miércoles 11 de mayo de 2016
SECRETOS EN REUNIÓN
EL MINISTRO DE JUSTICIA, GERMÁN GARAVANO, SE REUNIÓ
CON LA APOLOGISTA DE LA DICTADURA CECILIA PANDO
Un encuentro que trataron de ocultar
La mujer, principal apologista pública del terrorismo de Estado, fue recibida por el ministro para quejarse por las condiciones de detención de los represores. La reunión no fue difundida por el Gobierno. “Fue privada. No sé cómo salió el dato”, dijo a Página/12, Pando.
Cecilia Pando en 2008, cuando amenazó a Eduardo Luis Duhalde
en un juicio contra represores y Germán Garavano con Macri
en la ex ESMA.
El lunes 25 de abril, el titular del Ministerio de Justicia, Germán Garavano, se reunió con Cecilia Pando, fervorosa defensora del terrorismo de Estado y un símbolo de las posturas más ultras entre quienes consideran a los represores “presos políticos” y a los juicios de lesa humanidad como escenarios de venganza. El encuentro se hizo en la sede de la calle Sarmiento del Ministerio de Justicia, pero no trascendió. Ante una consulta de este diario, la propia Cecilia Pando confirmó que tuvo carácter de “privado” y no iba a dar a conocerse. “Iba a quedar todo así, nuestra intención no era comentarlo, ni que saliera por ningún lado, ¡no sé cómo salió el dato, realmente!”. Recién cuando Página/12 consultó al Ministerio de Justicia por ese encuentro, voceros del ministro admitieron que se realizó.
Hace tres meses, el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, se reunió, en el predio de la ex ESMA, con integrantes del Celtyv (Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas), una asociación que defiende a los perpetradores del terrorismo de Estado. El encuentro fue repudiado de modo unánime por los organismos de derechos humanos que pidieron en un documento público que estos encuentros no pueden ocurrir jamás en espacios de construcción de memoria colectiva. El tema quedó incluido en un documento que entregaron más tarde, primero al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y luego al presidente Mauricio Macri. El nuevo encuentro con quienes claman por el fin de los juicios a los militares no se hizo, esta vez, en el predio de la ex ESMA. Pero quienes participaron guardaron un sigilo culposo. No fue comunicado a los medios de prensa. Y recién fue admitido cuando este diario lo consultó.
Pando integra una asociación llamada de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina que consideran que los represores que se hayan sujetos a los distintos procesos de Justicia con todas las garantías de la ley, son “presos políticos”. El domingo pasado este diario llamó a su casa y ella se sorprendió ante la consulta, evidentemente convencida de que no iba a saberse.
–Queremos confirmar un encuentro suyo con Germán Garavano y Claudio Avruj en el Ministerio de Justicia –explicó este diario a Pando.
–Sí. Pero te explico que fue una reunión privada. Iba a quedar todo así, nuestra intención no era comentarlo, ni que saliera por ningún lado, ¡no sé cómo salió el dato, realmente! –contestó la mujer.
Pando aseguró que la reunión tuvo un carácter “humanitario”. “Nuestra preocupación es el tema de las irregularidades en cuanto a los juicios a los militares”, señaló. Enumeró los reclamos que llevaron ante los representantes del gobierno, que son los mismos que enarbolaban frente al palacio de Tribunales. En la lista, incluyó la prolongación de situaciones de prisiones preventivas y la “cantidad de muertos” en las cárceles. Con un discurso más aggiornado que cuando insultaba jueces a los gritos después de una condena a represores, le hacía el gesto de degüello al secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde y decía que estaba orgullosa de defender a quienes se habían apropiado hijos de desaparecidos, explicó que los militares detenidos en cárceles comunes se hayan en “condiciones inhumanas de detención”. Por esas características, reclama al Estado por la figura de “abandono de persona”. “Nosotros le manifestábamos nada más que esto”, dijo ella.
Cuando este diario le preguntó por una versión según la cual ellos están pidiendo un lugar en la ex ESMA, lo negó: “Nada que ve."r – dijo – "Eso no es así.” Explicó que desde el Gobierno le dijeron que debían hacer los pedidos a los tribunales, pero que los representantes del Estado manifestaron que “sí, que el tema tiene que tener una solución”.
Este diario volvió a llamarla ayer para consultarle sobre detalles de la reunión, entre otras cosas, si estaba segura de que Avruj había participado, ya que sus voceros lo habían negado con énfasis. Pando se corrigió y dijo que el secretario no participó. También negó que estén recorriendo los ministerios para pedir un pronunciamiento del Ejecutivo en contra de los juicios, otra de las versiones que circulaban.
Los rumores sobre la realización de ese encuentro comenzaron a correr apenas se hizo. Hubo muchos actores involucrados. Desde las personas de la mesa de entrada, el protocolo y ceremonial del ministerio y los trabajadores. Facundo Di Filippo ex legislador porteño y dirigente del Partido Social fue uno de los primeros en saberlo. “Me preocupó la hipótesis que había surgido sobre una posible sesión del predio de la ex ESMA a ellos, eso me parece terrorífico. Pero espantada esa posibilidad, esto me hace reflexionar sobre la apertura que esta teniendo el gobierno nacional a sectores con ese nivel de conservadurismo y tan reaccionarios. Y me preocupa altamente el desfinanciamiento de las tareas del personal y la posiciones laxas en materia de preservación de memoria y que a su vez se den en un marco de amplitud con Cecilia Pando y personas que generan serias dudas porque siguen sosteniendo posturas contra lo que se consiguió después de muchos años de pelea en el último plazo de un gobierno nacional”.
La misma preocupación sostiene Pablo Llonto, querellante de las causas de lesa humanidad. “Creo que esto merece nuestro mayor repudio porque es una vergüenza que el ministro de Justicia reciba a un símbolo de la defensa del terrorismo de Estado y del genocidio, a una provocadora, que se ha expresado en contra de los organismos de derechos humanos y además a alguien que no fue a hablar por un familiar sino en nombre de un organismo o una asociación que reivindica el terrorismo de Estado. Si cambiáramos de escenario y por un momento nos fuéramos a Alemania, es como si allí viésemos que algunas de las instituciones dedicadas a las políticas del Nunca Más, a la lucha contra lo que fue el Holocausto, empezaran a recibir a los representantes de los nazis”.
Uno de los puntos en debate es el rol de las agencias del Estado en su relación con perpetradores y sus familiares. Luis Alén fue subsecretario de Derechos Humanos durante el kirchnerismo y asegura que él mismo recibió un pedido de entrevista de Pando y que dieron lugar al encuentro pero, a diferencia de lo que sucedió ahora, no le dieron el carácter de privado sino que lo dieron a conocer. “La Secretaría es un órgano del Ministerio de Justicia y Derechos humanos, sus competencias están en el decreto de estructura explica ante la consulta de este diario. En la estructura que teníamos nosotros no estaba prevista la atención a familiares de represores. Nosotros atendíamos a víctimas: esa es la obligación del Estado. Imposible considerar como víctima al familiar de un represor, por lo tanto si necesita asistencia tendrá que recurrir a su obra social, medicina prepaga o lo que sea como cualquier persona”.
Llonto también explica que los represores tienen “derecho y cualquiera tiene derecho a quejarse o peticionar sobre las cuestiones de cada detenido, pero eso tienen que hacerlo ante la Justicia”. Y señala que “esto es una petición sectorial de un grupo de condenados. Es como si un grupo de condenados por violación forman una asociación de familiares de condenados por violación y dicen que son presos políticos. Y acá el Estado está demostrando que lentamente lo que dice por un lado, lo borra por el otro. Avruj dice que no está de acuerdo con la teoría de los dos demonios, pero su postura se va confirmando mes a mes con cada paso. Primero recibió a los familiares en enero. Ahora la secretaría de Derechos Humanos está respondiendo notas a los represores en vez de ponerle un sello y poner que sean presentadas en los Juzgados. Hacen hasta dictámenes y muchas están esperando una resolución como si hubiese algo para pensar en todo esto. La secretaría que no se abrió para esto, va a terminar teniendo una ventanilla a la izquierda para las víctimas y una a la derecha para los perpetradores del genocidio y esto va a llevar al ridículo una cuestión tan seria como la política argentina en esta materia que fue el primer país que implementó un espacio como este para la defensa de las víctimas”.
HEBE DE BONAFINI VIAJARÁ AL VATICANO PARA VER AL
PAPA FRANCISCO
Con el país en la agenda
Si su salud lo permite, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo viajará a Roma en las próximas semanas. Luego de hacerle duras críticas, Bonafini intercambió varias cartas con Bergoglio en los últimos años.
Hebe de Bonafini dijo que hablará con Francisco de
“la situación que estamos viviendo en el país”.
Por Washington Uranga
El papa Francisco y Hebe de Bonafini se reunirán en forma privada en el Vaticano en una fecha aún no precisada en las próximas semanas. El encuentro fue confirmado a Página/12 por la propia titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, quien dijo que piensa que “es el momento de ir” a conversar personalmente con la máxima autoridad de la Iglesia Católica. La fecha de la entrevista depende, en primer lugar, de la opinión de los médicos de Bonafini, que tiene 87 años, quienes deben dar su acuerdo para el viaje y, por otra parte, de la agenda del pontífice católico.
Bonafini aseguró que está preparando el encuentro y que en la entrevista “no voy a hablar de cosas personales ni de la Madres”, pero sí de “la situación que estamos viviendo en el país”. Y agregó que buscará que el diálogo “sirva para todos, para unos y para otros”. De esta manera la dirigente de Madres de Plaza de Mayo dejó momentáneamente de lado las diferencias que en distintas ocasiones expresó respecto de Bergoglio, tanto como cardenal arzobispo de Buenos Aires como en su posterior condición de máxima autoridad del catolicismo. En más de una oportunidad Hebe de Bonafini asoció la figura de Bergoglio con la dictadura militar y le reprochó la actitud del episcopado católico diciendo que “ustedes callaron cuando ellos se los llevaron”, refiriéndose a los obispos y a los militares respecto del secuestro y la desaparición de personas.
Bonafini y Bergoglio han intercambiado cartas en los últimos años después de la asunción de Francisco como pontífice y la relación se fue encaminando hasta esta posibilidad de encuentro personal. Hace poco más de dos años, en una de sus misivas, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo le escribió al Papa que “hoy, ante mi sorpresa, escucho a muchos compañeros explicar de su entrega y trabajo en las villas. Me alegro infinitamente al saber de su trabajo y siento esperanzas de un cambio en el Vaticano”.
Sobre el encuentro, Bonafini le aseguró ahora a este diario que Francisco “hizo cosas importantes que nos hacen muy bien a todos” y reiteró su intención de darle al Papa su propia visión sobre la situación del país. Uno de los puntos que habría facilitado el encuentro que ahora se confirma es la decisión del Vaticano de hacer públicos los documentos que obran en manos de la Iglesia y que podrían aportar información sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
La entrevista que se celebrará en Roma – probablemente en la residencia de Santa Marta donde vive Bergoglio y donde el Papa también recibió a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner – constituye un nuevo revés político para el gobierno de Mauricio Macri en su relación con el Vaticano, que ya había sufrido un rudo golpe con la actitud y la gestualidad de Francisco en el encuentro protocolar de apenas 22 minutos que tuvieron en febrero el Papa y el Presidente argentino. Ahora Francisco recibirá a Hebe de Bonafini en el preciso momento en que el gobierno de la alianza Cambiemos enfrenta críticas de los organismos defensores de los derechos humanos por medidas inconsultas y el giro de la política en la materia sin dialogar con los naturales interlocutores en el tema.
Algo que preocupa seriamente al Papa es el clima de enfrentamiento político y social en la Argentina. A través del testimonio de distintas personas que han tenido encuentros privados con Bergoglio en los últimos tiempos, se sabe que Francisco sigue de cerca la realidad argentina y que ha manifestado su inquietud por lo que ocurre en el país. De fuentes eclesiásticas se conoció también que el presidente Mauricio Macri escuchó de boca del propio Bergoglio en el breve encuentro que tuvieron el pasado 27 de febrero, su intranquilidad por el “clima de revancha” que se vive hoy en la Argentina comparándolo con lo ocurrido después del golpe militar de 1955, una imagen que Francisco reiteró ante más de un interlocutor argentino. En la reunión con Macri, señalan las mismas fuentes, Francisco también le expuso al Presidente su preocupación por la situación de la dirigente Milagro Sala, detenida en Jujuy.
A través de uno de sus editorialistas, el diario Clarín, que suele expresar oficiosamente la posición del Gobierno, reflejó ayer la molestia oficial al señalar que “el Papa amplio y reformista afuera se comporta como un Papa estrecho y conservador dentro. Como Papa conduce a todos. Como peronista a una parte. Y a cinco meses de gestión, recibir a Bonafini es como hacerle la cruz a la mayoría, que votó por el macrismo”.
EL FPV Y OTROS BLOQUES OPOSITORES BUSCAN APROBAR
MAÑANA LA EMERGENCIA OCUPACIONAL
Una jugada en defensa del empleo
Pese a la resistencia del oficialismo, el grueso de la oposición firmó un pedido de sesión para mañana. El quórum dependerá de la actitud que tomen los diptuados del massismo, que presentará un dictamen propio con cambios al proyecto aprobado por el Senado.
El FpV, el Bloque Justicialista y otros opositores suman unos 124 diputados,
cinco menos de los necesarios para el quórum.
Por Miguel Jorquera
El grueso de la oposición parlamentaria en Diputados buscará mañana convertir en ley la emergencia ocupacional que ya tiene media sanción del Senado, aunque el Frente Renovador podría hacer fracasar la convocatoria porque no aportará al quórum si no se hacen las modificaciones que reclama. El Frente para la Victoria (FpV), el Bloque Justicialista (BJ), Libres del Sur, y otros monobloques firmaron el pedido de sesión especial para este jueves al mediodía para tratar la iniciativa que prohíbe los despidos sin causa por 180 días en la Administración Pública Nacional y el ámbito privado y prevé doble indemnización. Esas fuerzas políticas firmarían hoy un dictamen de mayoría en el plenario de comisiones al que concurrirá el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. El massismo, en cambio, presentaría ahí un dictamen propio donde introduciría cambios al proyecto del Senado, lo que evitaría la sanción de la ley, como pretende el oficialismo de Cambiemos. Habrá que ver si Sergio Massa logra contener al sector sindical de su bancada, que fue el que ayudó a motorizar el reclamo de las cinco centrales obreras para ponerle freno a los despidos y que ahora, alineados con su bloque, colaborarían en hacer naufragar.
Hoy será el día clave para definir posiciones. En el plenario de las comisiones de Legislación Laboral y de Presupuesto que arrancará a las once de la mañana será el lugar de debate donde no faltarán negociaciones paralelas para intentar alcanzar un acuerdo entre las fuerzas de la oposición de la Cámara baja. Allí, la alianza oficialista Cambiemos jugará su propia carta con la presencia del ministro Triaca, quien esgrimirá todos lo argumentos del Gobierno para frenar la ley que el presidente Mauricio Macri está dispuesto a vetar si se sanciona.
De todas maneras, la situación se definirá entre los distintos integrantes del arco opositor, aunque ya hay posiciones que no parecen tener retroceso. El FpV insiste en la necesidad de no seguir dilatando la sanción de la ley antidespidos. El “compromiso empresario” de no modificar sus plantillas laborales por 90 días, anunciado por el Presidente en Casa Rosada. terminó por abroquelar a gran parte de la oposición, ya que no se exige su cumplimiento ni fue rubricado por el propio Ejecutivo. Incluso el BJ, donde existían intenciones negociadoras con el Gobierno, terminaron por respaldar la convocatoria a la sesión especial del jueves pese a que antes no había acompañado.
En el massismo primó la posición de su jefe político de introducir modificaciones al proyecto que llega del Senado, lo que no termina de conformar a sus dipusindicales, que también vieron en el anuncio presidencial la idea de dilatar la sanción de la ley que ponga freno temporal a los despidos. “Es un artilugio para seguir dilatando el debate en Diputados de la ley de emergencia laboral”, había dicho Facundo Moyano, el diputado y dirigente del gremio de Peajes al que le atribuyen la reproducción de la opinión de su padre, el pope cegetista Hugo Moyano.
Massa quiere introducir al proyecto exenciones impositivas para las pymes y fomento para la creación de empleo para jóvenes y mayores de 50 años. El resto de la oposición, incluso el FpV, se mostró dispuesto a consensuar un proyecto en ese sentido, tratado de forma paralela a la ley de emergencia ocupacional. Esa intención ya se la había expresado a Massa el jefe del bloque de senadores del FpV, Miguel Angel Pichetto. Pero el líder del Frente Renovador no se quiere de bajar de su reclamo, consciente que es el que tiene la llave para direccionar hacia un lado u otro la suerte de la ley antidespidos.
Desde el FpV desmoronaron los argumentos que el massismo volcó en algunas mesas de negociación. Afirmaron que no se podía diferenciar los derechos laborales de los trabajadores de acuerdo a su relación contractual con grandes empresas o pymes. Rechazaron que – como sostiene el massismo – la incorporación de las mejoras para las pymes complicaría el veto presidencial ya que Macri tiene facultades para vetar total o parcialmente una ley.
De todas maneras, en el FpV no descartan alcanzar las voluntades suficientes para abrir el debate en la sesión especial convocada para el jueves. Afirman que estarían arañando el quórum, con entre 122 y 124 diputados dispuestos a sentarse en su bancas. Apenas cinco menos que los 129 necesarios para sesionar. El cálculo no contempla al Frente Renovador, que ya anunció que no se sumaría a la convocatoria, pero sumando al sector sindical del massismo (al menos siete diputados) se podría avanzar en la sanción de la emergencia ocupacional que reclaman las cinco centrales obreras a las que pertenecen.
Además del FpV (98 diputados), también se pronunciaron por la convocatoria el BJ (17 diputados), el Frente Cívico Santiagueño (6), Compromiso Federal (3) y Libres del Sur (3), el FIT (3 del PO y 1 del PTS) y varios monobloques. Con asistencia perfecta se alcanzaría el quórum, a la que entonces se sumaría el PS (3). Pero por ahora no todos estarían el jueves en el recinto.
Ante la amenaza que la oposición alcance el quórum, la alianza oficialista Cambiemos – que anuló la sesión que tenía prevista para hoy por temor a la embestida opositora – prepara su tropa para bajar al recinto y dar el debate con al intención de torcer voluntades y voltear la ley antidespidos.
EL MACRISMO RECIBIÓ EL APOYO DE LAS CÁMARAS
EMPRESARIAS EN CONTRA DE LA LEY ANTIDESPIDOS
Con respaldo de los patrones
Representantes de grandes empresas negaron una situación de “despidos masivos”, mientras que las pequeñas y medianas pidieron un tratamiento diferenciado: “No nos pueden poner al lado de esos monstruos”, dijo Osvaldo Cornide, titular de CAME.
Los diputados de las comisiones de Presupuesto y de Legislación laboral
se reunieron durante cuatro horas.
Con la presencia del sector empresario en la Cámara de Diputados, el oficialismo continuó ayer con su estrategia para evitar la aprobación de la emergencia ocupacional. El plenario de las comisiones de Presupuesto y de Legislación del Trabajo debatió durante más de cuatro horas y contó con la participación de representantes de cámaras empresarias como Daniel Funes de Rioja (Copal-UIA), Pedro Etcheberry (Cámara Argentina de Comercio), Osvaldo Cornide (Came) y Rubén Manusovich (Fedecámaras), entre otros. En línea con el macrismo, la mayoría de los empresarios se pronunció en contra de la iniciativa que limita los despidos durante 180 días e impone la doble indemnización. Tanto Funes de Rioja como Etcheberry negaron la existencia de “despidos masivos” mientras que otros dirigentes reclamaron que se excluya a las Pymes de la ley, ya que deben enfrentar problemas generados por el Gobierno como el tarifazo, la devaluación y la caída del consumo. Manusovich fue uno de los pocos que defendió el proyecto que aprobó en el Senado. Hoy los diputados volverán a reunirse para escuchar al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y posteriormente se pasará a la firma de los dictámenes.
Mientras el presidente, Mauricio Macri, anunciaba medidas para paliar el deterioro provocado a las Pymes por la devaluación, la suba de tarifas y la baja en la demanda interna, en el Congreso los diputados retomaron ayer el debate de la ley antidespidos. El titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Osvaldo Cornide, consideró que los anuncios de Macri “tienen una orientación totalmente positiva” pero sin embargo fue crítico con la política económica de Cambiemos. “Había que haber puesto en práctica un mecanismo de emergencia de las Pymes porque son las que dan una gran parte del trabajo. Y si una situación de alta presión impositiva, aumento sideral de tarifas, tasas (de interés) meteóricas, ponían a las pymes en caída de ventas, en una situación complicada, era importante ir al núcleo del problema y no a la consecuencia”, aseguró Cornide, quien pidió un tratamiento diferenciado respecto del de los grandes empresarios. “No nos pueden poner al lado de esos monstruos para quienes el obrero es un número”, remató.
Desde el Frente para la Victoria, el ex ministro de Economía Axel Kicillof advirtió que la problemática presentada por las pymes es “consecuencia de la política económica que aplicó el Gobierno, que las ha perjudicado fuertemente”. Kicillof, así como ya lo había hecho el jefe de la bancada del FpV, Héctor Recalde, adelantó que están a favor de tratar otro proyecto que resuelva las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. “Nosotros vamos a atender las dos necesidades y ya estamos trabajando entre todos los bloques para conciliar una ley que contenga las medidas que reclaman las cámaras pymes”. El diputado del Bloque Justicialista y titular de la comisión, Alberto Roberti, compartió las críticas de Cornide hacia los grandes empresarios y señaló que “la mayoría de los despidos se dio en los sectores que se la llevaron con pala”.
Para Héctor Daer, diputado de extracción sindical del Frente Renovador, el proyecto no es “inconstitucional” como plantearon desde Cambiemos. Daer consideró que el compromiso entre el presidente y las cámaras empresarias para no despedir trabajadores durante 90 días significa el reconocimiento de que “existe el problema del empleo”. Daer, así como Facundo Moyano, son las voces más claras del massismo a favor de la ley. Sin embargo, Sergio Massa anticipó ayer que su bloque no acompañará si no se introducen cambios (ver aparte).
Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina y presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios consideró que “no hay despidos masivos” y que prohibirlos “no es el instrumento” correcto porque “terminan disuadiendo la contratación”. En verdad, la limitación de los despidos y la doble indemnización incluye a los trabajadores con empleo al momento de sancionarse la ley y no a los que comiencen a trabajar con posterioridad.
El más fuerte en contra de la medida apoyada por las cinco centrales obreras fue Etcheberry. “Es una ley mezquina, reduccionista y conservadora porque sólo se preocupa de la gente que tiene empleo, ¿y qué pasa con los trabajadores en negro, con los desocupados, los excluidos?”, dijo el empresario, tratando de enfrentar a los desocupados con quienes tienen empleo.
Una de las voces disonantes fue la de Manusovich, que apoyó la iniciativa “para ponerle fin a este proceso que excluye a los trabajadores”. “Lo primero que tendrían que hacer los empresarios que estuvieron en Casa de Gobierno es retrotraer los precios, en relación al poder adquisitivo de los trabajadores”, dijo el representante de Fedecámaras y remató: “Si esta ley no sale van a seguir remarcando precios”.
La diputada del FIT, Miryam Bregman, denunció “una ofensiva patronal para que no haya ley antidespidos” y se cruzó con Funes de Rioja por las “maniobras para dilatar” el tratamiento. “No estamos recurriendo a argucias porque no somos legisladores”, le respondió el referente de la UIA.
“Va a ir a un veto”
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, ratificó ayer que si la ley antidespidos que impulsa la oposición “sale como está, va a ir a un veto” del presidente Mauricio Macri y consideró que el proyecto obedece a una “especulación política del kirchnerismo”. Pese a que cuenta con el apoyo de distintos partidos políticos y de las cinco centrales sindicales, Peña apuntó contra el FpV y aseguró que el kirchnerismo muestra “hipocresía y cinismo” porque hace dos años la ex presidenta se opuso a implantar la doble indemnización. “Es un tema político, por varias razones, en primer lugar, porque no hay ningún indicio de estar ante despidos masivos”, afirmó el jefe de Gabinete, quien volvió a responsabilizar al gobierno anterior por la crisis actual: “Venimos de una realidad del mercado laboral, de la economía, muy mediocre, hace cuatro o cinco años estamos estancados”, dijo.
DESPIDOS EN PUERTA Y CONFLICTOS LABORALES EN
EMPRESAS DEL HOLDING MÁS GRANDE DEL PAÍS
La buena voluntad le duró poco a Techint
Pese a firmar el compromiso para no despedir empleados por 90 días, el grupo que comanda Paolo Rocca espera el final de la conciliación obligatoria en su empresa SIAT para echar a quince trabajadores. Además, mantiene conflictos y suspensiones en otras fábricas.
La empresa argumenta una caída de actividad para
justificar los despidos en SIAT Tenaris.
Por Javier Lewkowicz
Techint es uno de los holdings que se comprometió con el gobierno nacional a no despedir personal durante los próximos noventa días. Sin embargo, mantiene en sus empresas varios conflictos laborales, entre ellos el que se desató en su planta de Avellaneda luego de haber echado a quince empleados. Los trabajadores lograron la reincorporación temporal gracias a la conciliación obligatoria, que vence antes de fin de mes. Desde la firma argumentaron que los despidos se debieron a la “caída de actividad ligada al mercado de tubos de conducción (ductos) y a la ausencia de proyectos futuros que puedan revertir la situación”. La falta de “proyectos futuros” tiene que ver con la situación de los gasoductos de Córdoba, financiados por China y sin la participación central de Techint.
El gobierno de Mauricio Macri logró la firma del texto “Estabilidad Ocupacional”, con la participación de Techint, Arcor, FIAT, IRSA, AGD, Banco Francés y cámaras empresarias, entre otros. El acuerdo no supone ningún compromiso legal sino que apela a la buena voluntad de los popes empresariales para no reducir su nómina laboral por 90 días, la mitad de lo que establece el proyecto de ley de emergencia ocupacional. “Ante el momento de cambio positivo que está viviendo la Argentina y de transición económica que genera dificultades de corto plazo, nosotros como empresarios, queremos comprometernos”, dicen en ese documento.
En ese contexto resalta la situación laboral de la firma SIAT Tenaris, ubicada en la localidad de Valentín Alsina, en donde trabajan 160 personas. El 25 de abril, 15 trabajadores con 10 a 30 años de antigüedad se encontraron con los telegramas de despido. Se trata de despidos sin causa, es decir que no responden a su desempeño laboral. SIAT fabrica tubos para la industria gasífera y hasta hace un par de semanas la planta funcionaba a buen ritmo de producción, enfocada en la provisión de los caños para el gasoducto del NEA. En su conjunto, el Grupo sufrió una fuerte caída de producción a causa de la baja del precio internacional del petróleo y la depresión de la industria petrolera.
Como respuesta a los despedidos, los trabajadores desplegaron varias medidas de fuerza, que incluyeron la paralización de la fábrica. El conflicto pasó a la órbita de la UOM seccional Avellaneda, que negoció en el Ministerio de Trabajo la conciliación obligatoria. Los despedidos fueron reincorporados, pero la medida preventiva termina el 23 de mayo. “Los despidos se debieron a la caída de actividad ligada al mercado de tubos de conducción y la ausencia de proyectos futuros que puedan revertir situación”, explicaron a este diario desde Techint.
“Tengo 30 años en SIAT y siempre se aplicaron planes de suspensión rotativos cuando baja la carga de trabajo de la planta. Hace menos de un mes terminamos de producir los caños para el Gasoducto del NOA y se espera próximamente comenzar la tercera etapa. Trabajo tenemos y cuando faltó siempre arreglamos suspensiones por el 85 por ciento del sueldo. Ahora eso no ocurrió”, explicó a este diario José Villa, uno de los despedidos. “La mayoría de los trabajadores tenemos antigüedad, fuimos delegados gremiales, candidatos a delegados o dimos nuestro aval para candidatos. La empresa aprovecha este momento político para reducir el grado de conflicto potencial en la fábrica”, analiza Villa.
Además de SIAT Tenaris, hay otras empresas del Grupo con conflictos laborales. Siderca, en Campana, mantiene suspensiones rotativas bajo el amparo de un acta que vence el 12 de junio y un grupo de 130 trabajadores reubicados de sus funciones hacia una área sin tareas específicas. En Siderar, en San Nicolás, hubo despidos masivos en empresas contratistas y préstamo de personal hacia otras fábricas para cubrir el bache de producción. También hubo suspensiones en la fábrica de varillas que el Grupo tiene en San Luis.
Techint enfrenta desde hace más de un año un mercado global deprimido por el bajo precio del barril de petróleo. Pero además, está en pie la disputa de Paolo Rocca, CEO del Grupo, con Macri y el gobierno de Córdoba. Techint se está jugando su última carta para maximizar su participación en los gasoductos troncales cordobeses por un monto de 9 mil millones de pesos que fue preadjudicado a tres consorcios de empresas liderados por la brasileña Odebretch, Iecsa y Electroingeniería, con financiamiento y provisión de insumos de China. Techint presiona al gobierno nacional a través de la UIA para que intervenga, amenaza con los despidos (de hecho SIAT produce el tipo de tubos que se utilizarán en Córdoba) y con interponer medidas antidumping contra China.
ASUMIERON FORMALMENTE LAS NUEVAS AUTORIDADES
DEL PARTIDO JUSTICIALISTA
Opositor y de puertas abiertas
Las nuevas autoridades del PJ encabezadas por José Luis Gioja y Daniel Scioli asumieron formalmente en la sede de Matheu. Entre otras definiciones, ratificaron el apoyo al proyecto de ley antidespidos.
José Luis Gioja se abraza con Eduardo Fellner luego de firmar el traspaso de mando del PJ.
Las nuevas autoridades del Partido Justicialista asumieron ayer formalmente la conducción en una ceremonia pequeña que tuvo lugar en la sede nacional del PJ, en la calle Matheu del barrio de Once. Con la presencia del flamante presidente, José Luis Gioja, los cinco vicepresidentes y un puñado de consejeros, durante el debut de la cúpula justicialista se dieron mensajes claros de cara al futuro: el rol que ocupará el peronismo será de oposición al Gobierno, las puertas están abiertas a todos los sectores que quieran participar, la conducción del espacio –al menos por un tiempo– será colegiada y se buscará, como ha sido históricamente la política pejotista, conformar alianzas más amplias con otros espacios, probablemente en el marco del frente ciudadano que propuso la ex presidenta Cristina Kirchner. Además, los referentes del peronismo en la Cámara de Diputados confirmaron que intentarán dar sanción hoy al proyecto de ley de emergencia ocupacional.
“La fórmula con Gioja es mucho más que una fórmula, es un liderazgo de un conjunto de dirigentes con experiencia de gobierno, organizaciones gremiales y las provincias que tenemos una clara vocación de influir positivamente en la agenda laboral, social, económica y productiva del país”, dijo el ex candidato presidencial Daniel Scioli, vicepresidente primero del partido desde ayer. El sanjuanino, por su parte, sostuvo que “este PJ tiene un montón de compañeros sin un liderazgo natural” que “habrá que construir”, pero que en tanto “hay equipos que tienen que crear estructuras para poder tener esa presencia necesaria en democracia, donde algunos gobiernan y otros hacen oposición”.
Gioja también volvió a criticar al gobierno nacional, al que responsabiliza por la aceleración de la inflación y por la destrucción del mercado interno y el circuito productivo. “Ha creado inflación con medidas torpes, no interpretando el gradualismo. El gobierno tiene que hacer todos los esfuerzos en bajar la tasa de interés porque una economía de consumo y empleo no puede funcionar con tasas de interés del 40 o 50 por ciento”, reclamó, y luego advirtió que se debe “mirar con atención la apertura de las importaciones que genera una competencia que no ayuda a cuidar los puestos de trabajo”.
El nuevo presidente del PJ ratificó además de ese espacio buscará durante la jornada de hoy sancionar el proyecto de ley para dificultar los despidos, tal cual fue aprobado por el Senado, y rechazó el compromiso firmado por el Poder Ejecutivo y empresarios para frenar la pérdida de fuentes de trabajo. “Una vez más el país asiste a un acuerdo entre el gobierno y las empresas para evitar despidos cuando en el Parlamento avanza un proyecto para darle estabilidad a los trabajadores con fuerza de ley”, manifestó. Además aseguró que las bancadas del peronismo en el Congreso seguirán “trabajando en una ley que promueva los puestos de trabajo, en otra que promueva el empleo y en otra de empleo joven y mayores”.
Para Scioli, “el Partido Justicialista comienza una nueva etapa con vocación de estar abierto, profesionalizado y especializado en los distintos temas” de forma que “la sociedad vea un espacio confiable, con esperanza, alternancia y la posibilidad que va a tener cuando llegue el momento de las contiendas electorales”. En ese sentido, tanto él como Gioja ratificaron el espíritu frentista y dijeron que “es probable” que el justicialismo forme parte del frente ciudadano al que convocó CFK. Además de ellos dos, participaron del encuentro el titular saliente del PJ, Eduardo Fellner, los vices Rosana Bertone, Lucía Corpacci, Antonio Caló y Leonardo Nardini; el presidente del Congreso Nacional Justicialista, Gildo Insfrán; el del PJ bonaerense, Fernando Espinoza; y un puñado de consejeros, entre ellos Cristina Alvarez Rodríguez, Verónica Magario y Sergio Urribarri.
POR PRIMERA VEZ EN DIECISIETE AÑOS, LAS
EXPORTACIONES PRIMARIAS SUPERARON A LAS FABRILES
La industria pierde frente al campo
La orientación de la política económica ubica al sector rural en un lugar privilegiado, mientras que la producción manufacturera no logra mantener el nivel de negocios. En marzo, las ventas al exterior del complejo agropecuario rebasaron a las industriales.
En marzo los productos primarios representaron el 29,3 por ciento del total de exportaciones.
Por Federico Kucher
La economía mostró una fuerte tendencia a la reprimarización del comercio exterior en lo que va del año. Las exportaciones de productos primarios superaron en marzo el volumen de los despachos industriales por primera vez desde finales de los noventa. Trigo, maíz y oleaginosas fueron los bienes con mayor expansión, en tanto que plásticos, maquinaria, autos y productos de economías regionales como lácteos marcaron el mayor retroceso. Las actividades agropecuarias vinculadas a cereales y soja tuvieron una promoción notable en los últimos meses por la quita de retenciones y la devaluación, mientras que los establecimientos manufactureros anotaron dificultades importantes para mantener el nivel de los negocios. Los sectores de mayor valor agregado se vieron afectados por el impacto de políticas económicas que aumentaron fuertemente los costos y privilegiaron la especulación financiera sobre la producción industrial.
Las ventas de productos del campo ganaron participación en las exportaciones, mientras perdieron peso los manufactureros. En marzo, las exportaciones primarias ascendieron a 1305 millones de dólares y los despachos de bienes industriales se ubicaron en 1250 millones. De este modo, los commodities representaron el 29,3 por ciento del total de exportaciones, contra el 28,1 por ciento explicado por productos industriales. Las cifras adquieren relevancia si se tiene en cuenta que el año pasado los bienes primarios sumaban 20,3 por ciento de las exportaciones totales, mientras que los manufactureros representaban 39,8 por ciento. Las proporciones fueron 19,9 por ciento para los primarios, contra 41,1 por ciento de los manufactureros en 2014; 28,0 por ciento, contra 37,5 en 2013; 24,3, contra 36,1 en 2012; 24,8, contra 32,1 en 2011, y 19,6, contra 41,0 en 2010. El desempeño de 2016, con exportaciones primarias superando a las industriales, no se observaba desde marzo de 1999, cuando las ventas de los commodities se ubicaron en 589 millones de dólares y los despachos de productos elaborados en 580 millones.
Uno de los productos primarios de mayor relevancia para las exportaciones de 2016 fueron los cereales, con ventas por 2106 millones de dólares en el primer trimestre, lo que implicó una suba del 54 por ciento respecto del mismo período del año pasado. Las semillas oleaginosas (soja) también tuvieron un peso relevante, al despacharse 170 millones, con un alza de 37 por ciento. Estos sectores recibieron un importante incentivo a partir de diciembre pasado, con el aumento del 45 por ciento en el tipo de cambio y la quita (o rebaja) de retenciones. Desde el Gobierno aseguraron que el objetivo no es ser un productor de commodities. “Soñamos con dejar de exportar esos granos para exportar alimentos con marca, que significará que se llenarán de trabajadores las plantas y de fábricas todas estas rutas, para transformar el trigo en fideos, en galletitas, y para transformar el maíz en cereales para el desayuno, la leche en quesos y así sucesivamente”, repitió Mauricio Macri en más de una oportunidad desde que se lanzó como candidato a presidente. Pero las cifras de las exportaciones computaron que los alimentos procesados y productos de economías regionales, a diferencia de lo que ocurre con los granos y los porotos de soja, marcaron una fuerte caída en lo que va del año. Por caso, los productos lácteos anotaron una contracción del 37 por ciento interanual, al tiempo que los productos de molinería y sus preparaciones bajaron 19 por ciento, las frutas frescas (-12 por ciento) y las pieles y cueros (-23 por ciento).
Los principales bienes industriales, al igual que ocurre con los alimentos procesados, registraron una reducción notable de las exportaciones en los primeros tres meses del año. Por caso, la rama de productos plásticos computó despachos por 212 millones de dólares, cuando habían sido 270 millones en 2015, lo que equivale a un retroceso del 21 por ciento. A su vez, las caídas llegaron al 20 por ciento en marroquinería, 28 por ciento en papel y cartón, 30 en textiles y 50 en calzados. Otras bajas relevantes se observaron en las manufacturas de piedra y metales preciosos (-21 por ciento), en metales comunes (-50 por ciento), en maquinas y aparatos eléctricos (-26) y en material de transporte terrestre (-36). De los 14 bloques de la industria, hubo dos que no anotaron merma en las exportaciones: productos químicos y vehículos de navegación.
La soja se recupera
El precio de la soja subió ayer 5,6 por ciento, al ubicarse en 395,4 dólares por tonelada. Es el mayor valor en más de un año y medio. Estados Unidos proyectó que la oferta de este producto en los próximos dos años estará por debajo de lo estimado meses atrás, mientras que aumentará la demanda a nivel mundial. Este pronóstico, informado en un documento del USDA, generó especulación con el precio de la oleaginosa, el cual trepó más de 21 dólares para alcanzar el valor más elevado desde septiembre de 2014, cuando se ubicaba por encima de 400 dólares la tonelada. La suba intradiaria de casi 6 por ciento fue la más importante de los últimos cinco años y medio para el poroto de soja.
MEDIOS Y COMUNICACIÓN
Palabras feroces
Hugo Muleiro denuncia la descalificación que desde los medios de comunicación y desde funcionarios del Gobierno se hace a personas que protestan o manifiestan una posición diferente a la de la alianza gobernante y sus aliados.
Por Hugo Muleiro *
Un estudiante del área de comunicación ingresó a la sede de su universidad privada en el centro de Buenos Aires al anochecer del 29 de abril y comentó jocosamente que comprendió qué sucedía en la ciudad, con el acto de las centrales sindicales por el Día de los Trabajadores: “Es 29, el día del ñoqui”, dijo. En ámbito y circunstancias parecidas, otro encontró ridículo que profesores de la Universidad de Buenos Aires estuvieran dando clase a sus alumnos en los trenes del subterráneo, en demanda de los fondos necesarios para que la casa de estudios se mantenga en funcionamiento.
Estas anécdotas parecen ser derivaciones relativamente inocuas de la descalificación radicalizada dirigida a las personas que protestan y, por extensión, a las que manifiestan una posición diferente a la de la alianza gobernante y sus aliados. Funcionarios de alto rango, empezando por el Presidente, son partícipes directos en la creación de este clima. Lo hizo Macri, sin ir más lejos, dos días después de aquella concentración, cuando eligió el Primero de Mayo para insistir con su denigración de los empleados estatales, con referencias nada rigurosas al ausentismo, el no cumplimiento de obligaciones, el “abuso” de licencias. Lo había hecho también Prat-Gay, con la “grasa militante”.
La lista, a la que ingresa también Gabriela Michetti, puede ser muy tediosa, por extensa, pero aún así resulta insuficiente para explicar la maledicencia de unos sectores de la sociedad, los que tienen una posición favorable al cambio de gobierno registrado en diciembre, hacia los que deploran ese cambio o que, habiéndolo apoyado con el sufragio, hoy empiezan a expresar disconformidad, sobre todo por las consecuencias de la política económica a favor de las capas más ricas y del negocio financiero a escala internacional.
La adopción y expresión por cuenta propia de fórmulas y enunciados políticos aniquiladores, que en realidad refieren a asuntos de alta complejidad, requiere un alud de mensajes bien delineados, sin fisuras y, sobre todo, repetidos. Solo así se puede lograr, por ejemplo, que haya quienes puedan creer que los despidos en el Estado traerán, a la larga, una mejora a la economía general y, peor aún, quienes celebren que queden compatriotas desocupados, al considerarlos merecedores de esa suerte por ser “K”. Únicamente un sistema de martilleo de ciertas imágenes y titulares y de censura de otros puede conseguir que, en algunos sectores, toda referencia relativa a la corrupción quede estrictamente circunscripta al gobierno concluido en diciembre.
El tono y el peso de las palabras aumenta peligrosamente cuando los medios que respaldan al gobierno macrista se refieren a quienes se manifiestan a favor de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el sector que conduce: fanáticos, semianalfabetos, adoradores, papanatas que conforman una “secta” que sigue ciegamente unos “ritos”. Todos términos que pueden encontrarse en diarios, radios y canales de televisión pro oficialistas.
Esta agresividad no queda restringida a las expresiones desafortunadas de personas que en verdad son rehenes de un círculo de informaciones y opiniones que no les deja ver por sus propios ojos. Hay episodios en que la intolerancia y el desprecio se corporiza en agresiones físicas o en su convalidación despreocupada, como ocurre con los ataques a locales partidarios kirchneristas. En la localidad entrerriana de Basavilbaso y en la bonaerense de Puan hubo actos de vandalismo en bustos de Eva Perón. En Bahía Blanca una empresa tomó nota de este clima de época y, en la convocatoria abierta para un puesto de trabajo, incluyó como condición que los postulantes no se identifiquen con el peronismo ni ninguna otra organización vinculada con la fuerza política que gobernó hasta diciembre.
Que el conjunto de estas expresiones y acciones provenga de quienes implantaron en el país la idea de la “grieta” y acusaron al gobierno anterior de generarla es poco más que una paradoja anecdótica. Es un desafío profundo, en cambio, determinar si el conjunto de la sociedad tiene reservas suficientes para evitar que esta ferocidad se expanda y llegue a impedir el ejercicio de derechos elementales, como los de trabajar, reunirse, expresarse, manifestarse.
* Escritor y periodista, presidente de Comuna (Comunicadores de la Argentina).
MEDIOS Y COMUNICACIÓN
Comunicación para la acción
Katia Braticevic y Sebastián Janeiro dan cuenta del segundo encuentro de ComunicAcción, de los avances y proyecciones de ese nuevo espacio que reúne a comunicadores comprometidos con la defensa de los derechos.
Por Katia Braticevic y Sebastián Janeiro *
El sábado 23 de abril más de 300 compañeros y compañeras de la comunicación popular, el Estado, las organizaciones sociales, las redes, los pueblos originarios, las universidades y los sindicatos participaron del segundo encuentro de ComunicAcción.
Bajo la consigna “Del cómo a la acción” se debatió en torno a la realización de campañas de comunicación, la elaboración de un mapa virtual de organizaciones y medios, y la necesidad de confeccionar una agenda común para la acción.
Durante el trabajo organizado en comisiones, las y los participantes plantearon que “tenemos que pensar la comunicación en sentido amplio. No limitarlo a los medios”, “tenemos que abrir el debate”, “venimos a buscar una forma efectiva de llegar a la población, porque no estamos pudiendo llegar, tenemos que hacer algo distinto” y “tenemos que romper con prejuicios propios y ajenos”.
Por su parte, distintas experiencias contaron su día a día en el territorio. Así, una organización platense comentó que su propuesta “es restituir el tejido social y solidario. Sin intermediarios”. Mientras una revista porteña explicó que “necesitamos articular nuestro propio ámbito de difusión”, una experiencia cordobesa relató que se juntaron para darse trabajo entre ellos, ya que se encuentran estigmatizados: “cada uno aporta lo que sabe para darle trabajo a los compañeros. Trabajamos comunicadores, gente del teatro, de la cultura, y entre todos nos apoyamos”. También estuvo presente la preocupación de cómo generar sostenibilidad y sustentabilidad en la nueva coyuntura.
En torno a un mapa nacional de medios y organizaciones, se planteó que “para que haya un mapa colectivo tiene que estar bien claro quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde nos dirigimos”, “ver de qué manera articulamos las experiencias que tenemos”, “articular con las organizaciones sociales y ayudarles que accedan a las nuevas tecnologías”, “desafiarnos a generar contenidos locales” y que “es fundamental la articulación con redes preexistentes”.
En cuanto a las campañas y la agenda común de acción, se expresó que “lo que nos pide el tiempo de hoy es que nos organicemos definitivamente. Se necesita la acción; llegar al territorio”, “la clave está en qué vamos a decir más que el cómo”, “tenemos que saber cómo interpelar al otro para no caer en la trampa de hablarnos entre nosotros como antes; tenemos que definir de qué manera enamoramos”, “tenemos que hacer una comunicación horizontal, vincular a los ciudadanos y que los invite a participar” y “la derecha se apropió de nuestra agenda. El desafío nuestro es reapropiarla”.
En el cierre, la puesta en común de las conclusiones de las cinco comisiones de trabajo arrojó la necesidad de generar diversos recursos para el trabajo comunicacional (banco de imágenes, identificación de fuentes confiables, mapa de organizaciones, producción de contenidos locales), constituir redes que abarquen tanto las experiencias anteriores como las que están surgiendo en este nuevo contexto, y estudiar de qué manera interpelar a las audiencias, entendidas no como meros sujetos receptores, sino como ciudadanos y ciudadanas que inciden en sus comunidades.
Asimismo se acordó avanzar en acuerdos para coincidir en distintos ejes comunicacionales que permitan multiplicar ideas sobre esas redes. Para ello resultó importante la organización de una mesa de trabajo entre los secretarios de comunicación de un grupo de sindicatos que participaron del encuentro, buscando potenciar sus capacidades en el área.
Por último, se destacó también la necesidad de realizar distintas actividades de capacitación, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las organizaciones.
ComunicAcción es todavía una experiencia en desarrollo. Se generó y creció a la luz del nuevo escenario de la comunicación en la Argentina y con el propósito de defender los avances logrados en materia de derecho a la comunicación. Se proyecta como un espacio de reflexión, de acción colectiva y articulada y como una instancia de vinculación entre comunicación y acción política. Su desarrollo dependerá, en gran medida, de la acogida que logre en los ámbitos políticos, académicos, sindicales, de la comunicación popular y comunitaria. Sus promotores aspiran a que ComunicAcción sea una herramienta política para defender y consolidar el derecho a la comunicación en democracia.
* Licenciados en Ciencias de la Comunicación (UBA), integrantes de ComunicAcción.
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