posibilidades de éxito en un eventual litigio.
La poda que se está realizando en el Renatea es tan brutal que en el mismo convenio se aclara que el organismo “se reserva el derecho de postergar la desvinculación del personal que, por razones de necesidad o gestión, desempeñare laborales en cualquier ámbito de sus dependencias con el objeto de no interrumpir la prestación de los servicios de seguridad social que brinda el organismo”. En otras palabras, son tantos los que quedaron en condiciones de ser despedidos que el normal funcionamiento del Renatea correría peligro si se los echa a todos juntos.
La decisión de dejar en la calle a los trabajadores forma parte del plan de desmantelamiento que comenzó hace unos meses cuando se decidió frenar las áreas clave del organismo: la fiscalización en el territorio, la registración, y las denuncias por casos de trata y explotación laboral. Además, se dejó de prestar colaboración con el Ministerio Público Fiscal en las denuncias por casos de trata y trabajo infantil y se disolvió el área dedicada a las investigaciones económicas y sociales vinculadas a la vida rural.
Entre 2013 y 2015, el Renatea realizó denuncias penales que involucraron a más de 1000 víctimas de casos de trata laboral. También registraron como peones rurales a más de 120.000 trabajadores e inscribieron a 9500 nuevos empleadores. El dato más impactante que da cuenta de lo que hizo el Renatea y no hacía Venegas es que del total de peones que figuraban en el Renatre hacia fines de 2011, sólo el 42 por ciento tenía aportes registrados por la AFIP y a fines del año pasado esa cifra había trepado al 84 por ciento.
El gremio UPCN alcanzó un acuerdo salarial del 31 por ciento para los trabajadores de la Administración Pública Nacional, que fue rechazado por ATE. El convenio implica un incremento salarial del 7 por ciento a partir del 1 de junio, 10 en julio y 14 por ciento en agosto. “Además, hay una cláusula gatillo para volver a constituir paritarias en caso de una situación de desmesura en el panorama inflacionario anual”, aclararon desde el gremio. “Lo consideramos completamente insuficiente, porque en realidad el aumento no es del 31 por ciento sino que en términos anuales y reales es de sólo el 27”, argumentó Hugo Godoy, secretario general de ATE, quien ratificó el paro del próximo martes y el pedido de 45 por ciento de suba salarial.
HOY SE CELEBRA LA REUNIÓN DEL CONSEJO DEL SALARIO
MINIMO VITAL Y MOVIL
La pulseada por el mínimo
El encuentro en el Ministerio de Trabajo contará con la presencia de las cinco centrales sindicales. El Gobierno pretende elevar el piso salarial a 8000 pesos, un 32 por ciento, frente a reclamos gremiales que van del 35 al 45 por ciento.
Las tres versiones de la CGT y las dos de la CTA participará de la negociación salarial.
El Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil tendrá hoy su primer capítulo macrista. El Gobierno pretende llevar el piso salarial de 6060 a 8000 pesos, un aumento cercano al 32 por ciento que se implementaría en dos tramos. El año pasado la actualización del SMVM para los asalariados en relación de dependencia llegó a 28,5 por ciento, equivalente a la media alcanzada en las principales paritarias y levemente superior a las subas de precios. El encuentro en el Ministerio de Trabajo contará con la participación tripartita de cámaras empresarias, las cinco centrales sindicales y funcionarios. Por eso, para aplacar el impacto de la aceleración inflacionaria sobre el umbral de ingresos, los gremios pretenden superar la pauta contemplada por el titular de la cartera laboral, Jorge Triaca: reclaman un ajuste entre 35 y 45 por ciento. Los dirigentes sindicales anticiparon su rechazo a la propuesta del gobierno de Mauricio Macri para incluir en la discusión temas de la agenda patronal vinculados a la productividad y el ausentismo, dos históricos reclamos de la representación empresaria.
Un informe elaborado por el Cifra de la CTA advierte que, solo entre enero y abril, el poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil se contrajo 12,4 por ciento. “Aun considerando una inflación que se desacelere en los próximos meses, en agosto el salario mínimo tendría un nivel 21,5 por ciento inferior al de comienzos de año y 25,5 por ciento más bajo que el de agosto de 2015 cuando se aplicó el primer tramo de la última actualización”, indica el documento del centro de estudios que coordina el economista Eduardo Basualdo. Por eso, para la central sindical si el objetivo fuera recuperar la capacidad de compra del SMVM exhibida en aquel momento se necesitaría un aumento del 35 por ciento que lleve el monto de referencia a 8200 pesos mensuales.
Pero, como los investigadores prevén que los aumentos no se desacelerarán, ese aumento se licuaría rápidamente. “Con un aumento del 45 por ciento que lleve el nivel a 8800 pesos aproximadamente, se llegaría al mes de diciembre de este año con el mismo poder adquisitivo que el SMVM tenía en agosto de 2015”, estiman los economistas al advertir que incluso con esos valores el umbral salarial legal se ubicará por debajo del nivel promedio de 2011. Para los economistas del Cifra, “sólo un aumento que lleve el SMVM a 10.000 pesos implicaría que en junio de 2017, previo a la reunión del próximo Consejo, el SMVM pueda mantener el nivel al que llegó en agosto de 2015, sin haber perdido poder adquisitivo”.
En la decimotercera reunión consecutiva del Consejo del Salario desde que se reactivó esa institución laboral las autoridades tienen previsto además implementar el aumento en el monto del seguro por desempleo anunciado el mes pasado de 400 a 3000 pesos. La mejora en la prestación dineraria es relevante para sostener un flujo de ingresos a quienes son despedidos. Sin embargo, el alcance de la herramienta es limitado. Por sus requisitos se excluyen, por ejemplo, a desempleados informales. La medida forma parte del cambio de paradigma en materia de política macroeconómica donde el Estado pasó de ser un garante de los niveles de empleo a subsidiar a los nuevos desocupados.
A diferencia de los aumentos salariales que acuerdan sindicatos y empleadores, la actualización del salario mínimo tiene un impacto directo limitado. Los trabajadores en relación de dependencia que perciben un ingreso alrededor del piso legal son menos de 300 mil. Sin embargo, el SMVM ofrece una herramienta para que los asalariados más vulnerables mejoren sus ingresos. Este año el incremento acordado también beneficiará a los docentes de las siete provincias donde se estableció que el ingreso mínimo debe ser, por lo menos, 20 por ciento superior al SMVM.
LA OIT ADVIRTIÓ POR UN AUMENTO DE LA DESIGUALDAD
Conquistas laborales en riesgo
"En América Latina el reciente deterioro de las perspectivas económicas comenzó a revelar la fragilidad de los avances sociales y en materia de empleo alcanzados en los últimos años”, advirtió ayer la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En su informe “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2016” la entidad advirtió que como consecuencia de los menores niveles de crecimiento económico registrados en la región “ha empezado a incrementarse la desigualdad de ingresos después de varias décadas a la baja, por lo que es posible que se reviertan algunos de los logros alcanzados hasta la fecha en materia de reducción de la pobreza”. El mismo fenómeno alcanza a países de Asia como China cuya desaceleración afecta al desempeño de las economias sudamericanas.
“Lo importante aquí es tener claro que acabar con la pobreza no se logrará solamente con transferencias sociales sino que es necesario promover oportunidades para crear puestos de trabajo decente”, expresó ayer Guy Ryder, director del organismo tripartito internacional.
El documento de la OIT sostiene que a lo largo de las últimas dos décadas, la mayoría de los países lograron avances significativos en materia de reducción de la pobreza. Para el conjunto de los países emergentes y en desarrollo, se estima el 36 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza (extrema y moderada), la mitad de los niveles registrados en 1990. “El empleo digno es condición necesaria para terminar con la pobreza”, lanzó Ryder, el primer directivo del organismo proveniente de la extracción sindical.
Según estimaciones de la OIT, se requieren diez billones de dólares (millones de millones) a erradicar la pobreza extrema y moderada en 2030. Sin embargo, para el organismo no es realista considerar que se puede alcanzar este objetivo únicamente con transferencias de ingresos. “Sin una oferta adecuada de oportunidades de empleo decente, los trabajadores pobres tendrán dificultades para mejorar sus condiciones de trabajo, tener una carrera profesional y, de este modo, salir de la pobreza”, sostiene el informe divulgado ayer en la sede del organismo en Ginebra.
AMPLIO RESPALDO A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
Apoyo a la información
El proyecto tuvo el voto de todos los bloques, a excepción de los diputados de izquierda. Ahora pasará al Senado. Si se aprueba, cualquier ciudadano podrá solicitar datos.
La iniciativa consiguió 229 votos a favor, sólo 4 en contra y una abstención.
Por Nicolás Lantos
La Cámara de Diputados aprobó ayer por la tarde, con 229 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, el proyecto de Acceso a la Información Pública impulsado por el Gobierno. La propuesta sumó al apoyo del interbloque oficialista, el de todos los sectores de la oposición con excepción del Frente de Izquierda y de un legislador peronista e incorporó algunas modificaciones durante su tratamiento, incluyendo una cláusula propuesta por Elisa Carrió para evitar que los jueces se excluyan de su cumplimiento (ver recuadro). Sin embargo, la iniciativa mantuvo un fuerte sesgo presidencialista, ya que el ente de aplicación estará controlado por el Poder Ejecutivo, a pesar de las críticas de asociaciones civiles a ese pasaje del texto. El proyecto ahora deberá ser tratado en el Senado.
Si se aprueba, la ley permitirá que todos los ciudadanos puedan solicitar información a cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, estableciendo la obligación de que el Estado responda ese pedido “en un plazo no mayor de 15 días hábiles”. En caso de que no se dé la información solicitada en tiempo y forma, se podrá interponer un reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, organismo que se creará a partir de esta ley y que estará facultada para imponer sanciones a quienes no cumplan.
La naturaleza de esta Agencia causó algunos de los debates más ríspidos durante las cuatro horas de sesión que se dedicaron al tema. Algunos sectores de la oposición, a partir del pedido de organizaciones no gubernamentales que entienden en la materia, solicitaron que ese ente tuviera una conformación equilibrada que contemplara al Poder Ejecutivo y al Legislativo, ya que consideran que tal como se aprobó le da demasiado poder al gobierno central.
En ese sentido se manifestaron hasta ayer Fopea, Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Asociación por los Derechos Civiles , Concepción Data, Fundación Conocimiento Abierto y Directorio Legislativo, entre otras ONG. “Creemos que el funcionario tiene que estar dirigido por concurso público”, planteó la directora de Fopea, Vanina Berghella. Por su parte, Pablo Secchi, de Poder Ciudadano, insistió en que “en el caso del Poder Ejecutivo pedíamos que para la selección del funcionario y su remoción hubiera una mayor participación para el Congreso”.
Aunque no se pudo modificar esto, sí se introdujo una cláusula que permite que el Parlamento, a través de un dictamen vinculante de la Comisión Bicameral creada para controlar la aplicación de esta ley, remueva al director elegido por el Presidente. Otra modificación que se incorporó durante la tarde de ayer al proyecto original fue que se sumó, entre los sujetos obligados a responder en los términos de la ley, a “los concesionarios y operadores de los juegos de azar y apuestas”.
Durante la sesión, el diputado Pablo Tonelli, miembro informante de la bancada oficialista, consideró que la propuesta “tiene una importancia superlativa en la lucha contra la corrupción” y la radical Karina Banfi sostuvo que “en América Latina, Venezuela, Bolivia y Argentina son los únicos países que no tienen ley de acceso a la información pública”. En respuesta, la legisladora del Frente para la Victoria Diana Conti recordó que “en Argentina existían leyes secretas que dejaron de serlo de la mano de Cristina Fernández de Kirchner”.
Finalmente, el proyecto se aprobó con 229 votos a favor, provenientes de Cambiemos, el FpV, el Bloque Justicialista, el Frente Renovador, Progresistas y las bancadas más pequeñas. Los cuatro diputados del Frente de Izquierda votaron en contra: según argumentó el legislador Pablo López, se trata de una ley “de preservación de secretos” ya que no prevé el acceso a archivos sensibles que permanecen secretos sobre temas como la dictadura o la causa AMIA.
Otro round contra Lorenzetti
Elisa Carrió volvió a dar la nota en la sesión de ayer. La diputada de la Coalición Cívica, parte del interbloque oficialista, irrumpió en la votación en particular de la ley de Acceso a la Información Pública para embestir contra el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, e imponer un cambio en el proyecto para evitar que los jueces queden excluidos de las obligaciones establecidas por la norma. “¿Cómo es posible que no podamos acceder a la declaración jurada del presidente de la Corte, Lorenzetti, y de los jueces de los demás tribunales?”, lanzó Carrió, que acusó al Poder Judicial de haberse “arrogado funciones legislativas en los últimos años”. Además, acusó al titular de la Corte de “manejar” el comité de inversiones del Consejo de la Magistratura y de no haber aceptado nunca responder a sus pedidos de informes sobre manejos de esos fondos. En ese contexto, Carrió consiguió que se apruebe en el marco de la votación en particular su propuesta de que “sea causal de juicio político cualquier decisión judicial que vaya en contra” de esta ley, para evitar que el Poder Judicial se autoexima de los controles.
EL RADICALISMO BUSCA UN ACUERDO “AMPLIO” CON GIOJA
Y PICHETTO PARA EVITAR LA DEPENDENCIA DEL MASSISMO
La UCR mira al PJ para cambiar la estrategia
En una reunión de la cúpula partidaria plantearon la necesidad de reemplazar los acuerdos “ley por ley” por un pacto más estable con el sector “dialoguista” del peronismo. Sigue el malestar de ciertos dirigentes por la falta de protagonismo.
Aguad, Nosiglia, Alfonsín, Corral y Cano, algunos de los presentes en la reunión en el Comité Nacional.
Por Sebastian Abrevaya
Preocupado por el elevado costo político que le viene generando al oficialismo la estrategia de buscar acuerdos “ley por ley” con la oposición, el radicalismo empujará un acercamiento de Cambiemos al Partido Justicialista, que renovó su conducción hace pocos días. La llegada del sanjuanino José Luís Gioja a la conducción formal del PJ – que junto al senador Miguel Pichetto lidera el denominado sector “dialoguista” del peronismo – significa para la UCR una oportunidad para impulsar con ellos un “acuerdo amplio” que incluya distintos temas y que se extienda en el tiempo para garantizar el avance de iniciativas del oficialismo en el Congreso. De esta manera, los radicales pretender evitar la dependencia de la figura de Sergio Massa, que por el momento les ha servido de aliado, pero que al mismo tiempo los deja atrapados en medio de las tensiones entre el Frente Renovador y el PJ. Esto fue parte de lo que conversó la plana mayor del radicalismo en un cónclave realizado el martes por la noche.
“Hay que comenzar un diálogo con el peronismo a partir de la elección de estas nuevas autoridades para alcanzar acuerdos de mediano plazo”, aseguró el titular del Comité Nacional de la UCR, José Corral. La idea de cambiar la estrategia de ir caso por caso tiene múltiples motivos. “Es un esquema que tiene sus límites”, afirman en el radicalismo y completan con una frase del Coco Basile: “los otros también juegan”, en referencia a los movimientos del ex intendente de Tigre. Parte de los problemas que presenta el esquema de funcionamiento actual se manifestaron con la ley antidespidos. En el Senado el oficialismo no pudo evitar una derrota contundente en manos del bloque que encabeza Pichetto. En Diputados, en cambio, buscó dilatar el tratamiento y consensuar con Massa otro tipo de iniciativas como la de primer empleo y de promoción a las Pymes. El líder del Frente Renovador recogió esas medidas pero las agregó al dictamen del Senado que ya prohibía los despidos. En conjunto, Cambiemos y el massismo habían logrado derrotar al kirchnerismo en el pedido de sesión especial de la semana pasada, pero la posibilidad de que el FpV y el massismo manden de vuelta al proyecto al Senado con modificaciones complicaba de todas maneras los planes.
La decisión anticipada por Pichetto de insistir con el proyecto original precipitó la decisión del oficialismo de facilitar la aprobación del proyecto del FpV en Diputados. Cualquiera de las dos opciones hubiera terminado en el veto presidencial, con la diferencia de que la incorporación de cambios generaría malestar con Pichetto, también con el sindicalismo que impulsó originalmente el proyecto y prolongaría la permanencia del conflicto en la agenda.
“La sesión especial fallida es una clara derrota del kirchnerismo pero no frente al Gobierno sino ante el massismo. Fue el primer round legislativo de un peronismo que se posiciona frente al Gobierno Nacional intentando apropiarse de la cuestión social. Es decir que el Congreso es rehén de la interna peronista”, analizó la semana pasada la diputada radical Carla Carrizo, una de las presentes en el cónclave radical de anteanoche. Carrizo, politóloga, es una de las radicales que maneja en el partido la reforma electoral, de pronto tratamiento en el Congreso. El radicalismo ya le transmitió al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, su posición sobre esa reforma: acompañan la incorporación de la boleta única electrónica (BUE) y quieren la eliminación de las colectoras en todas las categorías. Además, plantearon la necesidad de incorporar al debate el financiamiento de los partidos políticos, especialmente de las campañas electorales.
La reunión del martes a la noche estuvo centrada en este tema pero sobre el final hubo espacio para hablar de la marcha general del Gobierno. Ricardo Alfonsín planteó sus críticas por la falta de participación en la toma de decisiones y de canales de diálogo entre los socios. Le retrucaron que los jefes de los bloques legislativos, Mario Negri y Ángel Rozas, participan de las reuniones de gabinete y que todos los martes hay una mesa de coordinación con el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Para tratar de fortalecer esos lazos y generar confianza habrá otra reunión conjunta de Cambiemos. De todas maneras, el análisis de la marcha del gobierno será tema de otra reunión, que los radicales realizarán en un retiro planificado para junio.
De la reunión del martes a la noche participaron Ernesto Sanz, Jesús Rodríguez y el operador Enrique “Coti” Nosiglia; legisladores nacionales como Alfonsín, Silvia Elías de Pérez, Luís Naidenoff, Juan Carlos Marino y los ministros Oscar Aguad (Comunicaciones), Julio Martínez (Defensa). También estuvo el titular del Plan Belgrano, José Cano, y otros miembros de la mesa del Comité Nacional.
OPINIÓN
La simetría
Por Jorge Auat *
Una vez más, en una nota editorial publicada el 3 de abril pasado, el diario La Nación asoció capciosamente los derechos humanos a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, con la evidente finalidad de torpedear en el hecho político más preciado de los últimos tiempos. Para lograr su objetivo, amalgama y funde derechos humanos con corrupción, utilizando esto último como coartada para denigrar la política de derechos humanos que fue una construcción fecunda del pueblo argentino en su conjunto.
¿En qué consiste la maniobra y cuál es su clave? La primera cuestión pasa, como se dijo antes, por vincular a los derechos humanos con el kirchnerismo y el supuesto uso vil que se hizo de aquellos: “Algunas entidades pasaron por alto la corrupción kirchnerista”, sostiene el editorial. ¿Que rédito deja esa afirmación? Que las políticas de derechos humanos fueron un instrumento de un proyecto económico corrupto, por lo que quedan en un espacio de complicidad de esa corrupción. Se trata de un ataque que golpea de lleno en el centro de gravedad de los derechos humanos, esto es, en su contenido moral.
La segunda cuestión es la incansable insistencia con la teoría de los dos demonios. Es decir, volver a justificar y legitimar a ese Estado terrorista y clandestino. Pero ya Ernesto Sábato en el Nunca Más había zanjado la cuestión cuando mencionó la manera en la que Italia respondió a la violencia con el derecho: “Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la tortura”.
Luego, el editorial de La Nación también reclama una simetría de la memoria. Ello es imposible por el concepto mismo de los derechos humanos, vinculado siempre a la relación de fuerza con el poder del Estado y a su abyecta conversión en maquinaria criminal. La propia base jurídica define claramente los contornos del crimen y sus autores, como bien ha quedado reflejado tanto en los dictámenes del ex procurador general Esteban Righi, como de la actual procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. A eso, además, se le debe sumar el fundamental aporte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que acompañó esta política de Estado con sus fallos
Pese a esto, la nota del diario también pone en cuestión a la memoria colectiva cuando alude a su asimetría. Esta asimetría no es producto de ninguna manipulación política, sino que es parte del compromiso universal de perseguir los crímenes del terrorismo de Estado. Esa selectividad de la memoria es compartida por toda la humanidad. Tanto es así que, en consonancia con ese principio, quienes machacaron con el olvido de lo que pasó fueron los propios victimarios de ese horror y allí estaban incluidas obviamente sus propias víctimas. Esto también lo dice el prólogo del Nunca Más. En rigor y por imperio de la propia lógica que señalo, la mirada que ellos tenían de sí mismos no era la de víctimas, por lo que la primera contribución a esa asimetría de la memoria fueron los mismos que hoy reclaman simetría. Y lo pudimos ver en los juicios, como dice Malamud Goti en Crímenes de Estado, cuando se pavoneaban como “vencedores”.
La segunda cuestión surge entonces del propio discurso convalidante de la represión antes, durante y después del horror. Lo que hace la memoria, y de ahí el alboroto, es mirar a la víctima, que es el vencido, y no al vencedor que, como se dijo, no se relaciona de ningún modo con la idea de víctima, por lo que resulta inevitable que sea ésta la que reclame justicia. Ese es el nudo gordiano: la interpelación al vencedor. Reyes Mate sintetiza: la memoria es justicia y el olvido es injusticia. Los desaparecidos regresan en la memoria colectiva, del mismo modo que los bebés apropiados que las abuelas siguen buscando. No hay simetría posible. No puede haber un Nunca Más sin memoria, es esta su razón de ser, porque no habría registro de lo que sucedió y consecuentemente no se podría hablar de no repetición.
Finalmente, dice el diario que no hay que confundir justicia con venganza, en una clara maniobra para desprestigiar los juicios. Venganza y Justicia no son lo mismo de ningún modo; la justicia mira a la víctima y la venganza al verdugo, para que - como dice Reyes Mate - sufra lo que sufrió su víctima. Y tampoco es lo mismo - como dice Foucault - el concepto de justicia para el opresor que para el oprimido; para aquél es convalidación, legitimación, mientras que para el oprimido es reivindicación.
En definitiva, corriendo el velo se ve claramente que el reclamo de La Nación no es otra cosa que una ingeniosa estrategia de ocultación. Es la coartada.
* Fiscal general a cargo de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad.
http://www.pagina12.com.ar/diario/principal/index.html
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