CLAVES DE LECTURA
El aumento de las retenciones a las exportaciones y la aprobación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva marcaron la agenda económica de las primeras semanas del nuevo gobierno.
La estrategia del oficialismo es clara: cubrir con nuevos impuestos el 1,5% de déficit primario inercial heredado de la administración de Cambiemos para 2020, en la medida de lo posible utilizando impuestos progresivos o que mejoren el frente externo. Esta es la primera señal clara de voluntad de sostenibilidad fiscal enviada por el gobierno entrante, bajo la premisa de que la situación social no permite ajustar aún más el torniquete del gasto.
Por otro lado, bajo la lógica de las flamantes autoridades, una política severa de ajuste fiscal no es garantía de mayor sustentabilidad de la deuda si esto desencadena un recrudecimiento de la recesión y la caída de la recaudación. Por este motivo, recuperar el crecimiento no es solo un eslogan de campaña sino parte fundamental del programa de consistencia macro.
Sin embargo, para que la economía vuelva a crecer en la primera mitad del mandato del nuevo gobierno se deben evitar nuevas rondas de devaluaciones abruptas. Para esto, es indispensable que se verifiquen dos condiciones: que se consiga una renegociación exitosa de la deuda pública y que, posteriormente, se logre evitar una apreciación significativa de la moneda doméstica. Hay dos políticas que serán centrales para la dinámica del tipo de cambio real: el manejo cambiario y la política de ingresos.
Respecto de la primera, deberá implementarse una arquitectura cambiaria adecuada a la coyuntura doméstica que administre el delicado equilibrio entre el abastecimiento de divisas y la brecha de tipo de cambio. Pero además, el Banco Central deberá garantizar la consistencia entre la administración de reservas, el financiamiento al fisco y su política de tasa de interés.
Por su parte, una de las principales espadas de la política de precios será el Acuerdo Económico y Social, que seguramente estará mediado no solo por la evolución del tipo de cambio, sino también por los acuerdos de precios y salarios sobre los cuáles se vaya a avanzar. En este sentido, la suspensión de la movilidad jubilatoria, en tanto brazo de la política de ingresos, intentará jugar un rol clave en la lucha contra la elevada inercia inflacionaria, también heredada de la anterior administración.
Más allá de algunas definiciones generales, hay una gran ausente en el paquete aprobado en el Congreso, que es la política energética de más largo plazo. Este es un eje que atravesará todos los aspectos relevantes de la gestión macro (sostenibilidad fiscal, inflación, sector externo y política productiva). Habrá que esperar un poco más para obtener definiciones en este frente. |
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