MACRI STAND UP
miércoles, 28 de febrero de 2018
'Diario CONTEXTO': “Optar por una vida y eliminar otra”: el falso debate de la Iglesia y Macri frente al aborto
miércoles 28 de febrero de 2018
"Optar por una vida y eliminar otra":
el falso debate de la Iglesia y Macri frente al aborto
Tras el pronunciamiento del Episcopado argentino donde pide educación sexual para fomentar embarazos "responsables" y exige que se "reconozca la dignidad de la vida humana desde el comienzo de su concepción", especialistas discuten sobre el rol de la Iglesia en el tema.
En pleno escenario de debate por la despenalización del aborto, la Iglesia emitió un comunicado donde ratificó su posicionamiento frente a la interrupción del embarazo y exigió que se "reconozca la dignidad de la vida humana desde el comienzo de su concepción", además de hacer una llamativa defensa de la educación sexual para fomentar embarazos "responsables". En ningún momento se hace referencia al tema como un asunto de salud pública y se plantea el debate bajo la polarización "¿hay que optar por una vida y eliminar a otra?".
En sintonía, el propio Mauricio Macri se pronunció en una reunión de legisladores oficialistas donde reconoció la necesidad de abrir el debate al plano parlamentario, pero sin dejar de ratificar su posicionamiento "a favor a de la vida", con el claro tono de ambigüedad para deslizar su rechazo a la despenalización.
"Hay que aclarar, antes que nada, que esto no es un triunfo del Gobierno ni mucho menos. Es un avance del Movimiento de Mujeres y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto que ya lleva más de una década", se refirió en torno a las declaraciones del Presidente la referente platense de la Campaña, María Julia Constant. En diálogo con Contexto, Constant expresó que "posiciones como la de la Iglesia y el oficialismo ya no pueden esquivar la vista de una realidad que se reflejó en el 'pañuelazo'".
La referente no descartó que, desde el discurso del Gobierno, exista una estrategia discursiva "políticamente correcta para tapar otro tipo de políticas impopulares", aunque "de todas maneras, no hay que dejar de lado la fuerza que tiene el Movimiento de Mujeres y que se verá reflejado, sin dudas, en la jornada del 8 de marzo".
Por su parte, de manera textual en su comunicado, las "soluciones" que la Conferencia Episcopal de Argentina sugiere para abordar la interrupción del embarazo son, en primer lugar, que "se establezca como prioritaria la educación sexual integral de la ciudadanía, en la que se fomente y capacite para la decisión libre y responsable de concebir una vida humana" porque "todos tenemos necesidad y derecho de ser recibidos como hijos".
En segundo lugar, pide que "se reconozcan la dignidad de la vida humana desde el comienzo de su concepción pasando por todas las etapas de su desarrollo, la dignidad e igualdad de la mujer y el varón" y que "se implementen acciones tendientes a encarar las causas de la violencia hacia la mujer generando nuevas pautas de conductas basadas en el respeto al otro". Por último, aspira a que se "acompañen, desde lo social, las situaciones de conflicto y atiendan las heridas que quedan por sanar en quienes están atravesando por estas situaciones".
Como suele suceder cuando aparece la discusión sobre el aborto, los límites entre política de Estado y moral religiosa vuelven a desdibujarse, esta vez bajo un discurso que reconoce la necesidad de fomentar la educación sexual integral – derecho que la propia Iglesia supo obstaculizar – pero para justificar las "decisiones responsables" que la religión exige frente a la vida sexual. Por otro lado, reaparece la idea de "vida humana desde el momento de la concepción".
"Es un argumento tramposo, de doble moral. Primero hay que dar el debate biológico, filosófico, científico y político respecto de la idea misma de vida humana. Desde el sistema jurídico, por ejemplo, el concepto de concepción no es igual al de vida humana. El problema es cuando las ideas religiosas intentan imponerse al resto de la sociedad", dijo a Contexto la psicóloga y también referente de la Campaña Nacional, Malena Lenta, quien señaló la permanente "culpabilización que las instituciones religiosas, en general, suelen arrojar sobre las mujeres que abortan".
Cabe remarcar, tal como informó el portal LATFEM esta semana, que la Convención Sobre Derechos del Niño en su artículo 6.1 reconoce que todo niño tiene el "derecho intrínseco a la vida", pero no reconoce el derecho a la vida antes del nacimiento ni tampoco se refiere al momento en el cual comienza la protección de la vida. Según sostiene la nota, esto es así porque en el proceso de elaboración de la Convención no hubo consenso para introducir cuestiones como "desde la concepción".
Hasta el día de hoy, el Comité de los Derechos del Niño no aplicó el artículo 6 de la Convención para proteger embriones e incluso recomendó a la Argentina avanzar hacia la despenalización del aborto. Pidió al país que adopte "medidas urgentes para reducir la mortalidad materna relacionadas con el aborto" y que "enmiende el artículo 86 del Código Penal en el ámbito nacional para prevenir las disparidades en la legislación provincial vigente y en la nueva en lo que respecta al aborto legal".
A su vez, la omisión de la salud pública como elemento fundamental en la discusión por parte del Episcopado, destaca el carácter moral del comunicado. La médica y militante de la Red Contra el Aborto Inseguro en Argentina, Julia Gatica, sostuvo que "la religión tiene derecho a bajar la línea doctrinaria que considere, pueden opinar para sus fieles, pero no para todo el conjunto de personas a quienes compete esta discusión. No hay que mezclar las cosas". Gatica agregó: "Esto busca asegurar derechos para evitar más muertes inútiles".
El debate sobre el aborto está en pleno marco de lucha por llegar al Congreso, y su presión en la agenda pública ha logrado que múltiples actores deban posicionarse de manera ineludible frente a la tema. En este aspecto, la Iglesia decidió invitar al "diálogo democrático" para "escuchar las distintas voces". Gatica destacó como "una señal positiva que estos temas se puedan debatir al aire, decirlos, comentarlos y no tener que quedar como si fuéramos un 'grupete de feminazis que queremos salir a matar'".
EL PERFECTO ASESINO: Que no descanse en paz
miércoles 28 de febrero de 2018
Que no descanse en paz
Estaba internado desde el 7 de febrero por un cáncer en las vías biliares. Tenía 90 años. Durante la dictadura tuvo a su cargo diez provincias. Consideraba "blando" a Videla. Nunca se arrepintió de sus crímenes.
Para Luciano Benjamín Menéndez, las miles de personas secuestradas, torturadas, violadas, asesinadas y desaparecidas no constituían delito alguno.
Imagen: Télam
Por Marta Platía
Desde Córdoba
Luciano Benjamín Menéndez, el genocida vivo de mayor rango militar, murió ayer poco antes del mediodía en una cama del Hospital Militar de Córdoba. Conocido como "el Cachorro, "el Chacal" o "la Hiena", el ex general y ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura cívico-militar se llevó consigo el insólito récord mundial de condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad: tenía 14, más otras dos a una veintena de años.
"Yo no tengo antecedentes penales. Los únicos que tengo son los que ustedes me pusieron en estos juicios, que son artificiales. Yo nunca he cruzado ni un semáforo en rojo", dijo, con el hilo de voz que le quedaba, de pie ante el Tribunal Oral Federal 1, el pasado el 22 de noviembre. Esos eran sus parámetros. Las miles de personas secuestradas, torturadas, violadas, asesinadas y desaparecidas en las diez provincias que tuvo bajo su arbitrio y pulsión de muerte no constituían para él delito alguno. Nunca se arrepintió. Nunca dio ninguna pista sobre dónde están los cuerpos que ordenó desaparecer. Ni de los bebés robados a sus madres recién paridas. Nunca. Ni aun cuando desde 2008, en su primer juicio y condena a prisión perpetua y cárcel común, debió acostumbrarse a ver hasta en la sopa el rostro de la Abuela de Plaza de Mayo Sonia Torres, en su reclamo constante por el nieto que le arrebataron. O tuvo que escuchar la voz cantarina y plural de "la Emi" D´Ambra, quien esperó el final del Megajuicio La Perla Campo de la Ribera para morirse, y hasta el último día de sus 87 años le exigió que dijera dónde enterró a los más de 2.500 desaparecidos que masacraron en esos campos de concentración y exterminio.
No. Hasta ese último día de noviembre de 2017 en que se paró frente al Tribunal y los huesos de su espalda mostraron el ya afilado mapa de su esqueleto bajo el saco, no se arrepintió. Tampoco negó sus muertos. Los ninguneó.
El "duro"
Nacido en Lobos, provincia de Buenos Aires, el 19 de junio de 1919, el hombre que murió ayer perteneció a una familia castrense cuyos principales ancestros – cada quien en su tiempo histórico – fueron entusiastas genocidas junto a Julio Argentino Roca en la llamada Campaña del Desierto; o participaron del bombardeo y masacre de ciudadanos de a pie en la Plaza de Mayo en 1955 para derrocar al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón.
Llegado su turno, Luciano Benjamín Menéndez fue el brazo más duro de la dictadura presidida por Jorge Rafael Videla. Tanto fue así que en 1979 terminó preso en un cuartel en Entre Ríos cuando intentó derrocar sin éxito a su propio jefe al que consideraba "blando". Y fue vox pópuli entre sus subordinados y cómplices que el propio Videla le temía. Una versión que terminó comprobándose durante el Megajuicio que duró casi cuatro años. Allí se supo que cuando las hordas de Menéndez secuestraron a Carlos Escobar, el hijo de un militar amigo de Videla desde los 13 años, ante los desesperados ruegos del padre ante su compañero de liceo, el dictador sólo atinó a disculparse: "si está en el área de Menéndez no puedo hacer nada".
Ese es el Menéndez que el arriero José Julián Solanille vio desde la "Loma del Torito" en los campos de La Perla presidiendo el fusilamiento masivo de decenas de jóvenes maniatados. Y también el Menéndez que en abril de 2013 contempló – doblado sobre sí mismo, las mandíbulas tensas – cómo ese hombre de campo, ese "nadie" que solía herrarle los caballos en los tiempos en que su sólo nombre era sinónimo de poder absoluto; ofreció el testimonio judicial más contundente sobre sus crímenes.
"Estaba con otro compañero en la Loma del Torito." – contó Solanille – "Habíamos visto la fosa cavada. Unos cuatro metros por cuatro. Tenían a toda la gente en dos filas. No sé, eran muchas personas. Como cien. Algunos vestidos, otros totalmente desnudos. Estaba Menéndez. El había llegado en un (Ford) Falcon blanco. Yo lo había visto. Sabía que se venía algo grande. Y ahí estaba, con su fusil. No lo vi disparar. Pero él dio la orden. La gente estaba encapuchada o vendada o tenían unos anteojos… Los que no tenían nada, los que podían ver, gritaban. Unos hasta corrieron. Pero los mataron por la espalda. Ahí nos rajamos con mi amigo. Estábamos cagados de miedo. Nos habíamos arrastrado hasta arriba de la loma, pero bajamos corriendo. Después se ve que los quemaron. Tiraron explosivos. El humo con ese olor espantoso se vino para mi casa. Era insoportable".
Era el Menéndez que con sólo una palabra, o sólo un gesto podía dar vida o muerte. El que aterrorizada vio a los pies de su cama del Hospital Militar – el mismo en el que ayer murió el genocida – la sobreviviente Teresita Piazza de Córdoba mientras la mantuvieron secuestrada. Durante el juicio, la mujer contó cómo la apalearon y le trompearon el vientre aún sabiéndola embarazada. Y cómo, cuando casi muere, la esposaron a una cama de hospital. "Me desperté y ahí estaba cuando abrí los ojos y lo ví. Era Menéndez. Me dijo que me porte bien y que si no lo hacía me llevarían de nuevo adonde estaba. Yo sólo lo miré. Me quedé en silencio".
Ese era el Menéndez que paseaba el taconeo de sus botas lustradas por los mosaicos terracota de La Perla mientras los que iban a morir temblaban debajo de las vendas de sus ojos, con el hedor del miedo envolviéndolo todo. El Menéndez que ordenó el secuestro, tortura y decapitación del ex ministro del Interior del presidente Arturo Frondizi, Miguel Hugo Vaca Narvaja, de 59 años y padre de 12 hijos. El mismo que ordenó y permitió la exhibición de esa cabeza que fue mantenida en formol hasta que la arrojaron a las vías de un tren.
El Menéndez que mantuvo prisionero en las mazmorras de su propia estancia, dentro de los campos de La Perla, al abogado laboralista Salomón Gerchunoff, de quien el sobreviviente Piero di Monte contó que le ordenaron llevarle una sopa. "Estaba en muy mal estado. Le ayudé a tomarla. Le acaricié la cabeza y le dije que no lo matarían. Pero él no podía creerlo". Menéndez usaba ese edificio con pretensiones de castillo medieval durante los fines de semana. Recién en 2014 se supo que está a pocos kilómetros (una hora de caminata) de los hornos de cal donde el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) encontró, el 21 de octubre de ese año, los restos óseos – cuasi molidos – de cuatro jóvenes militantes de la Juventud Peronista Universitaria: Lila Gómez Granja, Aldredo Sinópoli Gritti; Ricardo Enrique Saibene Parra y Luis Agustín Santillán Zevi. Hornos en los que un puñado de chicos había encontrado una mano mientras jugaban en 1977, y que fue motivo de que sus familias fuesen desalojadas de esos campos. Uno de esos pibes, Andrés Quiroga, casi cuarenta años después fue quien se animó a dar testimonio. Quien se acercó al Espacio Memoria La Perla, y dio la pista a los antropólogos.
El Menéndez poderoso de los fusilamientos y estaqueamientos a los 31 presos políticos de la UP1, en el invierno de 1976. El que se creyó impune. El que ordenó "que todos hagan todo", para que nadie tuviese las manos limpias de sangre y el pacto de silencio sellara los crímenes que diezmaron una generación y dañaron para siempre a otras tantas.
Ya en democracia, y muy lejos de correrse de la escena, apareció el Menéndez de los actos públicos. Con Eduardo Angeloz coincidieron en las veladas de la peña El Ombú, adonde acudían muchos de los cómplices civiles y eclesiásticos de la represión; mientras que con el ex gobernador Ramón Mestre, el cardenal Raúl Francisco Primatesta y el actual funcionario macrista Oscar Aguad compartían palcos.
De hienas y dinosaurios
La lucha de casi cuarenta años de los organismos de derechos humanos, más la decisión política del gobierno de Néstor Kirchner que anuló las leyes de impunidad, lo llevó para siempre a los juicios, y lo convirtió en el militar más veces condenado.
En su pose pétrea, los párpados hinchados y semientornados que recordaban a los reptiles prehistóricos de la isla Galápagos, Menéndez pasó por los diez juicios que se le hicieron en Córdoba desde que el 24 de julio de 2008 recibió su primera condena a prisión perpetua en cárcel común.
En 2010, se lo vio dormir hombro a hombro con Videla durante el juicio por los fusilados en la cárcel UP1, y también defender todas las veces que pidió hablar, lo que él consideraba "una guerra mundial".
Nada parecía sacarlo de su su eje. Su compostura lo distinguía de los demás reos. A veces, apenas parecía respirar. Su método de resistencia era la economía de movimientos. Un duermevela imperturbable. Sólo dos temas le quitaban la compostura: cuando lo llamaban ladrón, como ocurrió con el caso de la empresa Mackentor, el "papel prensa" cordobés; y cuando declaraba algún miembro de la familia Vaca Narvaja. En la audiencia en que Ana María, una de las hijas mayores del ex ministro decapitado mencionó que además de Cachorro "lo llamaban la Hiena" y leyó documentación de la Conadep sobre lo que había afirmado; Menéndez terminó descompuesto de la bronca, despeinado y golpeándose las rodillas con los muebles de la sala para llegar al estrado de su defensora oficial.
Hasta estos días, y según datos de la Procuradoría de Crímenes contra la Humanidad, Menéndez había sido condenado 16 veces: 14 de ellas a prisión perpetua. Estaba procesado en otras 49 causas, y en 13 de ellas esperaba juicio oral. También estaba bajo investigación en otros 25 expedientes.
Quién sabe si a los pies de su cama de hospital – como él hizo con Teresita – pudo ver los rostros o sentir la presencia de los muertos que mató. De lo que sí se tiene certeza es que Menéndez fue el brazo armado de una de las etapas más atroces de nuestra Historia. Una que tuvo y tiene cómplices civiles y eclesiásticos. Y que con él, ayer, la muerte se llevó a uno de sus mejores esbirros.
martes, 27 de febrero de 2018
'El Cohete a la Luna': Agrandar la grieta a tiros
El Cohete a la Luna
martes 27 de febrero de 2018
Agrandar la grieta a tiros
Intelectuales anti K señalan retrocesos democráticos y la ausencia de una política de derechos humanos.
* Liderado por Beatriz Sarlo, Maristella Svampa y Roberto Gargarella, junto a Ruben Lo Vuolo, Silvina Ramirez, Horacio Tarcus, Patricia Zangaro, Enrique Viale, Alicia Lissidini, Pablo Alabarces y Patricia Pintos entre otros, el grupo dio a conocer un comunicado en el que comienza a expresar sus diferencias con el gobierno de Cambiemos. Titulado "Hacia una caracterización del gobierno de Cambiemos: la ampliación del horizonte punitivo y los derechos humanos", el documento fue difundido a través de la página del Seminario de Teoría Constitucional y Filosofía Política que coordina Gargarella.
A más de dos años de gestión, es necesario hablar del gobierno de Cambiemos sin utilizar como atenuante la insistente coartada acerca de la "herencia recibida". Importa analizar el actual gobierno en términos políticos, económicos, sociales y culturales, en sí mismo; esto es, como un proyecto autocontenido, visible en las políticas que se han venido aplicando en los diversos órdenes, a lo largo de estos dos primeros años.
Eso no significa que haya que dejar de lado el pasado o analizar la situación actual del país ignorando la historia anterior. Al contrario, podríamos señalar las continuidades y rupturas que representa el gobierno de Cambiemos respecto de otras gestiones gubernamentales, post-1983; también podríamos hacer hincapié sobre las responsabilidades del gobierno anterior en el actual estado de cosas (social, político, económico) o su tolerancia para con la corrupción; asimismo, podríamos marcar los problemas económicos y sociales traspasados por el gobierno anterior así como la ausencia de autocrítica de parte de diferentes sectores — políticos, económicos e intelectuales — respecto de las políticas previas a 2015. También podríamos ocuparnos de ciertas mejoras que se observan en algunas áreas de gobierno con respecto a gobiernos anteriores, como así también del accionar de muchos grupos de la oposición cuya crítica sólo busca limpiar las responsabilidades propias en el pasado y culpar a la actual gestión de todos los problemas del país.
Sin embargo, y no sólo por un problema de extensión, en este primer documento de análisis crítico de la gestión de Cambiemos, nos interesa ocuparnos de una cuestión que ya es un signo inequívoco de este gobierno y que merece una reacción urgente: su retórica y su política en materia de derechos humanos y de seguridad ciudadana. Para ello, lo primero es señalar que las referencias al pasado ya no son suficientes para explicar lo que está sucediendo; incluso, se vuelven cada vez menos necesarias para caracterizar al actual gobierno argentino. Más aún, el uso y abuso que la gestión actual ha venido haciendo de la "herencia recibida" en muchos casos no buscó siquiera superar problemas heredados sino más bien tendió a profundizarlos, tal como lo ilustra la continuidad de la dinámica polarizadora de la sociedad o la profundización de la violencia política estatal y del carácter represivo del accionar de las fuerzas de seguridad.
Nuestro propósito en este documento es hacer eje en las transformaciones que promueve el presente gobierno, con la convicción de que se trata de un proyecto político-ideológico que pretende volverse hegemónico y consolidar un nuevo orden político, económico y social en el país. Este texto no busca agotar esta complejidad sino que representa nuestro primer análisis y nuestra primera declaración en la materia, centrada en la temática de los derechos humanos, vinculada a la protesta social, la problemática indígena y la seguridad ciudadana, por entender que la misma representa una ruptura con los mejores valores que buscó construir la recuperación democrática en el país.
En términos de violencia política estatal, el gobierno de Cambiemos ha cruzado un umbral. El doble discurso, las tensiones y contradicciones propias del kirchnerismo son parte del pasado. En el gobierno anterior había un discurso de derechos humanos, que coexistía con una política de criminalización y represión, mientras que bajo la gestión de Cambiemos no hay invocación alguna a los derechos humanos como guía de las políticas públicas. Por el contrario, contra la doctrina de los derechos humanos, individuales y colectivos, el gobierno de Cambiemos plantea una política de criminalización que se aplica de manera cada vez más sistemática y generalizada sobre el conjunto de los diferentes actores sociales y políticos movilizados, en un contexto de visible aumento de la protesta social.
Así, la violencia institucional se agravó y en los últimos meses se abrió a una nueva época; primero, con el hallazgo sin vida del cuerpo de Santiago Maldonado en el río Chubut, luego de estar desaparecido durante 78 días, donde todavía se desconocen las causas de su muerte por ahogamiento, sucedida en un contexto de represión de fuerzas de Gendarmería, de la cual el gobierno ha buscado de modo sistemático des-responsabilizarse; luego con el asesinato por la espalda del joven mapuche Rafael Nahuel, en Río Negro, por parte de las fuerzas de Prefectura, una acción criminal justificada públicamente por altos funcionarios de gobierno. En un contexto de clara disputa por la tierra con grandes actores económicos, el gobierno convirtió a la población mapuche en una suerte de "enemigo interno" buscando así disciplinar cualquier disputa sobre la apropiación de los recursos naturales en el país.
La agresiva campaña política y mediática que apunta a asociar al pueblo mapuche con la violencia política, supuestamente articulada por el grupo radicalizado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), de cuya existencia y accionar no se ofrecen pruebas convincentes, se ha vuelto un injustificado ensayo de agresión del poder político y económico contra los grupos más vulnerables de la población. Esta campaña de demonización de grupos vulnerables que protestan contra las políticas oficiales está ligada a la apuesta explícita que el gobierno de Cambiemos hizo por la profundización del modelo extractivo, basado en la explotación de combustibles no convencionales, la megaminería a cielo abierto, la multiplicación de represas hidroeléctricas, de centrales nucleares y la expansión de cultivos transgénicos, a lo cual hay que añadir los emprendimientos inmobiliarios, muchos de ellos en manos de propietarios extranjeros.
Estamos ante una gestión gubernamental que sólo reconoce los derechos del capital en los territorios nacionales, para lo cual ha resuelto profundizar el modelo extractivista adoptando modalidades represivas estatales más graves, que revelan no sólo la responsabilidad del gobierno nacional sino su connivencia con ciertos discursos y representaciones sociales de los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad argentina.
Causa alarma la insistencia del gobierno, muy propia de las últimas décadas, de tratar las cuestiones de derechos a la luz de lo que expresen coyunturales encuestas de opinión pública. Montado en la ligereza y la irresponsabilidad, propias de las políticas de seguridad de las últimas décadas, el gobierno habla hoy de una "nueva doctrina" en la materia, con lo cual busca justificar crecientes acciones de represión estatal. No se trata de un "plan sistemático" (entre otras razones, por la improvisación con que se maneja en el tema y los "frenos políticos" que mantiene), pero tampoco de meras afirmaciones desafortunadas y hechos aislados. El gobierno, bajo el impulso fundamental, pero no exclusivo, del propio Presidente y su Ministra de Seguridad, busca sostenidamente justificar el "endurecimiento" de la acción represiva del Estado en un vasto campo que se extiende desde el accionar policial hasta la política de derechos humanos y su relación con el Sistema Internacional de Derechos Humanos. En lo que sigue nos ocupamos de señalar algunas de las piezas del sistema que viene articulando.
En relación con el accionar policial, desde los lugares más prominentes del gobierno se alienta la idea según la cual la muerte del delincuente es una opción más, disponible sin mayores resguardos, para los agentes de seguridad. El hecho de que el Presidente felicitara en público a un agente policial procesado por haberse excedido en el ejercicio de sus funciones, y responsable de haber matado a un presunto delincuente (e insistiera con ello aún luego de la confirmación del procesamiento por la Cámara Nacional Criminal y Correccional), es de una gravedad difícil de exagerar: ningún gobierno puede celebrar nunca la muerte de nadie, ni merece poner nunca a quien ha matado, como un ejemplo.
Otro elemento de la nueva doctrina en la materia se observa a nivel probatorio, cuando la Ministra de Seguridad se pronuncia en el sentido de "cambiar la presunción de inocencia a favor de las fuerzas de seguridad". Esta afirmación no sólo choca contra la Constitución, sino también contra la idea, propia del sentido común, que nos dice que el poder extraordinario que adjudicamos a quienes llevan armas de fuego, exige de cuidados y controles también extraordinarios sobre el modo en que ellos pueden hacer uso de ese poder.
El gobierno y sus defensores también proponen dar un giro en el área procesal, que se advierte cuando quieren presentar como extremas, o propias del fanatismo doctrinario, a las posiciones llamadas "garantistas" – esto es, a la defensa de garantías procesales que son asumidas aún por el más modesto derecho penal liberal - en cualquier país civilizado. Lo cierto es que, si reconocemos derechos, también a los victimarios, ello no es por su condición de criminales, sino porque todos los seres humanos deben ser tratados como tales, si se pretende respetar los derechos humanos universales.
En el ámbito penal, y desde las más altas esferas del gobierno, también se advierte la promoción de pautas conservadoras en cuestiones tan básicas como la prisión preventiva, la libertad condicional, o aún la pena de muerte – que nuestro derecho decide en línea con las exigencias del Pacto de San José de Costa Rica -. Todas estas cuestiones siguen siendo elementales para el funcionamiento del Estado de derecho que el gobierno dice querer respetar; como ejemplo, vale señalar que el Pacto establece de modo explícito que "no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido". La nueva doctrina que busca difundir el gobierno en materia penal, aparece en clara tensión con los principales rasgos que definen nuestro derecho desde mucho antes que la Constitución de 1853.
El discurso constitucional del gobierno también aparece degradado en relación con los principios económicos y sociales básicos que dice sostener. En este sentido, sus objetivos en ciertas áreas económicas aparecen inequívocamente por encima de las exigencias que el gobierno debe cumplir en materia de derechos fundamentales. Los derechos económicos y sociales establecidos en la Constitución desde hace más de medio siglo no son tratados hoy como derechos inviolables e incondicionales sino como residuos de un programa que prioriza y garantiza beneficios y rentas al capital más concentrado. El argumento oficial que justifica estas prioridades en el falso apotegma que pretende que así se retomará el crecimiento económico, la generación de empleo y una mejor distribución, es teórica e históricamente insostenible. En la práctica, se traduce por la erosión de las garantías para el acceso a condiciones laborales y beneficios sociales básicos, y continúa políticas asistenciales residuales que no responden a las exigencias de bienestar social de la población en las actuales condiciones de funcionamiento del sistema económico.
Todo lo anterior aparece como un resultado lógico de la señalada postura del gobierno en materia de derechos humanos. En breve, bajo la gestión de Cambiemos, no hay invocaciones fundadas en los derechos humanos. No sólo el Presidente se ha referido a los mismos, más de una vez, en tono despectivo sino que además muchos de sus funcionarios y adláteres parecen negar la existencia de pactos internacionales, de toda una normativa legal y constitucional en defensa de estos derechos, a los cuales parecen considerar como "facciosos" (propios de una determinada facción política) y aún "nocivos" para el accionar público.
En suma, en materia de derechos humanos, como también de la protesta social, del reclamo de los pueblos originarios, de la seguridad ciudadana y del efectivo ejercicio de los derechos económicos y sociales, el gobierno de Cambiemos busca imponer un conjunto de políticas y de representaciones sociales que son contrarias a la doctrina nacional e internacional. Estas prácticas expresan un grave retroceso tanto en cuestiones de libertades individuales como en términos de autogobierno colectivo que es necesario rechazar y enmendar de forma urgente.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)