sábado 14 de mayo de 2015
EL JUEZ FEDERAL INSISTE EN CRIMINALIZAR UNA POLÍTICA
ECONÓMICA EN LA CAUSA POR LA OPERATORIA DEL DÓLAR
FUTURO
BonadÍo se sacó el gusto de procesar a CFK
Lo hizo por el delito de administración fraudulenta, pero retrocedió en su intención de incluirla en una asociación ilícita. También procesó y embargó a Axel Kicillof, Enrique Vanoli y a otros ex funcionarios.
La ex presidenta Cristina Kirchner se presentó en el juzgado de Bonadío el 13 de abril pasado y luego habló a la militancia. Imagen: Pablo Piovano
Por Raúl Kollmann e Irina Hauser
El juez Claudio Bonadio procesó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Lo hizo en relación a la operación del Banco Central conocida como dólar-futuro, aunque retrocede de la figura de asociación ilícita que describió al principio de la causa. En su persistente y atropellada ofensiva contra los integrantes del anterior gobierno, a Bonadio ni siquiera le importó que Cristina Kirchner no figurara en la denuncia original, ni el hecho de que el fiscal no la haya imputado. Directamente especuló que esa decisión económica no se pudo haber llevado adelante sin el visto bueno de la entonces Presidenta y del ex ministro Axel Kicillof. En el expediente no se acusa a CFK ni a nadie por un hecho de corrupción o por haberse quedado con dinero. El procesamiento termina dictándose porque se eligió una política monetaria destinada a desalentar las expectativas de una devaluación – por eso se operaba el dólar-futuro a 10,65 pesos - justamente por los efectos que después se vieron: la devaluación que llevó a altos índices de inflación, pérdida en los salarios reales y fuerte baja en el consumo.
Lo curioso es que no hay – al menos hasta ahora – imputación contra quienes devaluaron, ni tampoco contra los funcionarios del actual gobierno que compraron dólar-futuro. "Procesan a los que no devaluaron ni ganaron un peso con la operatoria y zafan los que llevaron el dólar a 15 pesos e hicieron un negocio comprando dólar-futuro", señaló uno de los abogados que representa los funcionarios del anterior gobierno. El razonamiento del juez es que el perjuicio que debe tomar en cuenta es el que se produjo con la venta.
Así explica la imputación a CFK y Kicillof. "Es impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del B.C.R.A. de 5.000 millones de dólares a 17.000 millones de dólares, que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional", sostiene Bonadio.
Personalmente
Hacia el final del escrito, el juez cita personalmente a los 16 procesados – CFK, el ex ministro Kicillof, el ex titular del Central, Alejandro Vanoli, y otros 13 directores y funcionarios del banco – para que se presenten en su juzgado dentro de los próximos tres días, se les notifique el procesamiento, realicen los trámites de rigor – Registro de Reincidencias y estudio socioambiental – y que digan cómo va a afrontar el embargo de 15 millones de pesos cada uno.
Como es obvio, los imputados apelarán lo resuelto por Bonadio durante la próxima semana y deberá intervenir la Sala II de la Cámara Federal, que recientemente emitió llamativos fallos orientados contra el anterior gobierno. Además, sus integrantes están recusados y denunciados penalmente en el Consejo de la Magistratura, igual que el juez.
Recusado
Bonadío llegó ayer a dictar los procesamientos pese a que fue recusado en dos oportunidades. Los abogados de un integrante del directorio del BCRA sostuvieron que el juez no les permitía ver la causa, que privilegiaba al fiscal y que citaba a declarar a testigos sin notificar a las defensas de los imputados. A esa recusación de Alejandro Rúa y Paula Honisch, la Sala II contestó algo así como que Bonadío actúa en forma irregular en todas las causas, de manera que no correspondía apartarlo del expediente porque se trata de las mismas irregularidades de siempre. Luego, Carlos Alberto Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, agregó que Bonadío autorizó a realizar pagos por la operatoria del dólar-futuro, lo que provocó una denuncia y la imputación del fiscal Jorge Di Lello. La objeción al magistrado es que si la operatoria era un delito y causaría un efecto ruinoso, no debió autorizar ningún pago. En consonancia, Beraldi sostuvo que Bonadío no podía ser juez de un caso en el que estaba también imputado por el fiscal Di Lello.
Política
La operatoria de dólar futuro consiste en fijar un precio de la divisa para un momento futuro determinado. Si la cotización resulta más alta el día fijado como vencimiento del contrato, se le dará al comprador la diferencia a su favor, en pesos, y si está por debajo de lo fijado en la operación, la diferencia será para el Estado, también en pesos. Es una operatoria del Banco Central que se realiza desde hace años, en la Argentina y en otros países, no benefician ni perjudica las reservas porque es en pesos y a lo largo del tiempo le dejó importantes ganancias al Estado.
El objetivo del Central era mantener bajas expectativas de devaluación y evitar cualquier corrida. La realidad es que las ganancias terminaron siendo importantes para los que operaron en el dólar futuro porque después el gobierno de Mauricio Macri produjo una megadevaluación, pese a que a lo largo de la campaña juró y perjuró que no devaluaría. De manera que se acusa al anterior gobierno por una pérdida que se produjo cuando la actual administración devaluó.
Uno de los argumentos de Bonadiío es que hubo administración fraudulenta porque se vendía dólar-futuro a 10,65 cuando el dólar bolsa, el dólar de contado con liqui y el dólar de referencia en títulos estaban más alto. Y en el fallo manifiesta que el BCRA debía ajustarse a valores de mercado. Nadie desconocía, dice el juez, que el precio era ficticio, "vil" a su entender, el mecanismo "arbitrario y caprichoso", con un contrato de único vendedor. Al generar demanda, aumentaron los límites para operar futuros del BCRA y – sostiene – debió haber existido un freno de parte de la CNV.
Sin embargo, tanto la ex presidenta como el ex ministro Kicillof, como el ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, y el resto de los imputados señalaron que la política debía orientarse a mantener la estabilidad monetaria, desalentando las corridas y las movidas inflacionarias. En ese objetivo, la operatoria de dólar-futuro fue un instrumento y todas las defensas coincidieron en que la devaluación no estaba escrita en ningún destino, sino que fue obra voluntaria del actual gobierno, sobre todo en una magnitud de más del 60 por ciento. Esto llevó a niveles de inflación que multiplicaron las anteriores, una caída brutal de los salarios reales, baja del consumo y despidos.
Justamente, uno de los argumentos de las defensas es que Bonadío criminalizó una política económica del anterior gobierno, no un hecho de corrupción. Las medidas de política económica son opinables, pueden ser consideradas mejores o peores, pero no son judiciables. Con el mismo argumento – sostienen las defensas – deben ser imputados los actuales gobernantes que fueron los que verdaderamente produjeron la devaluación.
Ilícita
Desde el primer día, el juez dibujó la figura de la asociación ilícita amenazando con la detención de CFK. Por ello describió la operatoria de la siguiente manera: "formar parte de un grupo de funcionarios que en forma sistemática, concertada y organizada emprendieron diversas acciones de carácter político y administrativo en violación a las competencias del Banco Central para concretar operaciones en el mercado de dólar futuro en condiciones dañosas al erario público". Que esa descripción se correspondía con la de asociación ilícita fue entendido por el ex juez Eugenio Raúl Zaffaroni, por la ex presidenta y su abogado.
Por eso, la respuesta de Cristina Kirchner fue durísima: "la única asociación a la que pertenecí fue el gobierno" y no se trata de ninguna asociación ilícita sino un gobierno elegido por el voto popular. Bonadío retrocedió de la figura de la asociación ilícita, con la que no podía catalogar un gobierno. Aún así, no quiso dar el brazo a torcer y ayer hizo una referencia: "la encartada Cristina Elisabet Fernández al comparecer a prestar declaración indagatoria, entendió que la descripción que se le hacía del hecho aludía a una asociación ilícita (…) al menos a la fecha no se cuentan con elementos que permitan afirmar la existencia de la sobre dicha "asociación ilícita", pero debe reconocérsele por lo menos cuán cerca estuvo – al menos dialécticamente – de lo que en concreto aquí se verifica: el uso por su parte de una estructura de poder que presidía en razón de su cargo, para implementar una operatoria que vulneró la arcas públicas".
Ruleta
A lo largo del fallo, Bonadío sostiene que la devaluación era inevitable e, incluso, entra en consideraciones acerca de que tal vez iba a ser menor con Scioli que con Macri, y que después entró a jugar el favoritismo del candidato de Cambiemos para la segunda vuelta, por lo cual –según él – se esperaban precios altos del dólar.
Y para procesar se basó en el concepto de "la ruleta que funciona mal". Dice que todo está bien si un jugador entra al casino, apuesta y tiene las mismas chances que el casino y los otros jugadores, pero que apostar sobre la base de una ruleta descompuesta es lo ilegal. En este caso, la ruleta descompuesta es que la operatoria del dólar-futuro se producía sobre la base de una devaluación que él – Bonaíio – considera que era segura. Casi que desliza que el gobierno anterior debió devaluar. Pero lo que está en juego es una causa judicial y en ningún momento explica en qué consistiría el carácter ilegal o ilegítimo de la estrategia monetaria elegida.
Sin embargo, el juez saca de la realidad que no se trataba de una apuesta, sino de la elección de una herramienta para implementar una política que desalentara una corrida contra el dólar o disparada de los precios que – como sucedió en otros diciembres – terminó produciendo saqueos y crisis para los sectores populares.
PANORAMA POLÍTICO
Choque de planetas
Por Luis Bruschtein
Al PRO le dio un sofocón la ley antidespidos. Fue una reacción visceral, negativa cerrada. Y montó rápidamente el escenario que le parece razonable: un pedido a los empresarios para que no despidan durante 90 días. Son formas de concebir el mundo: en el caso de la ley, el trabajo es un derecho que debe ser garantizado o favorecido por el Estado. O, según el oficialismo, la intervención del Estado coarta el derecho de los empresarios a despedir o dar trabajo. Es como la libertad de prensa frente al derecho de los pueblos a la información, es decir a informar y ser informado. ¿El derecho está en la sociedad, en cada uno y en su plenitud, incluyendo a los empresarios, o se restringe a los que tienen el capital para montar medios de comunicación o empresas, y por lo tanto el ejercicio de esos derechos dependerá de su buena voluntad? Son mundos que chocan.
El liberalismo económico tiene esa cara regresiva en lo social. El capitalismo busca proteger el derecho del capital, dándole exclusividad y generando sociedades restringidas. La presión de la amplia mayoría que queda por fuera de ese círculo rojo puja por democratizar relaciones que básicamente tienden a la desigualdad. El neoliberalismo, simplemente acentúa los rasgos más despóticos de esa versión del capitalismo donde el ejercicio de los derechos depende de la buena voluntad del capital que hace concesiones al trabajo. Por eso, hasta la redacción del documento que firmaron los empresarios parece escrito por la mamá de alguno de ellos. Ni siquiera dice que se comprometen a no despedir sino que están dispuestos a comprometerse.
En el mundo PRO, el universo del trabajo es simplemente un aspecto subordinado del mundo empresario al que ellos pertenecen. Está en línea con su estrategia económica y la teoría del derrame: "Una ley antidespidos sería un mensaje pésimo para la economía", afirman. Es cierto en cuanto a los empresarios, porque una ley estaría restringiendo su capacidad (o su derecho, según el PRO) de administrar el derecho al trabajo. En general, esa visión de achicamiento de la ingerencia de lo público prima en todas las áreas que han empezado a manejar el PRO y sus aliados de la derecha radical. Fuera del sector económico, ningún área del gobierno ha mostrado un plan o un proyecto y algunos ni siquiera han anunciado alguna medida que no sea el despido de trabajadores. El rating de la televisión pública se fue a pique, no pasa de uno en ningún horario y Radio Nacional, que estaba entre las primeras en las AM, ya ni existe en el dial. El ministro de Salud, Jorge "Dengue" Lemus atravesó la peor epidemia de dengue en la historia y no tomó una sola medida, no hubo campaña, nada. Habló para decir que cada quien debía descacharrar y que la epidemia terminaba cuando el frío de mayo matara a los mosquitos. La epidemia no fue preocupación oficial y se descargó en la sociedad o en cada individuo una responsabilidad que es del gobierno. En el área de la Cultura solamente se conocieron despidos.
La Universidad pública explotó en la calle el jueves con la manifestación estudiantil y docente más masiva de los últimos quince o veinte años. Presupuesto y salario se convirtieron en cuestión de vida o muerte para la educación pública superior. Nadie previó que la inundación de tarifazos y devaluaciones desbordaría también los claustros abriendo otro foco de resistencia que confluye con el del movimiento obrero y las fuerzas políticas que no pudieron hacer votar esta semana la ley antidespidos en el Congreso.
Como sucede con las visiones tan diferentes sobre el derecho al trabajo, hay mundos de valoraciones que chocan en todos los aspectos. Dicen que los subsidios y los altos salarios en general configuraron una fiesta "que ahora pagamos todos". "Fiesta" representa algo bueno, pero despreocupado, fuera de lo normal y además financiada por otros que ya no quieren hacerlo. El PRO se asume como representante de los que según ellos pagaron los costos de esa fiesta. La sociedad vivió una situación de bienestar que no se merecía, según el oficialismo, porque estaba por encima de sus posibilidades. Para vivir de esa manera se apropiaba de la renta de otros sectores como los grandes capitales del campo, la industria y las finanzas.
En el peronismo, incluyendo a los kirchneristas, aceptan que era necesario readecuar algunos parámetros por la crisis internacional y sobre todo por la de Brasil. En el kirchnerismo dicen que lo debía hacer el gobierno que ganara las elecciones con más proyección en el tiempo, porque hubiera sido irresponsable que se tomaran medidas de este tipo al final del mandato. Los economistas del peronismo coinciden en que el dólar tenía un atraso cambiario, que había que retocarlo pero en forma progresiva, sin afectar salarios y sin levantar abruptamente las retenciones con lo que se podía readecuar las tarifas en forma gradual y selectiva.
Parece lo mismo, pero es lo opuesto. El gobierno dice que la crisis no fue generada por sus medidas sino provocada por las políticas que impulsó el kirchnerismo (la famosa fiesta), para desarrollar el mercado interno. Desde el otro lado, para el kirchnerismo, había que tomar medidas que protegieran al mercado interno de los efectos de la crisis internacional.
Las medidas del oficialismo se basaron en una visión ideológica: vivir bien no es un derecho de la sociedad sino una "fiesta" irresponsable, por eso lo primero que hizo el macrismo fue una megadevaluación que achicó salarios, eliminó las retenciones que sostenían las tarifas y pagó con creces y casi sin negociar a los fondos buitre sin que llegara medio dólar de inversión externa. Con todo eso se derrumbó el consumo y el mercado interno. Para el kirchnerismo, todas las medidas se enfocaban en el estímulo al mercado interno. Todas las medidas del macrismo y la derecha radical están destrozando el mercado interno.
Sucede igual con la idea del "robo". Es obvio que para ellos, el kirchnerismo les robó las AFJP, les robó el fútbol de primera codificado, en un acto "confiscatorio" les robó YPF y Aerolíneas y les robó cada peso de las retenciones. Esa percepción subjetiva de "lo robado" no se podía extender así a una sociedad que festejó el fin de las AFJP, las renacionalizaciones y el fútbol para todos. Pero con el bombardeo mediático y judicial pudieron transmitir a toda la sociedad esa percepción de sector dominante de "nos están robando". Para ellos, la distribución de la renta fue un robo y lograron que gran parte de la sociedad que se beneficiaba de esa política también se sintiera "robada", pero por una supuesta corrupción pública: con la plata de las retenciones, Cristina Kirchner se compraba carteras Buitton. En realidad, la plata de las retenciones sostenía las tarifas bajas con las que se favorecían muchos de los cándidos que creyeron lo de las carteras y que ahora se quieren cortar las venas cuando les llegan las facturas a fin de mes. Es una paradoja y un gran triunfo mediático porque lograron que una gran parte de la sociedad se sintiera robada igual que ellos.
Un conocido empresario afirmaba que una coima chica es corrupción, pero que una coima grande es un buen negocio. Se calcula que la fuga de capitales argentinos en total ronda la friolera de los 400 mil millones de dólares. Gran parte fue a paraísos fiscales. El presidente y la mitad del gabinete tienen empresas offshore desde hace varios años y alguno de ellos ha sido brocker de las offshore. La otra mitad del gabinete está en la lista de los que especulaban con el dólar que fue siempre la otra gran estafa contra el salario. Eso no está tan visualizado en la sociedad como robo o corrupción porque en el universo PRO, que es el dominante en la cultura, se trata de "prácticas comerciales normales".
La densidad ideológica del PRO lo convierte en un mundo chocador sin mediaciones políticas. Al massismo, que apostaba a un plazo más largo para reducir al kirchnerismo a su mínima expresión, los tiempos cortos del PRO le están provocando problemas en sus filas. Sergio Massa pagó el costo más alto por la negociación con Macri para postergar el debate de la emergencia laboral en Diputados. Massa no quiso quedar pegado al kirchnerismo y le hizo un favor a Macri. Pero dejó al kirchnerismo como la única fuerza que defendió el reclamo de las cinco centrales sindicales y su propia ala gremial quedó herida al no darle quorum a la ley antidespidos. El pacto de Massa con Macri no fue una derrota para el kirchnerismo, sino para el reclamo de las cinco centrales obreras que el massismo podría haber evitado pero no quiso.
REPORTAJE A AXEL KICILLOF, PROCESADO POR BONADÍO
JUNTO A LA EX PRESIDENTA DE LA NACIÓN
"La intención es proscribir a Cristina"
El ex ministro y actual diputado descalificó el fallo, al que tildó de "disparate" y plagado de intencionalidad política. Afirmó que hay una persecución contra Cristina, en la que vinculó al juez con el Gobierno. "Un fallo con maldad o estupidez".
Axel Kicillof y alumnos de la universidad. Ayer participó de las clases abiertas de protesta.
Por Raúl Dellatorre
Axel Kicillof, diputado nacional por el FpV y ex ministro de Economía, es uno de los procesados por el juez Claudio Bonadío, señalado como uno de los principales responsables de las operaciones de dólar futuro en base a las cuales se armó la causa que también involucra a la ex presidenta de la Nación. Kicillof respondió ayer sobre diferentes aspectos del fallo y de las cuestiones políticas que lo rodean. No ahorró críticas ni escondió interpretaciones. Ni siquiera, sobre las intenciones que le atribuye al juez y a sectores políticos de "proscribir a Cristina" y de verla en prisión.
–¿Los tomó de sorpresa el fallo del juez Claudio Bonadío resolviendo el procesamiento de Cristina Kirchner y el suyo, entre otros, como el del presidente y de los directores del Banco Central y el titular de la CNV?
–Era previsible. Lo sorprendente del fallo es la figura penal que se nos imputa: administración infiel. Está claro que el juez Bonadío iba por el camino de imponernos la acusación por el delito de asociación ilícita, pero no tuvo elementos para avanzar por ahí. Es una causa en la que no aparece un solo dato en el que se nos pueda imputar corrupción, ni siquiera se nos denuncia por enriquecimiento propio. Toda la argumentación para dictar el procesamiento es un disparate, como en realidad lo fue toda esta causa desde el principio, la acusación, la imputación. Es una novela de ficción, un absurdo "de pe a pa".
–Pero el fallo habla de una operatoria ilegal y de delitos cometidos contra el erario público...
–Se supone que si hemos cometido administración infiel es con la intención de favorecer a alguien, y que se vendieron contratos de dólar a futuro a un precio que intencionalmente buscaba beneficiar a alguien. Pero resulta que los que compraron los contratos, y se beneficiaron con la devaluación, no tienen nada que ver con nosotros. Y sí, en cambio, tienen que ver con el actual gobierno. Es Mario Quintana, Nicolás Caputo, Franco Macri. Resulta que tomamos una decisión, vender contratos de dólar a futuro a un determinado valor, que terminó favoreciendo a los funcionarios del PRO; al amigo del presidente y al padre del actual presidente. Pero fue este gobierno, no el nuestro, el que resolvió la devaluación. Los que devaluaron y se enriquecieron son los mismos. Pero en vez de investigar este hecho, se procesa a los funcionarios que cuidaron el valor del peso.
–¿Creen que no tuvieron oportunidad de defenderse, o que no se tomaron en cuenta los argumentos para responder a las acusaciones?
–La sensación que nos deja, la conclusión que sacamos, es que no hay estado de derecho en Argentina. Hay jueces que pueden resolver y fallar cualquier disparate por pura intencionalidad política. Nos hacen a nosotros lo que le está pasando a Dilma (Rousseff) en Brasil. Todo la argumentación de Bonadío a lo largo del fallo revela su convicción de que Argentina tenía que devaluar, y que la devaluación debíamos hacerla nosotros, para después hacer esta política que se está aplicando ahora. Lo que hizo nuestro gobierno fue utilizar todas las herramientas para evitar la devaluación, y hoy está a la vista la política y las consecuencias que se derivaron de la devaluación que luego aplicó Macri una vez que llegó al gobierno. El fallo de Bonadío procesándonos por nuestra política se da justo en la semana que se da a conocer que abril fue el mes de más alta inflación de los últimos 14 años. Y fue la devaluación de diciembre lo que provocó esta disparada de precios. Lo que demuestra lo bien que hicimos en parar la devaluación.
–¿Cuál es el trasfondo político de esta decisión, a su criterio?
–Lo central es que está lanzada una persecución judicial con la intención clara de querer proscribir a determinados dirigentes. La carga contra Cristina revela lo que algunos sectores políticos ya han puesto de manifiesto, que es dejarla afuera de la disputa electoral (se refiere, sin nombrarla, a Margarita Stolbizer, ex dirigente radical, quien señaló que su deseo sería que "proscribieran de por vida" a Cristina). Además, necesitan tapar toda la situación que tenemos en lo social, en lo económico. Y poner en el banquillo de acusados a quienes venimos advirtiendo las consecuencias de estas políticas y denunciando cómo se beneficia con estas medidas a los sectores más privilegiados y se excluye a los más vulnerables.
–Volvamos a la causa y al fallo. Allí se leen diversas acusaciones a la ex presidenta y a usted, como ex ministro, en cuanto al vínculo y la relación con diversos funcionarios nombrados en organismos como el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores. Ahí se pretende demostrar que había un manejo centralizado de las decisiones de política y control financiero. ¿Qué puede decir sobre eso?
–Leyendo los argumentos de la causa para construir la acusación, queda muy evidente que la única base de muchas de estas aseveraciones son notas de diarios que fueron fuertemente opositores a nuestra política. Incluso cita un discurso de Cristina, en la que la Presidenta me elogia y me señala como uno de sus más fieles, o más cercanos funcionarios, no recuerdo bien. Pero Bonadío se agarra de eso para decir que era Cristina quien tomaba la decisiones de política económica, y a partir de ahí poder acusarla de ser la responsable de alguna medida que él va a condenar. En realidad, es todo un gran disparate, porque bastaba con recurrir a la Constitución Nacional para decir que el Presidente es el máximo responsable de las políticas del Ejecutivo. Pero todo el fallo es así, armado de un modo muy poco serio.
–¿Y sobre la cuestión de fondo, la venta de contratos de dólar futuro? ¿Ve en el nuevo fallo una argumentación distinta que ahora comprometa a quienes utilizaron esa herramienta de política económica?
–Lo que dice Bonadio es que usamos recursos públicos para tratar de parar una corrida cambiaria, y a partir de ahí nos imputa la administración infiel, por una operatoria ilegal con un altísimo costo para el erario público. Con ese criterio, mejor ni hablemos de lo que está haciendo Sturzenegger (presidente del Banco Central) con las Lebac para frenar la suba del dólar y la inflación. Ya tiene más Lebac en el mercado que circulación monetaria (billetes y monedas), y están colocadas a tasas altísimas. Cuando tenga que pagarlas va a tener un costo multimillonario para el Estado. Los costos de esta política monetaria son más que evidentes, y a nadie se le ocurriría imputar a quienes la ejecutan por administración infiel o asociación ilícita sólo por el costo fiscal.
Además, las consecuencias económicas de estas altas tasas son inmediatas, en perjuicio de la actividad productiva y a favor de los especuladores, por ejemplo de los que se benefician con la bicicleta financiera entrando dólares al sistema para cambiarlos por pesos, obtener un altísimo rendimiento, y después volver a fugarlos convirtiéndolos otra vez en dólares. No es como el caso de los contratos de dólar futuro, que tuvo que haber una decisión de otro gobierno de devaluar, para que surgiera el perjuicio para el fisco y grandes ganancias para algunos privados.
Nosotros tomamos esta decisión de vender contratos de dólar futuro no con la intención de beneficiar a nadie. Bonadío, en su argumentación, señala como que ya era un hecho que se iba a devaluar. Pero los ajustados resultados con que se definió la elección (entre Daniel Scioli y Mauricio Macri, por un punto y medio a favor de este último) demuestra que la política económica no estaba predeterminada. Al ver el resultado electoral, queda claro que ese argumento es una fantasía.
Además, fue el propio Bonadío el que después autorizó el pago de los contratos de dólar futuro a funcionarios y allegados del actual gobierno. Si era una operatoria ilegal como ahora sostiene en el fallo, ¿por qué aprobó el pago? Es todo un razonamiento muy raro, contradictorio. Lo que demuestra una de dos cosas, estamos ante un fallo escrito con mucha maldad, o con una alta cuota de estupidez.
–En su fallo, el juez también cuestiona los contratos de dólar futuro porque dice que no incidían para nada en el valor a término de los contratos privados, o el precio de mercado de las operaciones a término. Ahí se afirma el juez para decir que la venta de contratos a futuro eran operaciones a pérdida segura.
–Lo que querían los especuladores, el macrismo y es lo mismo que ahora refleja Bonadío, es que la devaluación la hiciéramos nosotros. De lo que se nos acusa es de no haber devaluado, de haber defendido el peso. De haber estado contra esta política que después se ejecutó. ¿Cómo es este razonamiento de que eran operaciones a pérdida porque no correspondían con los precios de mercado? Es un argumento invalidante de cualquier acción de política económica que vaya en contra del precio de mercado, entonces hay que dejar que el mercado decida. No tiene ninguna lógica, salvo la intención política de este fallo, de quienes la impulsan, y de un juez que está muy ligado al actual gobierno. Tanto, que cuando el Consejo de la Magistratura tuvo que tomar su caso, decidió que la instrucción quedara bajo la responsabilidad de un integrante designado por el Ejecutivo. Bonadío pretende llevar esta causa hasta las últimas consecuencias, aunque no tenga elementos ni argumentos para impulsarla.
–Las últimas consecuencias sería condenarlos y enviar a prisión a Cristina Kirchner a prisión. ¿Llegará hasta esa instancia?
–Contra eso estamos peleando.
DIPUTADOS DEL FPV RECLAMARON A CASANELLO QUE
FRENE LA VENTA DE IECSA
Piden investigar a Calcaterra
Cinco diputados presentaron un escrito en el juzgado de Casanello para que sume a Calcaterra a la investigación del caso Báez. También que frene la venta de Iecsa para impedir cambios en su situación patrimonial.
Ángel Calcaterra, primo de Macri, ahora quiere vender Iecsa a las apuradas.
Un grupo de diputados del Frente para la Victoria encabezados por el jefe del bloque, Héctor Recalde, presentaron un escrito en el juzgado de Sebastián Casanello para pedirle que frene la venta de la empresa del primero del presidente Mauricio Macri, Ángel Calcaterra, y que se lo incluya en la investigación que lleva adelante contra el empresario Lázaro Báez. En sus dos últimas declaraciones, Báez destacó que Calcaterra era su socio -se presentaron juntos para licitaciones por un valor de 10 mil millones de dólares, aunque sólo ganaron algunas- y que armaron una UTE para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, detenidas por el Gobierno.
Luego de la primera declaración de Báez sobre este tema ante Casanello, se conoció la decisión de Calcaterra de vender la constructora Iecsa, que años atrás recibió de manos de su tío Franco Macri. Supuestamente, la intención es no perjudicar políticamente al Presidente. En el entorno de Calcaterra aseguran que el Estado le debe mucho dinero a Iecsa y que cada vez que reciba un pago, se lo van a facturar a su primo. Además, podría recibir denuncias por tráfico de influencias.
Calcaterra ganó licitaciones por la friolera de 1.800 millones de dólares durante el kirchnerismo y mantenía un fluido contacto tanto con el ex ministro de Planificación, Julio de Vido, como con su secretario de Obras Públicas, José López. Esos datos fueron puestos en relevancia por Báez en sus declaraciones judiciales, dado que su firma, Austral Construcciones, figuró 36º en el ránking de las que más obra pública obtuvieron durante el kirchnerismo mientras que Iecsa fue la tercera del escalafón.
Por eso, los diputados Recalde, Juliana Di Tullio, María Teresa García, Carlos Kunkel y Rodolfo Tailhade solicitaron a Casanello que frene la venta de Iecsa, tal com trascendió. "Habiendo tomado estado público la inminente venta de Iecsa, y el consecuente desapoderamiento de bienes de Calcaterra situación que incluso implicaría una limitación patrimonial de las eventuales responsabilidades que pudieren surgir con motivo de la investigación, resulta conveniente adoptar respecto a Iecsa, idéntico criterio que el adoptado por el juez en la causa en cuanto dispuso una medida de no innovar tendiente a impedir cualquier inscripción que implique la venta de bienes o activos, el desmembramiento y/o modificación del estatus jurídico de las empresas del citado grupo", escribieron en la presentación.
Además, en el documento agregan que "no deberían descartarse medidas tendientes a resguardar la responsabilidad patrimonial en la que eventualmente pudieren incurrir los socios, gerentes, síndicos y directores de Iecsa, y por ello debería considerarse ordenar un embargo de los bienes registrables de quienes resulten imputados, como así también la inmovilización y congelamiento de los fondos de sus cuentas bancarias con la finalidad de asegurar el patrimonio involucrado en los ilícitos que se investigan".
Otras voces
- Juliana Di Tullio (diputada - Frente para la Victoria): "El imputado por dejar que se pague el dólar futuro, el juez Bonadio, procesa a Cristina Kirchner en la misma causa. Es parte de la patota de persecución política. Pretende la patota judicial tapar la realidad del desastroso gobierno con esta persecución digna de una dictadura. ¿Se entiende bien o lo aclaro más? Bonadio está imputado en la misma causa que procesa a Cristina: dólar futuro."
- Eduardo "Wado" De Pedro (diputado - Frente para la Victoria): "En la Argentina del revanchismo y la persecución, el partido judicial actúa como patota y comete todo tipo de atropellos. El objetivo de la persecución a Cristina no es la justicia sino la proscripción: buscan sacarla de la cancha. Además, quieren ocultar los efectos tremendos que el tarifazo, la inflación y los despidos causan en la sociedad. Pero somos millones los que vamos a defender a Cristina, ningún juez va a poder borrar su legado de la memoria de los argentinos."
- Luis D'Elía (referente de Miles): "Estados Unidos, las oligarquías, el partido judicial y los medios suspendieron a Dilma Rousseff, encarcelarán a Lula y a Cristina Kirchner. Se disponen a matar."
- Martín Sabbatella (dirigente de Nuevo Encuentro): "Está claro que el juez es parte de la estrategia desplegada para intentar destruir a Cristina Kirchner. A nadie escapa que Bonadio ya la tenía procesada antes de iniciar la causa. Quieren borrar a Cristina de la memoria popular, perseguirla, encarcelarla; porque le temen al amor que el pueblo demuestra por ella. Este procesamiento de Bonadio es parte de ese plan de persecución que la derecha ejecuta contra Cristina, para poder avanzar con el ajuste."
- Héctor Recalde (jefe del bloque de diputados del FpV-PJ): "Se trata de una cuestión de revanchismo por parte de Bonadio, porque no hay tipificación del delito por el que se la acusa. Por parte de Bonadio es fácil prever cualquier cosa, aunque estoy convencido de que la Cámara va a revocar el procesamiento."
- Pablo Ferreyra (legislador porteño - Frente para la Victoria): "El procesamiento a Cristina por parte del juez Bonadio en una causa que es una farsa jurídica es un movimiento más de las fichas que la derecha está moviendo en todo el continente. Creen que golpeando a nuestros líderes van a lograr apagar la fuerza de nuestro pueblo que ya está demostrando que no está dispuesto a retroceder."
- Andrés Larroque (diputado - Frente para la Victoria): "El procesamiento de Cristina Kirchner es un ataque más de la Patota Judicial. Dejaron de ser partido para convertirse en patota."
- Mariano Recalde (presidente del Congreso del PJ Capital): "El procesamiento de CFK profundiza el estado de revanchismo y persecución en Argentina. El partido judicial abandonó todo viso de imparcialidad y búsqueda de Justicia".
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PROnoventa
JORGE TRIACA PLANTEÓ DISCUTIR SOBRE EL DERECHO A
HUELGA, LA PRODUCTIVIDAD Y EL AUSENTISMO
Con todo el recetario de los '90
El ministro de Trabajo propuso incluir esos temas en el marco del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que se reunirá el próximo jueves. La idea fue rechazada de plano rápidamente por diferentes sectores del sindicalismo.
El ministro Jorge Triaca planteó impulsar las mismas medidas de la década del '90.
Por Nicolás Lantos
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, planteó ayer la posibilidad de aplicar descuentos a trabajadores que ejerzan el derecho a huelga y propuso incluir temas como productividad y ausentismo en el marco del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que se reunirá el jueves que viene. El mismo día que anunciaba un millonario subsidio a McDonald's para fomentar el empleo precarizado, Triaca rindió un involuntario homenaje a su padre, que ocupó el mismo cargo en los primeros años del gobierno de Carlos Menem y también intentó avanzar sobre la potestad de los trabajadores de protestar por sus condiciones de trabajo. La idea fue rápidamente rechazada de plano por diferentes sectores del sindicalismo, que aseguran que eso "ni siquiera se va a poner sobre la mesa" del Consejo ya que no solamente "el tema no está en agenda" sino que "no es el ámbito para plantear" ese tipo de propuestas.
"Hay que darle una chance de debate", dijo Triaca al ser consultado por la posibilidad de poner en cuestión el derecho a huelga y aplicar sanciones a aquellos trabajadores que se ausenten del trabajo como parte de una protesta gremial. "Lo que creemos es que en el marco del Consejo del Salario, sería bueno sumar temas pendientes de debate, como la caída en la producción, el alto nivel de ausentismo y las adicciones", agregó el ministro, de cara a la reunión que mantendrá con representantes de las empresas y de los trabajadores el jueves que viene en el marco de ese instrumento.
Los descuentos por paro, si bien están comprendidos por la ley, suelen no ser aplicados ya que el pago de los días no trabajados forma parte de las negociaciones entre empresas y trabajadores al final de cada conflicto, por lo que en los sindicatos coinciden que discutir el tema en un ámbito como el Ministerio de Trabajo puede legitimar un cambio en esa costumbre y un endurecimiento de las patronales, envalentonadas por el apoyo del gobierno nacional, según le explicaron a Página/12 diversos referentes gremiales de las cuatro centrales obreras.
"El ministro parece que está viviendo en otro país. Acá estamos discutiendo la ley antidespidos y cómo evitar la destrucción de puestos de trabajo y a él se le ocurre salir con esto como si la Argentina fuera un paraíso laboral. La verdad es que no entiende nada", salió rápidamente al cruce Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores, una de las cinco centrales obreras. "Esa discusión ni siquiera corresponde al ámbito del Consejo del Salario, cuyas funciones excluyentes por ley son definir el costo de la canasta básica familiar y en base a eso el salario mínimo, vital y móvil. La pretensión de llevar estos temas al Consejo del Salario por lo menos demuestra que el ministro desconoce el texto de la ley", agregó.
Por su parte, el titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, opinó que Triaca "en vez de preocuparse por mejorar las condiciones para los trabajadores, lo que busca es impedir que ejercitemos libremente nuestro derecho". Micheli y Yasky protagonizaron en las últimas semanas un acercamiento entre las dos vertientes de la central que se partió en 2011, con el objetivo de llevar una posición unificada al Consejo del Salario y además afrontar coordinadamente las luchas por los puestos de trabajo y el poder adquisitivo. El debate acerca del derecho a huelga "tiene que encontrarnos a todos parados del mismo lado para evitar más atropellos por parte de este gobierno", manifestó Yasky.
El metrodelegado Roberto Pianelli, también de la CTA, dijo que la propuesta de Triaca "remite a los peores momentos de la Argentina" y recordó que no es la primera vez que el PRO intenta "cercenar el derecho a huelga", ya que cuando se traspasó el subterráneo a la Ciudad de Buenos Aires "el gobierno intentó evitar los paros declarando la esencialidad del servicio".
Desde la CGT, el ferroviario Sergio Sasia dijo que "el tema al que se le debería dar prioridad es el salario mínimo, vital y móvil" ya que ese es el objetivo que establece la ley para tratar en ese ámbito.
También se manifestó respecto a esta propuesta de Triaca el titular de la bancada del Frente para la Victoria-Partido Justicialista en la Cámara de Diputados, Héctor Recalde, que durante muchos años fue abogado de la CGT. "Esto es una presunción en contra de los trabajadores que no compartimos. Vamos a ver cuál es la posición de las centrales, pero creo que ya han fijado posición bastante clara en la marcha del 29 de abril. Cualquier cosa que implique decisiones en contra de los trabajadores no lo van a aceptar", opinó el legislador, que agregó que "hay cuestiones más urgentes, como el trabajo en negro, que en la última década bajó del 50 por ciento al 33 por ciento y ahora está subiendo de nuevo".
"No es el mejor camino"
"A nosotros nos van a encontrar en la vereda de incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo y no en la vereda de enfrente", aseguró ayer el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para rechazar la aprobación de la ley antidespidos que se tratará el próximo miércoles en la Cámara de Diputados. El funcionario nacional celebró que haya fracasado la sesión especial realizada por el kirchnerismo, el Bloque Justicialista, el Frente de Izquierda y otros monobloques: "Se ha ganado una semana más para el debate y permitir que se escuchen todas las voces en el Congreso", consideró Frigerio, quien insistió con que la prohibición de despidos "desincentiva la toma de nuevos trabajadores" pese a que la iniciativa no se aplica para los nuevos empleos que se generen tras la sanción de la norma.
"Ese no es para nosotros ni para el Presidente el mejor camino", remató.
CONFLICTO INTERNO EN EL MASSISMO Y REPROCHES ENTRE
LOS DIPUTADOS SINDICALES
Cruces por la ley antidespidos
El diputado del Frente Renovador Héctor Daer afirmó que tiene diferencias "sustanciales" con Massa y reconoció que está en "una situación política muy incómoda". Recalde pedirá reunirse con Pichetto y Massa para evaluar los pasos a seguir del FpV.
El diputado del Frente Renovador Héctor Daer quedó al borde de abandonar el espacio liderado por Massa.
La ley de emergencia ocupacional sigue generando conflictos en la Cámara baja. Tras la sesión fallida del miércoles pasado, el diputado del Frente Renovador Héctor Daer aseguró que se encuentra en "una situación política muy incómoda" por las diferencias que surgieron a raíz de este tema con el líder de su espacio, Sergio Massa. El titular del gremio de los canillitas, el diputado moyanista Omar Plaíni, aseguró que aquellos legisladores que no asistieron a la sesión especial para aprobar la ley antidespidos "tendrán que dar explicaciones". Por otro lado, el jefe del bloque de diputados del FpV, Héctor Recalde, adelantó que buscará reunirse con su par del Senado, Miguel Pichetto, y con el propio Massa, para evaluar los pasos que seguirá su bloque la sesión convocada para el miércoles próximo.
El dictamen impulsado por el kirchnerismo, el Bloque Justicialista, el Frente de Izquierda y otros monobloques será el primero en tratarse la semana que viene, cuando se realice la sesión ordinaria acordada entre Cambiemos y el massismo. Si una vez logrado el quórum se mantienen los números del miércoles último, el proyecto aprobado por el Senado sería rechazado por la votación en conjunto del oficialismo y el sector que responde a Massa. "El miércoles se tratará primero el dictamen del Senado. Si el Frente Renovador decide votar con el PRO es para votar en contra y se cae el dictamen; el segundo dictamen es el que plantea Cambiemos, que no tiene mayoría, y el que menos votos tiene es el del Frente Renovador, de manera que estaríamos en una encrucijada de que no haya ley", explicó ayer Daer, representante del gremio de Sanidad y uno de los legisladores massistas que sí asistió a la sesión especial. Durante su discurso en el recinto, Daer le dedicó un párrafo especial a Massa, quien había afirmado que el kirchnerismo no iba a llevarlo "a las patadas" a sesionar. "A mí nadie me trajo a patadas en el culo", dijo en aquel momento. Ayer el diputado afirmó que tiene diferencias "sustanciales" con Massa y si bien no se formalizó una ruptura, su compañero de bloque, Felipe Solá, sostuvo que Daer ya abandonó la bancada.
Plaíni, que mantiene su monobloque Cultura, Educación y Trabajo, le metió presión a los referentes gremiales que integran la Cámara baja: "Somos 10 diputados sindicales, seis bajamos al recinto. Los que no bajaron tendrán que dar explicaciones ellos", sentenció Plaíni. Esos cuatro son todos del Frente Renovador: Facundo Moyano (peajes), Carla Pitiot (organismos de control), Jorge Taboada y Enrique Castro Molina (camioneros).
El diputado moyanista afirmó que el proyecto para prohibir los despidos durante 180 días y establecer la doble indemnización "era simplemente un paliativo". "El único responsable de esto es el Gobierno, que durante la campaña habló de republicanismo y trabó la ley", denunció.
En este contexto, para el futuro de la emergencia ocupacional serán clave las conversaciones de Recalde con Pichetto y también con Massa. Si el Frente Renovador no cambia de actitud, por más que algunos de sus legisladores – como Daer– terminen votando a favor del texto del Senado, es difícil que alcancen los 129 votos necesarios para aprobarlo. Dependerá entonces del FpV y de los otros bloques si deciden acompañar las modificaciones introducidas en el dictamen massista. Entre otras cosas, el proyecto del Frente Renovador incluye anexo con un plan de protección a las micro, pequeñas y medianas empresas, con fomento para el empleo joven y para los mayores de 50 años.
"Con Massa estamos de acuerdo en el objetivo, tal vez diferimos en los caminos. En el tema pymes nosotros estamos dispuestos a acompañar el proyecto que ya había presentado Massa", aseguró ayer Recalde, en tono conciliador. Sin embargo, dejó en claro que van a intentar "cumplir con el mandato" de las cinco centrales obreras que pidieron expresamente que salga la ley lo antes posible. "Las modificaciones implicarían un retardo más porque volvería al Senado", completó Recalde.
Fuentes del kirchnerismo en la Cámara alta adelantaron que evaluarán el proyecto en caso de que llegue con modificaciones. "Si los cambios son positivos podemos aprobarlos", aseguró un senador del FpV-PJ, que en la Cámara alta cuenta con 39 legisladores propios y 3 aliados. Al momento de aprobarse en el Senado, el proyecto había sumado 48 votos contra 16 de la alianza Cambiemos. Con ese número, también tienen la fuerza como para insistir con la redacción original y aprobar la ley sin los cambios del massismo. En caso de que la iniciativa vuelva al Senado la semana próxima, ya adelantaron que buscarán darle tratamiento lo antes posible para que no se continúe dilatando su aprobación, como pretende el macrismo.
EL MAGNATE MEXICANO SE REUNIÓ HACE 15 DÍAS CON
MAURICIO MACRI PARA NEGOCIAR INVERSIONES
Slim busca pisar fuerte en el mercado local
El gigante de telecomunicaciones América Móvil, que controla la marca Claro, busca quedarse con Telecentro y con activos valiosos de la estatal Arsat, como una porción de su red de fibra óptica y de la capacidad satelital, de cara a la convergencia que se viene.
La reunión de Slim con Macri encendió las alarmas en Telefónica y el Grupo Clarín.
Por Fernando Krakowiak
El gigante de telecomunicaciones América Móvil, propietario de la marca de telefonía celular Claro, tiene decidido incrementar su participación en el mercado argentino. Carlos Slim mantuvo una reunión reservada hace 15 días con el presidente Mauricio Macri para explorar distintas posibilidades de inversión, lo que encendió las alarmas en Telefónica y el Grupo Clarín, sus dos principales competidores en el escenario de convergencia que se avecina. El decreto 267, que modificó la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, le abrió la puerta a las telefónicas para brindar televisión y estableció que la fecha de largada será el 1 de enero de 2018. El magnate mexicano vio ese haz de luz y vino a dejar en claro que tiene los dólares suficientes para jugar fuerte. Entre las posibilidades que evalúa está quedarse con Telecentro, pasar a controlar una parte de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo) que construyó el gobierno e incluso comprar capacidad de transmisión satelital de Arsat para poner esa infraestructura al servicio de su expansión en el país.
El gobierno le encargó hace algunos meses a la consultora McKinsey, que ya viene trabajando en varios ministerios con contratos suculentos, hacer un spin-off de la estatal Arsat, consistente en auditar sus distintas unidades de negocios y buscar interesados en tomar el control de cada una en una especie de loteo. La intención, al menos en un primer momento, no es privatizar la firma sino explorar la posibilidad de incorporar capital privado o favorecer la colonización empresaria de la infraestructura a través de la firma de contratos. Como informó Página/12 el pasado 22 de abril, Héctor Huici, secretario de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, es uno de los que está detrás de esta iniciativa. El propio funcionario reconoció en una jornada organizada en la Universidad Abierta Interamericana que la apertura de Arsat al capital privado es una posibilidad que se está evaluando. Incluso en ese evento dijo que se estaban analizando las unidades de negocio de la compañía y distinguió entre "la parte satelital, la red de fibra óptica, el data center y la mochila de plomo de Arsat, que es el tema de la TDT (Televisión Digital Terrestre)". Ese modo de ver la empresa como un conjunto de partes y no como un todo surgió a partir del asesoramiento de McKinsey, una consultora todo terreno de extensa trayectoria que también le presta servicios a Claro y a Telefónica. Uno de los que viene haciendo aportes por el lado de McKinsey es Diego Molano, un colombiano que trabajó para Telefónica y fue ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Juan Manual Santos entre agosto de 2010 y mayo del año pasado, período en el que Slim hizo grandes negocios en Colombia.
Huici no está solo en el plan destinado a abrirle las puertas de Arsat a las telcos. El secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana, un ex McKinsey de diálogo directo con Huici, también parece estar entusiasmado con la idea. Otro alfil es José María Márquez, un histórico ejecutivo de Claro que el viernes de la semana pasada fue oficializado como Director Nacional de Regulación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por debajo de Huici.
La intención oficial es transferir el data center de Arsat al Ministerio de Modernización y tentar a los privados con las otras tres unidades. Ahí es donde aparece Slim, quien está interesado en quedarse con una parte de la Refefo, que ya viene alquilando desde la gestión anterior para dar su servicio móvil en las provincias del norte, e incluso aprovechar Arsat II para brindar televisión satelital. Esta última posibilidad la tiene vedada por el artículo 45 de la ley 26.522 que les prohíbe a los operadores satelitales prestar cualquier otro servicio audiovisual y viceversa, restricción que no fue modificada por el decreto 267. Sin embargo, fuentes del sector destacaron a Página/12 que si Slim y Macri logran ponerse de acuerdo esa barrera se podría eliminar con otro decreto o se le podría encargar ese cometido a la comisión redactora del nuevo proyecto de ley de comunicaciones.
La única unidad de Arsat que a primera vista no parece tan tentadora es la de la TDT. Por eso, Huici se refirió a ella como "la mochila de plomo". Sin embargo, la porción del espectro que ocupan los canales digitales de aire que van del 21 al 51 (de 512 a 698 MHz) sí es tentadora para brindar telefonía móvil. Las telcos ya lograron en 2014 desplazar a los radiodifusores de la banda de 700 MHz (698 a 806 MHz), amparados en las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y en varios países de la región están apuntando a este otro segmento. Por ejemplo, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados unidos informó en febrero que los radiodifusores de ese país cederán espectro de la banda de 600 Mhz a firmas como T-Mobile, AT&T, Verizon, Sprint y Dish, las cuales podrían estar dispuestas a desembolsar en una subasta hasta 60.000 millones de dólares en conjunto para repartirse ese activo. También se mencionó a América Móvil como un potencial interesado. En ese contexto, caracterizar a la TDT como una "mochila de plomo" sirve para justificar la necesidad de "limpiar" al menos parte de la banda de 600 MHz (614 a 698 MHz), lo que ya se está intentando hacer, para luego subastar el espectro liberado o realizar una asignación directa. Este tema también forma parte de la negociación con Carlos Slim ya que Claro tiene fundamentalmente frecuencias altas, por haber entrado tarde al mercado, y una pequeña porción de la banda de 700 MHz que obtuvo el año pasado. Por lo tanto, frecuencias más bajas, como las de la banda de 600 MHz, le permitirían asegurarse mayor cobertura con una inversión relativa menor.
El plan de expansión del magnate mexicano se completaría a su vez con la compra de Telecentro, firma de Alberto Pierri con la que Slim tiene contactos fluidos desde hace varios años. Incluso se rumorea que llegó a firmar un due diligence para evaluar los activos de cara a una futura adquisición. Formalmente, recién se podría concretar su desembarco en esa firma a partir del 1 de enero de 2018 cuando las telcos puedan ofrecer servicios audiovisuales. No obstante, ese punto dependerá de la capacidad de lobby que tengan las distintas firmas sobre el Estado, ya que el artículo 10 del decreto 267 dice que la autoridad regulatoria "podrá extender ese plazo por un año más".
"Nuevos proyectos"
"Todos los días estamos recibiendo informaciones de inversiones, no solo de las latentes, aquellas que se habían postergado hasta el cambio de Gobierno, sino nuevos proyectos", dijo ayer el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, durante su exposición ante un centenar de empresarios que se dieron cita en la Feria Internacional de la Máquina Herramienta y Tecnologías para la Producción en Tecnópolis. "Este es el momento para que los empresarios digan lo que piensan y hablen de sus planes de empleo, presentes y a futuro, para no caer en falsas situaciones" dijo Cabrera, criticando el proyecto opositor para imponer una doble indemnización.
Por SANDRA RUSSO
El presidente interino de Brasil, Michel Temer, dio su primer discurso un rato después de que la presidenta electa Dilma Rousseff fue suspendida por el Congreso de ese país, en lo que muchos interpretaron como un golpe de gracia a la región, y otros como un procedimiento constitucional. Habría que repasar las Constituciones si es que habilitan lo que presenciamos. En términos políticos, unas pocas oraciones de Temer bastaron para comprender que lo que se propone su mandato de seis meses es exactamente lo mismo que se propone en la Argentina Macri después de haber alcanzado con la ayuda de los medios concentrados su punto y medio diferencial.
El principal anuncio identitario de lo que vino a inaugurar Temer – la apertura a "los privados" de servicios que hoy brinda el Estado, acusado de cargar con roles que no le corresponden – lo hace miembro del mismo club global, con raíces en bases muy lejanas a Brasil. La Argentina, que hace menos de medio año volvió al mundo hecho papilla pisada por financistas, está siendo mientras tanto succionada también por transnacionales sin ánimo de reparo al sufrimiento popular. Por cierto, Temer ya empezó a despedir a trabajadores estatales.
La derecha corporativa avanza, pero a cada paso que da se le va cayendo una máscara más. Lo que todavía es enigmático para muchos que intentan decodificar "de dónde salieron" estos presidentes, vicepresidentes, ministros y funcionarios tan blindados, blindados por los medios concentrados, que forman parte del team del nuevo poder, y blindados también frente a las vertiginosas olas de despojo masivo y nacional que provocan cada una de sus decisiones, empieza a tener una explicación que aunque esos medios no reflejen sí denuncian las calles, las paredes, las redes, las centrales obreras, los movimientos sociales, los estudiantes, los desocupados, los jubilados, los comerciantes, los pequeños empresarios. Todo esto junto es la sociedad civil, cuya opinión ya está separada en los hechos de lo que desde hace décadas se llama "opinión pública". Esos sectores de lo primero que fueron excluidos es de la "opinión pública".
Quizá ahora se entienda mejor, con las facturas que las calles brasileñas le pasan a O Globo, que en nuestra historia más reciente no hubo un gobierno popular que se encarnizó con un grupo mediático, como quiso el relato que generó ese grupo y sus socios con aspiraciones en la repartija, sino que hubo una democracia que intentó defenderse de la malformación que sobrevendría si, como sucedió, las corporaciones llegaban al poder.
Lo que tienen de extraño o de excesivo estos presidentes y ministros que despiden más de mil trabajadores por día, que generan condiciones para que los despidos se sigan multiplicando en el sector privado y que sistemáticamente niegan lo que hacen, proviene precisamente de su origen, que no es la política. Lo que presenciamos es el desembarco corporativo en el poder político. Es necesario tomar conciencia de eso, porque no hacerlo les provocaría doble ventaja: ya ganaron, pero el beneficio secundario sería que, disfrazados de políticos, sus actuaciones vergonzantes además siguieran contribuyendo al desprestigio de la política. En los ´90 lo lograron. La ciudadanía no lograba individualizar ni a un partido ni a un sector de dirigentes que hubiese resistido la embestida que llevó el desempleo a los dos dígitos y la inequidad a niveles desconocidos incluso en la región más desigual del mundo. Hace décadas que las corporaciones buscan erradicar la política, y ésa es una lectura más de lo que pasó en l976.
Lo que tienen de destemplados, de gélidos, de mentirosos estos presidentes y ministros no viene de la derecha política, sino de la derecha corporativa. La corporación, como artefacto de acumulación de dinero, como usina de búsqueda irrefrenable de ganancias, no necesita "hacer política" del modo que siempre lo hemos entendido. En eso se parece al estado de facto: están desentendidos y no se sienten en absoluto comprometidos con lo que todos entendemos por consensos, aunque hayan llegado al poder hablando de eso. No importa de lo que hablen. No tienen compromiso con el lenguaje. Se sienten habilitados a decir cualquier cosa, porque están protegidos por los formadores de la "opinión pública" y porque no han llegado adonde están inspirados en nada parecido al bien común o la responsabilidad de la representación. Llegan para hacer autopsias de países. Para exprimirlos, secarlos y dejárselos a los buitres. La gente que vive en esos países no es su problema. No la ven ni les importa.
Poco se ha hablado de la camiseta que las corporaciones obligan a ponerse a quienes dependen de ellas. Es una camiseta invisible, segmentada, como sus destinatarios del mercado, en llaveros, tazas, almanaques, festejos de cumpleaños, retiros en hoteles de lujo, premios en electrodomésticos, viajes cortos y autos de alta gama en consignación para sus ejecutivos intermedios, entre otros hitos que surcan las vidas de quienes encuentran en la corporación la cobertura de una especie de micro Estado. Cuando los macristas hablan de "trabajo de calidad" piensan en el trabajo corporativo. Después ofrecen 4.500 pesos por ocho horas seis días a semana.
Pertenecer a una gran corporación es cada día algo más parecido a una nacionalidad. Y hacia eso va, derecho, la Alianza del Pacífico, cuyo objetivo de fondo es el TPP y, al final del mismo camino, el gobierno global: no hay un "ir por todo" más radical y fundamentalista que el corporativo. Pertenecer, en ese mundo, no es un derecho sino un privilegio. Ese es otro concepto que el marketing corporativo viene recorriendo desde hace décadas. A medida que crecían y se comían unas a otras después de haberse comido a productores pequeños y medianos, a medida que se constituían en nuevos feudos que necesitan nuevas murallas — esta vez, mentales y perceptivas — las corporaciones fueron generando un relato sobre sí mismas que se volvió aspiracional. Ellas mismas son la expresión de la inclusión: dentro de la corporación, está la posibilidad de progreso, el lugar de pertenencia y la bandera convertida en marca.
El gobierno de las corporaciones pretende ser, por definición, trasnacional. Los negocios a gran escala, más grandes que nunca, más feroces que nunca, no pueden estar sujetos a legislaciones nacionales. Cabe recordar que la cláusula ISDC, del TTIP, el tratado de libre comercio que Estados Unidos quiere formar con la UE, establece que en futuros litigios entre una corporación y un Estado, intervendrán tribunales privados. Eso vulnera todas las Constituciones nacionales. Con naciones débiles o desmembradas, inmersas en crisis insostenibles, el botín está más cerca.
Este enorme dispositivo de poder, desconocido hasta ahora, llega de la mano de presidentes y ministros que hablan su propio idioma y se entienden entre ellos. Jamás hubiesen podido avanzar tanto si los medios de comunicación no hubieran emprendido hace años ya el camino de la concentración, y si no hubieran reemplazado al periodismo por algo que todavía no tiene nombre. Los medios concentrados son una parte crucial del team corporativo. No es que apoyen al gobierno de las corporaciones. Son parte de ese gobierno.
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