viernes 13 de mayo de 2016
LA UNIVERSIDAD DE LA CALLE
MASIVA MOVILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN
RECHAZO A LA POLÍTICA EDUCATIVA DEL GOBIERNO
Una multitud unida por la universidad pública
Docentes y estudiantes, agrupaciones de izquierda, kirchneristas y hasta Franja Morada, entre otras organizaciones, marcharon para exigir más fondos para las universidades nacionales, incrementos salariales y el boleto educativo.
La manifestación reunió a unas 50 mil personas, según calcularon los organizadores.
Por Laura Vales
"Lo esencial es invisible a los ojos... de Macri", decía uno de los carteles que asomaba por encima de las cabezas. Que eran muchas: no se veía una protesta universitaria de ese tamaño desde 2001, cuando Ricardo López Murphy, en pleno gobierno de la Alianza, recortó violentamente el presupuesto del sector. Ayer, frente al Palacio Sarmiento, las agujas del reloj parecieron haber girado en reversa. Los docentes universitarios, los no docentes y los estudiantes protagonizaron una multitudinaria protesta contra el ajuste en la universidad pública, esta vez en la versión Cambiemos. Los organizadores estimaron que la movilización reunió a más de 50 mil personas.
Los universitarios vienen de hacer, esta semana, paros y jornadas de protesta con clases públicas que sacaron a todo el mundo académico a la calle. Así, la marcha se hizo ver, sobre todo, por su masividad. Pero mirada de cerca, lo que llamaba la atención fue su integración, porque detrás de los profesores se encolumnaron –en un número que los multiplicaba– los alumnos de las facultades y muchos chicos que están cursando los últimos años del colegio secundario, que adhirieron al pedido de aumento salarial para sus profesores.
La convocatoria incluyó varios puntos de reclamo. En el tope estuvo el tema del presupuesto. Los fondos para el funcionamiento de las universidades fueron aprobados el año pasado, y con la devaluación y la inflación quedaron totalmente desfasados.
Bajo la pancarta de su casa de estudios ("Contra el ajuste defendemos la universidad pública"), el arquitecto José Rubén Dagna dio a Página/12 un botón de muestra: "El edificio de la Facultad de Arquitectura está en obra. El presupuesto ya se acabó, pero la obra está por la mitad". Agregó que por esa facultad de la UBA pasan diariamente 30 mil alumnos en tres turnos. "Tenemos cada vez más estudiantes porque absorbemos una parte del CBC. Es decir que necesitamos más aulas y espacios para trabajar. Pero con el presupuesto actual se está recortando todo, hasta los gastos de limpieza".
El aumento de los servicios de electricidad y de gas es el problema más extendido y claro, común al conjunto. Otro ejemplo: la Universidad de La Matanza recibió en febrero un aumento del 600 por ciento y tuvo que pagar 700 mil pesos de luz. Por esto, en el documento consensuado que los gremios y federaciones de estudiantes leyeron como cierre de la jornada reclamaron "un aumento del presupuesto universitario que contemple el incremento de las tarifas" pero agregaron que además debe garantizar "la continuidad de toda la actividad educativa".
El presidente Mauricio Macri aseguró que las universidades recibirán un extra de 500 millones de pesos para compensar la suba de los servicios, pero para muchos sectores ese monto no alcanza. "No se está debatiendo si las universidades pueden pagar o no la luz, se está hablando de la continuidad de la universidad pública", remarcó en este sentido el secretario adjunto de la Conadu Histórica, Antonio Roselló.
Otro punto en reclamo son los sueldos, ya que el ministro Esteban Bullrich viene ofreciendo a los docentes del sector un 31,6 por ciento de aumento para este año, a pagar en tres tramos, el último en enero de 2017. Los gremios rechazan la propuesta por considerarla. "Venimos de diez años de acordar incrementos de salarios. Año tras año, los aumentos superaban a la inflación; en cambio hoy estamos peleando por una recomposición para recuperar lo que perdimos con el aumento de los precios", señaló Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun).
La marcha salió de la Plaza Houssay. Sobre los canteros, desde las primeras horas de la tarde, se reunieron los centros de estudiantes. Estuvieron todas las agrupaciones estudiantiles. Hasta Franja Morada marchó contra las medidas de Macri. "¿No estaban con Cambiemos?", preguntó Página/12 a Josefina Mendoza, dirigente de Franja y vicepresidenta de FUA. "Muchos piensan lo mismo", contestó ella y se rió. Después añadió que están, "pero marchamos porque compartimos los reclamos".
Para los estudiantes, un punto aglutinador es el pedido de un boleto educativo nacional. Se trata de un reclamo histórico, reactualizado por la suba del pasaje. "En la provincia de Buenos Aires, el año pasado se aprobó una ley para tener boleto estudiantil. Los fondos ya estaban dentro del presupuesto 2016, pero (la gobernadora María Eugenia) Vidal no lo implementó con el argumento de la crisis", señaló Antonio Domínguez, alumno de la Facultad de Periodismo de La Plata y militante de Miles. "En Rosario, el pasaje está a ocho pesos", apuntó a su vez Magali Alesso, presidenta del centro de estudiantes de Psicología de Rosario e integrante de la Santiago Pampillón. "No es un tema menor, porque nos cuesta llegar a la facultad".
En la protesta hubo varias delegaciones del interior. La rosarina llegó con todo. Juntaron 23 micros. "Mauricio gato. Cuidate que somos rosarinos", advirtió con humor, vestido con un cartel de hombre sándwich, un estudiante. La delegación del Movimiento Universitario Evita viajó con bombos y cantitos. "Ay che gorila, qué diferencia que hay, yo lucho por esta patria, y vos por tu capital", fue el más coreado.
Entre los grupos de secundarios estaba Violeta Ferrari, alumna de cuarto año del Colegio Padilla, de Villa Crespo. Con sus compañeras llevaron a la marcha pinturas y dibujaron lunares o corazones sobre las caras de quien quisiera. "Tratamos de intervenir algo que es medio triste, como tener que reclamar por tus derechos", explicó. Uno de sus compañeros contó que este año a su escuela llegó una nueva directora. Las aulas son numerosas y por eso tenían dos profesores, que trabajaban como pareja pedagógica. Ahora recibieron la orden de que haya un solo docente por curso. "Es obvio que lo único que buscan con esta medida es achicar gastos."
La movilización avanzó por la avenidas Córdoba y después por Callao hasta llegar frente a la Plaza Rodríguez Peña, ubicada frente al Ministerio de Educación. Un camión cruzado sobre la calle hizo las veces de palco. Los dirigentes de las seis federaciones docentes leyeron allí un documento consensuado. En él reclamaron al gobierno:
- Recomposición salarial para recuperar lo perdido por la devaluación, la inflación y los tarifazos.
- Aumento de presupuesto universitario
- Cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo
- Boleto educativo universal y gratuito, y más becas estudiantiles.
- Derogación de la Ley de Educación Superior – vigente desde el menemismo – y su reemplazo por una nueva que garantice la enseñanza, investigación y extensión universitaria, el ingreso irrestricto y la gratuidad de la educación.
- El cese de los despidos y la inmediata reincorporación de los cesanteados.
Entre los manifestantes hubo un buen grupo de rectores y autoridades universitarias. Jorge Calzoni (Avellaneda), Ernesto Villanueva (Arturo Jauretche), Mario Lozano (Quilmes), Gabriela Diker (General Sarmiento), Graciela Morgade (Filosofía y Letras - UBA), Federico Tea (José C. Paz), Florencia Saintout (Periodismo - La Plata) y Marcos Actis (Ingeniería - La Plata) fueron algunos de ellos.
Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora, se acercó a dar su respaldo. También estuvo Hugo Yasky, titular de la CTA de los Argentinos.
Una muestra de lo complejo que fue para las federaciones docentes lograr unidad para esta protesta fue que, después de leer el documento conjunto, una parte de las organizaciones, encabezadas por la Conadu Histórica y agrupaciones de izquierda, marcharon a la Plaza de Mayo, mientras que otra parte, con la Conadu, la Ctera y militancia kirchnerista, se quedaron en el lugar para hacer su acto.
Sin embargo, antes de desconcentrar, los manifestantes se dedicaron un aplauso por la marcha conjunta. "Todos los esfuerzos por la unidad tienen que ser valorados", indicaron desde el palco, "porque lo que tenemos enfrente son las corporaciones".
OPINIÓN
Universidades: tensiones y fantasmas
Por Alejandro Grimson *
Un fantasma recorre los claustros universitarios. Es el fantasma de López Murphy. Nadie desea que se repita un episodio de reducción presupuestaria que genere una crisis. Pero las noticias y tensiones disparan preguntas.
¿Qué está ocurriendo en las universidades? Después de varios años de fuerte expansión, han regresado tensiones y conflictos. Paros en colegios secundarios universitarios, movilizaciones por el boleto estudiantil, huelga de docentes, declaraciones del ministro y de rectores, reunión con el presidente. ¿De dónde venimos y para dónde vamos?
Las universidades públicas argentinas son parte de las instituciones con mayor reconocimiento social. Fuente de orgullo, también generan intensos debates. La Argentina no sólo tiene universidades de alto prestigio, sino que ha privilegiado el sistema público sobre el privado, tanto en cantidad de estudiantes como en términos de investigación científica.
En la llamada "época de oro", en 1960, antes de la "noche de los bastones largos", había nueve universidades nacionales. En 2010 sumaban 47. Hace muy pocos años que en las 23 provincias argentinas hay al menos una universidad pública. Casi la mitad fueron creadas en los últimos treinta años de democracia. En 1960 había 160 000 estudiantes universitarios en el país, lo cual representaba el 0,8% de la población. Esa cifra se fue incrementando durante las últimas tres décadas, así como la proporción sobre el total. En 2010 había más de 1.700.000 estudiantes, más de diez veces más que cincuenta años antes, y abarcaban el 4,3% de la población. En proporción, los estudiantes universitarios se multiplicaron por cinco en cincuenta años. Entre 2001 y 2011 se sumaron 395.000 estudiantes al sistema universitario, lo cual implica un crecimiento del 28%. En el mismo período los egresados aumentaron un 68%, pasando de 65.000 a 109.000 egresados anuales.
En términos comparativos, es indudable que tanto Brasil como México cuentan con sólidos sistemas universitarios en la región. Los salarios reales de los docentes son aproximadamente el doble que en Argentina. Ahora bien, mientras el 4,3% de la población argentina está conformado por estudiantes universitarios, en Brasil sólo alcanzan el 3,4%, y en México el 2,1%. Además, mientras en la Argentina el 3,4% de la población asiste a instituciones públicas, en México ese porcentaje desciende al 1,4%, y en Brasil al 0,9%.
Una cifra que se acerca a dos millones no refleja a una pequeña elite. Una gran parte de los estudiantes trabaja y estudia, y un elevado porcentaje, que alcanza el 70% en muchas universidades nuevas, no son hijos de universitarios. Son, por lo tanto, la primera generación universitaria de sus familias. La ampliación del acceso es un avance altamente significativo.
Desde 1983, la universidad pública argentina responde a la herencia de la Reforma de 1918, vinculada al ingreso irrestricto, el cogobierno y la autonomía, así como a la herencia de la gratuidad, instituida originalmente en 1949. Esos elementos se encuentran presentes en las universidades de varios países, pero en el nuestro aparecen conjugados, lo que constituye un caso bastante singular.
El Instituto Cifra-CTA calcula que entre diciembre de 2001 y diciembre de 2014 el salario promedio de los docentes universitarios se recompuso un 56%, con el detalle de que durante la crisis de 2002-2003 había llegado a descender un 30% respecto de 2001. Esto fue parte de un aumento del presupuesto universitario y de ciencia y tecnología, acompañado de importantes obras de infraestructura.
El triunfo de Mauricio Macri generó mucha preocupación entre los universitarios. El actual presidente había cuestionado la creación de nuevas universidades: "¿Qué es esto de hacer universidades por todos lados? Obviamente, muchos más cargos para nombrar…" Al comenzar la nueva gestión parecía que una persona ajena a la gestión de las universidades públicas asumiría en la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación.
Esto provocó un gran revuelo, que no es muy difícil de entender. En primer lugar, las universidades siempre han sido lugares donde los diferentes radicalismos tuvieron cierto peso.
De los doce años de gobiernos kirchneristas, durante seis años el secretario fue el expresidente de la Universidad Nacional de La Plata, Alberto Dibbern, quien siempre se autodefinió como "un radical no k". A esto debe sumarse la gestión de Juan Carlos Pugliese que juntos totalizan nueve años de gestión radical de las universidades durante el kirchnerismo. En segundo lugar, varios presidentes del Consejo Interuniversitario Nacional de origen radical nunca plantearon un cuestionamiento de la política universitaria del gobierno. En tercer lugar, al nivel de las universidades y sus rectores no existió una grieta en la Argentina. Como en cualquier ámbito hubo tensiones, pero nunca hubo en estos últimos años una división absoluta, ni entre radicales y peronistas, ni entre grandes y chicas. En el CIN se respetaron acuerdos de alternancia y composición plural.
Por eso, los niveles de conducción universitaria sintieron un alivio cuando finalmente asumió la Secretaría el ex rector de la Universidad Nacional del Litoral, Albor Cantard. A nadie le preocupaba su filiación política. El clima indicaba que un rector que conoce el sistema puede tener preferencias o políticas opinables, pero nunca destruye instituciones. Ya el tema presupuestario general y de los salarios en particular pasa por otros andariveles, ya que más allá de cada funcionario, en las paritarias es obvio el peso de los funcionarios de economía.
Sin embargo, la preocupación regresó mucho más pronto de lo previsto. La alta inflación desde diciembre y el ajuste de las tarifas de los servicios provocaron dos problemas: aceleraron los reclamos gremiales y tornaron inviable el presupuesto previsto para gastos operativos.
A fines de abril un alto funcionario del Ministerio de Educación le explicó a algunos rectores algunos lineamientos de sus políticas. Entre muchas palabras, aludió al "crecimiento excesivo", a la "calidad relajada", a un "sistema pervertido", a la "discrecionalidad en el manejo recursos".
Literalmente dijo que "se han creado carreras a troche y moche". "Hubo fiesta. Hay que apagar la música, arremangarse y ponerse a trabajar". Una expresión, para los más moderados, poco afortunada. Es que resulta imposible que alguien que conozca el día a día de las universidades públicas pueda ser tan desatinado. Los menos moderados tuvieron expresiones que dejamos a la imaginación del lector.
Propuso trabajar en articular universidades públicas y privadas, mientras criticaba a las universidades públicas. Y ofreció ejemplos de que no puede ser "que cada uno decida su carrera" cuando sobran en una profesión y faltan en la otra.
Innumerables fuentes confirman que los radicales a cargo de la Secretaría de Políticas Universitarias no tienen claro el futuro inmediato. Hay un gobierno del PRO, que les cedió a ellos ese cargo. Ese funcionario debería disponer de mil quinientos millones de pesos para llevar a cabo sus políticas. Hasta ahora no tiene fondos.
Por otra parte, las paritarias con los docentes y no docentes son una incógnita. Todo apunta a una pérdida relevante del poder adquisitivo, pero hasta ahora las propuestas oficiales a los docentes resultan imposibles de aceptar por parte de los sindicatos.
Por supuesto, en la Ciudad de Buenos Aires una huelga en el Colegio Nacional de Buenos Aires tiene una gran repercusión. Menos conocido es que en estos años se crearon colegios secundarios universitarios en zonas de niveles socioeconómicos bajos, cerca de barrios populares o villas. En 2016 las escuelas secundarias de las Universidades General Sarmiento, Avellaneda, Quilmas y San Martín no han recibido fondos para pagar sueldos ni gastos.
Además de los salarios, las universidades tienen gastos operativos. Según varios rectores hay dilaciones con los gastos operativos previstos en la ley de presupuesto para varias universidades del conurbano. Habrá debate sobre si se trata de un incumplimiento de la ley de presupuesto y si no se trata de una medida discrecional. Algo similar sucede con el presupuesto de nuevas carreras, creadas a través de "contratos-programa".
Por otra parte, en el contexto inflacionario se potenció el reclamo estudiantil por el transporte que ya produjo una movilización masiva en la ciudad de La Plata.
El gobierno parece ajustar con el fantasma de López Murphy. Este ministro de economía de De la Rúa anunció una reducción del presupuesto universitario y provocó una movilización gigantesca que terminó con su propia renuncia en marzo de 2001. Pero López Murphy no disponía del actual "ajuste por inflación". Ahora viene el ensayo y error de ir probando en qué cifras puede generarse fragmentación de la comunidad universitaria, tanto en el plano sindical como en la presión de los rectores. Eso depende de una relación de fuerzas. Por supuesto, siempre lo más imprevisible para el gobierno es la reacción del movimiento estudiantil. La población universitaria actual en la Argentina hace que haya estudiantes en toda la trama social.
Mientras tanto, el mapa de las universidades es complejo. Mientras algunas comienzan a recibir las transferencias al día, otras están realmente cerca de situaciones de emergencia. Algunas están por suspender la comida en los colegios secundarios o han buscado créditos para solventar gastos básicos. Otras quizás sobrelleven mejor esta coyuntura, salvo la incertidumbre de las paritarias. Y el interés general, la preocupación genuina por lo que sucede en el conjunto del sistema, el compromiso por resolverlo colectivamente, es básicamente algo que quizás se construya en un futuro lejano.
El discurso neoliberal ha achacado acerca de la ineficiencia de las universidades públicas. Si sólo gradúan al 20 o 30% de los ingresantes, ¿por qué no nos ahorramos el dinero y reducimos drásticamente el presupuesto? Primero, ese millón y medio de pibes que están en el sistema público, se reciban o no, pasan por una experiencia universitaria que mejora sus conocimientos y mejora nuestra sociedad. Segundo, ellos y todos tienen derecho a acceder al conocimiento. Tercero, si se hiciera una selección anterior, probablemente muchos pibes de sectores más humildes que finalmente acceden al título quedarían por el camino. Cuarto, el problema de la graduación no se resuelve regresando al examen de ingreso de la dictadura militar, sino realizando inversiones apropiadas para incrementar el porcentaje y la cantidad de graduados.
En otro orden de cosas, ¿quién dijo que lo que hacen las universidades en graduar y graduar? Sólo un gran desconocimiento del sistema universitario puede provocar esa suposición. Las universidades hoy son el principal lugar donde trabajan los investigadores de ciencia y tecnología del país, es decir, son las mayores productoras de conocimiento, en articulación con el Conicet. Por ello mismo, realizan transferencia de tecnología, patentes y trabajan junto a empresas en procesos de desarrollo. Están insertas en la trama social local: realizan actividades culturales y extensión trabajando con comunidades en todo el país. Son un nodo crucial de la internacionalización y de la inserción global de la Argentina: las decenas de universidades públicas tienen acuerdos académicos y científicos con los países más importantes del mundo. Son además parte del desarrollo de las industrias culturales de carácter público. La relevancia de las editoriales universitarias, sus publicaciones científicas y culturales es enorme en el país.
Está comenzando a regresar, aún de modo solapado, un eficientismo neoliberal. Puramente ideológico, desconoce las realidades de la universidad pública actual. Hasta qué punto las palabras que revelamos aquí se harán públicas y regirán las políticas oficiales, es aún una incógnita. La profunda ignorancia sobre las universidades puede terminar desatando irrefrenables fantasmas del pasado.
* Antropólogo social.
EL FRENTE PARA LA VICTORIA MARCHÓ JUNTO A DOCENTES,
NO DOCENTES Y ESTUDIANTES
La unidad de todos en el rechazo
Diputados, ex senadores y dirigentes del FpV rechazaron la política de ajuste que impacta en la universidad. "Desde los 90 que no se veía una marcha tan importante por la universidad", dijo el ex senador Daniel Filmus.
Martín Sabbatella, Carlos Tomada y Mariano Recalde, entre los universitarios.
El Frente para la Victoria participó de la marcha en defensa de la universidad pública, a partir de múltiples columnas de organizaciones, centros de estudiantes y sindicatos. Algunos de sus referentes formaron parte de la movilización y en diálogo con Página/12 destacaron la masividad de la convocatoria y rechazaron las políticas del gobierno nacional en esta materia. "Creo que fue la marcha más grande que se recuerde por el tema universitario, no sé si no fue más importante todavía que las que hubo en la década del noventa", dijo el ex ministro de Educación Daniel Filmus.
"Así como la política económica de Macri logró la unidad de todas las centrales obreras, acá lo que logró fue que se unifiquen todos los gremios docentes y no docentes y los estudiantes de todos los colores políticos en defensa de dos temas que son básicos: el presupuesto universitario y el salario docente", manifestó el ex senador por la ciudad de Buenos Aires. "No se trata de una cuestión partidaria, acá se movió la comunidad toda porque se dio cuenta de que está en riesgto la universidad pública", agregó.
Filmus opinó también que "después de esta movilización el Gobierno tiene que saber escuchar" el reclamo "que no es de un sector sino que es de toda la universidad" y destacó que "incluso muchas columnas estuvieron acompañadas por los propios rectores" y que "desde el radicalismo hasta la izquierda estaban todos los sectores representados". Por último, dijo que hay en el gobierno nacional "una voluntad de una universidad para pocos" y que "no es casualidad que ahora aparezca la discusión sobre ingreso irrestricto".
Por su parte, el ex titular de Aerolíneas Argentinas Mariano Recalde destacó que "fue una marcha masiva, de una composición muy heterogénea, con estudiantes, docentes y no docentes de distintos gremios y organizaciones", pero que todos "tenían un consenso muy claro de defensa de la inversion pública y una unidad clara para enfrentar los recortes presupuestarios". Para el dirigente, de larga experiencia en la política universitaria "a medida que se empiece a sentir efectivamentre el recorte presupuestario va a ir creciendo el rechazo" a la política del PRO.
En tanto, el legislador porteño José Cruz Campagnoli, de Nuevo Encuentro, dijo que "la multitudinaria movilización de los docentes y estudiantes es un cachetazo a las políticas de ajuste presupuestario de Mauricio Macri", que "piensa que se puede maniatar el presupuesto universitario y a la universidad pública sin que haya reacción".
Acuerdo de Massa con Macri
EL FRENTE RENOVADOR NO AYUDÓ AL QUORUM Y FRACASÓ
EL INTENTO OPOSITOR POR APROBAR LA LEY ANTIDESPIDOS
Otra mano de Massa al Gobierno
El Frente para la Victoria, el Bloque Justicialista y el FIT reunieron 108 diputados, 21 menos de los necesarios, y fracasó la sesión especial. Massa negoció con el Gobierno tratar su proyecto la semana que viene.
Por Miguel Jorquera
"No habiendo quórum ha fracasado la sesión especial", soltó con un dejo de satisfacción el presidente de la Cámara de Diputados, el macrista Emilio Monzó, a las 12.30 de ayer. El intento opositor – Frente para la Victoria, Bloque Justicialista, Frente de Izquierda y monobloques – que intentó de convertir en ley la emergencia ocupacional que suspenden los despidos sin causa por 180 días y prevé la doble indemnización, reunió 108 diputados en el recinto, 21 menos de los necesarios para alcanzar el quórum. El Gobierno nacional logró una vez más dilatar la sanción de la ley antidespidos en la que tuvo como aliado funcional al massista Frente Renovador. La alianza oficialista Cambiemos pactó con Sergio Massa un acuerdo para frustrar la sanción de la ley y un supuesto "triunfo del kirchnerismo". Monzó convocó para el miércoles próximo a una sesión ordinaria donde incluyó la emergencia laboral. Eso le sirvió a Massa para frenar la fuga de sus diputados de extracción sindical que estaban dispuestos a acompañar la sesión especial de ayer. A cambio, el oficialismo se comprometió a facilitar el tratamiento del dictamen massista la semana próxima, cuyas modificaciones al proyecto del Senado devolvería la iniciativa a la Cámara de origen con una nueva dilación (ver recuadro). En Cambiemos admiten que la ley saldrá de todos modos y que el Presidente la vetará. La estrategia discursiva será plantearla como una ofensiva del peronismo contra el Gobierno y la intención de generarle costos políticos a Mauricio Macri.
Pacto
El pacto de Massa con el oficialismo se selló el martes por la tarde/noche, luego de que dos de los dipusindicales massistas – Héctor Daer (Sanidad) y Jorge Taboada (Camioneros) – firmaron junto al FpV y el BJ el dictamen de mayoría que refrendaba la media sanción del Senado, al tiempo que otros integrantes de su bancada de extracción sindical amenazaban con sumarse a la sesión especial.
En la reunión en el despacho de Monzó se acordó que el oficialismo convocaría a una sesión ordinaria para el miércoles próximo para tratar la ley de Acceso a la Información Pública y la rebaja del IVA (hasta 300 pesos) para jubilados y beneficiarios de planes sociales, a la que también sumarían la emergencia laboral. Cambiemos comprendía que era casi imposible frenar el tratamiento de la ley antidespidos y buscaban tender una mano al "opositor amigable" con un objetivo común: frustrar lo que consideraban un posible triunfo kirchnerista.
Como nunca antes en la Cámara baja, ayer por la mañana ya estaba impresa la convocatoria y el temario para el próximo miércoles. El papel le sirvió a Massa para frenar el cisma en su bancada, ante la que argumentó que la semana próxima ellos quedarían como los salvadores de las fuentes laborales. Así lo planteó en el Salón de Pasos Perdidos luego del fracaso de la sesión especial para el que había trabajado. "Queremos transmitirles absoluta tranquilidad a todos los trabajadores argentinos. El día miércoles en sesión ordinaria, sin caprichos y sin prepotencia, los argentinos vamos a tener una ley que protege a los trabajadores de los despidos", dijo Massa frente a las cámaras de TV.
"Y a los trabajadores que quedaron en la calle en estas semanas les decimos que se queden tranquilos, porque a diferencia del proyecto que hoy se está tratando, nuestro proyecto de ley prevé la retroactividad al 22 de abril, precisamente para cuidar a aquellos que fueron despedidos mientras se discutía esta ley. La ley del Senado que no los contempla", completó Massa. A su lado, Facundo Moyano se justificaba: "Las tres centrales obreras, la de (Hugo) Moyano, (Luis) Barrionuevo y (Pablo) Micheli, están al tanto y comprendieron la postura del bloque del Frente Renovador", dijo el dirigente del sindicato de peajes e hijo del pope cegetista para explicar por qué ni él ni los camioneros Taboada y Enrique Castro Molina respaldaron la ley antidespidos, como habían reclamado todas las centrales sindicales cuando fueron convocadas al Congreso.
El dictamen massista de emergencia ocupacional incluye también un anexo con "un plan de protección a las micro, pequeñas y medianas empresas" con fomento para el empleo joven y de mayores de 50 años en un mismo proyecto.
Aportes
El oficialismo también hizo sus propios aportes al fracaso de la sesión especial de ayer. Desde Casa Rosada se encargaron de presionar a varios gobernadores. Así lograron que cinco de los seis integrantes del Frente Cívico santiagueño (ex aliados del FpV) ni los tres puntanos que responden a los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá no bajaran al recinto aunque estaban dispuestos a hacerlo. A los tres socialistas santafesinos los satisfizo la convocatoria formal para la próxima semana y tampoco bajaron.
También reforzaron sus presiones sobre aliados y cercanos con distinta suerte. Los seis cordobeses delasotistas no fueron de la partida. Uno de los dos diputados salteños que responden a Juan Manuel Urtubey faltó a la sesión. Los misioneros del ex gobernador Maurice Closs llegaron sobre la hora y no estuvieron contabilizados entre los que estaban sentados en sus bancas al darse ya por fracasada la sesión.
En tanto, desde Cambiemos promocionaban la convocatoria a la sesión de la semana próxima. Lo ratificaron ante los periodistas el jefe de la bancada de la UCR, Mario Negri, y el propio Monzó después del fracaso opositor. Por lo bajo, el oficialismo admitían entonces que el acuerdo con Massa fue para frustrar un triunfo legislativo del kirchnerismo. Pero adelnataban que tampoco acompañarán el proyecto massista porque rechazan la doble indemnización y consideran "muy alto el costo fiscal" que se plantea en respaldo a las Pymes.
De todas maneras consideran que la mejor opción es que Diputados lo apruebe. Las modificaciones devolverán la iniciativa al Senado, que aunque probablemente que los senadores confirmen su propio proyecto y conviertan en ley la emergencia ocupacional, la dilación le dará más tiempo para desarrollar su estrategia política.
Saldrán de campaña comunicacional para explicar que la ley es una embestida del kirchnerismo contra el gobierno y "no un problema de pérdidas de empleo", con el objetivo de amortiguar el costo político del veto presidencial. En tanto, enviarán al Congreso la modificación del Impuesto a las Ganancias como gesto a las centrales sindicales para frenar posibles medidas de fuerza por el veto de Macri. El anzuelo no es muy atractivo. Las nuevas categorías previstas en el texto del proyecto entrarían en vigencia recién en 2017.
Un camino sinuoso, pero en el que ayer sintieron que sortearon un escollo.
EL GOBIERNO CONVOCÓ AL CONSEJO DEL SALARIO PARA EL
JUEVES
Peña insistió con el veto
El jefe de Gabinete dijo que el FpV quiso "prepotear", por eso no hubo quórum para la ley antidespidos. Aseguró que quiere dialogar, pero reiteró que vetarán la ley porque "no hay crisis de empleo".
El jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
Consumada la falta de quórum para tratar en diputados la ley antidespidos, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se despachó desde Casa Rosada con críticas hacia el bloque del Frente para la Victoria, impulsor de la sesión especial que fracasó ayer. "El kirchnerismo quiso prepotear", disparó Peña, quien insistió con la postura oficial de que "no hay un proceso de despidos" que justifique que sean prohibidos durante 180 días y se aplique la doble indemnización. "Al contrario, hay un proceso de expansión" del trabajo, sostuvo. Peña reiteró el libreto oficial de que la preocupación del Gobierno es "generar empleo de calidad", y cedió la palabra al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien anunció que el próximo jueves serán convocados empresarios y sindicatos al Consejo del Salario a fin de consensuar la actualización del salario mínimo vital y móvil y del seguro de desempleo. En medio del clima de festejo de la conferencia de prensa, Triaca también presentó un acuerdo con Mc Donalds, a través del cual el Estado financiará "prácticas de primer empleo" para "5 mil jóvenes de entre 18 y 23 años" en los locales de la cadena de comida rápida.
Para el jefe de Gabinete, "la discusión" ayer en Diputados no pasó por la emergencia ocupacional sino por "dar o no quórum" al kirchnerismo, y acusó al bloque del FpV de querer "prepotear" con la convocatoria a una sesión especial. "La mayoría de los diputados coincidió con ese criterio", festejó Peña, quien remarcó que durante la sesión ordinaria del próximo miércoles, la ley antidespidos compartirá protagonismo con iniciativas del oficialismo como la ley de primer empleo joven y la devolución del IVA a la canasta básica.
Sobre el futuro de la emergencia ocupacional tras el fracaso de la sesión de ayer, el jefe de Gabinete sostuvo que el Ejectuvio apelará a "seguir con el diálogo con todos los bloques" para evitar su sanción, y confirmó que de no lograrlo, será vetada por el Presidente. "Ojalá en estos días se pueda seguir dialogando e incorporando posiciones", agregó Peña, y dejó en claro que el Gobierno "ha tenido una postura muy clara desde el primer día en este tema."
Consultado sobre la pérdida de puestos de trabajo, que tanto los sindicatos como las cámaras empresarias estiman por encima de 120 mil, Peña sostuvo que no se trata más que de "temores". "Tenemos que ser muy claros, independientemente de los distintos temores que pueda haber o distintas hipótesis –dijo el jefe de ministros–. Hoy no tenemos un problema de emergencia laboral. Por el contrario, a medida que van pasando las semanas, cada vez hay más inversión y fuentes de trabajo no solo empujados por las inversiones privadas, sino también por un ambicioso plan de obras públicas de parte del Estado Nacional".
A su turno, Triaca anunció la convocatoria al Consejo del Salario para el próximo jueves, el día posterior a la sesión clave en diputados. "Va a ser enriquecedor escuchar todas las voces" sostuvo Triaca sobre la reunión en la que participan cada año sindicatos, cámaras empresarias y el Estado. El Gobierno dejó trascender en más de una oportunidad que piensa elevar el seguro de desempleo de los 400 pesos actuales a 3000, como una forma de contrarrestar la legitimidad de la doble indemnización. Ese será otro de los temas que el Gobierno pondrá sobre la mesa la semana que viene.
"Queremos reconstruir la cultura del trabajo y movilidad social ascendente" dijo Triaca al formular el anuncio del convenio con Mc Donalds, que consiste en un sueldo de 4500 pesos –de los cuales el Estado financiará mil– que cobrarán unos "5000 jóvenes de entre 18 y 24 años" como parte de una "práctica de primer empleo" que realizarán para la cadena de hamburguesas.
El jefe de Gabinete se encargó de introducir el anuncio del convenio, que "se enmarca en el proyecto de ley de empleo joven", dijo. Antes, había asegurado que cuenta con el apoyo del bloque del Frente Renovador para la sanción de esa iniciativa. En ese marco, Peña afirmó que pese a "no compartir" con Massa la postura sobre la ley antidespdidos, sí existen "conversaciones" entre el FR y Cambiemos sobre varios temas, que incluyen desde "sacar lo antes posible la ley de empleo joven" hasta otorgar "herramientas crediticias y fiscales para las pymes".
DOCUMENTO DE LOS OBISPOS CATÓLICOS CON CRÍTICAS AL
"ECONOMICISMO"
"No hay democracia sin dignidad"
El texto se titula "Tiempo para el encuentro fraterno de los argentinos" y se elaboró con motivo del bicentenario de la independencia. Destaca que "todos tienen derecho a gozar de condiciones equitativas de la vida social."
El presidente y vice de la Conferencia Episcopal, José María Arancedo y Mario Poli.
Por Washington Uranga
Los obispos católicos argentinos dieron a conocer ayer un documento colectivo con motivo del bicentenario de la independencia en el cual reafirman el valor de la democracia, plantean que la misma es inseparable de la dignidad humana y critican el economicismo, subrayando que "todos tienen derecho a gozar de condiciones equitativas de la vida social". Entre los males que afectan a la sociedad los obispos señalan especialmente el desencuentro, la corrupción,el narcotráfico y el descuido del medio ambiente. Bajo el titulo "Tiempo para el encuentro fraterno de los argentinos", la jerarquía católica hace una fuerte reafirmación de la democracia pero sostienen también que "para que la democracia sea efectiva y real, debe darse no solo a nivel político, sino también a nivel social y económico, asegurando la protección de la dignidad de la persona humana".
Asevera el episcopado que la democracia es "el sistema político más coherente con la dignidad humana" pero advierte que "no hay plena democracia sin inclusión e integración" y que "llorar por la miseria de los demás significa compartir sus sufrimientos, y sobre todo, tomar conciencia de que nuestras propias acciones son causa de injusticia y desigualdad". Entiende también la jerarquía católica que la integración "hace a la persona protagonista desde su propia dignidad e implica el derecho al trabajo, la propiedad de la tierra y un techo habitable".
Sin mencionarlo, la afirmación recuerda la proclama del papa Francisco ante los movimientos sociales (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 9 de julio de 2015), resumida en "las tres T: techo, tierra, trabajo". Esto, dicen los obispos, "está muy lejos de un protagonismo economicista devastador, que impone sin ninguna ética su dominio absoluto". En otra parte se afirma que "el Estado no puede desatender su tarea de asistir a los más carenciados, excluidos de hecho y sin oportunidad de integrarse". Después una reflexión histórica con motivo del bicentenariolos obispos lamentan "la lamentable postergación" de las comunidades de pueblos originarios como "resultado de promesas incumplidas de distintos gobiernos".
El texto episcopal, que consta de 22 páginas, tuvo un largo proceso de preparación pero fue debatido y aprobado en la asamblea plenaria que los obispos realizaron entre el 11 y el 15 de abril pasados en la localidad bonaerense de Pilar. Si bien no se trata de un documento de coyuntura, en el mismo se abordan cuestiones relacionadas con la realidad política, económica y social del país.
La cúpula de la Conferencia Episcopal, integrada por el presidente José María Arancedo (arzobispo de Santa Fe), el vicepresidente Mario Poli (cardenal de Buenos Aires) y el secretario general Carlos Malfa (obispo de Chascomús), le había entregado el documento al presidente Mauricio Macri en un encuentro celebrado el miércoles en la residencia presidencial de Olivos. El gesto de anticiparle el documento al Presidente puede ser leído también como la pretensión de la jerarquía católica de evitarque la declaración sea entendida como crítica directa hacia el gobierno. Durante la pasada asamblea los obispos debatieron sobre la oportunidad de emitir una declaración respecto de la situación social, pero finalmente decidieron descartar un pronunciamiento de coyuntura para darle más relevancia al texto conocido ahora, que consideran más de fondo y que venía siendo preparado con mucha anticipación.
En su declaracíón, los obispos señalan también "algunos males" que afectan a la sociedad, en particular el desencuentro, la corrupción, el narcotráfico y el descuido del medio ambiente. Para la jerarquía católica "el principal de nuestros males (argentinos) es el desencuentro que no nos deja reconocernos como hermanos". La corrupción, sostienen, es "un gran flagelo" que se extiende en los ámbitos privados y públicos. "No es solo un problema personal que atañe al corrupto -dicen- sino que alcanza al conjunto de la sociedad, ya que algunos bienes que deben estar al servicio de todos, terminan ilegítimamente sujetos a la voluntad y goce de unos pocos".
El documento de la jerarquía católica dice en forma categórica que "hoy nadie duda que el narconegocio está ampliamente instalado en la Argentina" y que ello "no es una sensación" sino que mientras "se discute si el país entero es una ruta de paso, de consumo o si ya tenemos producción, lo cierto y tristemente comparable es que un silencioso y perverso mal social se extiende con progreso geométrico y sigue matando y destruyendo familias a su paso". Y agrega que "negar la realidad de esta miseria humana que aspira a corromperlo todo, nos puede llevar a una inacción que favorecerá el avance de esta sombra luctuosa sobre nuestra geografía". Advierte la jerarquía católica que "la Argentina está corriendo el riesgo de pasar a una situación de difícil retorno" porque "si la dirigencia política y social no toma medidas urgentes costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar estas mafias que han ido ganando cada vez más espacio".
En consonancia con los pedidos de Francisco los obispos argentinos hacen también un llamamiento a la "conversión ecológica" que supone "nuevos estilos de vida" que comienzan en la familia y en los cuales "la búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien, así como el trabajo conjunto para un desarrollo común, sean los elementos que determinen las opciones de consumo y de las inversiones". Si bien el texto reafirma la tradición católica que entiende que "el varón y la mujer, unidos en matrimonio, (son) la base natural de la familia", los obispos también reconocen que existen "diversas circunstancias y expresiones de modelos familiares" y que son todos estos los que siguen "sosteniendo la sociedad y consolidando la Nación" con su "esfuerzo, ganándose el pan honestamente, sosteniendo los valores culturales y la transmisión de la fe".
Carta a Milagro Sala
No te conocemos de cerca, pero sentimos como propio el camino del pueblo jujeño que representas, de los barrios de Alto comedero, de la puna y el altiplano.Y en vos vemos reflejado el camino de ese pueblo que, hace siglos, trasunta un éxodo que aún no termina", le escribieron a Milagro Sala los Curas en Opción por los Pobres. "Nos solidarizarnos con vos, y con todas y todos los hermanos que a causa de este modelo económico que mata, van quedando al costado del camino", le dijeron a la dirigente social que sigue presa. "Cuando vemos los logros, obtenidos todos estos años por la organización comunitaria Tupac Amaru, encontramos ese intento de transitar el camino de los derechos reconquistados. Con eso nos solidarizamos". Y agregaron: "queremos, por medio de esta carta, hacer sentir nuestra cercanía a todos aquellos a quienes muchos ignoran con esa "indiferencia que humilla", como nos recuerda el Papa Francisco (...) Vemos que la "justicia" ha sido usurpada por el odio de clase y la vendetta política".
OPINIÓN
Un gesto audaz
Por Washington Uranga
Francisco dio ayer una nueva demostración de audacia frente a los sectores más conservadores del catolicismo reabriendo el debate sobre el ministerio consagrado de las mujeres al admitir que creará una comisión oficial en la Iglesia para analizar el diaconado femenino en los primeros tiempos del catolicismo. Puede ser éste el camino elegido para habilitar la discusión sobre el sacerdocio de las mujeres, una cuestión que el papa Juan Pablo II había clausurado en 1994 en la carta "Ordinatio Sacerdotalis" con el argumento de que Jesús solo convocó a varones, los apóstoles, como sus directos colaboradores.
El papa Bergoglio no suele ser un hombre de anuncios altisonantes. Su estrategia es la de los gestos y de los avances medidos, estudiados, pero siempre a paso firme. Tampoco le rehuye al conflicto que, decisiones como ésta, le pueden traer en el seno de la propia Iglesia, en particular por la resistencia de los sectores conservadores.
En la Iglesia el debate sobre el diaconado femenino no es una novedad. Incluso durante la última sesión del Sínodo de los Obispos celebrado en el Vaticano en octubre del año anterior, el arzobispo canadiense Paul-André Durocher hizo una intervención sobre el tema. En esa oportunidad el prelado había pedido "reflexionar seriamente sobre la posibilidad de permitir el diaconado femenino, porque abriría el camino a mayores oportunidades para las mujeres en la vida de la Iglesia".
Ahora Francisco recogió el guante y lo institucionalizó abriendo una puerta que parecía definitivamente cerrada a pesar de los reclamos de muchos grupos de mujeres en la propia Iglesia. Todo parece indicar que Bergoglio sigue dispuesto a derribar barreras que hasta antes de su pontificado parecían infranqueables.
La audacia de Francisco no está en la espectacularidad de sus decisiones, sino en la perseverancia en una conducta que marca la necesidad de transitar la mayor cantidad de caminos posibles para cambiar a la propia Iglesia Católica y su imagen en el mundo.
OPINIÓN
Salto al poder en Brasil
Por Atilio A. Boron
Una pandilla de bandidos tomó por asalto la presidencia de Brasil. La integran tres actores principales: por un lado, un elevado número de parlamentarios (recordar que sobre unas dos terceras partes de ellos pesan gravísimas acusaciones de corrupción), la mayoría de los cuales llegó al Congreso producto de una absurda legislación electoral que permite que un candidato que obtenga apenas unos pocos centenares de votos acceda a una banca gracias a la perversa magia del "cociente electoral". Tales eminentes naderías pudieron destituir provisoriamente a quien llegara al Palacio del Planalto con el aval de 54 millones de votos. Segundo, un poder judicial igualmente sospechado por su connivencia con la corruptela generalizada del sistema político y repudiado por amplias franjas de la población del Brasil. Pero es un poder del estado herméticamente sellado a cualquier clase de contraloría democrática o popular, profundamente oligárquico en su cosmovisión y visceralmente opuesto a cualquier alternativa política que se proponga construir un país más justo e igualitario. Para colmo, al igual que los legisladores, esos jueces y fiscales han venido siendo entrenados a lo largo de casi dos décadas por sus pares estadounidenses en cursos supuestamente técnicos pero que, como es bien sabido, tienen invariablemente un trasfondo político que no requiere de mucho esfuerzo para imaginar sus contornos ideológicos. El tercer protagonista de esta gigantesca estafa a la soberanía popular son los principales medios de comunicación del Brasil, cuya vocación golpista y ethos profundamente reaccionario son ampliamente conocidos porque han militado desde siempre en contra de cualquier proyecto de cambio en uno de los países más injustos del planeta. Al separar a Dilma Rousseff de su cargo (por un plazo máximo de 180 días en el cual el Senado deberá decidir por una mayoría de dos tercios si la acusación en contra de la presidenta se ratifica o no) el interinato presidencial recayó sobre un oscuro y mediocre político, un ex aliado del PT convertido en un conspicuo conspirador y, finalmente, infame traidor: Michel Temer. Desgraciadamente, todo hace suponer que en poco tiempo más el Senado convertirá la suspensión temporal en destitución definitiva de la presidenta porque en la votación que la apartó de su cargo los conspiradores obtuvieron 55 votos, uno más de los exigidos para destituirla. Y eso será así pese a que, como Dilma lo reconociera al ser notificada de la decisión senatorial, pudo haber cometido errores pero jamás crímenes. Su límpido historial en esa materia resplandece cuando se lo contrasta con los prontuarios delictivos de sus censores, torvos personajes prefigurados en la Opera del Malandro de Chico Buarque cuando se burlaba del "malandro oficial, el candidato a malandro federal, y el malandro con contrato, con corbata y capital". Ese malandraje hoy gobierna Brasil.
La confabulación de la derecha brasileña contó con el apoyo de Washington – ¡imaginen cómo habría reaccionado la Casa Blanca si algo semejante se hubiera tramado en contra de alguno de sus peones en la región! – En su momento Barack Obama envió como embajadora en Brasil a Liliana Ayalde, una experta en promover "golpes blandos" porque antes de asumir su cargo en Brasilia, en el cual se sigue desempeñando, seguramente que de pura casualidad había sido embajadora en Paraguay, en vísperas del derrocamiento "institucional" de Fernando Lugo. Pero el imperio no es omnipotente, y para viabilizar la conspiración reaccionaria en Brasil suscitó la complicidad de varios gobiernos de la región, como el argentino, que definió el ataque que sus amigos brasileños estaban perpetrando en contra de la democracia como un rutinario ejercicio parlamentario y nada más.
En suma, lo ocurrido en Brasil es un durísimo ataque encaminado no sólo a destituir a Dilma sino también a derrocar a un partido, el PT, que no pudo ser derrotado en las urnas, y a abrir las puertas para un procesamiento del ex presidente Lula da Silva que impida su postulación en la próxima elección presidencial. En otros términos, el mensaje que los "malandros" enviaron al pueblo brasileño fue rotundo:
¡No se les vuelva a ocurrir votar a al PT o a una fuerza política como el PT!, porque aunque ustedes prevalezcan en las urnas nosotros lo hacemos en el congreso, la judicatura y en los medios, y nuestro poderío combinado puede mucho más que sus millones de votos.
Grave retroceso para toda América latina, que se suma al ya experimentado en la Argentina y que obliga a repensar que fue lo que ocurrió, o preguntarnos, en línea con el célebre consejo de Simón Rodríguez, dónde fue que erramos y por qué no inventamos, o inventamos mal. En tiempos oscuros como los que estamos viviendo: guerra frontal contra el gobierno bolivariano en Venezuela, insidiosas campañas de prensa en contra de Evo y Correa, retroceso político en Argentina, conspiración fraudulenta en el Brasil, en tiempos como esos, decíamos, lo peor que podría ocurrir sería que rehusáramos a realizar una profunda autocrítica que impidiera recaer en los mismos desaciertos. En el caso del Brasil uno de ellos, tal vez el más grave, fue la desmovilización del PT y la desarticulación del movimiento popular que comenzó en los primeros tramos del gobierno de Lula y que, años después, dejaría a Dilma indefensa ante el ataque del malandraje político. El otro, íntimamente vinculado al anterior, fue creer que se podía cambiar Brasil sólo desde los despachos oficiales y sin el respaldo activo, consciente y organizado del campo popular. Si las tentativas golpistas ensayadas en Venezuela (2002), Bolivia (2008) y Ecuador (2010) fueron repelidas fue porque en esos países no se cayó en la ilusión institucionalista que, desgraciadamente, se apoderó del gobierno del PT desde sus primeros años. Tercer error: haber desalentado el debate y la crítica al interior del partido y del gobierno, apañando en cambio un consignismo facilista que obstruía la visión de los desaciertos e impedía corregirlos antes de que, como se comprobó ahora, el daño fuera irreparable. Por algo Maquiavelo decía que uno de los peores enemigos de la estabilidad de los gobernantes era el nefasto rol de sus consejeros y asesores, siempre dispuestos a adularlos y, por eso mismo, absolutamente incapacitados para alertar de los peligros y acechanzas que aguardaban a lo largo del camino. Ojalá que los traumáticos eventos que se produjeron en Brasil en estos días nos sirvan para aprender estas lecciones.
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