sábado, 28 de mayo de 2016

UN BLANQUEO AHÍ


sábado 29 de mayo de 2016



EL GOBIERNO LANZÓ UN AMPLIO BLANQUEO PARA LOS 

CAPITALES FUGADOS Y LO VINCULÓ AL PAGO DE DEUDAS A 

JUBILADOS


El que fugó ayer ya puede volver sin culpas



El presidente Mauricio Macri convocó a quienes fugaron "miles de millones de dólares porque no confiaron en el Estado", a que retornen al país. Justificó el perdón asegurando que los fondos serán para "una reparación histórica de la deuda con los jubilados".
                         Alfonso Prat-Gay, ministro. "El blanqueo va a ser para todos,                             también para los funcionarios del gobierno nacional".



El gobierno nacional enviará la semana próxima al Congreso el proyecto de blanqueo fiscal, con el cual busca la exteriorización de los activos ocultos fuera del país y no declarados por residentes argentinos. Al mismo tiempo, presentará el denominado "Proyecto de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados", que incluye la liquidación de la deuda del sistema previsional con los jubilados por diferencias de haberes, tanto con quienes hayan iniciado juicio, con sentencia definitiva o no, como para quienes no los hayan iniciado. Además, se creará una Pensión Universal para el Adulto Mayor, para todo aquel mayor a 65 años que no haya podido completar sus aportes obligatorios. "Para poder pagar las deudas con los jubilados, queremos cobrarle un impuesto a los que más tienen y que han evadido impuestos en los últimos años", señaló el presidente Mauricio Macri al hacer la presentación de la propuesta en un centro de jubilados, ayer por la mañana, en el barrio porteño de San Cristóbal. "Hay miles de millones de dólares de argentinos que están en el exterior, que se los llevaron porque no confiaron en el Estado", enfatizó el presidente ante un centenar de jubilados. Esta semana, se conoció su declaración jurada, según la cual mantiene en el exterior depósitos en cuenta por un valor equivalente a 18 millones de pesos. Anteriormente, se había revelado la existencia de firmas registradas en paraísos fiscales a su nombre o en las que figura con alto cargo. Ayer, Macri no mencionó si él también repatriará esos activos, si es que ha recuperado la confianza en el Estado.
El costo fiscal para el contribuyente sería del 10 por ciento sobre los fondos ocultos que se declaren este año y del 15 por ciento si la exteriorización se hiciera en 2017. Por las propiedades en el exterior no declaradas, se tributará una alícuota del 5 por ciento al ser blanqueada la titularidad. Este detalle se conoce sólo a través de trascendidos ya que ayer no hubo menciones al respecto ni se dio a conocer el texto del proyecto que se enviará al Congreso.
"El blanqueo va a ser para todos, y todos los funcionarios del gobierno nacional que quieran aprovechar esta oportunidad tendrán que explicar a la sociedad cómo se multiplicó su patrimonio", dijo el ministro Alfonso Prat Gay cuando lo consultaron acerca de al menos media docena de funcionarios de Cambiemos que aparecen mencionados en los Panama Papers.
La intención de vincular al blanqueo con la necesidad de financiar el pago a los jubilados, que se estima que beneficiará al 30 por ciento que ya perciben los más altos haberes, fue interpretado como una forma de obligar al Congreso a votar en conjunto ambos proyectos pese al cuestionable perdón fiscal a aquellos que fugaron divisas principalmente en los últimos años.
El ministro de Hacienda dijo que el Gobierno ya tiene "los fondos para empezar a pagar" a los jubilados, a los que se van a sumar "los ingresos del ejercicio de exteriorización fiscal que van a ir directo a la Anses y vamos a empezar a hacer los pagos, así que no hay de momento intención de salir a vender acciones" de empresas privadas que tiene en su poder la Anses en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Prat Gay advirtió que los argentinos que tienen fondos no declarados en el exterior no podrán seguir ocultándolo, debido a que a partir del 2017, por acuerdos internacionales, el país va a comenzar a tener "información de 48 países, muchos de los cuales eran paraísos fiscales".
No obstante lo señalado por Prat Gay en cuanto a que no está previsto vender las acciones del Fondo de Garantía, el director de la Anses, Emilio Basavilbaso, sugirió que se introduciría una "flexibilización" en el manejo de esos activos, permitiendo que el organismo pueda desprenderse de esas participaciones "cuando se haya normalizado la situación". "Representando a los jubilados, somos un mal inversor si cae una acción y no la podemos vender", se justificó.
Basavilbaso estimó que el costo fiscal del pago de los retroactivos ascenderá a 75 mil millones de pesos por año. "Es un gran esfuerzo del Estado, y para hacer frente a la erogación se van a usar las utilidades del Fondo de Garantía", indicó además. "Con los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) no es necesario salir a vender las acciones", había remarcado Prat Gay. "Tenemos los fondos para empezar a pagar, vamos a tener los ingresos del ejercicio de exteriorización fiscal que van a ir directo a la Anses y vamos a empezar a hacer los pagos, así que no hay de momento intención de salir a vender acciones", enfatizó el titular del Palacio de Hacienda.
Prat Gay se vio obligado a dar una explicación acerca de por qué tanto él como el resto de los dirigentes del frente Cambiemos se habían opuesto, sistemáticamente, a las propuestas de blanqueo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Incluso en oportunidad del lanzamiento del régimen de exteriorización durante la gestión de Hernán Lorenzino al frente del Palacio de Hacienda, se acusó al gobierno de favorecer el ingreso de dinero del narcotráfico y otros delitos flagrantes. Ayer, haciendo una referencia general a anteriores blanqueos, el ministro aseguró que "este caso es muy diferente por muchas razones", y optó por comparar la iniciativa local con la implementada por Chile hace dos años, que impuso un pago de 8 por ciento a quienes repatriaran capitales.
"La Argentina, por muchos acuerdos internacionales, va a tener información de 48 países, muchos de los cuales eran paraísos fiscales, lo cual va a hacer difícil para muchos esconder esa plata", advirtió el titular del Palacio de Hacienda. Añadió luego que "ofrecemos esta última oportunidad porque a partir de enero el gobierno va a tener todos los instrumentos que nunca tuvo de preguntar dónde está ese dinero. Vamos a ir pidiendo a los que están fuera del circuito y después de enero vamos a ir a buscarlos", alertó.
Sobre el monto que se espera reingresar, Prat-Gay dijo que "no tenemos ninguna estimación, hay muchos números dando vuelta, pero no podemos calcular la plata escondida. Somos optimistas y queremos trazar la línea y empezar de nuevo a partir del año que viene, pero nuestra expectativa es que va a ser grande, no tanto como andan diciendo los diarios (hubo versiones que hablaban de 60 mil millones de dólares, a partir de fuentes del propio gobierno), creemos que va a ser algo menor", consideró. Ayer, las mismas fuentes oficiales trataban de bajar la expectativa de exteriorización a 20 mil millones de dólares.
Al ser consultados sobre los miembros del gobierno nacional y el de la Ciudad involucrados en las revelaciones de los Panama Papers, donde por los menos media docena de funcionarios aparecen con empresas radicadas en paraísos fiscales, Prat Gay sostuvo que el blanqueo "va a ser para todos, y todos los funcionarios del gobierno nacional que quieran aprovechar esta oportunidad tendrán que explicar a la sociedad cómo se multiplicó su patrimonio". Para el ministro, el proyecto "permite ordenar el desorden anterior", y reiteró que si no se tomaban las medidas económicas que se tomaron en los últimos meses "volcábamos, nos convertíamos en Venezuela".













EL CASO HSBC POR FUGA Y LA DENUNCIA DE PRAT-GAY


La OCDE puede excluir al país

Por      Tomás Lukin


"Esta es la última oportunidad para blanquear porque desde enero la AFIP tendrá acceso a información sobre cuentas bancarias en 48 países del mundo y será difícil para los argentinos que no estén en regla esconder el dinero", aseguró ayer el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. La advertencia del funcionario para incentivar la repatriación de capitales fugados y la capacidad de la autoridad fiscal para acceder a la información de los argentinos con cuentas en el exterior puede desvanecerse como consecuencia de una denuncia realizada por el ex ejecutivo del banco JP Morgan en Londres.

El año pasado Prat-Gay efectuó una presentación judicial por falso testimonio contra los ex directivos de la AFIP que lo incluyeron en la causa HSBC donde se investigan maniobras de evasión fiscal asociadas a las 4040 cuentas de empresas e individuos argentinos en una sucursal suiza del holding financiero. El fiscal Carlos Stornelli amplió esa imputación para incluir la presunta violación de la confidencialidad en un acuerdo entre Argentina y Francia de las anteriores autoridades de la AFIP.

Desde la defensa de los ex funcionarios rechazan la acusación y advierten que, de ser avalada, podría determinar la exclusión del país del mecanismo de intercambio de datos bancarios en el marco de la OCDE y el G-20.

El titular del Palacio de Hacienda figura en el listado de clientes del HSBC obtenido a finales de 2014 a manos de las autoridades tributarias francesas como apoderado y "usuario de internet" de la cuenta mal declarada ante la AFIP a nombre de Amalita Lacroze de Fortabat y su nieta Amalia Amoedo. La información sobre esas cuentas en el HSBC Private Bank de Ginebra se intercambió en virtud del Convenio de Doble Imposición que mantienen ambos estados y el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. Tras la denuncia de la AFIP en la justicia Penal Tributaria, una causa hoy virtualmente paralizada, Prat-Gay denunció a ex directivos de la autoridad fiscal, Ricardo Echegaray, Horacio Curien y Pedro Robeda, por falso testimonio y asociación ilícita. Esa causa para entorpecer la investigación original recayó en el juzgado de Claudio Bonadío.

Hace dos semanas, el fiscal Carlos Stornelli amplió la imputación inicial de Prat-Gay para incluir la presunta violación de la confidencialidad en el acuerdo entre Argentina y Francia que permitió canalizar a la información del banco HSBC con la cual la AFIP realizó la denuncia contra los supuestos evasores. Si es avalada por Bonadío, esa nueva acusación contra la autoridad fiscal y sus ex directivos por violación del secreto no solo daría por tierra con la causa HSBC en Juzgado Penal Tributario N° 3 a cargo de María Verónica Straccia, sino que dificultaría el uso de información obtenida en el exterior para realizar denuncias penales y perseguir el fraude fiscal.

Vale señalar que la interpretación de Stornelli ni siquiera fue planteada por los poderosos estudios de abogados que defienden a los argentinos con cuentas en el HSBC. Esos letrados sí cuestionaron el origen de la información ya que fue sustraída del banco en Ginebra por el empleado informático Hervé Falciani pero ninguno planteó que la causa por evasión implicaba violar el secreto bancario de sus clientes. Tampoco se quejó el gobierno francés que fue informado de todos los pasos administrativos y judiciales desde que cedió la información referida a los argentinos.

A pesar de la parálisis en la investigación, la justicia Penal Tributaria citó a indagatoria a más de 200 personas y la AFIP recaudó en forma voluntaria hasta el año pasado más de 200 millones de dólares de impuestos evadidos por las cuentas en la sucursal suiza del banco. Además de Argentina, en Inglaterra, Italia Francia y España se iniciaron causas judiciales en el caso de los clientes del banco británico.

Después de una serie de auditorías en el marco del proceso de intercambio de información bancaria automática entre miembros del G-20 y la OCDE, Argentina obtuvo una buena calificación en materia de confidencialidad. Ese es un elemento ineludible para intercambiar datos sobre cuentas bancarias con el resto de los miembros del acuerdo. Por eso, si la AFIP fuera sancionada por violar el secreto, el acceso a esos datos a partir de enero de 2017 utilizado como aliciente para el ingreso en el blanqueo de capitales del macrismo podría verse afectado.

La posibilidad de acceder automáticamente a la información bancaria de distintos países ofrece un mecanismo para perseguir evasores y desincentivar la fuga de capitales. Pero, incluso cuando esos fueran objetivos del gobierno de Mauricio Macri, su potencialidad se ve limitada desde el origen. En primer lugar, la red de servicios financieros offshore ofrece estructuras societarias para que individuos y empresas oculten sus activos e identidades. El propio caso HSBC demuestra como los argentinos con cuentas en la sucursal suiza del banco interponían sociedades offshore panameñas por acciones al portador para aumentar la opacidad de sus colocaciones. Así, aunque los beneficiarios finales de la cuenta sean argentinos, sus datos quedarían resguardados imposibilitando que la AFIP reciba la información bancaria.

La no participación de los Estados Unidos, principal guarida fiscal y destino predilecto entre los argentinos fugadores, en el mecanismo de intercambio de información también socava la potencialidad de la herramienta para perseguir maniobras de evasión.













                             

LA PROPUESTA DEL OFICIALISMO BENEFICIARÍA A UNOS 2,5  

MILLONES DE PASIVOS SI LA APRUEBA EL CONGRESO  

NACIONAL


Mejora para jubilados en un combo con sorpresas



La suba en los haberes sería de entre 35 y 45 por ciento a partir de la actualización dispuesta por la Corte. Proponen financiarla con el dinero del blanqueo, las utilidades del FGS y, eventualmente, la venta de acciones de la Anses en empresas.
                            El presidente Mauricio Macri fue el encargado de realizar                                los anuncios en un centro de jubilados.


Por      Cristian Carrillo


El Gobierno anunció ayer el envío al Congreso de un proyecto de ley para cancelar las deudas por los juicios previsionales y establecer un reajuste automático de los haberes. La medida beneficiaría a unos 2,5 millones de jubilados que actualmente están cobrando menos de lo que les corresponde. La mejora en sus haberes sería de entre 35 y 45 por ciento a partir de una actualización basada en la movilidad dispuesta en los fallos Badaro y Elliff. Para quienes hayan iniciado juicio y tengan sentencia, los haberes retroactivos se pagarán en dos partes, 50 por ciento al contado y el resto en cuotas que se irán actualizando por movilidad, mientras que los que hayan iniciado juicio pero aún no tengan sentencia podrán cobrar hasta un máximo de 48 meses retroactivos, también mitad al contado y mitad en cuotas. El costo fiscal anual sólo para el pago de juicio rondará los 75.000 millones de pesos. El gobierno espera conseguir los recursos del stock obtenido por el impuesto que se aplique sobre el blanqueo de capitales (ver página 3) y del flujo de utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. Además, no se descarta la posibilidad de que el gobierno de Mauricio Macri disponga vender las acciones en poder del FGS en caso de que el flujo de ingresos a la Anses no permita solventar los desembolsos. De hecho, el proyecto prevé la venta de esas participaciones societarias.

"Con este instrumento que estamos enviando al Congreso buscamos reparar años de injusticia porque nos encontramos con muchas situaciones", sostuvo Macri durante el anuncio de un paquete de medidas que también incluye un blanqueo y una pensión a la vejez. El acto se realizó en el Centro Cultural Julián Centeya en el barrio de San Cristóbal. "La ley busca resolver todas las situaciones. En primer lugar, aquellos que hoy no están cobrando lo que corresponde, que se le ajusten los haberes, estén o no en trámite judicial. Y aquellos que están en trámite con sentencia firme cobren lo que les corresponde retroactivamente. Y quienes no están en trámite judicial comiencen cobrando lo que les corresponde", precisó Macri. "Espero que el Congreso se ocupe en tiempo récord", agregó.


El Haber

La iniciativa oficial contempla el pago de juicios previsionales que unos 300.000 jubilados iniciaron contra el Estado para que sus haberes sean reajustados y cancelar cualquier eventual diferencia de aquellos que aún no presentaron demandas. Si se toman en cuenta ambos universos, el beneficio alcanzaría a unos 2,5 millones de jubilados y pensionados, quienes recibirían un incremento del 45 por ciento. La intención es que se vayan ajustando a un ritmo de 100.000 haberes por mes. Para los que no tienen sentencia firme el incremento será de 35 por ciento, según explicó titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, en una rueda de prensa organizada tras el anuncio oficial.

A los jubilados con sentencia firme se le pagarán los haberes retroactivos en dos partes, la mitad al contado y el resto en cuotas cuatrimestrales que se irán actualizando por movilidad. Según explicaron desde la Anses, para el cálculo de la movilidad el gobierno tomó en cuenta no sólo los fallos Badaro y Elliff, sino también Sánchez y Monzó, todos ellos de la Corte Suprema de Justicia, que juntos "comprenden la inmensa mayoría de los casos en litigio". Según fuentes oficiales, existen 50 mil jubilados con sentencia firme. A los que están en juicio pero sin sentencia, se les pagará un retroactivo de hasta 48 meses. El costo fiscal del pago de los juicios a la Anses será de 75.000 millones de pesos anuales.

Por su parte, todos los jubilados que estén cobrando menos de lo que les corresponde y se incorporen al programa podrán actualizar sus haberes. El ingreso es voluntario y debe realizarse a través de un acuerdo homologado por la Justicia entre cada jubilado y la Anses. En ese acuerdo el jubilado o pensionado debe dar por finalizados los juicios o comprometerse a no iniciar uno. Para los que se jubilen a partir de ahora se firma un decreto corrigiendo la manera en la que la Anses actualiza las remuneraciones. El decreto cambia los coeficientes que permiten calcular el primer haber del jubilado de acuerdo a lo que señaló la Corte Suprema de Justicia (ver aparte). Si el jubilado que había iniciado juicio murió, se le ajustará la pensión que cobra su viudo o viuda.

Para los que no están jubilados la actualización será automática y para los que ya están en el sistema se realizará a través de un acuerdo con la Anses. Los que tienen una jubilación por moratoria no entran en el plan anunciado. El programa se extenderá durante tres años y será prorrogable por otros tres. Los jubilados que no adhieran al plan voluntario seguirán cobrando lo que hoy cobran y si están en juicio, una vez que concluya la Anses acatará la sentencia. En cuanto al cronograma de pago, se habilitará un orden de prelación dando prioridad a los mayores de 80 años y personas con enfermedad.


El Debe

El gobierno afirmó que el pago de este beneficio será afrontado con lo que se obtenga por lo recaudado con el impuesto al blanqueo de capitales y con las utilidades del FGS. "Esta medida sirve para seguir adelante en un programa de crecimiento que nos permitirá ordenar el desorden que recibimos", dijo el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, en conferencia de prensa.

La expectativa del macrismo es que ingresaría un mínimo de 20.000 millones de dólares en concepto de exteriorización de capitales, sobre los cuales cobrará un penalidad de entre 10 y 15 por ciento. Esto implica que en el mejor de los escenarios posibles, el gobierno contará con un stock – monto fijo por única vez – de 3000 millones de dólares (equivalente a unos 43 mil millones de pesos). A esto se sumaría la percepción por las utilidades del FGS. Este fondo, que tiene en cartera títulos públicos, acciones, plazos fijos e inversiones en el sector real, arrojó una ganancia de 75.000 millones de pesos el año pasado y este año podría rondar en unos 110.000 millones de pesos.

Sin embargo, la cesión del 15 por ciento coparticipable por decisión de la Corte Suprema para las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis y los menores ingresos por una menor masa salarial podría requerir de otras fuentes de financiamiento. Hasta el año pasado, la diferencia entre los ingresos y egresos de la Anses se cubrían con fondos transferidos por el Ministerio de Economía para evitar utilizar el ahorro del FGS. Basavilvaso reconoció que el proyecto de ley ómnibus habilita también la venta de acciones de la Anses en empresas privadas, aunque aclaró que no se utilizará esa operación para el pago de los juicios ni la actualización de los haberes. "No es necesario salir a vender las acciones, tenemos los ingresos para empezar a hacer los pagos", sostuvo el ministro, aunque Basavilbaso explicó que "se flexibilizará la norma – que impide la venta de acciones sin acuerdo del Congreso – porque puede pasar que de aquí a unos años sí tengamos que vender una acción".
















La Bolsa en calma


Luego del anuncio del blanqueo, las acciones de la Bolsa porteña no tuvieron grandes rebotes. El Merval marcó un leve alza del 0,1 por ciento. El mercado se había adelantado con el fuerte incremento del jueves, cuando las empresas que cotizan en el panel líder de la bolsa anotaron en promedio un aumento del 2,7 por ciento. Los inversores consideraron que el ingreso de dinero a la economía local por la exteriorización de capitales podría potenciar el precio de las acciones en el mediano y largo plazo. En la jornada de ayer, se destacó el avance de Aluar, con una suba del 1,7 por ciento, al tiempo que Banco Francés lo hizo al 1,1 por ciento, Mirgor (2,6 por ciento), Pampa Energía (1,6) y Siderar (2,4). Entre las compañías con caídas, se subrayó la baja del 0,4 por ciento de Comercial del Plata, del 1,7 por ciento de Petrobras, del 0,6 por ciento de Telecom y del 1,9 por ciento de Tenaris. Esta última firma había avanzado cerca del 5 por ciento el jueves, en una jornada en que se llegaron a registrar subas de hasta el 8 por ciento.














Cambian la metodología de cálculo



El presidente Mauricio Macri anunció ayer que firmará un decreto que modifica la metodología de cálculo de las nuevas jubilaciones para evitar juicios previsionales. La medida se complementa con el paquete que integra el proyecto de ley para el pago de juicios previsionales y actualización de los haberes jubilatorios. La modificación del cálculo para nuevas jubilaciones y pensiones implicará un gasto adicional cercano a los 1946 millones de pesos para los próximos 12 meses a valores de hoy, puntualizó la Anses.
"Se trata de un cambio en los coeficientes que permiten calcular el primer haber de un jubilado, actualizando las remuneraciones, lo cual permitirá evitar nuevos juicios por reajuste de haberes", señaló el organismo a través de un comunicado. El nuevo cálculo se realizará aplicando índices salariales que reflejan la evolución de las remuneraciones en toda la extensión del período, de modo de corregir el problema señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de falta de actualización o ajuste insuficiente entre 1991 y la fecha de sanción de la Ley de Movilidad Jubilatoria en 2009.
Los nuevos coeficientes tendrán en cuenta la evolución del Indice de Salarios Básicos de la Industria y Construcción (Isbic) hasta marzo de 1995, luego la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) y por último la movilidad general prevista en la ley 26.417.         












EL GOBIERNO PROPUSO UNA PENSIÓN UNIVERSAL PARA  

ADULTOS MAYORES


Más mínima que la mínima



Es un beneficio vitalicio destinado a los mayores de 65 años que no tienen los aportes para jubilarse. En caso de aprobarse la ley, cobrarían un 20 por ciento menos que un jubilado que recibe el haber mínimo.                 

El Gobierno incluyó en el proyecto de Ley que enviará al Congreso la aplicación de una "pensión universal" para adultos mayores de 65 años que no lograron completar los 30 años de aportes previsionales para solicitar la jubilación. La propuesta contempla el pago de un ingreso equivalente al 80 por ciento de la jubilación mínima que se otorgará en forma vitalicia. "Queremos que todos tengan derecho a una pensión. Es algo justo. Lo prometimos en la campaña y estamos avanzando en la dirección de cumplirlo", dijo el presidente Mauricio Macri. En los últimos años, los planes de moratoria permitieron alcanzar al 97 por ciento de los adultos en edad jubilatoria. Si se aprueba la ley, los potenciales beneficiarios no deberán esperar el lanzamiento de estos planes para acceder a un haber previsional, pero percibirán un 20 por ciento menos que los jubilados que cobran la mínima. En la actualidad, recibirían 3967 pesos por mes.
El director de la Anses, Emilio Basavilbaso, aseguró que el anuncio de la asignación universal para la vejez es histórico. "Se establece una pensión universal a la vejez, es decir, cualquier persona con 65 años tiene derecho a recibir el 80 por ciento de la jubilación mínima y esto es para siempre. Con esto, no dependemos más del buen humor del político de turno que aplica moratorias, sino que se estable un piso mínimo (de ingresos) para todos los jubilados argentinos", dijo.
En los últimos diez años, los adultos mayores que empezaron a recibir ingresos por las moratorias previsionales lanzadas en distintas etapas fueron unos 2 millones. Esto permitió cubrir con ingresos a casi la totalidad de la población en edad de jubilarse. Por este motivo, el impacto fiscal de la medida anunciada ayer por Macri será bajo, ya que por el momento la gran mayoría de los individuos mayores se encuentra cubierta. Desde la Anses indicaron que se destinarán 3000 millones de pesos en el próximo año para cubrir los pagos de la pensión, cuando la cancelación de los juicios de los jubilados por reasignación de haberes suma 300.000 millones de pesos.
Para tramitar la pensión universal a la vejez, se deberán cumplir algunos requisitos. Lo podrán hacer los adultos mayores de 65 años que tengan nacionalidad argentina, los que estén naturalizados con 10 años de residencia en el país y los extranjeros con más de 20 años de residencia. El beneficiario que tenga otro ingreso asociado con un programa social, deberá optar entre recibir la pensión o mantener el plan que ya recibe. Del mismo modo que los jubilados hoy reciben asignaciones familiares, los beneficiarios de la pensión también estarán habilitados para cobrarlas. En lo que refiere al ajuste de cuotas, quedarán vinculadas a la Ley de Movilidad, que se actualiza en marzo y septiembre, en función de la evolución de la recaudación de la Anses. Los beneficiarios tendrán además acceso a los servicios del PAMI. Por último, si el adulto que accede a la pensión tiene un trabajo, pero no alcanza 30 años de aportes requeridos para jubilarse, podrá seguir en actividad hasta completar los años de contribuciones que exige la ley para cobrar el haber mínimo.
La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, confirmó que la propuesta para crear la pensión universal por vejez se enviará el próximo lunes al Congreso, junto con la Ley para abonar los juicios de la Anses con los jubilados. Stanley indicó que la idea de la pensión universal no es sólo cubrir con ingresos a todos los adultos mayores sino que se reemplazarán además las pensiones no contributivas que hoy cobran los mayores de 70 años y son equivalentes al 70 por ciento de la jubilación mínima. "Estamos generando estos fondos para mejorar y sincerar la situación respecto de muchas personas que aún no han logrado sus años de aporte", dijo la ministra de Desarrollo Social. Indicó además que, a partir del envío del proyecto, los técnicos de las distintas entidades del Estado empezarán a trabajar para "hacer el traspaso de todos aquellos que hoy reciben la pensión no contributiva hasta la nueva pensión universal, una medida que permitirá mejorar la situación de estos sectores".
La ministra, en tanto, resaltó que el pago de juicios a los jubilados es una "reparación histórica" que permite "zanjar la deuda" con más de 2 millones y medio de adultos mayores, quienes "empezarán a cobrar lo que les corresponde". Ambas medidas, tanto la pensión universal como la cancelación de los juicios, quedaron incluidas dentro del proyecto de "Reparación Histórica de los Jubilados" que Mauricio Macri adelantó ayer por la mañana, y supuestamente será financiado con el blanqueo de capitales y las utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Aunque no se explicitó, el Gobierno también podría rematar activos de ese fondo de la Anses a través de la venta de sus acciones en empresas privadas para cubrir el costo fiscal de este proyecto.











Los proyectos se presentan el lunes


La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, precisó ayer que el lunes próximo ingresará al Congreso el proyecto de ley para permitir a los jubilados el cobro de juicios por haberes atrasados o mal liquidados y también el que crea la Pensión Universal por Vejez. "Son dos millones y medio de jubilados que van a poder ser reparados en sus haberes y que van a poder cobrar lo que les corresponde desde hace mucho tiempo", subrayó la ministra. La funcionaria señaló que el Gobierno nacional también está enviando al Congreso la propuesta para crear la pensión universal a la vejez, destinada a personas desde los 65 años que no pueden acreditar los aportes correspondientes para acceder a la jubilación. "Necesitan diez años de residencia y estarían cobrando el 80 por ciento del monto mínimo jubilatorio", señaló Stanley, quien expresó que este beneficio reemplazará al que hasta hoy reciben los que cobran la llamada "pensión no contributiva". "Estamos generando este fondo para mejorar y sincerar la situación respecto de muchas personas que aún no han logrado sus años de aporte", indicó la ministra de Desarrollo Social. Por último, puntualizó que, a partir de este proyecto, las autoridades competentes empezarán a trabajar "en el traspaso de todos aquellos que hoy están recibiendo la pensión no contributiva a esta nueva pensión universal porque mejora su situación".   












PANORAMA ECONÓMICO


Pobreza


Por      David Cufré

Un aumento de 5,5 puntos en el índice de pobreza como el que midió la Universidad Católica Argentina en el primer trimestre del año no se daba desde la crisis de 2001-2002. En el segundo trimestre la situación sería igual o peor, por la evolución de la inflación. Para tomar dimensión del shock social que produjo la devaluación y el tarifazo eléctrico –en el segundo trimestre incidirán los ajustes del gas, el agua y los combustibles– sirve comparar lo que ocurrió en los primeros tres meses del gobierno de Cambiemos con lo sucedido en el segundo mandato de Cristina Fernández Kirchner, los cuatro años perdidos para la Argentina según el relato del oficialismo. De acuerdo al informe de la UCA, una institución que nadie podrá tildar de kirchnerista, entre 2011 y 2015 la pobreza por ingresos pasó del 24,7 al 29,0 por ciento de la población. Una suba de 4,3 puntos porcentuales. Pero en solo un trimestre, de enero a marzo de 2016, el incremento fue de 29,0 al 34,5 por ciento, 5,5 puntos más. Es decir que el nuevo gobierno superó en apenas tres meses toda la pobreza generada en los cuatro años anteriores, cuando supuestamente todo era un desastre. En términos porcentuales, entre 2011 y 2015 la tasa de personas pobres se elevó un 17,4. Con Macri, en un trimestre, la pobreza subió 18,9 por ciento.
Más impactantes, sin embargo, son los datos de la indigencia. El informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA señala que entre los años 2011 y 2015 la indigencia por ingresos cayó del 6,1 al 5,3 por ciento de la población. El descenso fue de 0,8 puntos porcentuales. En cambio, entre enero y marzo de 2016 la indigencia se catapultó del 5,3 al 6,9 por ciento, una suba meteórica de 1,6 punto. Dicho de otro modo: durante el segundo mandato de Cristina la tasa de indigencia bajó 15 por ciento, en tanto que en un trimestre de Mauricio subió 30 por ciento.
El aumento de las canastas de pobreza e indigencia se sostiene a un ritmo igual o superior en el segundo trimestre. En el primero, el índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires escaló 11,9 por ciento, mientras que en San Luis lo hizo al 10,2. En ambos distritos los aumentos se aceleraron en abril, con registros de 6,5 y 3,4 por ciento, mientras que para mayo consultoras privadas estiman subas del 3 al 3,5 por ciento. En ese período empezaron a regir incrementos de asignaciones familiares y hubo un pago de 500 pesos para los jubilados que cobran la mínima, lo que podría amortiguar otro salto de la pobreza y la indigencia.
Los anuncios de ayer del Presidente que involucran a jubilados benefician a quienes se ubican de la mitad hacia arriba de la escala salarial previsional, por lo cual esa mejora no tendrá impacto directo en los índices de pobreza. De todos modos, los reajustes de haberes y pagos de retroactivos constituyen una transferencia de recursos desde el Estado hacia un sector que no es de los concentrados de la economía, como venía siendo mayoritariamente hasta ahora. Eso no inhibe un debate sobre la necesidad de compensar al resto de los jubilados por la disparada inflacionaria. En cuanto a la pensión por vejez, en principio ofrece peores condiciones para quienes no completaron aportes que la moratoria vigente, pues esta permite llegar al haber pleno al cabo de cinco años, en tanto que en las pensiones dependería de la cantidad de años adeudados a la seguridad social hasta completar los necesarios para acceder a una jubilación plena. Aquellas personas que no consigan seguir aportando ya pasados los 65 años quedarían con el 80 por ciento del ingreso mínimo, que es el piso de la nueva pensión. Con la moratoria, en cambio, después de cinco años los adherentes acceden como piso a la jubilación mínima.
El Gobierno no presentó los anuncios como un intento de reactivar la economía con una inyección de demanda, sino que enfatizó el carácter reparador hacia los jubilados que más ganaban después del estallido de 2001-2002, quienes no consiguieron los mismos aumentos que aquellos que estaban en peor situación. El Presidente y el equipo económico no cambian en ese sentido la orientación de la política: siguen apostando al derrame como ordenador social. Los datos de la UCA sobre el crecimiento exponencial de la pobreza en el primer trimestre exhiben las consecuencias de esa decisión.
El Gobierno plantea que para crecer primero se deben dar una serie de condiciones, y que luego el crecimiento reparará las heridas e incluirá a los excluidos. La gestión anterior consideraba que para crecer había que incluir. La inclusión tiende a reducir las asimetrías sociales, a equilibrar la balanza entre capital y trabajo, a achicar diferencias entre regiones ricas y pobres, a reconocer derechos universales. En ese camino puede haber viento de cola o viento de frente, situaciones internas y externas más o menos favorables. Los instrumentos seguramente serán distintos en cada circunstancia, se podrá avanzar más rápido o más despacio, con más o menos lucidez, pero lo que define las posibilidades de éxito o de fracaso en primer lugar es el rumbo que se elige.
La primera condición que identifica el Gobierno para crecer es generar confianza en los inversores, en especial en quienes tienen su dinero fuera del país. Por esa razón liberó la compra de dólares, devaluó, eliminó y bajó retenciones, subió de manera explosiva las tarifas de servicios públicos y generó el triple de inflación que en el semestre previo a su llegada. También firmó acuerdos con los fondos buitre que resultaron muy elogiados por el FMI y la prensa del poder financiero internacional. Y cambió del rechazo radical al blanqueo anterior a considerar que la medida es casi una tabla de salvación. Casi como un megacanje para De la Rúa. Todo eso para ganar confianza. La lógica, que se repite de país en país y en distintas circunstancias, es que la confianza del mercado se logra con políticas de ajuste y con una transferencia regresiva del ingreso.
El macrismo postula la idea del derrame. Para derramar primero hay que acumular. ¿Pero quién acumula? El capital. Hay que seducir a los inversores. Hay que darles garantía de que la inclusión no será un obstáculo en su acumulación. Eso divide aguas. En el proyecto del PRO, está permitido agigantar la brecha entre clases sociales, conceder beneficios a los empresarios a costa de la calidad de vida de los trabajadores, restringir el acceso a bienes materiales y culturales a millones de personas, aunque sea supuestamente por un tiempo, porque eso redundará en acumulación, y la acumulación traerá derrame.
El PRO pide sacrificios y promete recompensas. Pero no a todos por igual. Los pools de siembra de 30 mil hectáreas no se están sacrificando. Están acumulando. Por la devaluación y por la quita de retenciones. Lo mismo las mineras o los bancos, cuya rentabilidad creció 78 por ciento en febrero, el nivel más alto en una década, hasta 23.158 millones de pesos. Hay sectores minoritarios y concentrados de la economía que viven una fiesta inolvidable. Paul Singer llamó a Macri el campeón de las reformas económicas. Las empresas que dependen del mercado interno no acumulan, se descapitalizan. Les toca sacrificarse mientras otros atraviesan la supuesta etapa del esfuerzo, que empezaría a retroceder en el segundo semestre, según la promesa oficial, con los bolsillos llenos. Al interior del mundo empresario se repite la dicotomía entre inclusión o derrame.
La primera falla de la teoría del derrame es la creencia de que los sacrificados tendrán posibilidad de esperar el tiempo de la cosecha. No es verdad. Hay quienes quedan en el camino. Eso ya es un fracaso como proyecto económico y social. Del 1,4 millón de nuevos pobres que identificó la Universidad Católica Argentina en el primer trimestre habrá quienes no gozarán la eventual etapa de recuperación. Es posible que pasen años hasta que vuelvan a salir de esa condición, si es que lo logran, mientras otros acumulan. El daño producido mientras tanto es irreparable en la vida de las personas y en el tejido social, un factor que los promotores del derrame no parecen visualizar.
El gobierno argumenta que está obligado a hacer lo que hace porque la situación económica era explosiva. Si había una bomba o no es debatible, aunque el argumento trastabilla porque la derecha se cansó de repetirlo desde 2003 y nunca explotó. Néstor Kirchner evitó y desafió la mayoría de las ideas económicas que ahora Cambiemos presenta como inevitables, con resultados extraordinarios, sobre todo por cómo había recibido el país. El ex presidente puso en marcha un proyecto inclusivo desde las ruinas y tuvo éxito. Cristina Kirchner lo llevó a un lugar impensado en 2003. En todo caso, por qué no podría repetir la fórmula el PRO. Por qué no podría desactivar la supuesta bomba sin ocasionar graves perjuicios a millones. ¿La bomba de 2003 era más o menos difícil de manejar que ésta, en caso de conceder que existiera? No lo hace porque no es su proyecto. Su plan es el derrame.
Si el crecimiento económico no es inclusivo se agiganta la desigualdad. Eso es un fracaso. El modelo neoliberal de los '90 fue un fracaso, aun en los pocos años de expansión del PIB. Norma Plá podría atestiguarlo. La evaluación de si una política económica es viable o no debe considerar al conjunto de la sociedad. Que crezcan unos sectores y otros se hundan es sinónimo de fracaso. Es inviable. Si la idea es sacrificar generaciones para que otras puedan disfrutar del mítico momento de la bonanza, la pregunta sobre la viabilidad del modelo hay que hacerla a los que están en la trinchera. No alcanza con los elogios de Singer, los sojeros o los bancos. Ellos son los que acumulan.




















LA OPOSICIÓN QUIERE ESTUDIAR EL PROYECTO, PERO  

ADELANTÓ SUS CRÍTICAS


Con más dudas que certezas



La oposición espera que el proyecto ingrese al Congreso para conocer la letra chica. Destacaron la intención de pagar los juicios a los jubilados, pero hubo críticas a la venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
             Héctor Recalde y Juan Díaz Roig, del FpV; Diego Bossio, del BJ, y   Sergio Massa, del FR, analizaron la propuesta.
Por      Miguel Jorquera

Mientras desde Cambiemos celebran el anuncio del presidente Mauricio Macri del pago de las sentencias judiciales a un sector de los jubilados –en el marco de una ley ómnibus que incluye el blanqueo de capitales y la privatización de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses–, en la oposición parlamentaria generó más dudas que expectativas. Mientra esperaban que el proyecto ingrese al Congreso para conocer la letra chica de la iniciativa oficial, desde el Frente para la Victoria (FpV), sugirieron que "sería la primera medida presidencial para mejorar el deteriorado mercado interno que deja la política económica recesiva del macrismo", al tiempo que advirtieron sobre su implementación para que no se desfinancie el FGS y adelantaron que se opondrán a la "privatización de las acciones en manos de la Anses". "Estamos de acuerdo con el aumento y el pago de los juicios, cuidando lo logrado", sumó el ex director de la Anses y referente del Bloque Justicialista, Diego Bossio, quien también se mostró "en contra de la privatización de los activos del FGS". Sergio Massa reunió ayer a la mesa chica del Frente Renovador (FR) para analizar la medida, aunque no hubo pronunciamientos. Desde el Frente de Izquierda (FIT) sostuvieron que el anuncio "es un chantaje a dos millones de jubilados".
El bloque de diputados del FpV-PJ, que preside Héctor Recalde, manifestó "el deseo de aportar a los anuncios que realizó el Presidente", aunque sostuvo que "no deja de llamar la atención que el Gobierno haya cambiado de la lluvia de inversiones y dólares para el segundo semestre a un blanqueo de capitales".
Sobre este punto, quizá el más clarificado de la propuesta oficial, el FpV insistió en que "es importante que el blanqueo no alcance a funcionarios del Gobierno" y que "para las personas jurídicas entendemos que la creación de una Comisión Bicameral de fiscalización en colaboración con la AFIP y la UIF sería un buen instrumento para controlar qué capitales ingresan, su origen y procedencia". "Hay investigaciones y causas judiciales en curso que deberán tenerse en cuenta. Habría que impedir el beneficio del blanqueo a empresas denunciadas por el consorcio de periodistas internacionales y también las investigadas en la causa por la fuga de capitales del HSBC", agrega el comunicado que lleva la firma de Recalde. "Es bueno reconocer el arrepentimiento de funcionarios como Laura Alonso, Alfonso Prat-Gay, Patricia Bullrich, Adolfo Sturzenegger, Rogelio Frigerio, y Carlos Melconian, quienes hace dos años pensaban y opinaban distinto ante la misma iniciativa", recuerda el texto del pronunciamiento del FpV.
"Cualquier reparación histórica con nuestros jubilados es un acto de justicia social", dicen los diputados del FpV, que también cuestionaron que la medida se enmarque en una ley ómnibus que incluye muchas otras medidas adicionales que desconocen hasta que llegue el proyecto a la Cámara baja. Aunque adelantaron su rechazo a uno de los temas más conflictivos: "Es importante, además, impedir que el proyecto que se va debatir desfinancie el FGS del sistema con la venta de las acciones como se pretendería hacer. Los recursos deberán provenir del blanqueo de capitales o de rentas generales".
"Sería la primera medida a favor del consumo interno en este contexto recesivo que produjo la política económica del Gobierno", dijo a Página/12, el diputado del FpV y especialista en temas provisionales, Juan Carlos Díaz Roig, quien agregó que "hay que ser cauto con las expectativas para los jubilados" porque aun se desconoce la letra chica del proyecto. En ese marco, advirtió que ya estaba presupuestado para este año "el pago de 50 mil sentencias a jubilados que la cobrarían al contado y no en dos o tres años" y se preguntó "¿cuál será el criterio par ajustar los 240 mil juicios – el 4 por ciento del total de los jubilados – sin sentencia y para 1,5 millón que no ha iniciado acciones judiciales?"
Díaz Roig también advirtió que ese acto administrativo podría "desencadenar una catarata de juicios porque los derechos jubilatorios son imprescriptibles" y que el Gobierno no podría imponer el criterio que "se cancelaría la deuda si el jubilado resigna la acción judicial".
Para el Bloque Justcialista también hay que estar "atento a la letra chica del proyecto". "Es una decisión importante que debe ser estudiada con mucha profundidad para asegurarnos que llegue eficientemente a los destinatarios y para cuidar lo logrado", afirmó Bossio. Adelantó su postura contraria a la venta de activos de la Anses. En un encuentro con periodistas parlamentarios, aclaró que "las ganancias que producen esos activos están habilitados a usarse de acuerdo al decreto que en 2009 estableció la Asignación Universal por Hijo. "El problema del financiamiento del sistema jubilatorio no son las acciones de la Anses en el sector privado, sino las dificultades para generar nuevos puestos de trabajo que aporten al sistema", definió.
Bossio también recordó los avances realizados hasta el momento – incluida su gestión al frente de la Anses –  con la recuperación de las jubilaciones, "empezando por las más bajas y por los sectores más vulnerables y la posterior actualización automática dos veces al año". "Esto permitió que Argentina sea líder en materia jubilatoria en toda la región", señaló.
El massismo, en tanto, evitó pronunciamientos hasta conocer mejor el texto. Massa reunió por la noche a parte de su bloque en Tigre para analizar los anuncios. Del encuentro participaron, entre otros, la jefa de la bancada, Graciela Camaño, el economista Marco Lavagna y la diputada especializada en temas provisionales, Mirta Tundis. Massa, ex ttiular de la Anses, buscará también marcar diferencias con el proyecto oficial.
El Partido Obrero (PO) fijó posición como integrante del FIT. "Aunque fue presentado como una 'reparación histórica' regularizando los juicios acumulados bajo el kirchnerismo, la realidad demuestra exactamente lo contrario", dijo el comunicado y detalló lo que se conoció de la propuesta macrista: "De 2,1 millones de jubilados que tienen sus haberes mal liquidados, sólo 70.000 – que tienen sentencia firme – cobrarían la totalidad de la sentencia judicial a su favor, aunque incluso en estos casos el 50 por ciento del monto total será en cuotas. Los 300 mil que tienen juicios en trámite recibirán una propuesta de pago, que no sólo será en cuotas, sino que sufrirán una quita".    










PANORAMA POLÍTICO


Vallados

Por        Luis Bruschtein

Un Presidente enrejado, una fiesta nacional donde la casa se reserva el derecho de admisión, una Plaza de Mayo que 206 años atrás se instalaba en un lugar central de la historia como espacio de expresión de ciudadanía, ahora cerrada al ciudadano. Es una postal de un gobierno que sabe que está haciendo daño. "Hay que proteger al Presidente" dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La pregunta es de quién hay que protegerlo. La respuesta es obvia: de los afectados por la devaluación, por los aumentos de los alimentos, por la pérdida del trabajo, por la disparada brutal de las tarifas. Hay que protegerlo del descontento ciudadano. Fue la postal de este 25 de Mayo: un Presidente al que hubo que proteger de los ciudadanos. Y recién empieza el baile. Si se piensa en términos de ciudadanía, del motivo de la centralidad de la Plaza de Mayo en la historia y la identidad de los argentinos, en realidad, la premisa tendría que ser al revés: hay que proteger a los ciudadanos, del presidente Macri. Los agredidos por las medidas del gobierno son los que van a protestar, y no el gobierno que dice protegerse de esa agresión.
Una Plaza con vallas, Gendarmería, Guardia de Infantería y motos policiales más carros hidrantes. La historia de la Argentina empezó hace 206 años del lado de la gente que estaba en esa Plaza para apoyar el derrocamiento del virrey encerrado en el Cabildo. Es la historia de un país que se construyó en ese lugar siempre del lado de los miles que han llenado la Plaza, a veces para sacar, como el 19-20 de diciembre de 2001, a veces para poner, como el 17 de octubre de 1945. La gente en la Plaza ha sido el sujeto histórico y no los que estaban adentro de los edificios. Ellos fueron consecuencia de la expresión ciudadana que estaba constituida, y ha seguido siendo así, en esa Plaza.
"No fue por la protesta, si gobernamos rodeados de protestas", respondió el jefe de Gabinete Marcos Peña cuando le preguntaron el motivo de las vallas y de que se hayan llevado los festejos a la residencia de Olivos. El gobierno hizo lo que pudo para ocultar que el campo fortificado que se montó en la Plaza era por la protesta social. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich aportó a esa causa al difundir que se habían detenido a seis personas con bombas molotov, "que con toda seguridad se dirigían al acampe" de los cooperativistas que exigían aumentos al Gobierno de la Ciudad.
Pero rápidamente fue desmentida por la misma Policía Federal: los detenidos eran quemacoches sin intenciones políticas. Muchos quisieron ver en esa desmentida una hilacha de la interna PRO, entre la ministra Bullrich  – una aliada – y el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco – un PRO de paladar negro –. Si fue Burzaco, privilegió la interna antes que la imagen del PRO, porque puso en evidencia la manipulación de una información tan delicada por parte de funcionarios de su gobierno. Hay una diferencia grande entre quemacoches y militantes sociales. Pero al mismo tiempo, la ministra Bullrich, involuntariamente, puso en consideración el nivel de confrontación que ya le asigna, al borde de la violencia, a la tormenta social que han desatado las medidas económicas.
Este gobierno de dueños de grandes empresas y altos gerentes de bancos y financieras demuestra una y otra vez que no tiene termómetro social ni entiende pensamientos o actitudes más allá del que han aprendido en sus colegios y universidades carísimas y privadas. Se entienden entre ellos, sólo conocen bien lo que quieren las personas de su mismo palo. Y las medidas que han tomado apuntaron todas al corazón de esos intereses que ellos conocen tan bien. Son incapaces de ponerse en la piel del emprendedor pequeño o mediano o del trabajador aunque fuera tan sólo para entenderlos. Todo lo social que alcanzan a vislumbrar es a partir de ellos mismos. Es la beneficencia o la concesión paternalista del empresario o del romanticismo del corazón blando de las mujeres o incluso por solidaridad, pero nunca porque está obligado por los derechos del otro. El país se centra en un pequeño grupo de personas con mucha plata que luchan por tener más. Ellas son las que dan trabajo, las que hacen donaciones, las que deciden adónde va la plata en general. El universo de los derechos no entra en ese mundo más que para entender sus derechos a la propiedad, del cual ellos deducen todos los demás, incluyendo el derecho a la vida o a la libertad de expresión, que también está relacionada con ser dueño. Ser dueño es la fragua de todos los otros derechos. Todos los demás derechos están subordinados al de la propiedad que, cuanto mayor es, más derechos está en condiciones de dar.
Es difícil comprender semejante manera de ver el mundo. Como gobierno representan el fracaso de las carísimas escuelas donde los han formado como si vivieran en un frasco de mayonesa. El massismo, que esperaba algún rango de interacción con el gobierno para tratar de aniquilar al kirchnerismo, se agarra la cabeza porque la insensibilidad social y política con que se tomaron las medidas económicas les comió el tiempo político para atacar a sus adversarios. La diputada Graciela Camaño, a la que nadie podrá imputar de simpatías con el kirchnerismo, lo expresó claramente cuando criticó al oficialismo por la burrada de haber aumentado hasta más de mil por ciento la tarifa de gas, sin distinguir entre provincias que tienen climas más benignos y las provincias patagónicas, donde en invierno no se puede vivir sin el fluido. El gas es un derecho en esas provincias porque es una cuestión de vida o muerte. El macrismo no entiende de dónde salen ni si existen esos derechos. No lo concibe. Cuando los gobernadores se fueron a quejar, según relató después uno de ellos, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, les explicó figurativamente sus motivos con una metáfora; les dijo que él tenía que llenar "un formulario Excel". O sea: hacer numeritos y que reviente el que tenga que reventar porque el mercado así lo dispone. El sinceramiento económico del que hablan los funcionarios del gobierno es que en el mercado no existen esos derechos – los que serían una mentira populista – porque solamente existen los que el mercado, como gran seleccionador darwiniano, acepta. En la selva del libre mercado, el más apto para sobrevivir es el que tiene más poder económico y lo demás es una mentira, según el neoliberalismo. Las libertades y derechos son administrados por ese juez supremo. Las declaraciones de Javier González Fraga, un ortodoxo moderado, son reveladoras: "Le hicieron creer (el populismo-kirchnerismo) al empleado medio que podía comprarse celular, un plasma y viajar al exterior".
González Fraga es un bebé de pecho con relación a los integrantes del equipo económico. No se trata de una disquisición teórica, más bien es una explicación para el espectáculo dramático de esta semana del presidente Mauricio Macri, a pocos meses de haber asumido, impidiendo el ingreso a la Plaza a los ciudadanos, que son los dueños verdaderos y los que le dan sentido a la conmemoración de esta fecha patria que protagonizaron sus conciudadanos de hace 206 años atrás.
Esa postal está llena de imágenes superpuestas. El Gobierno dice que la pobreza existía con el gobierno anterior. Pero el gobierno anterior, en vez de encerrarse los 25 de Mayo para protegerse de esos pobres, hacía una convocatoria popular, los convocaba. Los festejos del 25 de Mayo y de las fechas patrias en general no son para los funcionarios, sino principalmente para el pueblo y eso no es populismo sino participación y construcción de ciudadanía. El gobierno macrista no quiso convocar y se encerró detrás del vallado.
Cuando se produjeron las primeras protestas por los despidos en el Estado, el macrismo pretendió dar a entender que eran todos ñoquis de La Cámpora. Las protestas se han multiplicado pero el gobierno ya no acusa al kirchnerismo porque no quieren sobredimensionarlo. Sin llegar a abarcarlo ni sentirlo, en el gobierno saben que están haciendo daño y que las protestas no se asientan en una cuestión política. González Fraga puso el dedo en la llaga y dijo lo que el macrismo piensa pero no dice. Cada vez que intentan dar respuesta a esas protestas con concesiones y anuncios, demuestran una incapacidad sorprendente para entender la problemática de los que reclaman. Hacen anuncios rimbombantes que no solucionan nada. A los comerciantes desesperados por las tarifas, les dicen que les financiarán en cuotas la mitad de la tarifa invernal. A los gobernadores patagónicos les prometen que solamente aumentarán hasta el 400 por ciento el gas. A los que reclaman viviendas, les ofrecen 500 mil créditos de 15 mil pesos. A los que reclaman por los precios no les pueden dar respuestas porque varios altos funcionarios son miembros de familias dueñas de supermercados y farmacéuticas, ellos son los formadores de precios que los pusieron en las nubes. A los que reclaman por el desempleo les anuncian programas de empleo basura para los jóvenes, con los que no ganarán ni la mitad del salario mínimo ni tendrán estabilidad laboral. Y también eso explica lo que fue Macri este 25 de Mayo con la Plaza vallada, y encerrado en la Quinta de Olivos con algunos pobres finamente seleccionados por las ONG de ricachones caritativos que trabajan en su gobierno.











EL ECONOMISTA GONZÁLEZ FRAGA SALIÓ EN 

DEFENSA DE LAS POLÍTICAS OFICIALES Y GENERÓ

RECHAZOS


El fin del sueño del empleado medio



El economista, mentor intelectual del ministro Prat-Gay, criticó al kirchnerismo porque le hizo creer a un empleado con sueldo medio que podía comprar celulares, plasmas, autos e irse al exterior. "Eso no era normal", sentenció. Desde el FpV salieron a responderle.                              
                                                 El economista Javer González Fraga salió en                                                    defensa de las políticas de ajuste del macrismo. 
Los "empleados medios" con "sueldo medio" no deberían poder comprar celulares, plasmas, autos, motos o viajes al exterior según las macrinomics, se desprende del sincericidio acometido ayer por el economista Javier González Fraga al salir en supuesta defensa de las políticas económicas del PRO. "Le hiciste creer a un empleado medio que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior. Eso era una ilusión. Eso no era normal", dijo el ex candidato a vicepresidente de la Unión Cívica Radical en 2011 y ex presidente del Banco Central durante los primeros años de menemismo, culpando, desde ya, al "populismo" por esa distorsión que el gobierno de Mauricio Macri está dedicada en enmendar.
"Las cosas no se pueden hacer como uno querría, y menos después de 12 años donde se ha invertido mal, se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y se atrasó el tipo de cambio", dijo Fraga en una entrevista radial que rápidamente se viralizó en las redes, despertando ironías y críticas por igual. "No digo que si era bueno o malo. Por supuesto que era bueno, pero no era normal. No era sostenible", quiso aclarar. González Fraga fue profesor en la universidad del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, y un poco su padrino en su carrera política. Aunque no ocupar ningún cargo en la administración PRO, González Fraga usó la primera persona al hablar sobre la actualidad económica. "Estamos sincerando la economía para que en lugar de tener una burbuja de crecimiento que alimente proyectos populistas tengamos décadas de crecimiento", dijo.
Las respuestas desde el peronismo no tardaron en llegar: "Si lo que dijo González Fraga armó tanto revuelo no fue porque sea una expresión aislada sino porque expresa de manera descarnada el proyecto político del macrismo", dijo el titular del Congreso del PJ porteño, Mariano Recalde. "Cuando leímos las declaraciones hoy a la mañana, comentamos por mensaje con varios compañeros, medio en chiste medio en serio, que en definitiva estamos de acuerdo con lo que dijo González Fraga", agregó el ex titular de Aerolíneas Argentinas. "Efectivamente, nuestro proyecto político le hizo creer a un montón de personas que tenían derecho a poder comprarse un auto. Pareciera que ya no alcanza con insultar a quienes formamos parte del gobierno anterior, y ahora atacan directamente a la gente que creyó que podía vivir todos los días un poco mejor. Algo tan simple, como la movilidad social ascendente, pareciera imperdonable para González Fraga", concluye el texto publicado por Recalde en las redes sociales.
Desde Corrientes, el diputado y ex ministro de Economía, Axel Kicillof, reflexionó: "Ahora se entiende mejor la inclusión social de la que hablaban Néstor y Cristina, la inclusión a los que menos tienen era una política de demanda interna y desarrollo industrial. La inclusión social viene de abajo para arriba e incluye a todos los sectores".
Hasta el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, que suele cultivar una mesura discursiva casi zen, cuestionó en duros términos las declaraciones del economista. "Es triste, lo mandan a defender un ajuste sin precedentes. Tienen que ser cínicos o miserables para negarle la posibilidad de consumo y progreso a los trabajadores. Si la 'burbuja de crecimiento populista' es que un 'empleado medio' pueda comprarse un celular o viajar, estoy absolutamente a favor – dijo el jefe comunal –. Me da mucha tristeza ver a un tipo con nula sensibilidad social dar cátedra de cómo debe ser un país. Hay muchas cosas por mejorar pero no puede ser nunca a costa del retroceso de las familias trabajadoras".












"Si fue por misericordia, tuve dos


 horas de misericordia exclusiva 


con el Papa, no es poco"



EL PAPA FRANCISCO SE REUNIÓ DURANTE DOS HORAS CON HEBE DE 

BONAFINI


"Está muy triste, no esperaba que pasara esto en el país"


               Hebe de Bonafini dijo que "cuando Bergoglio se transformó                                                          en Francisco creció más".

La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo fue recibida con un abrazo y una amplia sonrisa por el Papa. A solas desgranó con él "la preocupación" por el deterioro de la situación social y el temor "por la violencia" que quieren provocar.                    
Por       Nora Veiras

"De repente se abrió la puerta y él apareció. Me sorprendió. Nos abrazamos un rato largo". La escena era impensable hace apenas tres años. Hebe de Bonafini y Jorge Bergoglio sólo se habían visto a la distancia y en situaciones más que conflictivas. El cardenal convertido en Papa entabló un diálogo prolongado por correo electrónico con la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo que culminó en dos horas de charla privada en Santa Marta. "Le dije que lo necesitamos por lo que está pasando en la Argentina. El paró un bombardeo de la OTAN, esto es más fácil. Ojalá lo pueda parar", contó Hebe en rueda de prensa. La descripción detallada del deterioro de la situación social fue el eje que articuló la charla entre dos protagonistas que soslayaron diferencias para coincidir en "la preocupación" por las consecuencias del ajuste económico impulsado por el gobierno de Cambiemos.
La sonrisa del Papa apareció en las fotos para irritar aún más a quienes no logran metabolizar todavía el rictus de incomodidad impreso en su rostro cuando lo recibió al presidente Mauricio Macri. "Le pedí disculpas porque las Madres cuando nos equivocamos, como nos pasó con Néstor Kirchner, pedimos disculpas. El había hecho cosas que nosotros no sabíamos. Pero cuando Bergoglio se transformó en Francisco creció más todavía", explicó Hebe y dijo que el Papa le respondió: "Dejalo ahí, todos nos equivocamos".

–¿Que pensás Hebe sobre los que justifican que el Papa te haya recibido por misericordia? –preguntaron en Radio Del Plata.
–A mí no me interesa por qué me recibió. Si es por eso, tuve dos horas de misericordia exclusiva con el Papa, no es poco –ironizó.
La complicidad de la cúpula de la Iglesia durante la dictadura obstaculizó siempre la relación con los organismos defensores de los derechos humanos. Quienes conocen a Bergoglio especulan con que el encuentro con Bonafini se enmarca en la necesidad del Papa de saldar su propia historia como pastor católico.
Desde que recibió la confirmación de la cita, Hebe empezó a sistematizar qué decirle al Papa y, sobre todo, qué proponerle. Sobre la propuesta mantiene el compromiso de reserva. "Le dije que traía una misión muy difícil, que nuestra patria necesitaba de su palabra, que en cinco meses este Gobierno destruyó lo que hicimos en doce años. Vine a hablar de la angustia y el dolor de un pueblo que vivía feliz. Me escuchó con mucha atención las dos horas que hablamos, me dijo que había muchas cosas que las sabía pero había otras que no las sabía", comentó. Hebe llegó en silla de ruedas acompañada por uno de sus colaboradores más cercanos, Alejandro "Oveja" López; Marta Casacales, la esposa de Guillermo Moreno, y un grupo de compañeros que aunque no estaba previsto pudieron saludar a Francisco en su residencia privada.

Otras violencias
"Ellos están solos aunque los haya votado el 51 por ciento y están solos porque se les fue la mano. Le mienten todo el tiempo a gente desesperada y eso es peligroso porque no se sabe a dónde se puede llegar", contó Hebe que le dijo a Francisco y describió "la violencia" que implica el aumento del precio del pan, de la leche, el tarifazo, el cierre de fábricas, los despedidos, entre otras consecuencias de las políticas aplicadas por Cambiemos.
Bonafini comentó que el Papa "está muy triste, que (la actual situación del país) le hace acordar al (golpe del) '55, estaba muy triste, no esperaba que pase nada de esto". La procupación por el revanchismo promovido desde distintas áreas de Gobierno es una constante en las charlas que el Papa mantiene con las distintas delegaciones de argentinos que se acercan a las audiencias públicas de los miércoles en la Plaza San Pedro.
"Tal vez aquí en Europa que viven muy pegados al capitalismo les parezca un acierto el gobierno de Macri, depende para quien piensa en el pueblo o para quien piensa en el poder y los billetes. Los pueblos nunca estamos bien con el capitalismo salvaje. En nuestra patria ya hubo mucha violencia, demasiada sangre para que nos quedemos todos quietos, sin denunciar. No estamos dispuestos a quedarnos callados, con los brazos bajos. Tampoco estamos dispuestos a que nos obliguen a la violencia que ellos quieren para justificar lo que hacen. Tenemos mucho miedo a que aparezca algún loquito y produzca un hecho de violencia". En esa crítica al capitalismo salvaje se funda la confluencia con la concepción de la Iglesia. Hebe llega por el camino de su experiencia en la lucha, en la calle, no por la fe.
Ella siempre se rebeló a los cánones aunque ahora a los 87 años acepta todos los íconos religiosos o talismanes que le acercan para ayudarla. Su escritorio en la casa de Madres es una muestra de ese sincretismo: conviven en la misma repisa el Gauchito Gil, el ojo musulmán y rosarios católicos de distintos orígenes. "Algo debe haber porque sino no estaría viva. Ni los médicos lo entienden", concedía antes de partir a Roma. La autorización de los médicos fue definitoria para que pudiera viajar.

La visita
"Con mucha calma hablamos dos horas, le dije que lo necesitábamos, que venga, que hable, nos sentimos desprotegidos", repitió Hebe y el Papa le ratificó que este año no podría visitar el país. En Brasil esperan que Francisco asista al "Jubileo 300 años de bendiciones-2017" en el Santuario Nacional de la Virgen de Aparecida. Las ceremonias de la virgen patrona se realizarán en octubre del año próximo. Se especula que en ese marco el pontífice pueda llegar a la Argentina. Desde Cambiemos tienen una preocupación más inmediata: esperan que el Vaticano invite al presidente el próximo 16 de octubre a la canonización del cura argentino José Gabriel Brochero, el primer santo nacido en el país.
La actitud de los obispos argentinos formó parte también de la prolongada charla con el Papa. La madre de Plaza de Mayo le trasladó a Francisco sus críticas hacia "los obispos, que son muy conservadores", aunque destacó a "los sacerdotes que trabajan, que son una maravilla".
Después de casi dos horas, como es habitual se intercambiaron regalos: Hebe le llevó un pañuelo de las Madres esculpido con venecitas y un ladrillo de la casa de las Madres en una base de madera. El Papa le dio un rosario y una plaqueta con la imagen de la Virgen con el Niño Jesús.
Superada la tensión y "la responsabilidad", Bonafini salió de Santa Marta "contenta y muy conforme".
Muy atrás en la memoria quedó el día en que en el 2008 las Madres habían tomado la Catedral porque el gobierno porteño no le pagaba a los trabajadores de una cooperativa. "Pensamos: como (Gabriela) Michetti era amiga de Bergoglio (vicejefa de Gobierno en ese momento) si tomamos la Catedral la plata va a aparecer", razonó Hebe.
–¿Hasta qué hora se van a quedar? –les había dicho aquella vez Bergoglio
–Hasta que les paguen –respondió Hebe
–Sabe señora que es el día de la Catedral y a las 7 de la tarde viene mucha gente
–No sabía, pero se ve que Dios me guió –le retrucó la mujer. A las 6 les pagaron a todos.
Ese había sido el único diálogo cara a cara entre el cardenal y Hebe. Ayer se fraguó el inicio de otra etapa.










LA CTA DE LOS TRABAJADORES Y LA CTA 

AUTÓNOMA MARCHARÁN A PLAZA DE MAYO EL

PRÓXIMO JUEVES


"El ajuste está haciendo estragos"



Las centrales conducidas por Hugo Yasky y Pablo Micheli se movilizarán con organizaciones sociales y estudiantiles contra el tarifazo, el ajuste y el veto a la ley antidespidos. También convocaron a un cese de actividades desde el mediodía.                                    Micheli y Yasky criticaron al Gobierno y confirmaron que las CTA                                                                             se movilizarán el 2 de junio.

Los titulares de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, confirmaron ayer que la movilización que harán junto a organizaciones sociales y estudiantiles en contra del tarifazo y el ajuste será el próximo 2 de junio. "El ajuste está haciendo estragos y creemos que tenemos que salir a la calle", dijo Yasky. Ambos dirigentes sindicales lamentaron que las CGT no se sumen a la manifestación, aunque apostaron a "seguir unidos en la acción" contra las medidas del Gobierno que afectan a los trabajadores.
La movilización que las dos CTA realizarán el próximo jueves incluirá un "cese de actividades" a partir del mediodía en protesta por el veto del presidente Mauricio Macri a la ley antidespidos y por la suba de tarifas. La convocatoria de las centrales sindicales que conducen Yasky y Micheli es a marchar desde Piedras y Avenida de Mayo hasta la Plaza de Mayo, donde a las 15 harán un acto.
"Serán jornadas de lucha hasta que este gobierno entienda que el voto popular lo habilitó para un mandato en democracia, no para aplicar un ajuste como si estuviésemos sometidos al imperio de los CEO de las multinacionales, para el cual las personas no son personas, son números, son estadísticas, son material descartable. Reafirmamos: justicia para nuestro pueblo, para los trabajadores, no al tarifazo, no al ajuste y vamos a decir en una Plaza de Mayo repleta: 'no al veto'", agregó el titular de la CTA de los Trabajadores.
Consultado por la decisión de las tres CGT de no movilizarse, Yasky señaló que "tienen otra mirada distinta que la nuestra, han elegido otro camino pero de ninguna manera esto tiene que ser razón para que dejemos de lado el intento de seguir unificándonos en la acción". Luego instó a Hugo Moyano, Antonio Caló y Luis Barrionuevo y a los dirigentes enrolados en las organizaciones que ellos lideran a "que nos unamos y enfrentemos juntos este brutal ajuste, este tarifazo, esta soberbia que dio por tierra con la ley antidespidos" y aseguró que "el veto (de Macri) no fue una señal de autoridad, fue un gesto de autoritarismo". "La profundidad de la crisis social nos va a empujar a estar junto a las CGT y a convocar a un paro nacional", dijo también, y agregó que "vamos a ir a la Plaza de Mayo a reclamar por la agenda social y fundamentalmente la solución del tema tarifario".
Micheli admitió que "no es el paro que habíamos previsto en unidad de acción con todas las centrales" y añadió que prefiere reflexionar que "en realidad hay tiempos de la CGT que no son los mismos que los nuestros; lecturas de la realidad que no son iguales en esta coyuntura política". "No tiene la misma contundencia un paro hecho por las dos CTA que por las cinco centrales. No es lo mismo el acatamiento, no es la misma la cobertura para los trabajadores respecto al derecho a huelga. Ellos no podrían parar si no están respaldados por su central y eso es lo que debilita un paro general", razonó y reiteró que el del jueves próximo será un "paro parcial: algunos sindicatos o provincias van a parar pero, en el orden nacional, va a ser un paro a partir del mediodía para permitir que la gente participe de la movilización hacia la Plaza de Mayo, que en Buenos Aires es la actividad central".
El sindicalista insistió en que "si las CGT pararan junto a la CTA el paro sería total, hubiera sido contundente" y se mostró cauto al analizar si la decisión de las otras centrales obedece a una cercanía con el gobierno de Macri. "La verdad que no quiero pensar que es eso, ni tampoco que tenga que ver con la plata de las obras sociales; quiero pensar bien", concilió el referente de la CTA Autónoma.
La CGT Azopardo de Moyano, la de Alsina de Caló y la Azul y Blanca de Barrionuevo confirmaron que "no habrá ningún paro" luego del veto de Macri a la ley de antidespidos. El jueves, tras el anuncio de que organizarán "ollas populares" en plazas de todo el país en protesta por el rechazo del Ejecutivo a la norma sancionada por el Congreso, Moyano afirmó que "los que nos piden un paro son los que chupaban las medias al gobierno anterior". Ayer se sumó el titular de UPCN, Andrés Rodríguez, quien aclaró que las ollas son sólo para "ayudar a los sectores más vulnerables". "Algunos le chupaban las medias (al gobierno de Cristina Kirchner). Nos quieren tironear para llevarnos a una posición y nosotros sabemos cómo manejar la realidad de los tiempos", aseguró el sindicalista.












Aparato de lenguaje

Por       Sandra Russo

 Todo es coreográfico. Un ballet del despojo. También de despojo del lenguaje. Cada día se hace más verosímil en el mundo la visión de George Orwell cuando imaginó 1984. En su momento, se pretendió que la profecía de Orwell se agotaba en un reality show. Un Gran Hermano que mirara, que vigilara constantemente de día y de noche. Pero Orwell pensaba más allá. El Gran Hermano tenía más que ver con lo que revelaron mucho después Julian Assange, John Snowden, Hervé Falciani. Es decir: la existencia de un poder extendido más allá de lo visible y confesado, más allá de lo publicado en los diarios, más allá de lo legal, que desplegara herramientas para mantener a la población bajo control. Un control a su vez extendido mucho más allá de las acciones: un control que se infiltrara en los deseos, las ilusiones, los miedos personales. Capaz de perdurar a pesar de la filtración de sus propios delitos –como el espionaje a diferentes autoridades de otros partidos u otros países–, gracias a esas herramientas. La más obvia es la comunicación. Pero paralelamente a esas visiones, Orwell observó que la primera condición favorable a ese poder autoritario y degradante era la decadencia del lenguaje.

Hace un par de años se le quiso connotar pluralismo a un programa de televisión en el que nadie podía terminar una frase sin ser interrumpido por los gritos de otro. Hoy no hay programa político posible sin un nervio tan enervado que falta poco para llegar a las piñas que ya transitaron por la televisión como farsa. En ese sentido, el fenómeno comenzó a la inversa de la frase de Marx: primero la comedia y después la tragedia. Puede ser todavía mucho peor, cómo no lo vamos a saber los argentinos. Que no haya estallado hasta ahora la violencia represiva se debe exclusivamente a la conciencia y a la revalorización de la vida que en nuestro pueblo se instaló en los últimos años. Eso sí lo heredó Macri.

De las piñas ficcionales de los reality shows de los noventa, pasamos hoy a la tensión ahogada de realismo, de un realismo crudo, sombrío y sin embargo alterado por lo que muestran los grandes medios, que ocultan tanto aquí como en Brasil movilizaciones multitudinarias. Ocultan al Presidente de la información que se conoce local y mundialmente. ¿Y eso cómo se llama? ¿Periodismo? Magnetto recibe en Estados Unidos un premio a la libertad de expresión. Hay que empezar de cero con el lenguaje, porque lo que premian premiándolo a Magnetto no tiene nada que ver con la libertad de expresión, sino con su ficción, con su máscara, que es lo que mejor le sale a la derecha corporativa, esto es, enmascararse con jingles y slogans que no significan nada. No dan la cara nunca porque no tienen cara. Literalmente. Son imágenes de personas, son máscaras (lo último que han enmascarado es nuestra escarapela; pretenden que festejemos en bicentenario de la independencia sin sol).

El objetivo de los sin sentidos del macrismo –productos del negacionismo sistemático de la crisis desatada por medidas macroeconómicas que tomaron ellos: niegan crisis ocupacional, niegan aumento de la pobreza, niegan censura, niegan hospitales sin insumos, etc.– es no tanto ya la construcción de un relato que hace agua por los cuatro costados, sino constituirse en un aparato de lenguaje que ocupe el lugar de los cuerpos, y del relato que surge de ellos, el que construyen los más débiles con sus lágrimas, su transpiración, sus flujos y su sangre.

En todo régimen autoritario el lenguaje ocupa el lugar de los cuerpos. La intención es que el lenguaje del poder lo cubra todo, no importa la forma que adopte, si más tonta o menos tonta. El Pro no parece preocupado por parecer inteligente. Su lenguaje negacionista está destinado a acallar las voces reales que salen de los cuerpos reales tanto de ciudadanos como de dirigentes que puedan antagonizar con él.

La Plaza de Mayo de este 25 fue una foto perfecta de ese mecanismo. El espacio público por excelencia de este país fue cercado, colocado en el lugar de lo inaccesible para los ciudadanos. Los cuerpos que otros años la llenaron fueron reemplazados por un comunicado de la ministra de Seguridad pretextando un estado de alerta a raíz de la detención, la noche anterior, de un grupo de quemacoches en Nuñez. Todo lo que dedujo y dijo sobre esa detención pertenece a la capacidad imaginativa de Bullrich, y a su manera de entender la política como manipulación. No les sale siempre bien, pero lo hacen sin parar, con la colaboración inestimable de la cadena de medios adictos, que distribuyen sus imágenes cada vez en menos pizzerías y bares, porque los bares y las pizzerías también empezaron a cerrar.

Desde que llegó al poder diciendo que la política era solucionar problemas, Macri no ha hecho más que crearlos y acumularlos como hijos ilegítimos destinados a vivir lejos de la casa principal. Alineados con él, los grandes medios no han podido cerrar completamente el grifo de visibilidad para los sectores de población directamente atacados por las políticas macristas. Son tantos esos sectores, y son tan populosos, que se cuelan por las rendijas de la comunicación y aparecen, en algunos espacios televisivos rescatados, en las redes y en las calles. Ahí están esas caras demacradas, surcadas por la angustia que sobrevino de pronto.

La negación mecánica del resultado inmediato de sus propias políticas permite que el macrismo oscile entre echarle la culpa de todo al gobierno anterior, y negar que la crisis sin precedentes que se avecina exista. Es absurdo, pero es lo que ha hecho siempre y se diría que es parte de su encanto siniestro: el habla macrista no se forja para describir ni argumentar sobre la realidad, sino para el espadacheo mediático que sirve para salvar lo único que tiene, que es su imagen. Macri no quiere que lo quieran: quiere que odien a Cristina y lo que ella representa.

Mientras tanto, millones de personas reales, con nombre, con apellido, con biografía, con proyectos tumbados, intentan ser convencidas por ese aparato de lenguaje que es esto lo que son "de verdad", que es éste el "sinceramiento" de sus propias vidas. Reírse con todos los dientes, conocer el mar, irse de vacaciones, planificar un cumpleaños de quince o un casamiento, esperar tranquilos la jubilación, tener el primer universitario en la familia, vivir y crecer en un país que por primera vez tenía satélites y que iba hacia su propio autoabastecimiento energético, todo lo que enalteció las vidas de millones, según ese aparato de lenguaje, era mentira. Ellos, los que usan máscara, le dicen a esos millones de argentinos que han confundido una ilusión con la verdad. El Pro no quiere convencer. Quiere confundir.

El aparato de lenguaje corporativo sólo puede germinar aplastando otros brotes. Necesitan que no exista la política, y que se deshagan las organizaciones. Cuando escribí el libro sobre Milagro Sala, Jallalla, observé y consta en él que en Jujuy suelen desarrollarse algunos hechos unos años antes que en el resto del país. De hecho, la Tupac Amaru, una de las organizaciones más grandes de la región, no nació con el kirchnerismo sino una década antes, a principios de los 90, mientras el resto del país se acomodaba a Menem. Ahí en el norte las enormes mayorías no viajaban a Miami a pedir dos. Estaban las elites gobernantes y los pueblos declarados inviables. Diez años antes del estallido de 2001, en Jujuy el neoliberalismo había llegado a un clímax. Hay que mirar hacia Jujuy, con sus desvíos institucionales, con sus persecuciones políticas, con el regreso del miedo, con Milagro Sala presa y su organización avasallada y usurpada, para ver en qué dirección mira el macrismo.



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