lunes 30 de mayo de 2016
Energía cara para las
cooperativas
EL TARIFAZO DE LUZ Y GAS PONE EN RIESGO A CIENTOS DE
COOPERATIVAS
Recuperadas contra las cuerdas
Emplean a más de 15 mil personas y enfrentan aumentos que llegan al 800 por ciento en un contexto de caída de ventas y encarecimiento del crédito. El ministro Aranguren no da respuestas.
Por Javier Lewkowicz
Las empresas recuperadas, que emplean a más de 15 mil personas, se enfrentan a incrementos tarifarios que llegan hasta el 800 por ciento, lo que pone en duda su continuidad. Página/12 accedió a datos actualizados del sector y presenta casos concretos de cooperativas que sufren el tarifazo en un contexto de caída de las ventas, encarecimiento del crédito y de otros insumos y aumento de las importaciones. Muchas presentaron recursos de amparo para frenar el tarifazo y piden ser reconocidas para la tarifa social, aunque el Gobierno se niega. Hasta ahora, el gesto del macrismo luego de que prácticamente fuera tomada la Secretaría de Energía por el movimiento de recuperadas fue permitir que las empresas anotadas en un registro nacional específico paguen el 50 por ciento de la boleta mientras la cartera de Juan José Aranguren se toma 90 días para evaluar la situación.
Según el Centro de Documentación de Empresas Recuperadas, que funciona dentro del programa Facultad Abierta, en Filosofía y Letras de la UBA, hay 362 empresas recuperadas en el país, que ocupan 15.321 trabajadores. El último informe está actualizado hasta el mes pasado y todavía no fue publicado. El anterior registraba datos hasta diciembre de 2013, momento desde el cual se recuperaron un total de 41 empresas autogestionadas por trabajadores. Del total de empresas y de trabajadores, poco más de la mitad se ubica en el Gran Buenos Aires (114) y en la Ciudad de Buenos Aires (71).
La mayoría de las empresas se dedican al rubro metalúrgico (70), seguido por alimentación (49), gráficas (38), textiles (28), gastronomía (25), industria de la carne (25) y construcción (18), seguidas por salud, madera/aserradero, educación, químicas, medios de comunicación, transporte, industria del cuero, vidrio, comercio, combustible, hotelería, entre otros.
"En estos meses del gobierno de Mauricio Macri los impactos más evidentes sobre el sector están relacionados con el aumento generalizado de los insumos, el descenso abrupto del consumo, la apertura de importaciones, la devaluación que encareció insumos importados y arrastró a los nacionales y, principalmente, los enormes aumentos tarifarios, especialmente en electricidad y gas", explicó a Página/12 Andrés Ruggeri, director del programa Facultad Abierta, del que depende el Centro de Documentación. El especialista agrega que "el mayor impacto, que provocó la reacción de los trabajadores, es el aumento tarifario".
Varios ejemplos relevados por el informe refuerzan esa descripción. En la Ciudad de Buenos Aires, a la recuperada gráfica Chilavert le subió la tarifa eléctrica de 3 mil a 15 mil pesos entre una factura y otra, un incremento del 400 por ciento, mientras que al restaurant Alé Alé, de 7500 a 22 mil pesos (193 por ciento). La tarifa para el Hotel Bauen subió de 24 mil a 100 mil pesos (317 por ciento) y a la pizzería La Casona, de 8 mil a 42 mil pesos (425 por ciento).
En la provincia de Buenos Aires, la metalúrgica 19 de diciembre pasó de 6 mil a 24 mil pesos (300 por ciento), la gráfica Madygraf de Pilar, de 38 mil a 230 mil pesos (500 por ciento); el frigorífico Subpga, de 100 mil a 850 mil pesos (750 por ciento) y en Neuquén la fábrica de cerámicas Fasinpat pasó de 360 mil pesos a 1.600.000 pesos en concepto de electricidad (344 por ciento). En Tandil, a la metalúrgica Ronicevi, que cuenta con 42 asociados que recuperaron la empresa hace cuatro años, la factura de luz les subió de 32.565 pesos en diciembre a 62.166 pesos en abril.
Otro caso es el de la gráfica Idelgraff, ubicada en Munro, recuperada en 2008 y conformada como cooperativa en 2009. Los 12 operarios gráficos mantuvieron abierta la imprenta pero el tarifazo puso el jaque las cuentas: la boleta de Edenor pasó de 1998 pesos el 15 de enero a 3061 el 16 de febrero y luego a 8794 pesos el 15 de abril (ver foto), en un contexto de fuerte caída de las ventas.
Gisela Bustos es abogada de empresas recuperadas y presentó dos amparos colectivos de seis empresas de San Martín y siete de la Ciudad de Buenos Aires. "También hicimos presentaciones en el Ministerio de Energía y estamos haciendo circular un petitorio. La situación es gravísima. En algunos casos tenemos subas del 900 por ciento. Mientras la Justicia se demora, las empresas pueden llegar a cerrar. La solución de fondo es que las empresas recuperadas tengan acceso a una tarifa social. Es lo que corresponde. Se trata de entidades sin fines de lucro, que además cumplen funciones como ser bibliotecas y bachilleratos populares. La tarifa social exige que la persona no tenga ingresos superiores a los 12 mil pesos y esa es exactamente nuestra situación, porque ningún trabajador retira mensualmente, ni cerca, esa cifra. Lo que corresponde es la tarifa social, pero el Gobierno nos pone peros y trabas", explicó Bustos a Página/12.
"Para el sector de empresas recuperadas, la contracción del mercado junto al aumento de tarifas y un notable cambio de relación con el Estado ha derivado en un fuerte cuello de botella que impide el crecimiento y complica su lugar dentro del mercado como opción al capitalismo y al sector productivo cartelizado", indicó a este diario Santiago Luis Hernández, vicepresidente del Instituto de Promoción de la Economía Solidaria (IPES) de la provincia de Buenos Aires.
La situación es muy comprometida tanto para las recuperadas de tamaño mediano que ya están estabilizadas en el mercado como para las micropymes. Una de las empresas más importantes del sector, la fábrica de tractores Pauny, ubicada en Las Varillas, Córdoba, pasó de recibir una factura de luz de 820 mil pesos a 1.800.000 pesos, con una incidencia en el precio final del 9 por ciento. "Además, por la devaluación subió el hierro y la chapa no podemos trasladar eso a los precios porque nos quedamos afuera del mercado. El resultado es que perdemos rentabilidad y no podemos invertir, porque el canal del crédito, con las tasas actuales, está vedado", indicaron desde la empresa, que tiene 650 trabajadores.
Antonia forma parte de la Cooperativa 10 de Noviembre, ubicada en Lomas del Mirador, La Matanza. Es una hilandería recuperada por sus trabajadoras en 2007, cuando la empresa, a pesar de tener mucho trabajo, cerró por un problema entre los socios. "Trabajamos a fasón, el cliente pone la materia prima y nosotros la mano de obra. Pagábamos 7500 pesos de luz, en marzo nos vino 15 mil, después 35 mil, 37 mil y la última fue de 45 mil pesos, con el mismo consumo, incluso un poco menos. Veníamos bien, en el último tiempo tomamos dos pibes pero esto nos mató, no podemos incorporar a nadie porque todo se lo lleva la luz. Somos 18 familias y si seguimos así vamos a tener que dejar gente afuera". Antonia y las demás asociadas venían retirando 1600 pesos por semana pero luego del tarifazo bajaron sus ingresos a 1400 pesos por semana, a pesar de la inflación.
Cueroflex está formada por 80 trabajadores que trabajan con cuero reciclado. Las ventas a los zapateros y a los fabricantes de cinturones les bajó entre un 30 y un 40 por ciento. En ese contexto, pasaron de pagar 59.452 pesos el 4 de febrero a 321.757 el 5 de mayo, un 441 por ciento (ver foto). "Si nosotros pudiéramos trasladar los costos a los precios la situación sería manejable. Pero no hay forma de hacer eso en este contexto de caída de las ventas. Nos bajó el trabajo y automáticamente nos baja el sueldo. Si esto sigue así terminamos todos en la calle. Pagamos la luz entre todos y no le podemos dar un mango más a la gente", contó Jorge a este diario. La fábrica está ubicada en San Martín y fue recuperada por sus trabajadores hace cuatro años.
La textil recuperada Acetato Argentino, que emplea a 80 personas en Quilmes, enfrenta una caída de las ventas del 60 por ciento, a raíz de la depresión del mercado interno y la apertura de importaciones, que llevaron a las marcas a dejar de comprarle. En consecuencia, su consumo eléctrico bajó de 117.840 kw en abril de 2015 a sólo 46.560 kw en abril de este año. Sin embargo, la factura eléctrica de Edesur le subió de 33.619 a 110.522 pesos.
"Las tarifas son parte de un problema mayor. Hay caída de la actividad, suba de la tasa de interés, incremento de precio de materia prima y servicios. El panorama es mucho más complejo", explicó a Página/12 José Abelli, referente del movimiento de empresas recuperadas, actual integrante de Autogestión, Cooperativismo y Trabajo (Actra). Mencionó el ejemplo de la recuperada Cristalería Vitrofin, que tiene 90 trabajadores y está ubicada en Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe. Su principal insumo es el gas, que incide en el 38 por ciento de sus costos, porque utilizan hornos a altísima temperatura. La producción les bajó más del 35 por ciento mientras que la boleta de gas les subió de 70 mil a 280 mil pesos. "La perspectiva es el cierre. No se puede trasladar de ninguna manera a precios ese aumento de costos. Encima está entrando cristal de Checoslovaquia y de Rusia a precio de dumping", detalló Abelli. También mencionó el caso de la fábrica de pastas frescas y tapas de empanada Mil Hojas, que emplea a 90 trabajadores. "El kilo de harina les subió de 2,20 a 3,90 pesos, la producción les cayó un 35 por ciento y la factura de luz subió de 50 mil a 150 mil pesos". Abelli citó además la situación de Pauny y la de la recuperada La Cabaña, una fábrica de manteca y crema con 46 trabajadores en Rosario, cuyo alquiler les subió de 90 mil a 170 mil pesos y la factura de luz, de 40 mil a 120 mil pesos". "Son empresas que no reciben ningún tipo de subsidio estatal y que están totalmente en poder de sus trabajadores", agregó Abelli.
También está el caso de la Cooperativa Textiles Pigüé, fábrica recuperada por los trabajadores de la ex Gatic, que pasó de pagar 29 mil pesos por mes a Camuzzi Gas Pampeana a 202 mil pesos, un aumento de 600 por ciento. Tienen 150 asociados directos y también empleos indirectos vinculados. "Yo no sé si esto es lo que vale el gas o no. El tema es que de un mes a otro el aumento fue muy abrupto en un contexto económico malo, porque estamos produciendo entre un 25 y un 30 por ciento menos de tela que en diciembre, porque se enfrió totalmente la demanda", explicó a este diario Marcos Santicchia, presidente de la cooperativa.
La cooperativa El Palmar, ubicada en Laferrere, fue recuperada en 2001 y fabrica ladrillos huecos para la construcción. "En febrero empezamos a notar una caída de las ventas del 30 por ciento junto a la fuerte suba de costos porque nosotros usamos mucho gasoil, líquidos hidráulicos y aceites. En ese contexto, el tarifazo nos puso en una situación casi insostenible. Pagábamos 40 mil pesos por mes, luego vino 350 mil y después 370 mil pesos. La situación es desesperante porque eso implicó inmediatamente una fuerte caída del ingreso de los asociados", explicó el asociado Alberto Fernández a este diario.
La Fundidora La Matanza, empresa recuperada en 2002 que cuenta con 70 asociados, subió su gasto de luz de unos 25 mil a 80 mil pesos, mientras que el gas aumentó de 30 mil a 130 mil pesos. "¿Cómo hacemos para aguantar? Si tenés laburo se puede solventar, pero si encima no hay trabajo es imposible", dijo un integrante de la cooperativa a este diario. Otro caso que tuvo difusión el del frigorífico Bragado, recuperado en 2006. "En electricidad pagábamos entre 28 y 30 mil pesos mensuales y ahora está viniendo 70 mil. De agua pagábamos entre 18 y 19 mil mensuales y se va a ir a 50 mil pesos. Se nos está poniendo imposible", explicó Carlos Alietti, presidente de la Cooperativa.
TEMAS DE DEBATE EL FRACASO DE LAS APUESTAS PENSADAS PARA
SEDUCIR A LOS EVASORES
Una historia de fugas y blanqueos
Diferentes gobiernos han tratado de repatriar los fondos fugados (1987, 1992, 2008 y 2013) mediante un blanqueo de capitales destinado a premiar a evasores y elusores por la “patriótica” decisión de repatriar esos fondos. Los resultados siempre fueron magros.
Producción:
Tomás Lukin
debate@pagina12.com.ar
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Sus propios pecados
Por Emiliano Colombo y Alejandro Robba *
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Sus propios pecados
Por Emiliano Colombo y Alejandro Robba *
Una de las deficiencias de la inserción internacional de Argentina es la baja proporción de exportaciones no tradicionales. No obstante, esta crítica puede ser relativizada si a la canasta habitual de productos primarios, agroindustriales y algunos industriales, se le adiciona el rol de ser un gran proveedor de jugadores de fútbol y, fundamentalmente, encabezar los listados mundiales de fuga de capitales. Eso convierte al país en filántropo del tipo Hood Robin ya que financiamos el crecimiento de los países avanzados con fondos extraídos del pueblo argentino.
La fuga de capitales carece de una estimación precisa. Los cálculos que realizan los especialistas indican que nuestros coterráneos han fugado en los últimos 40 años, unos 233.000 millones de dólares. La fuga de capitales es siempre perjudicial para el desarrollo de las economías, especialmente si se trata de un país periférico, ya que resta fondos para la inversión productiva, incrementa el costo de su financiamiento, reduce la recaudación impositiva sobre las personas de más altos ingresos y, por lo tanto, desfinancia al Estado para llevar adelante su rol de promotor del desarrollo económico y social. Es decir, el drenaje de fondos al exterior disminuye el potencial crecimiento económico y, a su vez, hace más regresiva la distribución del ingreso.
Adicionalmente, para un país en desarrollo como Argentina que necesita divisas para crecer, la fuga agrava la restricción externa y reproduce – como en los últimos años – el proceso de marchas y contramarchas de la economía argentina. Este fenómeno que ya se hizo crónico, fue institucionalizado en 1977 con la sanción de la ley de Entidades Financieras. La desregulación de la cuenta capital posibilitó la remisión al exterior de ingresos generados en la economía local. Esto facilitó a empresas e individuos con ahorros significativos convertir sus ingresos en moneda extranjera y remitirlas al exterior, lejos de los riesgos cambiarios y estampidas inflacionarias.
La salida de fondos sistemática nunca se detuvo. Arrancó con fuerza durante la dictadura, se aplacó durante el gobierno de Raúl Alfonsín y fue consolidada durante la ola neoliberal inaugurada en el gobierno de Carlos Menem. A pesar del abatimiento de la inflación, el congelamiento del tipo de cambio y la "estabilidad económica", la fuga se aceleró eliminando otros 54.000 millones de dólares de los bolsillos de los argentinos entre 1989 y 2001. La eclosión de la crisis económica en 2002, con la mega-devaluación y el default impulsaron también una mega salida de capitales en dos años de alrededor de 36.000 millones de dólares. Esto dejó al stock de activos externos fuera del circuito formal de la economía en 137.000 millones de dólares hacia fines de 2003. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, la fuga se redujo (7.000 millones en 4 años), pero a partir de 2007 los argentinos volvieron al ruedo externalizando otros 88.000 millones de dólares en solo siete años.
Diferentes gobiernos han tratado de repatriar en varias oportunidades los fondos fugados (1987, 1992, 2008 y 2013) mediante un "blanqueo" de dichos capitales tanto de cuentas del exterior como del famoso "colchón" premiando a evasores y elusores de todo tipo gracias a una suerte de "perdón" por impuestos no pagados y penalizándolos "un poquito" por la patriótica decisión de repatriar esos fondos antes fugados. Los resultados siempre fueron magros y estuvieron muy por debajo de las expectativas oficiales, evidenciado que el grueso de esos fondos posiblemente ya no vuelve más.
El circuito es siempre igual: ganancias en pesos, pase a divisas, un banco local amigo, una empresa en un paraíso fiscal, otra empresa offshore (en forma de mamushkas de firmas, cuentas de esas compañías en diferentes bancos y salida de fondos).
La apuesta del gobierno de Mauricio Macri para la reactivación de la economía parece recostarse en una lluvia de dólares de inversores externos, en el endeudamiento del sector público. La semana pasada se sumó un blanqueo de fondos opacos justificado cínicamente en el legítimo fin de saldar deudas con jubilados. Párrafo aparte merece la decisión del gobierno de incluir en esta ley a funcionarios y ex funcionarios. Por lo que surge de sus declaraciones juradas y de los listados de los Panama Papers, pareciera que están haciendo una ley a su medida con el fin de perdonarse sus propios pecados. Volver a crecer no se resuelve con un perdón fiscal, sino recreando condiciones para la inversión productiva que sólo puede asentarse en la expansión del mercado interno.
* Docentes de la Universidad Nacional de Moreno.
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Inversión externa y desarrollo
Por Matías Kulfas *
El gobierno ha puesto un especial énfasis en la captación de inversiones externas. Desde las visiones tradicionales se sostiene que los recursos externos son una excelente alternativa para complementar el limitado ahorro interno. A ello se sumarían otros beneficios, tales como la transferencia de tecnologías. La experiencia más reciente de nuestro país nos muestra que los ingresos de inversión extranjera no se han traducido en una complementación de la inversión nacional y, por ende, en una ampliación de la inversión global. Por el contrario, se han producido efectos de desplazamiento.
Se suele señalar que el ahorro nacional es escaso. Los depósitos bancarios y la capitalización bursátil representan en conjunto tan solo un tercio del PIB. Pero hay otras fuentes de ahorro que circulan afuera del sistema bancario y el mercado de capitales. Los activos financieros externos representan entre 40 y 76 por ciento del PIB según la fuente que se utilice. El problema central entonces no es que en Argentina no se hayan generado excedentes para financiar inversiones, sino que muchos de esos recursos se fugan del circuito productivo, incluso en períodos de políticas amigables hacia el mercado e ingresos de capitales externos.
En segundo lugar, me voy a referir a un fenómeno que podemos definir como "paradoja de la inversión". Una comparación del escenario de políticas y regulaciones entre la década de 1990 y lo acontecido en años más recientes nos muestra diferencias sustanciales. La inversión extranjera directa creció notablemente en los '90 y Argentina concentró el 15 por ciento de los ingresos que recibió América Latina en aquel período. Durante los gobiernos kirchneristas, dichos ingresos fueron sustancialmente menores y la participación en el total recibido por América Latina se redujo al 7 por ciento. Sin embargo, la tasa de inversión no solo no se redujo sino que se incrementó. Esta paradoja fue constatada hace algunos años por el economista chileno Manuel Agosin, quien trabajó con un panel de países en desarrollo y concluyó que mientras en los países asiáticos la presencia de mayores ingresos de inversiones externas tenía lugar en simultáneo a un crecimiento de la tasa de inversión, en América Latina el efecto era el contrario y la tasa de inversión no crecía o incluso declinaba.
Suele también afirmarse que Argentina perdió grandes oportunidades de desarrollo por no haber podido captar mayores flujos de capitales externos en años recientes. El ministro Alfonso Prat Gay se animó a estimar en 2 millones la cantidad de puestos de trabajo que Argentina perdió de obtener por esa carencia. Lamentablemente la aritmética que propone Prat-Gay no es tan simple. En primer lugar, porque los sectores que atrajeron buena parte de la inversión extranjera que Argentina no captó y sí llegó en volúmenes importantes a países de menor tamaño como Colombia, Chile y Perú fueron casi excluyentemente a actividades primarias como la minería y el petróleo, sectores que generan poco empleo directo y donde los operadores privilegian la adopción de tecnologías globales que se traducen en mayores importaciones antes que en el desarrollo de proveedores nacionales. En segundo lugar, porque muchas de estas políticas llevan al desplazamiento de inversiones nacionales, tal como lo constatara el "efecto Agosin".
Finalmente, la idea de que mayores recursos financieros se traducen en oportunidades de inversión suena bien en la teoría pero no se condice necesariamente con la experiencia histórica. Una de las medidas más importantes adoptadas por el nuevo gobierno, y que pasó en cierta forma desapercibida, fue la eliminación del encaje del 30 por ciento sobre inversiones de cartera que había sido implementado en 2005. Ese tipo de regulaciones procura desalentar la especulación que expone a economías pequeñas como la nuestra a shocks externos, y a tendencias a la apreciación cambiaria que se traducen en sesgos favorables a la especulación financiera y desfavorables a volcar excedentes hacia la inversión productiva. En definitiva, las condiciones generales de mercado indican sesgos favorables a la especulación y a inversiones directas con efectos de desplazamiento sobre inversiones locales y reemplazo de productores nacionales.
¿Significa esto que la inversión extranjera y el ingreso de capitales financieros deben ser rechazados de plano y que en nada puede aportar al desarrollo nacional? No. La experiencia internacional indica que los países que más han crecido de manera sostenida y diversificando su base productiva y tecnológica lo han hecho recurriendo a recursos externos de manera moderada, y utilizando intensivamente políticas de desarrollo. No se trata de recurrir a políticas "amigables con el mercado" sino de políticas sectoriales donde los flujos externos puedan financiar inversiones y complementar el desarrollo de la producción nacional.
* Economista - Profesor de la UBA y de la UNSAM - Director de Idear Desarrollo.
UN GRUPO DE LEGISLADORES SOLICITÓ INFORMES
SOBRE LA CONTRATACIÓN DE LA FIRMA MCKINSEY
La consultora que opera en las sombras
Página/12 reveló el 22 de mayo que la compañía estadounidense asesora al gobierno de manera reservada en la elaboración de la nueva ley de comunicaciones por 875 mil dólares, unos 12,5 millones de pesos. Los negocios se extienden a otras áreas del Estado.
Macri y Rodríguez Larreta junto al CEO global de McKinsey, Dominic Barton (derecha), en el Teatro Colón.
Por Fernando Krakowiak
"–¿Es común tener dos ministros que vienen de McKinsey, como ocurre en la Argentina con Gustavo Lopetegui y Mario Quintana en la coordinación del Gabinete?
–En el Reino Unido, el ministro de Relaciones Exteriores era de nuestra oficina en Londres. Tenemos gente en el gobierno. Pero aquí estamos muy entusiasmados", aseguró el CEO global de McKinsey, Dominic Barton, en una entrevista publicada en La Nación el 25 de abril. Ese desembarco ya dio sus primeros frutos. Página/12 reveló el domingo 22 de mayo que la consultora estadounidense está asesorando de manera reservada al Ministerio de Comunicaciones en la elaboración de un marco regulatorio para las tecnologías de la información y la comunicación. El proyecto contempla 16 semanas de trabajo a cambio de 875 mil dólares, unos 12,5 millones de pesos. A partir de esa información, el bloque de diputados nacionales de Libres del Sur presentó la semana pasada un pedido de informes en Comunicaciones y un proyecto de resolución en el Congreso que propone solicitar al Poder Ejecutivo detalles sobre cualquier tipo de contratación del Estado Nacional que involucre a McKinsey. Si el gobierno cumple con sus promesas de transparencia y responde a la consulta, la sorpresa podría ser todavía mayor. De hecho, este diario pudo averiguar que la consultora estadounidense también asesora al Ministerio de Energía e incluso elaboró una publicación titulada "Reimaginando Argentina" que promociona las supuestas oportunidades que se abrieron en el país a partir de la llegada de Mauricio Macri al poder.
La relación del Gobierno con McKinsey va más allá de un asesoramiento puntual. El 28 de marzo de este año, la consultora celebró sus 25 años en el país con una fiesta privada en el Salón Dorado del Teatro Colón y allí asistió nada menos que Macri y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quienes compartieron el escenario con Dominic Barton y el director de la oficina en Buenos Aires de McKinsey, Francisco "Paco" Ortega, quienes disfrutaron de un concierto brindado por la soprano Paula Almerares, el tenor Rubén Darío Martínez y la pianista Eduviges Picone. Los ejecutivos de la multinacional estadounidense elogiaron a la nueva gestión e hicieron referencia a "Reimaginando Argentina", una publicación con el aporte de 25 testimonios de referentes sociales que prometieron distribuir a más de 1500 líderes globales del sector público y privado.
McKinsey también acercó ideas para la creación de la Agencia de Inversiones comandada por Juan Procaccini, un ingeniero industrial proveniente de Moebius Capital Group que entre 2000 y 2004 trabajó en McKinsey y entre abril de 2004 y mayo de 2013 en el fondo Pegasus Capital, fundado por el ex McKinsey Mario Quintana. La Agencia de Inversiones funciona como organismo descentralizado del Ministerio de Producción y comparte atribuciones con Cancillería, la Dirección de Relaciones Agroalimentarias Internacionales de Agricultura, la secretaría de Promoción de Inversiones de Comunicaciones e incluso con Presidencia, donde reporta de manera directa Horacio Reyser Travers, la mano derecha de Norberto Morita en el fondo Southern Cross, quien fue designado asesor especial de Macri para Inversiones Extranjeras Directas.
Los vínculos de McKinsey con la nueva gestión son tan fuertes que en la propuesta de trabajo que elaboró para el Ministerio de Comunicaciones, titulada "Apoyando al gobierno argentino en la construcción de un marco regulatorio para el desarrollo y la innovación en TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), aseguró que los honorarios profesionales para ese tipo de trabajos eran de 400 mil dólares por mes más los gastos necesarios para la ejecución del proyecto (entre 15 y 18 por ciento adicional), pero aclaró que en esta ocasión cobraría "sólo" 875 mil dólares por 16 semanas porque "es nuestro compromiso poder acompañar al gobierno argentino en este momento de transición histórico".
El proyecto ya se está llevando adelante e incluso los analistas de McKinsey hicieron una presentación para Macri sobre el sector de las telecomunicaciones hace unas tres semanas. El plan de trabajo contempla mapear los principales actores y las potenciales barreras del mercado, analizar todos los activos de Arsat y escoger opciones estratégicas para esa última compañía por tipo de activo/segmento. Pese a ello, el gobierno no informó públicamente sobre ninguna contratación que involucre a McKinsey. Por ese motivo, el bloque de diputados de Libres del Sur presentó un pedido de informes en el Ministerio de Comunicaciones y un proyecto de resolución que propone solicitar al Poder Ejecutivo que informe si contrató a McKinsey, tal como informó este diario. "Nos preocupa la posibilidad de que se avance de manera privada en la redacción de un proyecto de ley que debe hacerse de forma pública y plural, invitando a toda la ciudadanía a participar, tal como se hizo en el marco de la redacción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual", dice el texto firmado por los legisladores Graciela Cousinet, Federico Masso y Victoria Donda.
El decreto 690/2016 que modificó recientemente el anexo del decreto reglamentario 893/2012 referido al sistema de contrataciones públicas explicita que las contrataciones directas se pueden hacer por montos inferiores a 1,3 millón de pesos y las licitaciones privadas sólo para contratos menores a los 6 millones de pesos. La contratación directa en la administración pública implica, salvo casos muy excepcionales, la evaluación de tres presupuestos y la publicación en un medio de difusión. Las licitaciones privadas requieren la evaluación de cinco presupuestos y una mayor difusión. En el caso de McKinsey, sólo el contrato con el Ministerio de Comunicaciones es por unos 12,5 millones de pesos. Por lo tanto, se tendría que haber publicitado el proceso que llevó a la contratación de la firma. Una posibilidad es que se hayan eludido las obligaciones referidas al régimen de contrataciones públicas utilizando a la firma Arsat para contratar a McKinsey, pues las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria tienen reglamentos de compra propios, hacen concursos privados y pueden no publicar la información ya que se rigen principalmente por el derecho privado.
OPINIÓN
Apuntes sobre los vallados
Por Eduardo Aliverti
Algunos colegas hablaron ya de las vallas que cercaron la Plaza el miércoles pasado. Pero parece oportuno insistir con el tema como símbolo que excede a ese 25 de mayo extraordinariamente triste, policíaco, en ese espacio público nada menos, la Plaza, que es el termómetro popular más inmenso de la historia argentina. Parece oportuno por los otros vallados, sobre todo comunicacionales.
Para anticiparse tras los Panamá Papers, por aquello tan sencillo de la vaca y la quemadura con leche, Mauricio Macri declaró que tiene cuenta en las Bahamas. Una bicoca de millón y pico de dólares, si se la toma al tipo de cambio liberado por la revolución de la alegría, al margen de que justo en esas islas caribeñas están radicadas las firmas offshore Fleg Trading y Kagemusha, a través de las cuales Macri habría intentado ocultar patrimonio según lo revelado por la filtración de documentos del estudio de abogados panameño Mossack Fonseca. Es también más allá de que Macri tiene abierta una causa penal por las distancias entre lo que fue su declaración jurada como jefe de gobierno porteño y la que hizo como candidato a presidente. Hay una diferencia de casi 6 millones de dólares a valor divisa de 2014/2015 que, de acuerdo con lo explicado en Casa Rosada a grandes rasgos, se justifica porque lo que piden Ciudad y Nación para las declaraciones juradas no es lo mismo. El jefe de Estado presentó la suya ante la Secretaría de Ética, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que encabeza su aliada fanática Laura Alonso. Por la infinitesimal parte de una presentación contable como ésa, los medios oficialistas deberían hablar, tal cual lo hicieron con toda libertad durante la etapa kirchnerista, de una corruptela institucional y escandalosa. Lo primero porque involucra al Presidente, y lo segundo precisamente por eso. Pero hay el vallado.
Los datos de esa declaración que Macri juró ante su funcionaria desaparecieron en horas, porque el blanqueo impositivo para los grandes evasores y el pago de deudas judiciales a jubilados obraron de tapadera. Los aspectos técnicos de ambas medidas quedan en manos de especialistas, que cotizan mucho mejor que uno para esos menesteres. Pero no es muy difícil entender que, básicamente, el blanqueo responde a la necesidad de tener una plata fresca que la prometida lluvia de inversiones no arrimó. Y que la reparación a "los abuelos" se hará en lo sustantivo mediante dos recursos, además de lo que pueda provenir del dinero blanqueado. Uno es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que cuando el oficialismo era oposición tanto cuestionó, porque sostenía que se usaba la plata de los jubilados en movimientos financieros. El otro, si (les) es necesario, será liquidar las acciones de que el fisco dispone desde la estatización de las AFJP, cuando no quedó otra que hacerlo tras una de las estafas masivas más escalofriantes que se recuerden. Por esa vía, el Estado perderá todo control en los directorios de las grandes empresas y se cumplirá uno de los sueños del establishment. Era una de las exigencias de la dichosa Asociación Empresaria Argentina (AEA), que con nombres diferentes pero nunca distintos expresa, desde el derrocamiento de Perón, a los núcleos más concentrados del capital nativo y luego transnacional. De hecho, basta repasar de manera incompleta la lista de emporios en los que el Estado tiene participación como actuante del FGS. Banco Macro, Edenor, Siderar, Telecom, Grupo Financiero Galicia, Molinos, Camuzzi Gas Pampeano, Clarín, Metrovías, Metrogas, BBVA, Quickfood, IRSA, Cresud, Alto Palermo, Ledesma, Transportadora de Gas del Norte. De ese grueso, que es bastante más amplio, desaparecerá la fiscalización pública en sus asambleas de accionistas e, igualmente de hecho, comprarán las cuota-partes estatales entre ellos para que un día, de más cerca o más lejos, venga un nuevo Estado bobo a socializarles las pérdidas con el mecanismo que fuere. Esto último encuentra sentido si se entiende que la nuestra no es una derecha de miras largas, capaz de comprender que sin mercado interno activado no hay consumo, ni atracciones impositivas, que les reciclen y dinamicen el capital. Necesitan un modelo político capaz de muñequear la reacción de los ajustados y, si no resulta, acaba símil 2001 siempre habiendo conseguido espléndidas transferencias de ingresos a su favor, para después ver si salen hacia más derecha; o con una anomalía del tipo kirchnerista que conduzca los negocios con orientación redistributiva, pero sin afectarlos gravemente. Mientras tanto, el anuncio de reparar a los jubilados sirve como ofensiva comunicacional que contrarresta la imagen de un gobierno sólo para los ricos. Con algo de efectivo y luego en cómodas cuotas si se da el mejor de los casos, tendrá dudosa incidencia en el consumo general y en el de un sector ya saqueado por el aumento bestial en los medicamentos. Pero hay el vallado.
Las CGT de Moyano harán unas ollas populares, no se sabe cuándo ni tampoco importa, en rechazo al veto presidencial contra la ley antidespidos. El camionero lo anunció a la salida de una reunión con la gente de Caló y del maxiquiosco – Mario Wainfeld dixit – que conduce Luis Barrionuevo. Esa es toda la respuesta del pretendiente a dirigir la AFA contra la oleada de despidos y tarifazos de su protegido Macri, con quien negocia la división entre Superliga profesional de fútbol y torneos menores de ascenso. La parte del león que quiere Moyano es una liga diferente. Si es por la otra lo deja para las apetencias del también operador macrista Daniel Angelici, y de sus acompañantes que presiden clubes grandes y medianos. El ecosistema de las entidades deportivas más pequeñas y múltiples, esparcidas en todas las provincias y localidades, le sirve a Moyano para articular con sus punteros tribales, mercados de transporte terrestre, arreglos geográficos varios. Así como los camioneros pueden parar al país, el fútbol es el principal consumo cultural de los argentinos y Moyano no piensa quedarse fuera de todo lo que eso implica. Lo aspiracional de la otra liga es marchar hacia la conversión de los clubes en sociedades anónimas, bajo esa forma directa o en la excusable que sea, del mismo modo en que atrás de la venta de acciones estatales en las empresas se oculta el retorno al sistema previsional privado. Lo del cegetista es la conservación de un poder que siempre le sea satelital. Sus histerias con Macri son comidilla apta para la gilada, si se permite la incorrección política, porque no hay otra cosa que un tira y afloje de negocios en los que puede entrar en choque la tajada de cada quien, pero nunca la ideología. En eso son socios. Podrán tener contradicciones secundarias. No más, salvo que se pase a mayores en la conflictividad social y el oportunismo aconseje disfrazarse de combativo. El acto del 1 de mayo concluyó con el orador remarcando que la marcha no era contra Macri, y ahora resulta que la CGT protesta con ollas populares. Habrá sido por vergüenza ajena, ante tamaña afrenta a la historia de las verdaderas luchas sindicales, que Moyano resolvió usar una rueda informal de periodistas para embestir contra un colega, Gustavo Sylvestre, a quien acusó de chupamedias de Cristina en la parte más suave de sus declaraciones repudiables. Linda manera de esquivar su papel de mercachifle al servicio de la derecha gobernante, y con el cual rifó el rol aunque sea protestatario que le cupo durante el menemato. Vaya curva: cuando estaba el mandatario de los dueños se quejó, y cuando el país está gobernado por sus propios dueños se manda a guardar. Pero hay el vallado.
En "los mercados" comenzaron a quejarse porque la tasa para blanquear la plata es muy alta, dicen los operadores de la City. Esos operadores no son otros que los militantes de las mesas de dinero de los bancos, que son a su vez los que instrumentaron los mecanismos de la fuga de capitales, que son los que ahora se pretende regresar pero no repatriar porque la Patria es otra cosa. A muchos podrá disgustarles aquello de que es el otro, por razones anticristinistas, pero seguro que no es traer fondos para incrementar timba. Lo que empieza a demostrarse en y con el macrismo es la diferencia entre estar en los grandes negocios privados y comandarlos derecho viejo desde el poder político. Eso es lo que está notablemente interrogado en el libro Mundo PRO, de Alejandro Belloti, Gabriel Vommaro y Sergio Morresi. ¿Hasta qué punto sabrán conducir un país gentes que sólo supieron manejar empresas? ¿Qué ocurrirá cuando, como ya pasa, tropiecen con los apetitos de sus propios espejos? ¿Qué capacidad política tienen para arbitrar los diferentes intereses de puja distributiva entre el agro y los bancos, entre la ferocidad por amarrocar dólares y unas tasas de interés descomunales? ¿Cuánto saben de real politik para resolver las internas del bloque dominante? Son buenas preguntas, pero no circulan en los grandes medios porque hay el vallado. Mejor Lázaro Báez.
Como corolario del cerco y de la Plaza cercada, bajo vigilancia de las fuerzas que llaman de seguridad contra gente golpeando las rejas para permitirle a Macri un tránsito lento, despejado, hacia la homilía del arzobispo, queden unas líneas finales sobre los dichos del intendente macrista de Bahía Blanca, Héctor Gay. Dijo, el miércoles, que hay "enemigos importantes de adentro y de afuera". Aludió a "grupos perfectamente organizados que no tienen patria ni bandera pero que sí quieren subvertir valores y adueñarse fundamentalmente de nuestros ideales y de nuestra juventud". No son tiempos para tibios, remató.
Como dijo Eduardo Galeano, las únicas palabras que merecen existir son las mejores que el silencio. El macrismo no piensa lo mismo, para este punto, y uno de sus jefes municipales afirma lo que ya dijeron Camps, Saint Jean o cualquiera de los genocidas. Curiosamente y al revés que frente a las expresiones de Durán Barba en lo de Mirtha, los dichos del alcalde bahiense no generaron decir que el tipo no representa al pensamiento del Gobierno. Por algo será.
EL PROYECTO DE REFORMA ELECTORAL QUE
PRESENTARÁ EL GOBIERNO NACIONAL EN LOS PRÓXIMOS
DÍAS
Con menos ambiciones, pero con la boleta electrónica
El macrismo tuvo que dejar afuera el ordenamiento del calendario de votación y la creación de una nueva autoridad electoral.
La boleta única electrónica ya fue utilizada en la Capital Federal y en Salta.
Por Sebastian Abrevaya
Tras casi cinco meses de trabajo en su redacción, el Poder Ejecutivo enviará en los próximos días al Congreso su proyecto de reforma política. De la ambiciosa idea original llegará al Congreso un texto más moderado, con un modificación central: el paso de la boleta partidaria en papel a la boleta única electrónica (BUE). En el camino quedó la creación de una autoridad electoral independiente, rechazada por la corporación judicial, y también el ordenamiento del calendario electoral, resistido por distintos gobernadores. En cambio, se incorporarán otras cuestiones como una restricción de las listas colectoras y las candidaturas múltiples; la obligatoriedad del debate presidencial y el fortalecimiento de herramientas de control por parte del Poder Judicial. Sigue en discusión la inclusión o no de un punto sorpresa: convertir las primarias en elecciones optativas, algo que tanto la UCR como la Coalición Cívica rechazan.
En el despacho del secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, continúan afinando los detalles de la iniciativa en la que se empezó a trabajar en enero. Organizaciones y especialistas en materia electoral, apoderados de partidos políticos, diputados, senadores y jueces con competencia electoral leyeron y trabajaron sobre los borradores que se distribuyeron desde el Ejecutivo hace más de un mes. El paquete de reforma iba a anunciarse y enviarse hoy, pero fue postergado en busca de mayores consensos y, sobre todo, de avanzar primero en el Congreso con otros anuncios, como el blanqueo de capitales y el pago a jubilados.
La cantidad de actores políticos involucrados y los requisitos que la Constitución establece para modificar la legislación electoral significan un desafío para la alianza oficialista. Para la aprobación se necesitan los votos de la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara, es decir 129 diputados y 37 senadores.
Globo de ensayo
En los últimos días el macrismo puso sobre la mesa la modificación de las PASO, algo que generó diferencias con sus socios. Tanto Elisa Carrió como los radicales dijeron que no quieren primarias optativas. "El radicalismo no puede apoyar una reforma que cercene derechos en vez de ampliarlos. Las PASO obligatorias le dan poder al elector para elegir los candidatos en vez de a las camarillas políticas", aseguró a Página/12 la diputada Carla Carrizo, quien encabeza el análisis de estos temas en la UCR. Politóloga y docente, Carrizo advirtió que la iniciativa debería llegar al Congreso con un acuerdo "sólido" entre los partidos de la alianza oficialista para encarar luego las negociaciones con los otros espacios. La diputada por Capital Federal cuestionó dos de los principales argumentos a favor de la optatividad. Por un lado, el supuesto "agotamiento ciudadano" de votar muchas veces en un mismo año y por el otro, la "complejidad" de implementar la BUE si las primarias son obligatorias. Según relató, en 2015 los dos distritos donde se votó mayor cantidad de veces, Capital Federal y Mendoza, no registraron un descenso de la participación electoral sino, por el contrario, un aumento. "Si se usan bien, la participación se intensifica con las PASO", aseguró Carrizo. Respecto de la complejidad, señaló que la boleta única electrónica puede no aplicarse en todas las instancias de una sola vez, sino que debería hacerse de manera progresiva, como se hizo en CABA. Así, en las primarias se podría votar con la boleta en papel, ya sea con boleta única o con boletas partidarias, y en las generales, cuando la oferta de candidatos es más reducida, aplicar el sistema electrónico.
Si bien no lo reconocen abiertamente, fuentes del oficialismo deslizaron que eliminar la obligatoriedad de las primarias fue un reclamo de algunos gobernadores para aceptar la implementación de la BUE. Es que las dos medidas debilitan el poder de quienes dominan los grandes aparatos partidarios y/o los gobiernos locales. Su aplicación implica disminuir la importancia de la capacidad de movilización el día de la votación y la necesidad de una gran estructura de fiscalización una vez cerradas las mesas.
"Está bien que el debate se dé un año no electoral. El hecho de que la Constitución plantee una mayoría especial requiere que salga por consenso, que sea conversado entre las distintas fuerzas políticas. Hay que analizarlo muy bien porque cada artículo que se modifica tiene incidencia en otras leyes. Hay que ser muy cuidadoso", sostuvo Jorge Landau, apoderado del PJ. El ex diputado adelantó que iniciará una ronda de consulta con los mandatarios provinciales una vez que esté definida la letra chica del proyecto. La posición del peronismo será clave, sobre todo en el Senado, donde cuenta con mayoría propia y podría bloquear cualquier intento de reforma.
En el camino
La creación de una autoridad electoral independiente del Poder Ejecutivo, en reemplazo de la actual Dirección Nacional Electoral (DINE), fue uno de los puntos que la reforma perdió con el paso del tiempo (y las presiones). El objetivo era evitar incompatibilidades como la que obligó el año pasado a mover la DINE de la órbita del Ministerio del Interior, ya que su titular, Florencio Randazzo, era precandidato y al mismo tiempo participaba de la organización del proceso electoral. Sin embargo, el esquema propuesto avanzaba también sobre la otra pata que interviene en el proceso electoral: la Justicia. Según fuentes del oficialismo, la Cámara Nacional Electoral y los jueces electorales rechazaron un recorte en sus atribuciones y ese punto quedó así fuera de la agenda. De hecho, se incorporó en el proyecto otorgarle mayores herramientas de control y castigo a la CNE.
El segundo punto abortado fue la unificación del cronograma electoral. Por la autonomía de los estados subnacionales establecida en la Constitución, la Nación no puede obligar a provincias y municipios a realizar elecciones en una fecha determinada. Además, algunas constituciones provinciales fijan específicamente un desdoblamiento respecto de la elección nacional. En ese contexto, la alternativa que barajaban en el oficialismo era establecer un acuerdo político bajo el nombre de "Pacto Federal", con la idea de fijar dos o tres fechas en el año para realizar los comicios "por tandas". Voces como la del ex gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, rechazaron esa idea. También varios gobernadores peronistas e incluso radicales. Ninguno quiere ver debilitadas sus chances de ganar sus distritos por la dificultad de disponer del momento en que se realizará la elección. Incluso Mauricio Macri, cuando era jefe de gobierno porteño, había especulado con el día de votación en la Ciudad.
Para el ex jefe de Gabinete, senador y politólogo Juan Manuel Abal Medina, un cronograma de elecciones tan extenso como el actual provoca una distracción para los partidos políticos, que concentran su atención en ganar la elección antes que en gobernar. Esta problemática se acentúa en países como Argentina, con elecciones cada dos años por la renovación parcial de sus cámaras legislativas.
Cambio en el método
La implementación de la boleta única electrónica será entonces el cambio más relevante de todo el paquete inicial de reforma. El sistema, ya utilizado en Salta y en Capital Federal, consiste en la impresión, en una misma papeleta, de un comprobante físico del voto y de un chip que se utiliza para agilizar el escrutinio. Partidos políticos y especialistas en informática advierten sobre la necesidad de que tanto el software como el hardware puedan auditarse para evitar cualquier tipo de manipulación. "La BUE es mejor que el sistema actual. No es un sistema perfecto pero mejora las condiciones de competitividad y permite un control partidario más efectivo. Hay menos manipulación de documentos electorales y se elimina la participación problemática del Correo", resume Leandro Querido, director ejecutivo de la ONG Transparencia Electoral. Abal Medina advirtió que debe mantenerse la administración estatal del proceso y que no se debe "privatizar el acto ciudadano" al derivarlo en una sola empresa.
Si bien no hay unanimidad entre la dirigencia política, abandonar el sistema de boleta partidaria parece contar con mayoría suficiente como para pasar por el Parlamento sin mayores conflictos.
Debates
El proyecto incluye los debates obligatorios de candidatos, algo discutido el año pasado de cara a las presidenciales. Se retomó el dictamen consensuado entre siete fuerzas políticas en una subcomisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. "La información electoral es un derecho de la ciudadanía. Así se evita un síndrome de la silla vacía y queda claro que es un bien público y no un negocio de canales privados", señaló Carrizo.
Aunque con destino incierto, quedaron planteadas otras cuestiones que podrían ser abordadas más adelante. Se trata de una ley para ordenar los cambios de gobierno para evitar transiciones traumáticas, como la de 2015. También quedó en el tintero un pedido de la UCR para mejorar la regulación sobre financiamiento y cuestiones planteadas por el Frente Renovador respecto de la publicidad de las campañas políticas.
En este contexto, el envío al Congreso de la iniciativa significará el fin de la primera instancia del proceso de reforma en el marco del Ejecutivo. Una vez en el Parlamento comenzará otra dinámica, en donde tallarán los intereses de los distintos bloques, los dirigentes, gobernadores e intendentes.
OPINIÓN
La Gran Depresión
Por Mempo Giardinelli
Igual que en 1930 – y la literatura norteamericana lo mostró en célebres novelas de John Steinbeck, Erskine Caldwell y otros grandes escritores – cuando la economía se derrumba la política también se degrada, la justicia es ganada por la corrupción y el cinismo, y la moral "missing", como dicen ellos. La sociedad, entonces, queda planchada, y en el desconcierto pierde todos sus logros y sueños. Es lo que la Historia del Siglo XX reconoce como "La Gran Depresión".
Eso sucede hoy aquí. La velocidad con que todo se desmorona – el empleo, el salario, la industria nacional, las pymes, la pujanza cultural – no necesariamente desata el malhumor social como en 2001, cuando el hartazgo se generó de a poco, y desde la cima de un gobierno estúpido se cometieron torpezas en catarata que desembocaron en una matazón infame. Cuando el gobierno, como ahora, no es estúpido sino astutísimo y además es malvado en lugar de distraído, lo que se produce en el pueblo no es rebeldía sino depresión. Que digan los psicólogos si esto no es de libro.
Por eso lo único que crece a la par de las medidas que toma un gobierno desalmado como el actual, es el desconcierto en su perfecta acepción de desorientación y perplejidad. Y sobre todo, ya que de política se trata, la falta de conducción. Sí, la ausencia de un liderazgo claro, presente y activo que convoque a que la ciudadanía salte del estupor y la pasividad depresiva hacia la resistencia popular que todo lo puede.
No hay ese liderazgo. Y qué lástima si esta columna inoportuna lo declara una vez más, pero no lo hay si lo que se escucha es silencio. No lo hay si persiste el encierro y ensimismamiento que nos llevó a la derrota. Habrá, sí, una justificada memoria, preciosa y emotiva, pero que será pasado en la medida en que el presente siga en manos, como escribía en 1810 el enorme Manuel Belgrano, de "hombres que, desprendidos de todo amor hacia sus semejantes, sólo aspiran a su interés particular".
En su primera declaración jurada como Presidente, el Sr. Mauricio Macri declara súbitamente el doble que el año pasado cuando era candidato: 110 millones de pesos en lugar de 52. A lo que hay que sumar los millones que admite tener en las Bahamas, más lo nunca bien confesado en el escándalo de los Panamá Papers, y quién sabe cuánto más que ha de tener en otras cloacas financieras a las que sus mentimedios llaman paraísos fiscales.
Ante el silencio inexplicable de la ex presidenta y de sus principales espadachines, la tortuosa imaginación de estos tipos sin alma hoy en el gobierno los lleva a inventar un "blanqueo" que dicen que es para que retornen miles de millones de dólares que según ellos se fugaron "porque no confiaban en el Estado". Y a los que ahora se perdonará y se destinarán esos dineros a "una reparación histórica de la deuda con los jubilados". El Sr. Prat-Gay, desde el Palacio de Hacienda, subraya que el blanqueo "va a ser para todos", o sea, naturalmente, para "todos los funcionarios del gobierno nacional que quieran aprovechar esta oportunidad".
He aquí la traducción de esta artera maniobra: el Number One en el poder, igual que la mayoría de sus funcionarios, sacó muchísima guita del país durante años. La ponían toda y en secreto en los supuestos paraísos, evadiendo impuestos y ocultando sus fortunas. Y a la vez acá, en el país, acusaban a sus adversarios de corruptos, fingiéndose moralmente escandalizados. Todo les fue bien, hasta el día en que el mundo conoció la lista Mossack Fonseca, versión gigante de las 4040 cuentas negras del HSBC descubiertas un año atrás.
El escándalo se revirtió contra ellos: se les iniciaron causas penales y un par de fiscales no integrantes de la tropa judicial amiga se puso a investigar las cuentas secretas del Number One y sus familiares y amigos. Y como lo que encontraban eran puras evidencias de afano, alguien del poder, seguramente experto en los vericuetos del derecho penal, aconsejó: primero, decretar un blanqueo urgente; segundo y simultáneamente, que Number One declare que tiene millones en una o varias cuentas secretas, y se acoja al blanqueo.
Así lo hizo Number One, de inmediato y sorpresivamente, madrugando a los fiscales curiosos que tiraban del piolín del delito de evasión, con el argumento limpiador: "Señores: yo he blanqueado los dineros ocultos, he pagado el 5 o 10 por ciento de impuesto sobre sus montos, y me he acogido a la ley que permite mostrar esa fortuna que a partir de ahora será legal".
La genialidad es que entonces ya no hay delito. Si se blanquea, el delito queda "saneado". Ahora esos fondos fugados están a la vista y son "legales". El blanqueo opera como una suerte de indulto. Que se cierra con un juez federal amigo y/o una cámara servicial. Y si hace falta, una corte suprema gentil, que también para eso la están reorganizando. Y se le pone un moño a semejante robo con alevosía y ventaja declarando que ese dinero ahora "legalizado" se destinará a los jubilados...
Por si fuera poco el reputado economista neoliberal Sr. González Fraga, sin ponerse colorado y en fabuloso sinceramiento, condenó al gobierno anterior porque "les hicieron creer a los empleados medios que podían comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior".
Impresionante frase que merecería releerse y memorizarse en infinidad de hogares argentinos mientras saborean, claro, mate amargo y siguen esperando una reacción de su líder que ni asoma, porque al igual que en otros tiempos, y como si no se hubiera aprendido nada, quizás sabe pero no contesta.
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