jueves 12 de mayo de 2016
OPINIÓN
Millones de amigos tristes
Por Martín Granovsky
El derrocamiento de Dilma Rousseff tiene un efecto doble sobre la Argentina. En el terreno de las ideas sin duda refuerza la apuesta conservadora o neoconservadora del presidente Mauricio Macri. En el terreno de la economía y el comercio puede dificultar aún más las condiciones materiales de esa apuesta. A menos que alguien crea en los milagros, el reemplazo de un gobierno débil pero legítimo por otro débil pero ilegítimo no parece ser el mejor modo de retomar el crecimiento a corto plazo. Como mínimo, es seguro que no ocurrirá en el segundo semestre donde están puestas las esperanzas del gobierno argentino. Hoy es 12 de mayo y para el comienzo de la segunda mitad del año faltan solo 50 días.
Para la Argentina el problema de un Brasil en crisis no es una simple cuestión de tipo de cambio. Incluso en las peores condiciones cambiarias los empresarios argentinos tienen mejores chances de exportar a Brasil si el vecino crece. El crecimiento es la clave de cualquier círculo virtuoso. Un crecimiento que, justamente, viene siendo esquivo para Brasil en los últimos dos años con un Producto Bruto Interno que en 2015 se redujo en más del 3 por ciento y en 2016 repetirá el comportamiento recesivo con una cifra cercana al 5 por ciento. Ni hablar del volumen de comercio, que en 2015 alcanzó solo 23.083 millones de dólares y quedó lejos, muy lejos, de los míticos 40 mil millones de 2011. Para el país el problema además es cualitativo, porque Brasil compra la mitad de las exportaciones industriales Made in Argentina.
El escenario se repite para los otros socios del Mercosur (Venezuela, Uruguay y Paraguay), para Bolivia y para Colombia. Según los casos, un Brasil sólido puede jugar el rol de socio principal, de garante de la estabilidad en situaciones de crisis interna como sucedió con Bolivia y sucede con Venezuela, de apoyo a proyectos de largo plazo como la paz en Colombia y de contrapeso objetivo de los Estados Unidos en el continente. No es que Brasil buscase ser la alternativa a Washington. Carece de su poder militar y financiero y no tiene la maquinita de imprimir dólares. Desde el 1 de enero de 2003 venía desplegando una política exterior que el canciller de Lula, Celso Amorim, definía como "activa y altiva". No procuraba el choque con la Casa Blanca pero quería tener noción de su propio poder relativo y utilizarlo sin sobreactuaciones. La clave de un Area de Libre Comercio de las Américas, para los Estados Unidos, era tener a Brasil dentro de un bloque que sería no solo comercial sino geopolítico y estaría encabezado por Washington. El Brasil de Lula no quiso ser parte de ese bloque porque entendió que le quitaría margen de negociación internacional y se alió a la Argentina de Néstor Kirchner y a la Venezuela de Hugo Chávez para terminar con el Plan ALCA en la cumbre de Mar del Plata de 2005.
Con Brasil como eje Sudamérica se jugó por la diversificación y la multipolaridad. Multiplicó sus relaciones con China, Rusia e India, tres de los cinco países del Brics junto con Brasil y Sudáfrica.
Un mito argentino sostiene que el Estado brasileño tienen una sola política exterior y que esa diplomacia permanece inalterable gobierne quien gobierne. Falso. En las últimas dos elecciones brasileñas, las de 2010 y 2014, la relación con Mercosur, con Venezuela y con los Estados Unidos fue parte del debate y dividió las aguas. El opositor José Serra dijo que el Mercosur era "una farsa". Dilma, igual que el resto de sus colegas de Sudamérica, fue tildada de "chavista" como si fuera el peor insulto posible. Como si, encima, fuese posible ser chavista fuera de Venezuela.
En la Argentina el golpe esclavócrata contra Dilma también dividió aguas. Macri no expresó simpatía por las maniobras del vice Michel Temer, del ahora suspendido presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha y del ex candidato neoliberal Aecio Neves, que actuaron como las figuras del golpe en una constelación de poder que incluyó a los grandes bancos internacionales, los grandes medios, una facción activa del Poder Judicial y de la Policía Federal y la poderosa Federación de Industriales de Sao Paulo, la Fiesp. Ese perfil bajo como presidente tenía, sin embargo, un antecedente contrario que cada vez cobra mayor fuerza: como presidente electo Macri visitó la FIESP después de encontrarse con Dilma, el 4 de diciembre último, y fue condecorado por la Orden de Mérito Industrial del Estado de San Pablo. "Su victoria fue celebrada por millones de brasileños convencidos de que con usted se inicia un nuevo ciclo en nuestro continente", dijo el presidente de la Fiesp Paulo Skaf.
O por realismo o porque no quiere irritar a nadie en su probable camino hacia la candidatura para la Secretaría General de la ONU, la canciller Susana Malcorra se apegó a una frase desde que asumió. "Si Brasil estornuda, la Argentina puede tener neumonía", dijo. Repitió la frase la semana pasada en un encuentro con los senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Dos ex presidentes argentinos, Cristina Fernández de Kirchner y Eduardo Duhalde, se sumaron a un documento de repudio a la detención forzada de Lula. El kirchnerismo en todas sus variantes se mostró contrario al impeachment contra Dilma.
Pero en ese contexto de gran simpatía por el Partido de los Trabajadores la actual oposición argentina fue muy módica en presencia física junto a los agredidos de Brasil. A pesar de que hay solo tres horas de vuelo a Brasil y menos a San Pablo, Río o Porto Alegre, pocos tomaron un avión a Brasil para confortar a Dilma, abrazar a Lula o tomar parte en actos públicos. Entre esos pocos figuran el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que estuvo con Dilma y enfrentó a los senadores golpistas brasileños en la propia Cámara alta, el ex canciller Jorge Taiana por el Parlasur, el secretario de la Central de Trabajadores Argentinos Hugo Yasky y el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Zaffaroni.
Los motivos de esa ausencia física pueden ser diversos. Una posible razón es que a menudo los dirigentes no terminan de comprender algo que a menudo dice Lula: "La confianza y la política no se construyen por celular sino tocando al otro y mirándolo a los ojos con una copa de vino en el medio". Otro motivo a explorar es el ensimismamiento de cada fuerza política en su propio país. En el caso argentino, por efecto de la derrota frente a Macri el 22 de noviembre.
Con Temer provisoriamente en el Planalto, Brasil aún tiene por delante un largo ciclo de transición. Puede ser que después de los 180 días de suspensión Dilma sea apartada definitivamente. Puede ser que Temer complete el período o que, en un escenario muchísimo menos probable pero no imposible, se vea forzado a llamar a elecciones generales adelantadas.
Sea cual sea el resultado final está claro que el ciclo lulista de reparación social, responsable de haber integrado millones de brasileños a la educación, el consumo y la autoestima, quedó trunco antes de consolidarse. No es que el ideal fuese la perpetuación indefinida del PT sino, como escribió el ex vocero de Lula André Singer, que ese ciclo perdurara incluso con el PT fuera del poder. El objetivo solo podía lograrse, claro, con tiempo y estabilidad.
Tiempo y estabilidad para avanzar en los márgenes de justicia social son justo los elementos que la élite brasileña quiso sacar del tablero para erradicarlos de Brasil y de toda Sudamérica. Ni siquiera, como en la Argentina, los conservadores de Brasil esperaron a las próximas elecciones programadas para octubre de 2018.
Que los esclavócratas triunfen o no, y que les cueste mucho o poco, son cosas que dependen también del grado de ensimismamiento que revelen de aquí en adelante el PT y sus amigos en la región. Que hoy están tristes y son millones.
martin.granovsky@gmail.com
LA LEY ANTIDESPIDOS CONSIGUÍo DICTAMEN Y HOY LA
OPOSICIÓN BUSCARÁ CONVERTIR EL PROYECTO EN LEY
Con suspenso hasta último momento
Los partidos opositores encabezados por el Frente para la Victoria buscaban anoche asegurar los votos para la sesión convocada para este mediodía. El bloque massista se mostraba dividido en sus posturas.
El bloque del Frente para la Victoria buscará impulsar la aprobación
de la ley de emergencia ocupacional hoy mismo.
Por Miguel Jorquera
Será una pulseada parlamentaria con final incierto. La sesión especial de la Cámara de Diputados para intentar convertir en ley la "emergencia ocupacional", que suspende los despidos sin causa por 180 días y prevé la doble indemnización, está citada para hoy a las 11.45. Sus convocantes – Frente para la Victoria (FpV), el Bloque Justicialista (BJ), Libres del Sur (LdS), el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) y varios monobloques – que ayer consiguieron el dictamen de mayoría en un plenario de comisiones que ratifica la media sanción del Senado, necesitan sentar en el recinto a 129 diputados para abrir el debate. Una cifra que arañaban ayer por la noche en medio de interminables negociaciones pero que no daban certeza de haberlo alcanzado. Sergio Massa salió rápidamente a tratar de abroquelar al Frente Renovador detrás de su propio dictamen, que propone modificaciones al proyecto de los senadores y que haría fracasar la sanción de la ley, luego de la fisura que provocó en su bloque la decisión de dos sus diputados sindicales (Héctor Daer y Jorge Taboada) de firmar el dictamen de mayoría. Massa no aportará al quórum, esperará detrás de los cortinados para intentar evitar más fugas en su tropa y solo bajará al recinto si el resto del arco opositor logra abrir el debate. La alianza oficialista Cambiemos hará lo mismo y buscará bloquear reglamentariamente la sesión para tratar de impedir una derrota si la oposición alcanza el quórum.
Hasta ayer por la noche, los números del arco opositor alcanzaban a 120 diputados dispuestos a sentarse en el recinto, apenas nueve menos para llegar al quórum para sesionar cuando aún restaban algunos bloques por definirse. Entre ellos, los tres puntanos de Compromiso Federal que responden a los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá, cuya bancada acompañó la ley en el Senado. A lo que se podrían sumar los tres del socialismo y las posibles deserciones del massismo acercarían a la oposición al número mágico para transformar en ley la emergencia ocupacional.
La presencia del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en el plenario de las comisiones de Legislación Laboral y de Presupuesto de Diputados no logró los objetivos que se trazó el oficialismo. Los planteos del jefe de la cartera laboral no modificaron posiciones y Cambiemos no consiguió dilatar aún más el debate ni postergar los dictámenes hay hoy, para impedir que la media sanción de los senadores llegara al recinto de la Cámara baja esta semana.
El FpV y el BJ impusieron el dictamen de mayoría que ratifica la media sanción del Senado que buscarán tratar hoy en el recinto. También lo rubricaron los diputados sindicales Omar Plaini (Canillitas) y los massistas Héctor Daer (Sanidad) y Jorge Taboada (Camioneros), que adhirieron al reclamo de las cinco centrales sindicales (las tres CGT y las dos CTA) que pidieron a los legisladores una ley de emergencia laboral como prioridad. Aun con diferencias, otros bloques como LdS y Alcira Argumedo de Proyecto Sur consideran que no se puede dilatar más la ley antidespidos, aportarían al quórum y votarían favorablemente. También sumarían al quórum el Frente Cívico santiagueño y otros monobloques aliados del FpV.
El FIT también tiene un dictamen propio que plantea, entre otras diferencias, que la ley sea retroactiva al 10 de diciembre, cuando el gobierno inició la ola de despidos en la administración pública. De todas maneras, sus diputados se sumaron al pedido de sesión especial y acompañarán la media sanción del Senado para no dilatar la emergencia ocupacional.
Los socialistas emitieron un dictamen con la firma de Alicia Ciciliani. El PS se sumó al reclamo de las centrales sindicales a favor de la ley antidespidos pero solo bajará al recinto si está garantizado el quórum. Otros bloques como Compromiso Federal, definirán su postura recién hoy por la mañana.
Cisma massista
Distinto es el panorama en el Frente Renovador, donde Daer y Taboada desafiaron la postura de su jefe político y encendió la luz de alarma. Cerca de Massa enseguida se encargaron de difundir que el diputado y sindicalista de Peaje Facundo Moyano y el diputado Felipe Solá firmaron el dictamen del bloque, que propone junto a la emergencia ocupacional por 180 días exenciones para las pymes y promoción de empleo para jóvenes y mayores de 50 años, pero cuyas modificaciones habrían naufragar la sanción de la ley. Incluso el dictamen del FR lleva la firma del diputado Eduardo Fabiani que responde a Darío Giustozzi y su bloque Juntos por Argentina.
De todas maneras, la movida de Massa no le garantiza que evitaría más deserciones en su bancada.
En el entorno de Pablo Moyano adelantaban que el sindicalista podría aportar al quórum y Solá evaluaba su propia estrategia, lo mismo que otros diputados sindicales renovadores. Mucho dependerá de los legisladores que logre sentar en el recinto el resto del arco opositor. Algunos de los massistas no estarían dispuestos a cargar sobre sus espaldas el fracaso de una sesión para sancionar una ley contra los despidos si no se logra al quórum por un puñado de diputados.
El dictamen del oficialista Cambiemos respalda la emergencia laboral que se viene prorrogando desde la creación de los Planes Jefes y Jefas de Hogar tras las crisis de 2001 pero que no prevé ninguna norma legal preventiva para defender los empleos.
La preocupación del oficialismo pasaba ayer por definir la estrategia a asumir si la oposición logra el quórum para sesionar, al tiempo que sus operadores políticos del macrismo en el Palacio Legislativo y desde Casa Rosada intentaban torcer voluntades de quienes podrían inclinar la balanza a favor de sesionar. Desde la UCR surgió la idea de buscar invalidar la sesión con argumentos reglamentarios para después judicializar la decisión si la oposición sanciona la ley de "emergencia ocupacional". Igual estarán atentos para bajar al recinto, donde insistirán en doblegar voluntades si no logran antes frenar la sesión especial de hoy.
También desde Cambiemos evaluaban tratar de alcanzar un acuerdo con el massismo para que no salga el proyecto del Senado y que el presidente Mauricio Macri tuviera la oportunidad de vetar parcialmente el proyecto quitando la doble indemnización para los trabajadores y dejar algunos beneficios para las pymes. En el massismo tenían otra idea: pedir una sesión especial para la semana próxima para tratar su propio proyecto con el acompañamiento de otros opositores amigables con el macrismo – como Margarita Stolbizer y Giustozzi – y de esa manera buscar despegarse del oficialismo con que igual colaboraría para bloquear la ley antidespidos.
LOS OBISPOS LE LLEVARON A MACRI EL DOCUMENTO DE LA
CONFERENCIA EPISCOPAL QUE DARÁN A CONOCER HOY
Con planteos por la situación social
El Presidente recibió ayer a la cúpula de la Iglesia encabezada por José María Arancedo. Desde Presidencia aseguraron que "no hubo reclamos", pero los obispos dijeron que hicieron planteos sobre los niveles de pobreza.
aclararon que "no hubo reclamos".
Mauricio Macri recibió ayer en Olivos a las máximas autoridades de la Iglesia Católica, quienes además de adelantarle una copia de un documento con interpretaciones sobre la realidad del país que harán público hoy, le hicieron planteos en torno a "la situación social y los niveles de pobreza, que preocupan", según comunicó oficialmente la Conferencia Episcopal Argentina tras la reunión. El Gobierno, sin embargo, prefirió omitir ese detalle del encuentro y se limitó a informar que durante el encuentro "no hubo reclamos ni expresiones de preocupaciones de ningún tipo".
La de ayer fue la segunda reunión de Macri con la cúpula de la Iglesia desde que asumió como presidente y surgió a partir de la inquietud de los obispos por entregarle "de cortesía" el documento que darán a conocer hoy, antes que a la prensa. El documento se titula "El Bicentenario. Tiempo para el encuentro fraterno de los Argentinos" y, según dejaron trascender desde el Episcopado, fue entregado como cortesía a Macri para evitar que su contenido –al parecer, crítico con la situación económica y a tono con los datos sobre la pobreza difundidos hace un mes por el observatorio de Deuda Social de la UCA– no genere rispideces entre ambas partes.
El Gobierno informó por su parte que durante el encuentro "el jefe de Estado y los prelados dialogaron sobre la situación del país y coincidieron en la necesidad de unir a los argentinos y de trabajar en conjunto por la educación y la generación de empleo de calidad". En su comunicado posterior al encuentro, la Iglesia no hizo mención alguna al tratamiento de "la unidad de los argentinos", y optó por remarcar que el diálogo se basó "en la situación social y la necesidad de ir reduciendo los niveles de pobreza", que son "los principales temas que plantea el documento y una inquietud constante del Episcopado en el contexto de actualidad".
Macri recibió el documento de manos de José María Arancedo, arzobispo de Santa Fe y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, quien llegó a Olivos acompañado por el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, y Carlo Malfa, obispo de Chascomús. Si bien los obispos dejaron en claro su espíritu de "colaboración" con el Gobierno, el propio Arancedo manifestó un mes atrás que el aumento de la pobreza que difundió la UCA se debe a que "hay un ajuste".
El presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja, adelantó que si hoy se logra aprobar la ley antidespidos en la Cámara de Diputados le pedirá una audiencia al presidente Mauricio Macri "para dialogar y evitar el veto". Gioja, que además es vicepresidente de la Cámara de Diputados, reiteró el objetivo de votar hoy la ley que Macri ya adelantó que vetará. "El diálogo sirve y es constructivo cuando se habla con los que piensan distinto, no sólo con los amigos", indicó Gioja, y resaltó que "la ley no le pone ningún cepo a nada porque no tiene efectos retroactivos, si una empresa quiere contratar un trabajador podrá hacerlo con la normativa vigente, esta ley protege al que actualmente está empleado".
"Debería renunciar"
El referente de los Curas en Opción por los Pobres, Eduardo de la Serna, sostuvo ayer que si el presidente Mauricio Macri "tiene un poco de dignidad, debería renunciar". En diálogo con Radio Del Plata, el sacerdote contó que "en los barrios hay mucha tristeza y angustia, porque la gente se da cuenta de que la plata no le alcanza", por lo que pidió al Presidente que "no se burle de los pobres y deje de hablar con cinismo de la pobreza cero". De la Serna denunció que el Presidente cuenta con "cobertura mediática", para esconder "el escándalo de los Panama Papers", y reiteró que debe renunciar "si le queda algo de dignidad".
OPINIÓN
Fueron por lana pero pueden volver esquilados
Por Leopoldo Moreau *
Mucho se ha escrito y dicho sobre las deformaciones que significan la politización de la Justicia y la judicialización de la política. Pues bien, en este último tiempo, en Argentina, sufrimos los dos males simultáneamente, con el añadido de la extorsión mediática que algunos ejercitan sobre los actores de esta tragedia. A esta altura, desentrañar la madeja judicial que se armó desde que medios hegemónicos, con la complicidad de algunos jueces y fiscales, decidieron iniciar una cacería contra Cristina Kirchner para intentar demoler su liderazgo, no sólo resulta una tarea casi imposible sino que, por momentos, presenta aristas rayanas en la comicidad y el ridículo.
Si no fuera que este afán persecutorio se origina en poderes fácticos, fiscales rabiosamente derechistas, algunos jueces venales y un Supremo embebido en deseos de poder, el escenario podría ser calificado como payasesco. Pero no lo es, precisamente, porque se trata de una acción política que pareciera responder a una matriz continental empujada por aquellos que a toda costa quieren destruir los movimientos populares para restaurar las reglas de juego que en el pasado solían apuntalar las dictaduras militares, particularmente en materia de distribución del ingreso.
Una rápida enumeración de alguno de estos hechos permite aventurar que, paradójicamente, los que fueron por lana corren el riesgo de volver esquilados. Esta semana conocimos que la diputada Elisa Carrió y el titular de la AFIP, Alberto Abad, fueron imputados por el fiscal Ricardo Taiano en la Justicia federal por el delito de "violación de secretos" y que para este hecho habrían contado con el concurso del subdirector general de operaciones impositivas, Jaime Mecikovsky. Al parecer, se les achaca que habían constituido una suerte de fuerza de tareas para armar dossier, o lo que vulgarmente conocemos como carpetazos, con el objeto de utilizarlos contra políticos, empresarios, ministros, periodistas y jueces. En otro tramo de su requerimiento de investigación, el fiscal Taiano pidió establecer si Mecikovsky, con el consentimiento de Abad, asesoró para ocultar y readecuar el caso de la empresa Iecsa (perteneciente a la familia Macri), que habría incurrido en insolvencia fiscal fraudulenta. El mencionado Mecikovsky, usado en otra causa como uno de los principales testigos contra Cristina Kirchner, cuando declaró como tal, negó tener trato con Carrió y Stolbizer pero si reconoció contactos con la abogada Silvia Martínez, una de las principales asesoras de la titular del GEN. Esta no tan sorprendente revelación deja pendiente varios interrogantes. Uno de ellos, el más grave, es si no se están armando causas o incluso manipulando pruebas tanto en organismos oficiales como en los órganos judiciales que, supuestamente, deberían actuar con independencia. ¿Qué garantías procesales puede haber cuando alguno de estos elementos probatorios caen en manos de fiscales que están en connivencia con los denunciantes, con quienes comparten los mismos objetivos políticos? ¿Qué objetividad pueden exhibir algunos jueces y fiscales que diariamente se comunican con periodistas para alimentar operaciones mediáticas contra sus blancos?
Alguien podrá suponer que nuestras afirmaciones tienen un dejo de exageración. Pero con sólo recordar que la causa sobre la muerte del ex fiscal Alberto Nisman fue pasada de un fuero a otro por una jueza que ejercitaba el deporte de escribir tuits insultantes contra la Presidenta entonces en ejercicio y que fundamentó su insólita decisión en un chimento de un ex agente de un servicio de informaciones, se podrá advertir que el enchastre en la justicia supera la imaginación más frondosa. Sino, veamos otros ejemplos. El juez Claudio Bonadio lleva adelante una insólita causa por la venta de dólares a futuro, en la que tiene imputada a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero con el correr de los días Bonadio resultó siendo él mismo imputado, junto con el vicejefe de gabinete y el titular del Banco Central, por la misma operatoria. Porque a diferencia de la causa original, que no tiene pies ni cabeza, en la causa en que está implicado el magistrado, casi no hay duda que se incurrió en el delito de "uso de información privilegiada", habida cuenta que uno de los imputados, en este caso Mario Quintana, no sólo compró dólares a futuro por 12 millones de dólares sino que, además, habría participado de la reunión donde se estableció el precio de corte que iba a tener el dólar con la asunción del nuevo gobierno.
Otro caso emblemático, que también tiene estado judicial, es el de los Panama Papers. Hasta ahora los únicos imputados son el presidente Mauricio Macri y su ex ministro de Economía en la ciudad de Buenos Aires, Néstor Grindetti. Como ya lo afirmamos en alguna otra oportunidad, fueron por las sociedades offshore y aparecieron ellos, fueron por cuentas en Suiza y aparecieron ellos, fueron por el dólar a futuro y también aparecieron ellos, fueron por Lázaro Báez, y lo bien que hicieron, pero les terminó apareciendo Angelo Calcaterra, es decir Macri. Quien tal vez mejor haya descripto esta desesperación de los poderes corporativos por llevar la política al barro haya sido el fiscal Jorge Di Lello, cuando sostuvo: "Hay sobredosis de Comodoro Py". Es de esperar que no acierte en su pronóstico cuando agregó: "Vamos hacia un suicidio colectivo", porque está hablando de la paz y de la democracia. Valores que la derecha económica y política generalmente arrasó.
* Movimiento Nacional Alfonsinista (MNA).
ALARMA DE LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS
ANTE UNA MODIFICACIÓN EN LA LEY DEL ARREPENTIDO
Un intento de garantizar impunidad
Cambiemos quiso introducir, a través de la Ley del Arrepentido, la posibilidad de reducir o eximir de pena a los involucrados en delitos de lesa humanidad. Hubo escándalo en Diputados y quejas de organismos de derechos humanos.
"En el Estado de Derecho resulta posible alcanzar justicia dignamente",
señalaron las Abuelas de Plaza de Mayo.
Por Victoria Ginzberg
Los organismos de derechos humanos se opusieron históricamente al canje de impunidad por información. Incluso, las Abuelas de Plaza de Mayo, que buscan desaparecidos vivos, se negaron a recibir datos a cambio de proporcionar protección para los apropiadores de sus nietos. Esta semana, sin embargo, desde Cambiemos se intentó introducir en el proyecto de Ley del Arrepentido la reducción y eximición de penas para los delitos de lesa humanidad. "Creemos firmemente que en el Estado de Derecho resulta posible alcanzar justicia dignamente, sin incurrir en componendas con quienes cometieron los crímenes más graves que ha sufrido nuestro país", señaló el organismo que preside Estela de Carlotto. "Luego de décadas de impunidad, los acusados y responsables han tenido infinitas oportunidades para colaborar a esclarecer la verdad de lo ocurrido y jamás lo hicieron. El juzgamiento a los genocidas es un logro de toda la sociedad. De todo un pueblo que se negó a convivir con la impunidad de crímenes aberrantes", manifestaron los HIJOS, Familiares y Abuelas de Córdoba. "Llegamos hasta acá después de un proceso histórico único, con mucho trabajo, mucho sacrificio, muchos juicios y bajo un paradigma cultural sustancial como para admitir este tipo de proyectos que no solo pretenden meterse con futuros procesos sino también con los ya realizados", afirmó el colectivo de abogados y abogadas de juicios de lesa humanidad. Estas fueron solo algunas de las cartas enviadas a la Comisión de Legislación Penal, que lograron que su presidenta, la diputada radical María Gabriela Burgos, se comprometiera a eliminar la mención a los represores del proyecto.
La iniciativa del PRO que introduce las figuras del arrepentido y el agente encubierto ya tenía objeciones de especialistas que estaban siendo estudiadas por los diputados de la oposición. Pero el lunes, sorpresivamente, los asesores de los legisladores se encontraron con cambios en la redacción original enviada por el Poder Ejecutivo. Se había agregado que estas herramientas eran válidas también para los delitos previstos en la ley 24.584, es decir, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Así, el proyecto establecía que, a discreción de los jueces, los represores podían ser beneficiarios de una reducción o directamente eximición de la pena. "Esto sería procedente si los datos o información aportada por el `arrepentido` contribuye, entre otros supuestos, a `esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos, revelar la identidad o el paradero de instigadores, coautores, partícipes o encubridores de estos hechos investigados o de otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan un significativo avance de la investigación`. De esta forma, no se establece ningún límite para que se vean beneficiados por esta figura aquellos imputados o condenados que sindiquen como intervinientes en el hecho delictivo a personas ya fallecidas o sobre las cuales el proceso penal se encuentra suspendido por incapacidad o incluso condenados por otros hechos", señaló Abuelas de Plaza de Mayo en la carta que envió ayer a Diputados. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió en su documento varias deficiencias generales de la iniciativa y, puntualmente sobre este tema, destacó que "cualquier medida o herramienta jurídica que tenga implicancias sobre el juzgamiento y las consecuencias de los crímenes del terrorismo de Estado merece un amplio debate que involucre a las víctimas, sus familiares, los organismos de derechos humanos y la sociedad entera". Justamente, esto fue lo que preguntaron desde el despacho del diputado del Frente para la Victoria Remo Carlotto cuando descubrieron la novedad: si los organismos de derechos humanos habían sido informados o consultados sobre el tema. En Cambiemos respondieron que sí, pero no supieron decir qué organizaciones habían sido advertidas.
La postura de los organismos de derechos humanos ha sido históricamente opuesta a este planteo. Las características del proceso argentino, que constituye un ejemplo en el mundo, demostró que la posibilidad de acercarse a la Verdad y a la Justicia no depende de tener arrepentidos. En este caso fue decisiva la voluntad de los tres poderes del Estado de investigar los crímenes. Además, la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada ya contempla la opción de establecer "circunstancias atenuantes" a quienes contribuyan a la reaparición con vida de una persona desaparecida o permitan esclarecer casos de ese tipo.
El planteo que se quiso introducir en el proyecto, en cambio, se asemeja a la posición de las agrupaciones cercanas a los represores que intentan poner como modelo la transición sudafricana para, en definitiva, consagrar la impunidad de los involucrados en crímenes del terrorismo de Estado. Luego de que se conociera a través de Página/12 la reunión "privada" entre el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la defensora de los represores Cecilia Pando, la desconfianza se acrecentó entre los diputados de la oposición y los organismos de derechos humanos, que ya estaban en alerta. Sin embargo, desde esa cartera aseguraron que no tenían nada que ver con las modificaciones y que ni siquiera estaban al tanto. En el Congreso recordaron que en una reunión de comisión de la que participó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la diputada delasotista Claudia Rucci advirtió sobre la posibilidad de hacer esos cambios.
Ayer, luego de que en la Comisión de Legislación Penal se armara una discusión a los gritos, se decidió hacer dos dictámenes: uno referido a las técnicas de investigación (como el agente encubierto) que fue firmado, y otro para la figura del arrepentido, cuya firma fue aplazada. Burgos, presidenta de la comisión, se comprometió a que en ninguno de los dos casos se incluirían los crímenes de lesa humanidad. De todas formas, los diputados que no firmaron el proyecto – el bloque del Frente para la Victoria, Victoria Donda, de Libres del Sur y Myriam Bregman, del FIT – no pudieron ver cómo quedó redactado el texto.
La anunciada marcha atrás generó alivio en los organismos de derechos humanos, aunque aún se preguntan si se trató de un acuerdo entre Bullrich y Rucci, una iniciativa de un sector del Gobierno o un globo de ensayo oficial para ver hasta dónde se puede avanzar sobre los juicios a los represores.
Desactivar la posibilidad de beneficiar a los responsables de crímenes de lesa humanidad fue la prioridad ayer, pero las críticas al proyecto de ley del Arrepentido exceden este aspecto. El CELS advirtió que hay "problemas de constitucionalidad" en juego, que "la discrecionalidad es tan amplia que inclusive puede frustrar el objetivo de facilitar la investigación", que puede generar "situaciones extorsivas" e incentivar "denuncias falsas".
OPINIÓN
Sarcasmómetro
Por Andrea Pochak *
¿Qué duda cabe de que la imagen trucada de Cecilia Pando, simulando tratarse de una mujer desnuda, maniatada, es provocativa? Eso es justamente lo que buscaba la Revista Barcelona. Provocar a los lectores. Es lógico que Pando se haya sentido molesta, ultrajada, lesionada por esa contratapa y por la repercusión de esa publicación satírica. Pero a pesar de la molestia de Pando, o la moral de la jueza civil Susana Nóvile, los estándares internacionales de derechos humanos son contundentes: la libertad de expresión debe ser garantizada no solo para aquellas ideas, opiniones o informaciones consideradas inofensivas o indiferentes, sino también para las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población.
La jueza concluye que Barcelona se extralimitó: "la foto y las frases allí colocadas exceden un tono sarcástico y burlón y hacen una exposición exagerada de la accionante". Con la lucidez que la caracteriza, la revista condenada ironiza que la magistrada ha creado el "sarcasmómetro", como si hubieran niveles tolerables y no tolerables de humor, y los jueces (ella por lo menos) fueran los capacitados y habilitados para medirlo.
Para llegar a esa absurda y peligrosa conclusión la sentencia escupe jurisprudencia y doctrina, en muchos casos desactualizada, en otros revocada por la Corte Interamericana (como el fallo de la Corte menemista contra la Revista Noticias por publicar la historia del hijo extramatrimonial de Menem), pero sobre todo desubicada. El fallo repite hasta el hartazgo que la libertad de expresión no es absoluta y que encuentra un límite en el derecho a la privacidad de las personas. Habría que recordarle a la jueza que no se trató de una fotografía real del cuerpo de Pando ni se expusieron públicamente sus reales preferencias sexuales. ¿Qué tiene que ver entonces el derecho a la intimidad con la sátira?
Afirma el fallo que la libertad de prensa de la revista quedó garantizada en la medida en que se impidió la censura, pretendida por Pando. Sería bueno aclararle a la doctora Nóvile que la imposición de responsabilidades ulteriores también afecta la libertad de expresión, y que este derecho además tiene una dimensión colectiva, que garantiza a la sociedad a recibir esas expresiones.
La determinación del monto a pagar (40.000 pesos) – justificada en "la personalidad de la actora descripta en la prueba pericial psicológica, las actividades que demostró que desarrolla y sus condiciones personales" (¿?) – sólo se explica en el objetivo de evitar la apelación (artículo 242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y así sortear el papelón que le harán pasar sus colegas de otras instancias.
Hace unos días, desde la Dirección General de Derechos Humanos presentamos la Colección de Dictámenes del Ministerio Público Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia en materia de derechos humanos. El primer ejemplar de la publicación se concentra en las opiniones de los representantes del MPF ante el máximo tribunal en casos vinculados con el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información pública. Si la jueza Nóvile hubiera tenido en cuenta los estándares constitucionales e internacionales en libertad de expresión, como hicieron la Procuradora Gils Carbó y los Procuradores Fiscales en los dictámenes allí sistematizados, muy diferente hubiera sido el fallo.
Todos sabemos quién es María Cecilia Pando. Que lidera una asociación que considera a los represores "presos políticos" y que ha militado todos estos años en contra del proceso de verdad y justicia. Que ha amenazado al ex Secretario de Derechos Humanos y que poco le importa el derecho a la información pública, al intentar esconder las gestiones que está realizando con algunas autoridades para liberar a los genocidas. Quienes militamos por los derechos humanos nos encontramos decididamente en la vereda de enfrente. Entendemos que sin pluralidad de voces no hay una verdadera democracia y por ello seguiremos trabajando para evitar retrocesos y para defender la libertad de expresión de todos. Incluso de Pando.
* Directora general de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal.
LA UNESCO DESCLASIFICÓ DOCUMENTOS SOBRE EL
TERRORISMO DE ESTADO
"Archivos de la desgracia"
El vicecanciller Carlos Foradori dijo que los documentos que todavía no se revisaron "son archivos muy importantes para la Argentina, que hablan de aquella desgracia nacional". El material será entregado al Archivo Nacional de la Memoria.
Por Ailín Bullentini
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) desclasificó y entregó a la Cancillería un cúmulo de denuncias de violaciones a los derechos humanos que familiares de víctimas de la última dictadura realizaron ante el Comité de Convenciones y Recomendaciones del organismo entre 1978 y 1982. "Son archivos muy importantes para la Argentina, que hablan de aquella desgracia nacional", definió el vicecanciller Carlos Foradori en relación a la documentación entregada por la Unesco, que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación digitalizará y entregará al Archivo Nacional de la Memoria (ANM) "para que todos puedan tener acceso a ella", apuntó el titular de esa secretaría, Claudio Avruj. Entre las denuncias desclasificadas que pudo revisar Página/12, figuran la de la desaparición de Alejandro Gutiérrez, hijo de Mabel Gutiérrez, la ex presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y las de la familia Tarnopolsky – madre, padre e hija de 15 años de los que aún no se sabe destino –.
El pedido de desclasificación de archivos a la Unesco fue realizado por el Estado argentino "sistemáticamente desde hace varios años y también por este gobierno", remarcó Foradori, que evitó mencionar las gestiones kirchneristas predecesoras y pasó directo a hacer hincapié en los resultados: "Recién ahora tenemos respuesta", apuntó. La Unesco entregó "hace dos o tres días" la documentación parcialmente presentada en público ayer: el registro del análisis que realizó el Comité de Convenciones y Recomendaciones del organismo sobre 75 casos de desapariciones, prohibiciones y censuras sufridas y denunciadas ante sí por las propias víctimas o familiares de ellas. "No queríamos que la Argentina dejara de conocer este tema lo más inmediatamente posible", postuló el vicecanciller tras reconocer que la información aún no fue revisada en profundidad por ningún experto ni comparada con la documentación existente. No obstante, consideró que puede llegar a ser un "disparador" que "permita indagar con datos más concretos" al organismo "para saber qué camino siguió cada denuncia admitida".
Por el momento, la información recuperada está "en crudo", es decir que ningún área gubernamental comenzó siquiera a analizarla o resumirla. Por eso se negaron a dar a Familiares nombres de las víctimas cuyas violaciones son analizadas en los registros recuperados. "Los nombres son muy importantes. Sin siquiera algunos nombres, el anuncio está incompletísimo. Me parece que aprovecharon un poco el momento para anunciar esto, se apresuraron para poder hacer un anuncio después de tanta batahola que se armó ayer (por el miércoles)", evaluó la presidenta de Familiares, Lita Boitano, en relación a las reacciones adversas que recibió el Gobierno tras la reunión que el ministro de Justicia, Germán Garavano, mantuvo con Cecilia Pando revelada por Página/12.
La mayoría de las denuncias evaluadas por el Comité versan sobre desapariciones de estudiantes universitarios. En la mayoría de los casos, el representante del gobierno genocida argentino en el organismo responde con evasivas, poniendo en duda lo denunciado: "No consta que sea estudiante" o "algunas personas desaparecidas pueden haber pasado a la clandestinidad" son ejemplos extraídos de la documentación desclasificada. "Son archivos muy importantes y muy caros para la Argentina ya que están vinculados a la página negra de la historia, la de los gobiernos de la dictadura militar y su consecuencia trágica con los desaparecidos", opinó Avruj y añadió que tanto su desclasificación como su digitalización y entrega al ANM "ratifica el compromiso de este gobierno con la memoria como política de Estado y con la convicción de que el archivo es institución pública que tenemos que preservar, potenciar y poner al alcance de todos". "Es una buena noticia porque cuanto más nos acerquemos a la verdad y conozcamos a los actores, las resoluciones y las historias esto nos va a ayudar a crecer como sociedad", insistió Avruj, quien atribuyó a un "error comunicacional involuntario" la ausencia de la gran mayoría de los organismos de derechos humanos en el anuncio de la desclasificación. Con "el apuro por contarlo", el secretario de Derechos Humanos de la Nación invitó solo a Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas a la conferencia, confiado en que "entre ellos se avisarían para venir".
VIDAL DEJÓ SIN EFECTO UNA LEY QUE RECUPERABA UNA
FÁBRICA PARA LOS TRABAJADORES
Otro veto de la escuela Macri
La norma fue aprobada con el apoyo del PRO incluido. Es la firma Acoplados Petinari, que en 2015 dejó de pagar sueldos y tiene deudas millonarias. Los 120 trabajadores se organizaron en una cooperativa para seguir la producción. Vidal les bajó el pulgar.
La lucha empezó en febrero de 2015, cuando la empresa dejó
de pagar los sueldos.
La gobernadora María Eugenia Vidal vetó la ley de expropiación de la fábrica Acoplados Petinari, una metalúrgica con sede en Merlo, Buenos Aires, que en febrero de 2015 dejó de pagar los sueldos y en julio de ese año se convirtió en una cooperativa. "Desde que la empresa dejó de responder a sus responsabilidades acumuló una deuda que supera los 50 millones de pesos a sus ex empleados entre salarios, aguinaldo y aportes", explicó a Página/12 Luis Coronado, abogado que patrocinó a los trabajadores que se constituyeron en Acoplados del Oeste (ADO). El proyecto para recuperar la planta había contado con el apoyo de las dos cámaras de la provincia, incluido el bloque PRO. "El veto nos llama la atención porque el Ministerio de Producción, que es la autoridad de aplicación, visitó la planta con técnicos y después de relevar la situación envió un informe positivo a la gobernadora", agregó Coronado. El lunes pasado, el Juzgado de Garantías N° 2 de Morón notificó a la cooperativa, que brinda 120 puestos de trabajo, que en 10 días se dispondrá una fecha de desalojo.
"Estamos hablando de una empresa en la que se acreditó el vaciamiento, que entre 2012 y 2015 despidió a 180 personas y que redujo el plantel al punto de quedar inoperable", sostuvo el abogado. Según contó Coronado, además de lo adeudado a quienes trabajaban en la empresa, la firma Petinari debe a la AFIP aportes y contribuciones desde 2009 y ganancias desde 2007. Además, la ex metalúrgica acumuló una deuda comercial de 4 millones y medio de pesos y otra de unos 3,5 millones a ARBA. Por otra parte, a pesar de haber concretado varias audiencias en el Ministerio de Trabajo, las negociaciones fracasaron "y a la última instancia (los responsables de la firma) ni siquiera se presentaron", aseguró el letrado. "Esta fue la conducta económica de una empresa que defiende la propiedad privada", ironizó.
Claudio Caponera, otro de los abogados que acompaña a ADO, contó a este diario que los trabajadores ya fueron notificados para abandonar la planta en el corto plazo. Al respecto, cuestionó la aplicación del Derecho Penal a quienes trabajan y no a los titulares de las empresas. "La actual Ley de quiebras es de la década del 90 y no contempla un castigo para el empresario que se desliga de sus responsabilidades", comentó Caponera. Así, por ser más sencillo de corroborar, "la usurpación se castiga porque ya se cometió el delito, a diferencia del vaciamiento, que requiere de una investigación mucho más extensa y complicada".
Luego del veto, diputados del kirchnerismo que habían impulsado la expropiación insistieron con el proyecto: de aprobarse nuevamente, Vidal ya no podría vetar de nuevo la norma. El tema iba a ser tratado en la sesión de hoy. Sin embargo, ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, el massismo no acompañó la propuesta de volver a tratar el tema, por lo que no se consiguió el dictamen positivo. "Los diputados del Frente Renovador, que habían palmeado la espalda de los trabajadores, hoy (por ayer) se dieron vuelta, por lo que la única posibilidad es que se trate sobre tablas, aunque ya dejaron trascender que no bajarán a votar", contó Caponera.
"Sabemos que la situación es muy complicada porque nos soltaron la mano", dijo el presidente de la cooperativa, Jorge Gutiérrez, por la decisión de última hora de los diputados massistas. El dirigente de ADO manifestó que no quieren que "la situación pase a mayores", pero no consideran dejar la fábrica. "No nos asusta el desalojo, pero sí volver a la calle", dijo el presidente de la cooperativa a este diario.
Hoy, los trabajadores se movilizarán desde el Ministerio de Producción de Buenos Aires hasta la Legislatura provincial, en la capital bonaerense.
Miguel Funes, autor del proyecto para expropiar la planta que fue vetado por la gobernadora, aseguró estar "preocupado" por la situación de ADO. "Sabemos que nuestro bloque acompañará el rechazo al veto y esperamos contar con el apoyo de otros bloques para evitar que estas 120 familias se queden en la calle", agregó. Para el diputado, "lo de la empresa no fue una impericia, sino una actitud voraz de querer sacar ventaja", por lo que "no hay motivos para defenderla, ya que demostró una conducta vaciadora y evasora". Funes también señaló que "la gobernadora está en su derecho de vetar esta ley", pero advirtió que "va camino a convertirse en una vetadora compulsiva como lo hacía Mauricio Macri en la Ciudad".
"La realidad es que para Vidal el más débil es la ex Petinari a la que protege, no los trabajadores", consideró el diputado kirchnerista. Según explicó, la cooperativa autogestiva ADO no está en contra de articular con el gobierno nacional ni el provincial: "Bienvenido sea si llega este apoyo, que es más que necesario para ellos, pero en cambio, la gobernadora eligió premiar a un sector que fue irresponsable con el trabajo de mucha gente", sentenció.
La fábrica es una de las tres más importantes del mercado nacional dedicada a la fabricación de acoplados, carrocerías volcadoras, semirremolques, bateas, contenedores y repuestos en general. El conflicto se originó en febrero de 2015, cuando en la planta ya se había reducido a 188 empleados: tres años atrás funcionaba con 374. El 7 de julio se constituyó como cooperativa y en agosto del mismo año inició el proyecto de expropiación, aprobado por ambas cámaras y luego vetado por el poder Ejecutivo a través del decreto 307/2016.
Informe: Paz Azcárate.
Pedagogías
Por Florencia Saintout *
Al anunciar nuevos modos de evaluación el director general de Cultura y Educación de la Provincia Buenos Aires sostuvo que "hay que terminar con la pedagogía de la compasión". No sorprende esto en boca de un gobierno que en pocos meses se ha caracterizado por ser maestro de otra pedagogía: de la crueldad y la indiferencia.
La compasión forma parte de importantes tradiciones culturales, religiosas y políticas. Tener compasión, sentirla, es poder compartir una misma pasión. Un sentimiento de dolor ante el dolor de los demás, y de felicidad ante la felicidad de los semejantes. Es la posibilidad de ponerse en los zapatos del otro, que deja de ser mi enemigo o mi objeto de temor, para ser sujeto de esperanza en la humanidad (siempre imperfecta e incompleta, pero sostén de la vida juntos). Compadecerse no es tener pena por el otro, sino compartir su pena. Entregarse en la común unión. Es la forma radical del cuidado, porque renuncia al dominio y al uso estratégico del otro, "una forma de prevención de los daños futuros y de regeneración de los daños pasados" (Boff, 2003) .
La pedagogía de la compasión es, entonces, la pedagogía de la solidaridad. Uno se pone en el lugar del otro, no para ser el otro, sino para sentir esto que el otro siente y así comprender. Gramsci pensaba que la verdadera comprensión necesita de la razón, pero del sentimiento y la experiencia para ser profunda. Pascal hablaba del espíritu de la geometría y el de la fineza, ese que no se restringe al cálculo sino que trasciende la razón para amparar la sensibilidad, la ternura, la intuición del mundo con los demás. Para Kant, el hombre conoce más con la razón práctica (el amor) que con la razón pura. Evita lo parafraseaba de manera más simple: el amor agranda la inteligencia. ¿Cómo pensar que alguien va a aprender sin amor?
La pedagogía de la compasión se opone a otra: la de la crueldad y la indiferencia. En esta se aprende a que el dolor de los demás es un asunto ajeno. Que se puede mirar por televisión como espectáculo pero que nunca me compromete. Se enseña y se aprende que cada uno se salva como puede, y mejor si lo hace solo. Que se vive en un mundo de muertos sin nombre y de hambrientos que son desecho porque no hicieron méritos suficientes. El sentido, en esta matriz, gravita en la exterioridad con respecto al otro. Y en un poder que se define por su capacidad de rapiña.
Triste lugar es el que se le quiere asignar al maestro en ella: dejar de tener un horizonte de cuidado y entrega sin límites para pasar a medir y calcular los límites del otro (siempre pibes y pibas más chicos, con menos poder en esa relación). Reemplaza la empatía por la distancia. Hace de lo incalculable (el encuentro con el otro) un cálculo.
Freire decía que estudiar es desocultar, es alcanzar la comprensión más exacta del objeto, es percibir sus relaciones con otros objetos. "Implica que el estudioso, sujeto del estudio, se arriesgue, se aventure, sin lo cual no crea ni recrea". Aprender es arriesgar a equivocarse. Si la evaluación forma parte del proceso de aprender, tiene que ser un proceso y no un número final. Todo el mundo sabe que en la casi totalidad de los casos, un aplazo cuando recién se comienza el largo camino de la escolarización lejos de estimular el aprendizaje lo inhibe. A veces para siempre.
Todas las formas de la evaluación y acreditación de saberes escolares deben estar sometidas a debate porque son históricas. No hay evaluaciones que sean sagradas, ni verdaderas por sí mismas, sino que se corresponden con luchas y movimientos, tanto dentro del campo académico como fuera de él. La evaluación no es una parte separada de todo el proceso educativo ni de las matrices de ideas que lo sostienen. Por el contrario es un proceso de discernimiento de lo social. Si se cree en un proyecto educativo basado en la supervivencia del más apto cueste la cabeza del que cueste, puede decirse que se acaba la pedagogía de la compasión. En cambio, si se tiene un proyecto donde cada hombre, varón o mujer, cuenta en su singularidad y a la vez en su vocación para hacer humanidad, entonces es imprescindible una pedagogía de la compasión.
Este gobierno tiene una cultura autoritaria; para sostenerla necesita enseñar la crueldad y la indiferencia. Pero se enfrenta a una pesada herencia, la de los derechos, la inclusión y las solidaridades, que no podrá negar aunque retome las lapiceras rojas.
* Decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.
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