domingo 29 de mayo de 2016
SUSPENDIENDO PERSONAL
Más despidos después del veto
Empresas que firmaron el compromiso de no despedir, otras afectadas por importaciones, y varias por la caída del consumo interno y por el tarifazo siguieron echando trabajadores desde el mismo día que Mauricio Macri vetó la Ley de Emergencia Laboral.
El 40 por ciento de las metalúrgicas (Adimra) informó que ha disminuido la cantidad de empleados en el primer trimestre del año.
Por Alfredo Zaiat
Alpargatas, Swift, SanCor, Germaíz, Gafa, Bambi, Acindar, Argul, Televisión Pública, Renatea, TecPlata, Kromberg & Schubert, Rejo, Tessicot, Menoyo, EMAPI, Frigorífico Ciaber, Canale, Ricedal Alimentos. Estas empresas decidieron despidos, suspensiones o reducción de salarios desde el día que Mauricio Macri vetó la Ley de Emergencia Laboral. Gran parte de ese listado fue confeccionado por el aporte de Jorge Duarte, periodista especializado en temas gremiales, que va detallando en su cuenta de Twitter los conflictos laborales que se suceden diariamente. La recopilación de esa información y de otras fuentes en apenas una semana ofrece un cuadro inquietante. Es sólo una muestra de una tendencia laboral que involucra a muchas más firmas y que se ha instalado a partir de una política económica que ha deteriorado el consumo y el mercado interno, ha provocado un descalabro en la estructura de costos empresarios con el tarifazo y ha dispuesto la apertura de la economía a la importación. El muy fuerte retroceso de las condiciones laborales de miles de trabajadores continúa pese a la obstinada negación de esa situación por parte del Presidente y de sus más estrechos colaboradores.
Despidos y suspensiones se extienden en sectores económicos afectados por la política económica de megadevaluación, tarifazo y apertura económica. De las catorce ramas de actividades de la economía evaluadas por el Ministerio de Trabajo en base a la información proporcionada por el SIPA, en marzo sólo cinco registran muy leves aumentos, sobresaliendo Enseñanza con un alza del 3,1 por ciento (13.143) por el comienzo del ciclo lectivo. La cartera a cargo de Jorge Triaca (h) hace esfuerzos para embellecer un paisaje oscuro pero los cuadros estadísticos van en línea opuesta a la crónica oficial del informe "Situación y Evolución del Trabajo Registrado" difundido el jueves pasado. El saldo es negativo sin incluir los despidos en el sector público, a los precarizados en el sector privado ni a los del empleo informal.
Mientras el ministro holograma de la cartera de Hacienda y Finanzas elige el IPC más bajo entre el de la Ciudad y San Luis, en un escenario de inédito apagón estadístico del Indec, para pagar menos de bonos indexados por el CER, el ministro de Trabajo también busca estadísticas para minimizar el ajuste en el mercado laboral. Hace la comparación interanual, incorporando el último año del anterior gobierno cuando la economía no estaba en recesión, cuando debiera detallar el recorrido desde diciembre pasado, comienzo de su gestión con la administración Macri. El saldo sería así bastante negativo. Además concentra en el sector de la construcción el problema de los despidos, que evidentemente es el más afectado (en diciembre 2015 y enero 2016 hubo 40 mil, según datos oficiales), pero la pérdida de puestos se está registrando en casi todas las áreas de la economía. La cámara que reúne a empresas metalúrgicas (Adimra) informó que el 40 por ciento de las firmas del sector ha disminuido la cantidad de ocupados en el primer trimestre del año.
En la comparación de marzo respecto al mes anterior, de acuerdo al propio informe de Triaca (h), se registraron pérdidas de trabajadores en relación de dependencia formalizados en las ramas Hoteles y Restaurantes (10.879), Inmobiliarias (4423), Construcción (2721), Comercio (1914), Servicios (1575), Explotación de minas (659), Transporte (477) y Suministro de electricidad, gas y agua (103). Como se observa, la caída más pronunciada en marzo fue en el gremio liderado por Luis Barrionuevo, dirigente sindical y también empresario gastronómico con muy buen diálogo con el macrismo.
Una por una
Los casos de despidos, suspensiones y reducción de salarios bajo la amenaza empresaria de quiebra está constituyendo un escenario de crisis laboral no previsto, puesto que la economía enfrentaba diversas tensiones pero ninguna requería semejante castigo a los trabajadores. El mundo de la ortodoxia que ha desembarcado en el gobierno está sincerando que el objetivo es desarticular la estructura social y económica del kirchnerismo, cargando sobre sectores vulnerables (de clases medias a trabajadores) que no merecen el nivel de vida que tenían. Quien fuera dos veces presidente del Banco Central de Carlos Menem, promotor del libre comercio o proteccionista dependiendo de si era empresario (fabricante de dulce de leche) o no, Javier González Fraga, fue el más explícito en un diálogo radial: "Venimos de 12 años en donde las cosas se hicieron mal. Se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y el tipo de cambio... Donde le hiciste creer a un empleado medio que su sueldo servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior".
La reducción de los salarios reales (12,1 por ciento desde noviembre, según el último informe Cifra-CTA) y del nivel de empleo son funcionales para bajar el consumo, como postula el radical PRO González Fraga y así convencer a sectores sociales de que no deben tener aspiraciones de mejorar sus condiciones materiales. Los conflictos laborales han adquirido mucha intensidad más aún cuando se compara con que hasta hace muy poco eran escasos los casos de despidos o suspensiones.
Canale informó que cierra en forma temporal su planta en Mendoza y suspende a 120 empleados, y Germaíz, fabricante y comercializadora de aceite, fue denunciada que hace dos meses no paga los salarios de 70 trabajadores. Los siguientes casos de despidos, suspensiones o reducción de salarios fueron difundidos en el portal de noticias Infogremiales en la última semana, desde el mismo día que Macri vetó la Ley de Emergencia Laboral:
- Alpargatas: 70 cesantías en la planta de Tucumán a partir de mediados de julio, suspensiones en la fábrica radicada en La Pampa, retiros voluntarios en la planta de San Luis, y suspensiones y retiros voluntarios en la de Catamarca.
- Argul: fábrica de inyecciones plástica, en la localidad de Berazategui, despidió a 30 y los trabajadores tomaron la planta.
- Swift: el frigorífico beneficiado por la eliminación de retenciones a la carne, suba de precios y aumento de exportaciones cesanteó a 9.
- Kromberg & Schubert: autopartista alemana dedicada a la fabricación de mazos de cables para la industria automotriz despidió a 56 obreras en su planta ubicada en el Parque Industrial de Pilar.
- Gafa: empresa de heladeras, radicada en Rosario, suspendió a 360 empleados por tres meses con el argumento del aumento de las importaciones de línea blanca y la caída del consumo doméstico.
- TecPlata: la terminal de contenedores de La Plata pagará un 70 por ciento de los sueldos hasta el 31 de enero de 2017, asegurando la estabilidad laboral sin necesidad de que concurran a trabajar.
- SanCor: una de las dos empresas lácteas líder abrió un programa de retiros voluntarios para sus 4700 trabajadores. SanCor y La Serenísima comunicaron al gremio del sector que no piensan dar aumentos salariales este año
- Acindar: la planta en Rosario emplea a 200 trabajadores y anunció que a partir de agosto eliminará un turno que emplea a 30, además de ofertar retiros voluntarios.
- Bambi: fábrica de heladeras y freezers despidió a 60 trabajadores.
- Ricedal: fábrica de alimentos cerró la planta aceitera de Chabás cesanteando a 28 trabajadores.
- Tessicot Sedamil: textil que produce para Nike y Adidas despidió 15 en dos tandas.
Plenario
La respuesta oficial a la crisis laboral ha sido en el ámbito institucional el veto a la Ley de Emergencia Laboral y el impulso de un proyecto de precarización del empleo joven. Frente a la caída del empleo, la reacción fue festejar la reincorporación por tres meses de 1300 de los 3500 trabajadores de Cresta Roja, mediante contratos precarios, reducción de salarios y sin respetar la antigüedad. También saludó la firma de un acuerdo con Arcos Dorados (McDonald's) para que 5000 jóvenes de 18 a 23 años pauperizados trabajen en esa firma por un salario de 4500 pesos, por debajo del mínimo, vital y móvil.
El mismo día del veto de Macri, más de 25 sindicatos que integran la Corriente Político Sindical Federal, el Núcleo del MTA, la CTA y CGT regionales se reunieron en Villa Constitución en un plenario bajo el lema "En defensa del trabajo y la producción nacional". No hubo disidencias en el diagnóstico: "Enfrente hay un Gobierno que viene por los derechos laborales, que quiere rebajar "el costo" que significan los salarios, que busca flexibilizar a los trabajadores como ocurrió durante los años noventa". Representantes de trabajadores advirtieron que para lograrlo y avanzar necesita quebrar la resistencia que pueden oponer las entidades gremiales, el movimiento obrero organizado. Señalaron que ese objetivo requiere del disciplinamiento y avance sobre los trabajadores, generar una fuerte recesión con un ajuste, con la devaluación, apertura de importaciones, aumento salvaje de los servicios públicos y tasas de interés que alimentan la bicicleta financiera en desmedro de la inversión productiva. Observaron que ese objetivo necesita generar miles de desempleados, precarizar, recortar el poder de los sectores populares y de negociación de las centrales sindicales.
En el plenario hubo 17 discursos que coincidieron en la necesidad de unidad y compromiso de la dirigencia sindical, resumido en la exposición del dirigente Walter Correa, secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores, cuando afirmó que "no podemos mirar al costado aquellos que vivimos los noventa".
FABULOSA TRANSFERENCIA DE INGRESOS A SECTORES
CONCENTRADOS
Casi 20 mil millones de dólares
En apenas cinco meses, las principales medidas económicas del gobierno de Macri significaron un incremento impactante de ingresos a compañías agroexportadoras, bancos, empresas de alimentos y grupos industriales. Pese a esa mejora, hubo fuga de capitales.
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En cinco meses el Estado cedió 281.106 millones de pesos que equivalen a 19.383 millones de dólares.
En cinco meses el Estado cedió 281.106 millones de pesos que equivalen a 19.383 millones de dólares.
Por Tomás Lukin
Consultado sobre el impacto recesivo del ajuste en marcha desde diciembre, el presidente Mauricio Macri afirma que "el sinceramiento de la economía ha sido una pesada carga para muchos". Con la promesa de un inminente segundo semestre de prosperidad económica el mandatario explica que "cada medida ha sido pensada e impulsada pensando en el futuro de los argentinos". Mientras sindicalistas, trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales, jubilados, beneficiarios de programas sociales y clubes barriales aguardan angustiados esa supuesta mejora futura, la llegada de la segunda mitad del año se adelantó para la cúpula empresaria. Durante sus primeros cinco meses en la Casa Rosada, el Gobierno de Macri transfirió una suma equivalente a 19.383 millones de dólares hacia compañías agroexportadoras, financieras, grandes empresas de alimentos y grupos industriales.
La megadevaluación, la eliminación de las retenciones (reducción de cinco puntos a la de la soja), la aceleración inflacionaria y la bicicleta financiera habilitada por el Banco Central son los principales medidas que definieron esa redistribución regresiva del ingreso. La estimación de la impresionante transferencia de recursos desde el Estado y la población que dependen de ingresos fijos hacia las principales firmas locales y extranjeras fue realizada por el Centro de Estudios para el Cambio Social (CECS). Expresado en moneda nacional la transferencia de recursos hacia los sectores empresarios ascendió a fines de abril hasta los 281.106 millones de pesos. Ese monto equivale al 75 por ciento superior a la partida anual destinada a obras públicas y 130 por ciento mayor que el presupuesto nacional utilizado para solventar las universidades nacionales.
"Los primeros pasos del gobierno de Macri implicaron cambios insoslayables en la distribución del ingreso. El proceso de transferencia afectó la calidad de vida de la mayoría de los argentinos al reducir el poder adquisitivo, a la par que expone a la economía argentina a mayores vulnerabilidades en el sector externo. El sentido de las principales medidas del nuevo gobierno y la magnitud de su alcance dan una pauta clara de la orientación económica con la cual se ha decidido conducir la economía", explican los economistas Itai Hagman, Pablo Wharen y Martín Harracá.
En ese sentido, el documento "Transfiriendo al Capital" de los investigadores del CECS advierte sobre el incremento en la fuga de capitales que acompañó tamaña redistribución de ingresos hacia la cúpula empresaria. Desde que asumió, el nuevo equipo económico facilitó la salida de divisas mediante una profunda liberalización financiera y cambiaria. "Durante los primeros tres meses de 2016 la fuga de ascendió a 3300 millones de dólares, marcando el primer trimestre de mayor salida desde la crisis financiera internacional en 2009", sostiene el trabajo al referirse a los datos del Balance Cambiario elaborado por el BCRA.
Con ese diagnóstico, Hagman, Wharen y Harracá consideran que "Argentina corre el riesgo de incurrir nuevamente en un triángulo sumamente perjudicial: transferencia de ingresos, fuga de capitales y endeudamiento externo. Si en cinco meses el Estado cedió al sector empresario 281.106 millones de pesos que equivalen a 19.383 millones de dólares, no sería sorprendente que el endeudamiento que asuma el Estado en los próximos años supere y se consuma en el financiamiento de la fuga. La transferencia más que cuadruplica el presupuesto destinado a salud, equivale a nueve veces las partidas para vivienda y representa los fondos necesarios para financiar durante más de seis años la AUH".
Medidas
Para estimar la magnitud de recursos apropiada por los sectores empresarios, los investigadores del CECS consideraron los mecanismos directos como el impacto neto de la devaluación sobre los exportadores o la reducción de las retenciones sobre las firmas mineras. Pero además, dimensionaron la transferencia de ingresos desde los sectores de ingresos fijos (trabajadores –registrados y no registrados – jubilados y beneficiarios de AUH) hacia los sectores empresarios como consecuencia del shock inflacionario que experimenta el país desde noviembre de 2015.
- Devaluación y comercio exterior: El salto cambiario, descontando el impacto sobre los costos de los insumos y bienes intermedios de la devaluación, redundó en una ganancia de 4786 millones de dólares para las firmas exportadoras. Para dimensionar esa transferencia los economistas estimaron el diferencial entre el monto de las exportaciones observadas mes a mes entre enero y abril de 2016 valuadas al tipo de cambio efectivo y las mismas ventas externas expresadas al tipo de cambio "sin devaluación".
- Sin retenciones: La eliminación de derechos de exportación (reducción de cinco puntos a la de la soja) redundó en una transferencia de recursos desde el Estado hacia las cerealeras, frigoríficos y mineras del orden de los 704 millones de dólares.
- Diferencial de tasas: En promedio durante los cuatro meses anteriores al cambio de gobierno el diferencial de tasas era de 5,3 puntos porcentuales. Esa relación se elevó hasta ubicarse por sobre los 10 puntos porcentuales en marzo y abril de 2016. "Los bancos obtuvieron una rentabilidad extraordinaria sobre las inversiones financieras que realizan con los recursos de los ahorristas. Si se multiplica mes a mes el stock de Lebac por el diferencial adicional se arriba al monto de 44.576 millones de pesos transferidos a los bancos, lo que valuado en dólares resulta en 3074 millones".
- Dólar futuro: El BCRA informó que desde la devaluación del 17 de diciembre de 2015 y hasta abril de 2016 debió pagar aproximadamente 70.000 millones de pesos, cifra que equivale a 4828 millones de dólares.
- Shock inflacionario: A pesar de la retracción en el consumo, entre noviembre y abril, el monto adicional apropiado por el sector empresario en su conjunto como resultado de la aceleración en los precios alcanza los 86.875 millones de pesos, equivalentes a unos 5991 millones de dólares. "Si bien los empresarios sufrieron una pérdida de demanda y un incremento de costos, estos efectos fueron más que compensados por el incremento de los precios locales", explica el documento al cuantificar la transferencia desde los sectores de ingresos fijos por vía del shock inflacionario.
Así, de acuerdo a sus cálculos, las transferencias directas ascienden representaron un total de 194.231 millones de pesos, o 13.392 millones de dólares. En tanto, las indirectas alcanzan los 86.875 millones de pesos, que representan 5991 millones de dólares. "La transferencia de ingresos durante los primeros cinco meses del gobierno de Cambiemos equivale a 1762 dólares por trabajador ocupado, 451 dólares por habitante, 160 millones por día entre el 1° de enero y el 30 de abril, 7 millones de dólares por hora o 111.242 dólares por minuto que fueron apropiados por los sectores empresarios", detallan Hagman, Wharen y Harracá.
EL FINANCIAMIENTO DE LA REPARACIÓN HISTÓRICA Y EL
FUTURO DEL SISTEMA
Los jubilados y el futuro de la Anses
El fondo de garantía, una presa codiciada. La justificación para vender las acciones. ¿Seguirá siendo sustentable el sistema?
Macri con los jubilados. La promesa de la felicidad y las intenciones políticas no dichas. Imagen: DyN.
Macri con los jubilados. La promesa de la felicidad y las intenciones políticas no dichas. Imagen: DyN.
El manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, los compromisos de pagos por deudas a jubilados, con sentencia judicial o sin ella, y la posibilidad abierta de que el gobierno nacional intente desarmar la participación accionaria del organismo previsional en empresas que cotizan en Bolsa abre un gran interrogante sobre el futuro: si el sistema previsional público podrá seguir teniendo la sustentabilidad ganada en la última década. "De algún modo, el compromiso que se está asumiendo de pagar los juicios pendientes, las demandas sin sentencia, e incluso las diferencias de haberes con aquellos que ni siquiera iniciaron juicio, al mismo tiempo que se crea una pensión a la tercera edad, significa el desfinanciamiento del Fondo de Garantía, que son las jubilaciones de los actuales trabajadores de acá a los próximos años", resumió un especialista consultado por este diario. "No me sorprendería que, de acá a cinco años, reaparezca un nuevo debate acerca de si, con la estructura de activos que tenga en ese momento el sistema, se está en condiciones de seguir haciendo frente al pago de todas las jubilaciones o seguir manteniendo el régimen de movilización jubilatoria semestral", advirtió.
Estos interrogantes cruzan los análisis de los expertos que intentan bucear acerca de los anuncios que, de a tramos, va haciendo el gobierno nacional acerca de una "reparación histórica a los jubilados y pensionados", al tiempo que lanza un generosos blanqueo para quienes fugaron millonarias fortunas del país en los últimos años, provocando una crisis cambiaria que no hubiera tenido explicación a partir de déficit de la balanza comercial ni los compromisos de deuda del período.
El gobierno nacional asume que cumplirá con la cancelación de las sentencias judiciales con aproximadamente 300 mil jubilados, y le propondrá al resto (cerca de dos millones) una actualización del 40 al 50 por ciento de sus haberes a cambio de desistir de los juicios pendientes. La adhesión es voluntaria, pero ayer el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, advirtió que si adhirieran todos "el sistema demoraría unos dos años en regularizarlos", porque no puede incorporar más de cien mil por mes. A menos de 24 horas de los anuncios, lo que se proponía como una "reparación inmediata", pasó a tener sus propios reparos.
Sólo por la actualización de valores de las retribuciones y las nuevas pensiones a la vejez que se implementarán, Basavilbaso estimó que el costo fiscal ascendería al equivalente a 85 mil millones de pesos al año. Si se cumpliera la expectativa del gobierno de que se presentaran al blanqueo, activos fugados por 20 mil millones de dólares, que pagaran en su totalidad la tasa del 10 por ciento, los recursos que ingresarían al fisco serían, en pesos, unos 28.500 millones de pesos (equivalentes a 2000 millones de dólares, el diez por ciento de lo que hipotéticamente se blanquearía, a 14,25 pesos). Es decir, aproximadamente la tercera parte del costo fiscal de un solo año de retribuciones adicionales. El reto saldría de los fondos normales y habituales de la Anses: de sus utilidades (dejaría entonces de acumular aumentos del 20 al 40 por ciento anual) o de la venta de sus activos, en el peor de los casos, que el gobierno no descarta.
Ariel Setton, economista del Plan Fenix, docente universitario y un meticuloso estudioso de temas impositivos y previsionales, se anticipó al debate que podría originarse acerca de una virtual insuficiencia de recursos de la Anses para cumplir con los compromisos que ahora se asumen, para justificar la venta de las participaciones accionarias en empresas privadas. "Es muy probable que en algún momento se diga que si no se venden las acciones, no se le puede pagar a los jubilados. Y es una dicotomía falsa. En la estructura de activos del FGS, a fin del año pasado, dos terceras partes eran títulos públicos (el 62 por ciento). Por cada peso en acciones privadas que tiene el Fondo (en conjunto, representan el 14 por ciento), tiene más de cuatro pesos en bonos. Si el FGS vende los bonos, la única consecuencia ulterior sería una baja en el valor de los títulos, si no crea algún mecanismo con el que puede evitarlo (no saliendo directamente al mercado). En cambio, si se desprende de las acciones, no es por necesidad, porque el monto es muy inferior al que representan los bonos, sino porque el Estado no quiere estar ahí, no quiere tener presencia en el Directorio de las principales empresas cotizantes, participando de sus ganancias, de su valorización y de sus decisiones. Es más una decisión política que por necesidad. Lo que está en juego es el rol que llegó a cumplir la Anses con su presencia y la propia sustentabilidad del Fondo, que se pone en riesgo liquidando sus activos. Mi sensación es que, a pesar de ser un argumento falso, van a utilizar como recurso discursivo la necesidad para cumplir con los jubilados, para justificar la venta de las acciones", concluyó.
HÉCTOR RECALDE, SOBRE DEPÓSITOS DE MACRI
DECLARADOS EN BAHAMAS
"Se supone que va a traer los 18 millones"
El diputado nacional Héctor Recalde, jefe del bloque kirchnerista, dijo estar "absolutamente de acuerdo que se haga justicia con los jubilados" pero advirtió que para dar un veredicto sobre el proyecto del macrismo "hay que ver todos los detalles de la ley". En cambio, con respecto al otro proyecto del Ejecutivo que acompañará al del pago a jubilados, Recalde dijo que "el blanqueo es una cosa que siempre me disgusta". En diálogo radial, expresó que "aparentemente el lunes (desde el Ejecutivo) presentarían en Diputados esta ley colectiva", una suerte de "ley ómnibus con temas diversos". No ahorró su ironía para comentar que le pareció "trascendente, pero a la vez medio contradictorio, que el Presidente diga que es bueno que traigan los dineros que se llevaron afuera porque eso ayuda al país; eso supone que los 18 millones de pesos que tiene en Bahamas los va a traer".
El director de Anses, Emilio Basavilbaso, señaló a su vez que el Gobierno está "yendo al 82 por ciento móvil", en relación al anuncio del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, y reclamó que el Congreso apruebe "pronto" el paquete de leyes, incluyendo el blanqueo de capitales. "Creo que el Congreso lo va a aprobar pronto; queremos que el límite sea septiembre, pero esperemos que sea antes", destacó. Consultado sobre la aplicación de la corrección en los haberes y el pago de las sentencias judiciales, Basavilbaso explicó que aunque "es inmediato el reconocimiento del derecho" hay "un máximo de 100 mil correcciones por mes" que puede hacer el Estado, y señaló que "si se adhieren todos los jubilados, vamos a tardar en regularizar dos años".
"El blanqueo es una cosa que siempre disgusta", admitió Recalde, al hacerse eco de la reacción de la sociedad ante este tipo de medidas, y evocó que cuando el gobierno de Cristina Fernández adoptó una medida de esta naturaleza, "fueron feroces los críticos, que son los que hoy aplauden". El legislador recordó que "nos acusaban de ayudar a los narcotraficantes o a los tratantes de mujeres; fue así literalmente, no estoy fantaseando".
Recalde se refirió también a la declaración de bienes presentada por Mauricio Macri, señalando que "la duplicación del patrimonio son cosas que un Presidente de la Nación tiene la obligación de aclarar a la sociedad. Porque, ¿qué pasaba con el pago de los impuestos? Porque aparentemente (su patrimonio) no es que creció, sino que habría declarado valores simbólicos; pero si uno declara valores simbólicos, no paga impuestos", reflexionó. Al recordársele que, en su momento, las declaraciones de bienes de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández también fueron polémicas y merecieron denuncias de supuesto enriquecimiento ilícito, Recalde advirtió que, en ese caso, "no hubo imputación de delito ni nada por el estilo" de parte de la Justicia. "Hubo cuatro causas sobre patrimonio y las cuatro fueron sobreseídas", recordó.
MACRI PIDIÓ APOYO PARA SU PROYECTO
Mensaje al Congreso
Decidido a explotar políticamente su iniciativa de cancelar las deudas previsionales y establecer un reajuste automático de los haberes, Mauricio Macri volvió a mostrarse ayer con jubilados y pidió apoyo al proyecto de ley que con ese objetivo envió al Congreso, a favor de la cual se pronunciaron varios gobernadores. El presidente destacó que la aprobación de su propuesta permitirá saldar "una deuda histórica" que se mantiene con los jubilados y que "no habla bien" de la sociedad argentina.
Macri formuló su pedido a los legisladores que deben tratar el proyecto del Ejecutivo desde un centro de jubilados de Boulogne, en el partido de San Isidro. Allí concurrió junto al intendente local, Gustavo Posse, y jugó al truco con los jubilados.
En defensa de su iniciativa, Macri explicó que una vez aprobada se podrá pagarle "a aquellos jubilados que estaban con tramite de juicio, tengan o no sentencia firme, y ajustar la jubilación para todos aquellos que hoy cobran algo que es inferior a lo que les corresponde". "Aquellos que se tengan que jubilar a partir de mañana podrán cobrar desde el primer día el haber que les corresponde", agregó.
De cara al tratamiento parlamentario del proyecto, desde el Gobierno celebraron el apoyo que manifestaron distintos gobernadores y no sólo oficialistas, sino también de la oposición. Uno de los opositores que se expresó a favor de la iniciativa fue el tucumano Juan Manzur, quien destacó que "beneficiarán "a más de 100 mil jubilados tucumanos" y añadió: "Agradezco en nombre del pueblo tucumano la iniciativa." Otro peronista que se pronunció en la misma sintonía fue el sanjuanino Sergio Uñac. En su caso dijo que lo que propone Macri "mejora la calidad de vida de nuestros abuelos" y señaló que "como Estado debemos generar justicia social e inclusión, protegiendo sobre todo a los sectores más sensibles".
También salieron a respaldar el proyecto del Ejecutivo Mario Das Neves (Chubut) y los radicales Gerardo Morales (Jujuy) y Alfredo Cornejo (Mendoza).
OPINIÓN
Verdad y transparencias en épocas de Macri
Por Ricardo Augusto Nissen
1 Hace unos pocos días, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, volvió a manifestar que, en noviembre de 2015, los argentinos votaron un cambio, que tenía y tiene que ver fundamentalmente con la verdad y con la trasparencia. Esta manera de ver coincide con lo expuesto por algunos de sus más entusiastas seguidores, que ponen como ejemplo, para avalar lo expuesto, la constitución por Macri de un fideicomiso al cual se lo ha denominado como "ciego", en el cual nuestro presidente habría traspasado fiduciariamente las acciones que es titular en las empresas "4 Leguas SA", "Agropecuaria del Guayquirao SA", "Molino Arrocero SA" y "María Amina SA", como así también su participación del fideicomiso "Inmobiliario Caminito".
2 Sin embargo, y salvo que la Real Academia de la Lengua Española haya cambiado el significado de las palabras "verdad" y "transparencia", la realidad no parece apoyar ni sostener tales manifestaciones, pues la aparición de los Panamá Papers, los primeros días del mes de abril, y la acabada demostración – ahora confirmada por su propia declaración jurada presentada a la Oficina Anticorrupción – de la participación de Mauricio Macri en la ilegítima actividad off shore, a través de compañías fantasmas y abultadas cuentas bancarias, parecen demostrar exactamente lo contrario y, al respecto, la delegación de la administración de su patrimonio en un fideicomiso, por más "ciego" que este fuera, nada aporta a la tan cacareada transparencia, que hoy brilla por su ausencia
3 Ni bien se conoció el 3 de abril del corriente año, la activa participación empresaria del presidente de la República en las denominadas "cloacas fiscales" del mundo, sus más fieles seguidores, entre ellas la titular de la Oficina Anticorrupción, la inefable Laura Alonso, siguiendo las iniciales declaraciones de Mauricio Macri, negaron que ello constituyera delito alguno, sino que era un instrumento más para operar financieramente en el mundo, en especial cuando, como aquel declaró públicamente al día siguiente en los medios de mayor repercusión en el ámbito empresario nacional, su inclusión en la sociedad "Fleg Trading Ltd." había sido un capricho de su padre, ocupando solo el cargo de "director ocasional", en una sociedad que nunca había tenido actividad comercial. Pero como las mentiras tienen patas cortas, esas afirmaciones no soportaron el menor de los análisis ni el paso del tiempo, pues la acabada demostración, durante las semanas siguientes, de que Mauricio Macri no solo tenía también activa participación en otras compañías constituidas en paraísos fiscales, sobre las que nunca dio la menor explicación (Kagemusha SA), sino que su afición por las compañías simuladas venía de antiguo (caso "Ophalsen", del año 1995), sumado al hecho de que la sociedad "Fleg Trading Ltda.", constituida en Bahamas, estaba muy lejos de ser una sociedad inactiva e improductiva, obligaron a Mauricio Macri, para ratificar los principios de transparencia que tanto predicó durante su campaña electoral, a hacer conocer a la comunidad la puesta en marcha de un "fideicomiso ciego" para que una empresa privada administre sus bienes mientras dure su mandato, denunciando, el día 8 de abril de 2014, ser propietario de bienes por la suma de 52 millones de pesos, según su última declaración jurada a esa fecha, suma que implicaba un 26 por ciento más de lo que había declarado en el año 2014.
4 El fideicomiso es una figura legal que fue muy resistida en la República Argentina, hasta el año 1995, cuando fue incorporada a nuestra legislación por la ley 24.441. Recordemos al respecto que fue en esa época cuando el fraude empresario estaba en su total apogeo, traducido en el uso indiscriminado de las sociedades off shore, la utilización de la "contabilidad creativa" en los estados contables de las principales compañías nacionales, las estafas corporativas a terceros y minorías accionarias, a través de la manipulación de los "aportes irrevocables " y "resultados no asignados", así como la incorporación a la legislación concursal de la dudosa figura del "cramdown" por la ley 24.522 de concursos y quiebras, también proveniente del derecho anglosajón, que por entonces se había convertido en el especial referente de nuestros legisladores nacionales.
Concretamente, el fideicomiso es un convenio por el cual una persona – fiduciante – transmite a otro la propiedad de ciertos bienes, obligándose el que lo recibe – fiduciario – a administrarlos bien y fielmente por cierto tiempo, al cabo del cual debe entregarlos a la persona indicada en el contrato, que puede ser el primer transmitente o un tercero, al cual la ley lo conoce como "beneficiario" o "fideicomisario". La finalidad de este contrato, a diferencia del denominado "fideicomiso ciego" de Macri, no es exhibir la transparencia de la administración de un patrimonio particular, sino la creación de un patrimonio separado, tanto del patrimonio del fiduciante como del fiduciario, totalmente invulnerable respecto de las acciones que pudieran iniciar los acreedores particulares de uno y otro, quienes carecen de la posibilidad de embargar y ejecutar dichos bienes. Este es el secreto y la finalidad del fideicomiso, y como toda figura legal, que tiende a restringir de alguna manera la responsabilidad patrimonial de una persona en el cumplimiento de sus obligaciones, el fideicomiso puede convertirse fácilmente en un instrumento de fraude, como ha acontecido en nuestro país, que pasó a ser la herramienta preferida de muchos dirigentes inescrupulosos y poco afectos a la transparencia y al cumplimiento de la ley, cuando la Inspección General de Justicia, a partir del año 2003 comenzó a combatir la radicación en la República Argentina de las sociedades off shore, a las cuales llegó expresamente a prohibir, a través de la Resolución General nº 7/2005, que actualmente rige, conforme lo dispone el artículo 218 de la Resolución 7/2015.
5 De manera tal que el contrato de fideicomiso, por mas "ciego" que se lo llame – en el sentido que en el convenio que nos ocupa, las partes se comprometieron a no comunicarse directa o indirectamente, cuestión realmente imposible de creer – no constituye una herramienta susceptible de dar transparencia a la administración de ningún patrimonio, pues ello no dependerá del fiduciante, sino de la lealtad y diligencia del fiduciario que, en el caso particular, es una sociedad anónima, de carácter privado, que tendrá su cargo la administración de las acciones que Macri es titular y cuyo fundador, el Escribano General de la Nación, el notario Carlos Marcelo D´Alessio, responde directamente en su función oficial a la Presidencia de la Nación.
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No parece entonces que este tan particular fideicomiso pueda ser ejemplo de transparencia alguna, en especial cuando, según sus cláusulas, el Presidente se reserva el derecho de "remover" a su administrador sin expresión de causa y mediante una simple notificación por escrito y en el mismo sentido, si bien se pactó en el aludido convenio que el fiduciario solo podrá vender o transferir los activos que impliquen conflicto de intereses para el Presidente de la Nación, estas decisiones deberán ser consultadas por el fiduciario con la Oficina Anticorrupción, que curiosamente encabeza Laura Alonso, esto es, la primera que salió a defender la participación de Macri en las empresas off shore, todo lo cual poco aporta a la credibilidad de este mecanismo y muy lejos se encuentra de ser un acabado ejemplo del concepto de transparencia, máxime cuando en su primera declaración jurada como Presidente de la Nación, Mauricio Macri reveló ser titular de una cuenta en Bahamas de 18 millones de pesos y ser propietario de un patrimonio que equivale a más del doble que como candidato, esto es, tener un patrimonio de 110 millones de pesos en lugar de 52, suma con la cual, pretendiendo dar un ejemplo de transparencia, creó un fideicomiso ciego hace menos de 50 días, ofendiendo, una vez más, la inteligencia de los habitantes de nuestra República Argentina.
VERÓNICA MAGARIO ADVIERTE SOBRE EL IMPACTO DE LA
CRISIS EN LA MATANZA
"No podemos dejar que la gente se muera de hambre"
La intendenta del distrito más poblado del conurbano contó que la demanda en los comedores creció un 150 por ciento en los barrios más vulnerables. Dijo que si el Gobierno no da respuestas, destinará recursos del municipio a comprar comida.
Verónica Magario pidió que el gobierno bonaerense declare "la emergencia social y laboral".
Por Nicolás Lantos
En La Matanza, el distrito más poblado de la provincia de Buenos Aires, a media hora del Obelisco, hay al menos 150 mil personas que no llegan a cubrir las necesidades alimentarias más básicas. La demanda de alimentos en comedores de colegios, iglesias y centros de jubilados aumentó un 50 por ciento en promedio, llegando al 150 por ciento en los barrios más comprometidos socialmente y la respuesta del Estado nacional y provincial son insuficientes. Ese es el panorama que pinta la intendenta Verónica Magario, en diálogo con Página/12.
"El hambre no admite espera. Hay que darle respuesta ahora mismo", dice la jefa comunal, que pide al gobierno provincial que declare "la emergencia social y laboral" para "destinar partidas" extraordinarias a los comedores de los sectores que quedaron a la intemperie por el aumento de precios y tarifas y la pérdida de empleo. Y advierte que si en los próximos días no tiene una respuesta satisfactoria de la gobernadora María Eugenia Vidal, tomará la decisión de "sacarle recursos al funcionamiento normal del municipio" para utilizarlos en la compra de alimentos.
"En las escuelas públicas de La Matanza los comedores crecieron un 50 por ciento promedio, pero llegaron al 150 por ciento en los sectores más vulnerables. La demanda también llega por las iglesias y los centros de jubilados. Hoy, los abuelos, después del aumento de tarifas, están pagando más de un tercio de una jubilación mínima en servicios. Sumale los medicamentos que dejó de cubrir PAMI. Hay un sector de abuelos que dejó de cenar para tomar un mate cocido o un té. Todo esto se suma a la baja de consumo y a las pérdidas de puestos de trabajo en el sector privado y en el sector informal, que es el primero que se pierde. Tenemos un registro de 150 mil personas por afuera del sistema en lo que respecta a cubrir las necesidades alimentarias más básicas", plantea Magario.
–¿Cuándo comienza a advertirse esta situación?
–Esto empieza a verse en febrero, marzo, fundamentalmente, cuando abren las escuelas y empezamos a tener indicios por el aumento en los pedidos de leche y de alimento, y se empezó a ver no solo en las escuelas, sino también en los barrios y en los centros de jubilados. Esto es producto de que crecieron muchísimo los precios de los alimentos y de los servicios y así aparecen las primeras demandas puntuales de asalariados que llegaban justo a fin de mes y ya no les alcanza. A eso se suma la gente que se quedó sin trabajo.
–¿Cómo se puede solucionar este problema?
–Cuando tenés despidos, falta de trabajo y hambre hay que declarar la emergencia y dedicar fondos a eso. En la provincia se declaró la emergencia hidráulica y en seguridad. Ese endeudamiento que se votó sirvió para destinar partidas extraordinarias y para agilizar los trámites de las inversión y de compra de equipamiento en seguridad y en las obras contra las inundaciones. Ahora, frente a este escenario, hay que declarar una crisis social y laboral y destinar partidas para lo más urgente, que es el hambre.
–¿Hubo respuestas del gobierno provincial a estas demandas?
–Yo el problema se lo llevé a la gobernadora Vidal en febrero y no tuve respuesta. Recién a fines de marzo empezaron a prestar atención y a darse cuenta de que estaba pasando algo grave. Hace un mes y medio estuve con los ministros de Desarrollo Social, (Carolina) Stanley y (Santiago) López Medrano, y pedimos asistencia alimentaria para estos sectores. Ni siquiera les pedimos que nos den los recursos a nosotros, sino que los hagan llegar a través de las escuelas, de las iglesias. las sociedades de fomento, los centros de jubilados. Producto de eso se empezaron a implementar operativos de la nación en los barrios, con el camioncito, pero lo que hacen ahí es el trámite para obtener el DNI y la inscripción a la Asignación Universal, no dan alimentos. Los que nos mandan a nosotros alcanzan apenas para dos mil personas, y son alimentos secos. Nada de carne, nada de leche, nada de fruta o de verdura. Por eso la decisión de este municipio es empezar a generar partidas para alimentos, para comedores, porque no podemos dejar que la gente se muera de hambre.
–¿De dónde saldrían esas partidas?
–Habrá que sacar de otros presupuestos del municipio. Del alumbrado, de las obras... El municipio pagaba un millón setecientos mil pesos por bimestre de luz y ahora tengo que pagar ocho millones por mes. Con eso se podría dar de comer a veinticinco mil chicos y podría sostener veinticinco mil becas en diversos programas de educación y recuperación para niños y adolescentes. Los municipios no podemos sostener esto. Lo que estamos haciendo es tomar una decisión de sacarle recursos al funcionamiento normal del municipio para comprar comida. En vez de asfalto, en vez de luminaria, yo voy a comprar alimentos. ¿Cuánto puede durar esto? Un par de meses, no más. Además los municipios tenemos nuestra recaudación atada a la caída del consumo, a través del IVA y de la tasa de Seguridad e Higiene, que se aplica sobre las ventas empresas y comercios, que también cayeron.
–Hace algunos días el asesor presidencial Jaime Durán Barba dijo que no hay hambre en el país y que si hay, es por culpa del gobierno anterior...
–En febrero intentaban decirnos que era la herencia. Desde marzo para acá los funcionarios con los que tratamos se empezaron a dar cuenta de que la crisis es real y más allá de lo que intenten mostrar, ya no tienen cómo justificar lo que está pasando y se sabe que es producto de las medidas económicas y el plan económico del Presidente. Ellos en privado reconocen esto, pero dicen que no tienen plata para dar soluciones. Si el municipio puede cambiar partidas, yo creo que el gobierno provincial también tiene herramientas para hacerlo. Estoy esperando en estas horas una respuesta para ver si la provincia aumenta los cupos a comedores. Si no, esta semana comenzaré a mover las partidas para dar comida a nuestra gente. Le pedí a los maestros que abran las puertas de todos los comedores, a las sociedades de fomento, a los clubes, a los centros de jubilados, que abran sus puertas para recibir a los vecinos que no tienen un plato y que nosotros nos encargaremos de llevar comida.
Verónica Magario es una de las concejeras de la nueva conducción del Partido Justicialista nacional y, como intendenta de La Matanza y sucesora de Fernando Espinoza, titular del PJ bonaerense, también tiene peso en la estructura del partido en la provincia. Desde ese lugar, destaca "la necesidad de estar todos unidos de acá en adelante" pero "no por el año electoral" en ciernes, sino "para afrontar la crisis social y laboral que está viviendo el país".
–¿Qué rol debe cumplir el peronismo en este escenario?
–Nosotros lo que podemos hacer es manifestar lo que está pasando y exigir desde el lugar de cada uno que haya políticas sociales y económicas que sostengan el trabajo y la industria nacional. Pero el que tiene que aportar acá es el gobierno nacional.
–¿Qué opina de la posición que tomó la CGT luego de que el presidente Macri vetara la ley de emergencia ocupacional?
–Me parece incorrecto y creo que en esto se van a expresar las bases. En mi distrito los gremios vienen trabajando junto a los empresarios para intentar encontrar una solución que evite los despidos, que no baje la producción. Si no hay un trabajo articulado y un reconocimiento del problema es imposible que haya soluciones. Por eso creo que fue un error haber vetado la ley y creo que todos los representantes de los trabajadores deben ponerle un freno a esto. Ya en el Gobierno mismo plantean que el segundo semestre va a llegar recién a fin de año. No sé cuánto más resiste la Argentina si seguimos en este rumbo.
–Espinoza hace poco hizo una advertencia similar y fue duramente criticado por promover disturbios...
–No hablamos de disturbios, hablamos de una crisis social. Cuando Fernando lo dijo, lo hizo porque camina los barrios y conoce la situación. Si no cambia la situación, la crisis social se agudiza. No es que va a haber disturbios, es que va a haber una situación compleja que cuando no se la atiende con políticas direccionadas nosotros ya hemos visto muchas veces cómo termina.
–En los últimos días se habló del regreso al partido de figuras como la de Florencio Randazzo o Sergio Massa...
–Nosotros estamos muy preocupados por las cosas que suceden ahora. El año que viene cuando llegue y como llegue, vamos a saber resolver la cuestión electoral, los peronistas tenemos experiencia en eso. Pero el objetivo es la unidad en función de la defensa del trabajo, de la industria y de la gente.
REPRESIÓN DE 2001, PLAN CÓNDOR Y DEBATE SOBRE PENA
DE MUERTE EN GUATEMALA
Una semana mortal
El lunes, fueron condenados los responsables políticos de la represión en diciembre de 2001. El viernes, la condena fue para integrantes de una asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad, el Plan Cóndor. Al margen de la voluntad oficial, la Justicia sigue actuando contra la impunidad de los más graves crímenes cometidos en el país. Entre ambos veredictos, Verbitsky participó en Guatemala en el debate por la aplicación de la pena de muerte. Esta es su crónica de una semana mortal.
El humor del presidente de Guatemala Jimmy Morales y sus caracterizaciones denigratorias.
Por Horacio Verbitsky
El lunes 23, el tribunal oral federal 6 condenó a los responsables políticos y operativos de la represión a los manifestantes en diciembre de 2001, cosa que nunca había ocurrido antes. El viernes 27, el tribunal oral federal 1 sentenció que el Plan Cóndor fue una asociación ilícita para la desaparición de personas. Entre ambos veredictos, en Guatemala se abrió el debate sobre la pena de muerte. Tuve el privilegio de asistir a los tres episodios, aquí como parte del CELS, que representó a varias víctimas de ambas operaciones, una clandestina por asociación entre las dictaduras de la región, otra abierta, durante un gobierno electo por el voto; allí en nombre de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte.
El escándalo de Vasameg
Los principales condenados por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 fueron el secretario de Seguridad Enrique Mathov y el jefe de policía Rubén Santos. Sólo una discutible interpretación de la Corte Suprema de Justicia, que el CELS impugnó ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, exceptuó al ex presidente Fernando de la Rúa, pese a que Mathov declaró en el juicio que nada de lo que hizo fue sin conocimiento del presidente. El valor histórico y político del veredicto es obvio: el Estado de sitio no puede asimilarse a carta blanca para hacer cualquier cosa, dato de especial relevancia ahora, con un gobierno que comenzó regando proyectiles policiales sobre trabajadores en conflicto y niños que ensayaban un festejo de carnaval, sancionó un protocolo represivo de la protesta social y valló la Plaza de Mayo para que la realidad social no perturbara la celebración presidencial del día de la Patria. Maurizio Macrì, Marcos Peña Braun, Patricia Bullrich y los jefes de las fuerzas de seguridad que reciben sus órdenes, deben tomar nota del significado de la condena a Mathov y Santos. Igual que con el dirigente ferroviario José Pedraza, condenado por el asesinato del militante político Mariano Ferreyra, este fallo refuta la idea machacada por el discurso antipolítico del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti de que la Argentina es el país de la impunidad. De todos modos, que las condenas se hayan pronunciado 15 años después constituye un escándalo que clama por una reforma de los procedimientos judiciales, cosa de la que Lorenzetti haría bien en tomar nota, entre fiesta y fiesta.
Las coordinadas defensas de Mathov y Santos recurrieron a sistemáticos planteos dilatorios y todos los funcionarios judiciales actuaron con injustificada lentitud. La primera jueza a cargo, María Servini, se reservó la investigación de los funcionarios del gobierno y de los altos jefes de la Policía Federal pero delegó en los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers a los ejecutores materiales de las cinco muertes y las lesiones de los manifestantes. A meses de los hechos, en 2002, la Sala I de la Cámara Federal ya había confirmado los procesamientos de Mathov y Santos por las órdenes ilegítimas de desalojar la Plaza de Mayo y efectuar detenciones indiscriminadas y procesado a ambos también por los homicidios culposos de Diego Lamagna, Gastón Riva, Carlos Almirón, Gustavo Ariel Benedetto y Carlos Alberto Márquez. Pero recién tres años después la sala II de la misma Cámara confirmó el procesamiento de los demás policías por idénticos delitos. Cuando Servini cerró la instrucción, en octubre de 2006, las defensas se opusieron a la elevación a juicio con planteos dilatorios que recién un año después fueron rechazados por la sala II. Ante una acusación de parcialidad, Servini declinó su competencia y la demorada instrucción quedó a cargo de Claudio Bonadio, que es rápido cuando quiere. Como la sala II le ordenó celeridad, Bonadio sólo se tomó otro año completo para clausurar una vez más la instrucción contra Mathov, Santos, y los comisarios Norberto Gaudiero y Raúl Andreozzi. Al mismo tiempo en otras tres causas distintas se investigaba el homicidio de Alberto Márquez, el de Gustavo Benedetto y las vejaciones a otros manifestantes. También se perdió un tiempo precioso en la elaboración de la lista de lesionados, donde se llegó al absurdo de incluir entre las víctimas a un presunto ciudadano Vasameg, que resultó ser la transcripción distraída de una planilla sobre el envío del móvil seis del servicio de salud municipal: "Va Same 6".
Cueste lo que cueste
Otros cinco años demoró la fiscalía la realización de un peritaje balístico solicitado por el CELS para determinar desde dónde provinieron los disparos y dónde cayeron las víctimas, que resultó una prueba decisiva en el juicio. Desde marzo de 2009 la causa estuvo en el Tribunal Oral Federal Nº 6, que malgastó otro año y medio hasta correr vista a las partes para que ofrecieran pruebas. También ese tribunal actuó con lentitud exasperante y permitió los planteos dilatorios de las defensas que persistieron hasta el final del juicio, con recusaciones múltiples a cada uno de los jueces. En 2013, con todos los plazos vencidos, rechazó con argumentos dogmáticos el testimonio de muchas víctimas, querellantes y testigos de cargo. Si la separación de los distintos hechos de la misma represión policial fue dilatoria, la reunificación en un único juicio dispuesta por el TOF 6 sometió a las más simples y avanzadas al ritmo cansino de las más complejas y donde mayores chicanas se practicaron. Ni la severa exhortación del presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, a fijar fecha de juicio "de manera inminente" conmovió la parsimonia del TOF 6, que siguió dilatándolo, con excusas que merecen análisis: que dos de sus jueces también debían atender otros juicios, como el del choque de un tren contra la estación Once, a la que el juez Rodrigo Giménez Uriburu asignó prelación, sin fundamentar por qué. En el tribunal se afirma que fue Lorenzetti quien recomendó esa preferencia de un accidente ocurrido en 2012 sobre el atentado a la DAIA de 1994 y los crímenes de Estado de 2001. La sentencia se conoció el 23 de mayo de 2016. Pero los condenados seguirán en libertad hasta que la Cámara Federal deje firme la sentencia. Mathov, Santos y Gaudiero solo pasaron unos meses detenidos en 2002.
Cuando el presidente del Tribunal, José Martínez Sobrino, leyó la sentencia hubo dos reacciones contrapuestas: aplausos por las condenas, si bien se consideró exigua la pena; chiflidos y gritos por la absolución de los policías de asuntos internos acusados por los homicidios y lesiones producidos sobre la Avenida 9 de Julio. Mathov fue condenado a cuatro años y nueve meses y Santos a cuatro años, cerca del máximo posible de cinco, desde que las dos salas de la Cámara Federal calificaron los hechos como homicidios y lesiones culposas, agravados por la cantidad de víctimas. Habría sido posible imputarles homicidio simple si se hubiera probado que procuraron en forma deliberada que sus subalternos abrieran fuego (con munición de plomo) con la intención de matar a los manifestantes. Aunque no causaron en forma directa las muertes y las lesiones son responsables por haber ordenado una represión brutal, cueste lo que cueste, sin prever sus consecuencias para los manifestantes.
Palomos y Gavilanes
Dos horas después de escuchar el fallo viajé a Guatemala, a pedido de Federico Mayor Zaragoza, el ex ministro de Educación y Ciencias de España y ex secretario general de la Unesco, quien preside la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, que integro. Mayor Zaragoza me pidió que representara a la comisión en un Foro contra la Pena de Muerte convocado por el Congreso de Guatemala, uno de los países más desiguales y con mayores índices de violencia, que desde enero es presidido por el actor cómico Jimmy Morales, de 47 años, especialista en ridiculizar a campesinos, afrodescendientes, mujeres, árabes y presos. Durante un viaje a Estados Unidos le preguntaron por el proyecto de Donald Trump de construir un muro que separe a su país de los vecinos del sur. "Le ofrezco mucha mano de obra barata, nos dice las dimensiones y con mucho gusto se lo construimos", respondió (). Dos días después debió pedir disculpas. La candidatura de Morales fue impulsada por la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemigua), un grupo de extrema derecha que reivindica la represión de los años del conflicto armado, del que los militares emergieron como una potencia económica. Su sorpresiva victoria expresa la fuerte corriente antipolítica que con respaldo de Estados Unidos promovió investigaciones judiciales sobre corrupción que llevaron a la cárcel al presidente Otto Pérez Molina y a su vice Roxana Baldetti, a dos ex presidentes del Congreso, a dos ex superintendentes de administración tributaria y a otros funcionarios y jueces. Pérez Molina también fue responsable de graves violaciones a los derechos humanos y en un documental filmado en 1983 aparece junto a los cadáveres de cuatro personas secuestradas la noche anterior. El entonces mayor Pérez Molina era comandante de campo cuando se produjeron las masacres por las cuales fue condenado el ex dictador Efraín Ríos Montt, en un juicio luego anulado por razones formales. Estados Unidos apoyaba aquellas operaciones, pero cuando Pérez Molina llegó a la presidencia hizo campaña en toda la región por un cambio de paradigma que diera por terminada la guerra contra las drogas. No hubo piedad con él. Una gran manifestación en el Parque Central, frente a la Casa de Gobierno, marcó su declinación y precedió a su arresto, como cómplice con un esquema defraudatorio por el cual las empresas pagaban la décima parte de lo que correspondía por sus importaciones y entregaban otros dos o tres décimos a La Línea, como se conoce a la organización criminal que existía desde hace décadas pero recién fue puesta en evidencia cuando Pérez Molina defraudó las expectativas de Washington. Dos mujeres azuzaron el establecimiento de la pena de muerte: la hija de Ríos Montt y ex candidata presidencial Zury Ríos, y la ex diputada Lucrecia Palomo. Su esposo, el abogado Francisco Palomo Tejera, quien fue defensor de Ríos Montt, murió ametrallado en la calle en junio del año pasado. Los Panama Papers revelaron que Palomo era el abogado de una empresa registrada por Mossack Fonseca, Broadway Comerce, que pertenecía a Marllory Chacón Rossell, a quien la prensa de Guatemala sindica como "la más activa lavadora de dinero de Guatemala y líder de una célula de un cártel de narcotraficantes". Las fotos de prontuario muestran a una mujer joven, a quien apodan La Reina del Sur. El interés por el caso amainó cuando se supo que Palomo era gavilán.
Gritos y razones
El Foro contra la Pena de Muerte fue impulsado por el presidente del Congreso, Mario Taracena, un firme opositor al presidente Morales, quien carece de fuerza propia en el Parlamento. Guatemala es el cementerio de los partidos políticos, ochenta coaliciones de ocasión que en los últimos 30 años han desaparecido luego de un par de elecciones. El martes, Morales anunció una reforma de la ley electoral en línea con las exigencias de los movilizados en el Parque Central. Durante los debates previos se había negado a aceptar la prohibición de la publicidad electoral paga en televisión. "Porque se arruina tu patrón", lo desafió Taracena. Se refería al empresario mexicano de televisión Ángel González (propietario del canal 9 de Buenos Aires y de varios en Guatemala). Morales terminó por aceptar esa regulación llamada a desincentivar la corrupción, que siempre se justifica en el financiamiento de la política, cuyo mayor costo es la publicidad televisiva. Chile la prohibió hace años y los partidos sólo disponen de espacios pagos por el Estado, distribuidos en forma equitativa en tres franjas horarias por día, a diferencia de la locura habitual en otros países, como Guatemala o la Argentina. Al inaugurar el foro, Taracena dijo que sólo dos democracias aplican la pena de muerte, Japón y Estados Unidos, y anunció su apoyo al proyecto de abolición presentado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Ronald Arango, que ya tiene la firma de cuarenta legisladores. En la más vibrante intervención del Foro, Arango señaló "el desprecio por la vida de los más desfavorecidos. Nuestra indolencia colectiva nos condena a la violencia, cada niño sin educación, cada mujer abusada, cada muerte cotidiana nos construye el futuro. No podemos esperar paz y concordia si todos los días sembramos injusticia e indiferencia, no podemos esperar desarrollo si lo buscamos con la muerte". Arango propuso reconocer el derecho a la vida y atacar las asimetrías sociales, económicas y políticas como causa del crimen, el dolor y la muerte. "La pena de muerte nos la hemos aplicado desde el momento en que como sociedad toleramos que los niños trabajen en lugar de ir a la escuela. Muerte es lo que cosechamos cuando nuestro modelo de desarrollo se basa en mano de obra barata que esquilmamos hasta el límite mismo de lo humano". Agregó que 60 por ciento de los guatemaltecos viven en la pobreza, la mitad de ellos extrema. "De poco sirve promover acciones de endurecimiento de penas si los juzgados están rebasados en su capacidad de enjuiciamiento y las fuerzas de seguridad son cada vez menos efectivas". También patrocinaron el Foro la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Arzobispado de Guatemala, la Fundación Myrna Mack, el Centro de Estudios de Guatemala y otras organizaciones de la sociedad civil. Otros expositores fueron el ex presidente de la Corte de Constitucionalidad, Mauro Chacón; el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León y el director del Centro de Estudios de Guatemala, David Dávila. Entre los asistentes hubo una decena de embajadores de países europeos y americanos, ente ellos la argentina María Margarita Ahumada, una embajadora de carrera.
La caída del Cóndor
Regresé el viernes, justo a tiempo para asistir a la lectura del primer fallo judicial de América en establecer que el Plan Cóndor fue una asociación ilícita para la desaparición de personas y la condena a quince de sus integrantes, entre ellos el ex presidente-dictador Benito Bignone, el ex jefe de operaciones de la marina, almirante Antonio Vañek; el ex jefe de Campo de Mayo, Santiago Riveros, media docena de generales y el coronel uruguayo Manuel Cordero. La solitaria presencia en el banco de los acusados del ex agente de Inteligencia Miguel Angel Furci, no daba justa idea de la trascendencia del fallo. Entre los imputados que no llegaron a la sentencia, porque su extradición fue negada o porque murieron antes o durante el juicio, estaba la plana mayor de las dictaduras americanas: Jorge Videla, Augusto Pinochet, Alfredo Stroessner, Hugo Banzer. El juez argentino Rodolfo Canicoba Corral solicitó la extradición de Pinochet y Banzer, pero uno fue declarado incapaz y el otro murió. También Servini pidió la extradición de Pinochet en la causa por el asesinato en Buenos Aires del general Carlos Prats. Chile la negó porque según sus códigos sólo procede si hay un procesamiento previo, pero la ley argentina no autoriza a procesar a nadie sin su previa indagatoria, como derecho de defensa. Brasil protegió a Banzer hasta su muerte en 2006. Hace ya 30 años el CELS pidió al juez Néstor Blondi que extraditara a los militares uruguayos José Nino Gavazzo, Manuel Cordero y Jorge Silveira, y al ex jefe del Ejército Julio Vadora, pero el pedido recién lo formuló Canicoba Corral en 2001. Uruguay admitió en 2006 que se trataba de crímenes de lesa humanidad pero no los envió a la Argentina aduciendo que ya estaban bajo proceso por los mismos delitos en su país. El único que no pudo eludir a la Justicia fue Cordero, porque había huido a Brasil, donde no estaba bajo proceso, por lo que no hubo oposición a extraditarlo. El ex juez Norberto Oyarbide pidió la extradición del dictador peruano Francisco Morales Bermúdez en una causa paralela al Cóndor, por la entrega secreta a la Argentina de trece opositores políticos, arrestados sin orden judicial. La pena máxima, de 25 años, fue aplicada a Riveros, Furci y el uruguayo Cordero. La mínima fue de 12 años y hubo dos absueltos. Esto molestó a algunas de las víctimas, pero era previsible. El proceso se inició cuando estaban vigentes las leyes de impunidad, de modo que sólo pudo avanzar por privación ilegítima de la libertad, que constituye un delito permanente, que se sigue cometiendo mientras no aparezca el cuerpo de la víctima, pero que tiene una pena menor a la del homicidio. Una vez declarada la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, los jueces no ampliaron el proceso también a los homicidios, porque hubiera obligado a repetir las indagatorias, ahora por estos crímenes, lo cual tratándose de hombres que con alguna rara excepción, pasan de los ochenta años, no haría una gran diferencia y en cambio hubiera prolongado la causa. Como el veredicto del lunes por las muertes de 2001, las condenas por el Cóndor mostraron un funcionamiento de la justicia que, al margen de lo que pretenda el gobierno nacional, sigue actuando contra la impunidad de los más graves crímenes. Sin necesidad de gritar ni pedir la pena de muerte.
Gritos y razones
Desde Guatemala
En la sala colmada, de la que mucha gente debió retirarse por falta de espacio, un colega periodista me contó que hay quienes piden a gritos la pena de muerte y me pidió mi opinión. Le dije que a los gritos pueden expresarse pasiones y opiniones, pero no datos duros ni razonamientos, de modo que predomina la razón de la fuerza y no la fuerza de la razón, como plantea Federico Mayor Zaragoza. La aplicación de la pena de muerte para nuevos delitos, como el sicariato no sólo sería ilegal, ya que la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que Guatemala es parte y que según la Constitución tiene primacía sobre la legislación interna, prohíbe esa extensión del castigo más tremendo a delitos que antes no la suscitaban. Dada la penetración de las organizaciones criminales en distintas fuerzas de seguridad y secciones del Estado, también pondría en duda la superioridad moral con que se justifica el monopolio de la fuerza y podría convertir al Estado en parte de una pugna entre bandos facciosos, que siguen el Código Penal y el Código Procesal de las organizaciones del narcotráfico, de un solo artículo: la sola pena es la muerte y el único procedimiento la ejecución sumarísima.
El único país de nuestro hemisferio que aún aplica la pena de muerte es Estados Unidos. Pero la cantidad de estados que la mantienen, el número de los que la aplican, las nuevas condenas y las ejecuciones descienden año tras año. Esto obedece a la alta cantidad de personas ejecutadas cuya inocencia se demostró luego de lo irreparable (151 en las últimas cuatro décadas) y su inocultable sesgo racial (el 60 por ciento eran afro-americanos). Una investigación realizada por la clínica jurídica de la Universidad de Northwestern sobre las condenas basadas en datos falsos, llevó a la abolición de la pena de muerte en el estado de Illinois. Y esta misma semana, el lunes 23, la Corte Suprema de Justicia anuló una condena a muerte contra un joven afro-americano, al que un jurado compuesto sólo por blancos había encontrado culpable del asesinato de una anciana blanca. Los abogados que consiguieron la nulidad tuvieron acceso a las notas de los fiscales de Georgia que investigaron el caso, invocando las leyes de acceso a la información. Los candidatos afroamericanos eran individualizados con una letra B, por Black, y sus nombres marcados con resaltador verde. Todos ellos encabezaban una lista bajo el título "Definitivamente no". Este pronunciamiento por varios motivos excepcional fue redactado por el presidente de la Corte, John G. Roberts (h), y se aprobó por 7 a 1. Sólo el juez Clarence Thomas, el único afro-americano de la Corte Suprema votó en contra, lo cual también es elocuente sobre la situación que aún hoy padece esa minoría en la sociedad estadounidense. Si en ese país, con instituciones democráticas y una justicia demasiado encomiadas en todo el mundo, y pese a la existencia de un jurado de 12 miembros, puede ocurrir esto, ¿que no habría de temerse en un país como Guatemala, donde en la época del conflicto armado pronunciaron condenas a muerte jueces sin rostro, y donde esta misma semana un magistrado fue detenido por integrar una organización criminal? La pena de muerte sigue en los libros, pero no se ha aplicado en este siglo. Al asumir la presidencia en 2000, el presidente Alfonso Portillo derogó un decreto de 1892, por el cual antes de una ejecución debía pronunciarse el presidente, con facultades para dar el cúmplase o indultar. Esto dejó un deliberado vacío legal. Además la Corte Interamericana declaró que la extensión de la pena de muerte para distintos delitos era incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, y la Corte Suprema conmutó por penas de prisión perpetua medio centenar de condenas que estaban para ejecución. La mayoría de los conmutados eran pobres, de origen campesino y alguna de las etnias originarias, varios no hablaban español ni tenían apropiados defensor e intérprete, mientras los tribunales unipersonales que los condenaron estaban ocupados por jueces de las clases principales de la sociedad y de raza blanca. En el último medio siglo, más de cien estudios fueron realizados por criminólogos sobre el efecto disuasivo de la pena de muerte y ninguno constató que fuera más eficiente que una larga pena de prisión. Así consta en el estudio de Ruth D. Peterson y William C.Bailey, Is Capital Punishment an Effective Deterrent to Murder?, incluido en 2003 en la segunda edición de Americans Experience with Capital Punishment, compilado por James R. Acker, Robert M. Bohm y Charles S.Lanier. Quienes descalifican a los criminólogos como intelectuales olímpicos, ignorantes de lo que ocurre en la sociedad, podrían interesarse en la opinión de las fuerzas de seguridad que están en contacto cotidiano con la calle. En 2008 una investigación de R.T. Strategies seleccionó al azar a 500 jefes de policía de ciudades y localidades de Estados Unidos y les preguntó por las estrategias más efectivas para combatir el delito. La pena de muerte fue la última en el ranking, señalada como la mejor opción sólo por el 1 por ciento de esos jefes policiales. El 57 por ciento sostuvo que no sirve como disuasivo (Death Penalty Information Center, Smart on Crime: Reconsidering the Death Penalty in a Time of Economic Crisis).
Dos tercios de los países del mundo han abolido la pena de muerte, en la legislación o en la práctica y sólo un tercio la retiene. Sin embargo una investigación de Amnesty International indica que en 2015 se produjo un incremento de ejecuciones. Esta contradicción se explica porque el crecimiento se concentró en cuatro países: China, Irán, Pakistán y Arabia Saudita, a los que en lo que va de este año se sumó Egipto. Guatemala debe decidir si prefiere permanecer en la lista de países abolicionistas o en moratoria que es el mayor orgullo de América, con la triste excepción estadounidense, o sumarse a la nómina de las dictaduras o las democracias teocráticas tuteladas por una casta clerical.
Pensamiento mágico
Por Horacio Verbitsky
Desde Guatemala
En dos programas de televisión me dirigieron una reveladora pregunta personal, con intención descalificatoria:
–¿Al señor alguna vez le secuestraron y le asesinaron algún familiar?
–Sí, no uno sino tres.
–¿Y entonces cómo se opone a la pena de muerte?
–Porque la relación entre una cosa y otra es un pensamiento mágico. Hubo una época en que se practicaban sacrificios para hacer llover. La humanidad tardó en descubrir la relación entre la práctica sexual y la reproducción. También se creía que si una mujer miraba un eclipse abortaba. Hace pocos siglos un intelectual extraordinario como Leonardo Da Vinci describía el recorrido del semen masculino en el cuerpo de la mujer hasta convertirse en leche materna. Para explicar por qué el saqueo de América no enriqueció a España sino a otros países europeos, el gran historiador catalán Josep Fontana escribió que al zarpar los barcos de Cádiz se rezaban misas para que navegaran sin contratiempos, mientras en Londres y Amsterdam se contrataban seguros para la carga. La historia argentina, donde no hubo venganzas sino reclamo de justicia, es un ejemplo de la exitosa racionalidad posible cuando se desecha el pensamiento mágico o las teorías erróneas como la de Leonardo.
La Comisión Internacional
Por Horacio Verbitsky
Integran la Comisión presidida por Mayor Zaragoza las ex Altas Comisionadas de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour y Navi Pillay. Louise fue jueza de la Corte Suprema de Justicia de Canadá y actuó como fiscal general de los tribunales penales para la ex Yugoslavia y Ruanda; Navi fue la primera mujer abogada de Sudáfrica, defensora de los activistas antiapartheid torturados en la prisión de Robben Island y presidió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. También forman parte la ex presidente de la Confederación Helvética, Ruth Dreifuss; la ex primera ministra de Haití, Michèle Duvivier Pierre-Louis; el ex primer ministro de Italia Giuliano Amato; el ex ministro de Justicia de Francia que abolió la pena de muerte, Robert Badinter; la ex presidente de Filipinas, Gloria Macapagal-Arroyo, quien se negó a firmar cualquier orden de ejecución hasta que consiguió abolir la pena de muerte; el ex ministro y precandidato presidencial estadounidense Bill Richardson, quien abolió la pena de muerte cuando fue gobernador de Nueva Mexico. Lo mismo hizo otro miembro de la Comisión, el ex ministro de Justicia de El Líbano Ibrahim Najjar. Yo la integro desde 2014.
AXEL KICILLOF CRITICÓ EN CHACO LA POLÍTICA ECONÓMICA
DE CAMBIEMOS
"El país va rumbo al 2001"
El diputado y ex ministro de Economía participó de un acto junto a Capitanich y se reunió con científicos. Advirtió por el rumbo del Gobierno y dijo que se busca beneficiar "a los grupos concentrados". Llamó a "aprender de los errores".
Kicillof y Capitanich, frente a más de mil personas en Resistencia.
El diputado nacional del Frente para la Victoria, Axel Kicillof, sostuvo ayer desde Chaco que las políticas económicas de Cambiemos "están llevando inexorablemente al país de vuelta al 2001". El ex ministro de Economía de Cristina Kirchner llegó ayer a Resistencia para compartir junto al intendente Jorge Capitanich una nueva "charla sin corbata", como bautizó a los actos abiertos al público en los que intercala clases de economía con definiciones políticas. Desde el escenario del Domo de esa ciudad, criticó al Gobierno por la utilización de los jubilados para justificar el blanqueo de capitales y defendió la gestión económica del kirchnerismo: "Lo que hicimos durante 12 años fue generar la mejor herramienta para el crecimiento, que es justamente la redistribución del ingreso", dijo ante más de mil chaqueños.
La de ayer en Resistencia fue la escala cúlmine de una gira de dos días que el ex ministro encaró por el noreste argentino y que lo llevó también a Corrientes, donde se entrevistó el viernes con sindicatos y estudiantes universitarios y terminó llenando la Plaza Cabral, del centro de esa ciudad. Como suele hacer en cada una de sus charlas, tanto en Resistencia como en Corrientes tuvo un tono autocrítico sobre el rol opositor del FpV y llamó a sus compañeros a "aprender de los errores" y a "trabajar para esclarecer, para explicar". "Ser oposición es una dificultad que tenemos en esta nueva etapa, pero tenemos que seguir convenciendo a más argentinos, porque Macri sigue ocultando su plan económico y sus consecuencias", reflexionó.
Kicillof – que durante este mes estuvo en Córdoba, Rosario, Catamarca y Tucumán – apuntó que a pesar del "apagón informativo" de los medios oficialistas, el Gobierno "ya no puede ocultar la caída del empleo y el salario", razón por la cual "inventó la pesada herencia". "Si esto hubiese sido una revolución de la alegría, no necesitarían echarle la culpa a otro", ironizó. Y advirtió que de profundizarse el plan económico de Cambiemos, "el país va rumbo al 2001, sin industria, sin trabajo, sin empresas, con un pueblo que no tiene para comer".
"A los pocos días de asumir, el Gobierno aplicó una mega devaluación, que anunció como apertura del cepo y la creación de una nueva libertad, la de poder comprar dos millones de dólares. De la misma forma, hoy presentan el blanqueo como el pago a jubilados", señaló. E insistió con remarcar el caracter neoliberal del ajuste en marcha: "Este programa económico se aplica en todo el mundo y consiste en sacar todos los instrumentos que se han creado para favorecer a la gente, en beneficio de las corporaciones y los grupos concentrados", remató.
Más temprano, Kicillof mantuvo un encuentro con la comunidad científica chaqueña. "La educación pública es fundamental para la soberanía y la reindustrialización. Necesitamos formar mejores profesionales que estén al servicio de un modelo de crecimiento con inclusión social", les dijo.
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