lunes 04 de septiembre de 2017
Gendarmería reprimió con orden política
La construcción del enemigo público. La orden del Gobierno de reprimir. La red de medios oficialistas. La pregunta por Santiago que vuelve. El miedo de los testigos a declarar. El imprescindible rol de denuncia de los organismos de DDHH. Una justicia local cómplice. Los otros desaparecidos en democracia. Un cóctel nacional.
Por JUAN MANUEL MANNARINO
Maldonado. Santiago Maldonado. Un nombre y un apellido que suenan comunes: quién no conoce un Santiago, quien no escuchó alguna vez a un Maldonado por estas tierras. Pero, ahora, la combinación se convirtió en una marca de dolor que nadie, jamás, olvidará. La conciencia de que, haya pasado lo que haya pasado con él, aparezca o no entre nosotros, habrá un antes y un después del 1 de agosto de 2017 en la joven historia de la democracia argentina.
Joven. Un joven desaparecido. La única hipótesis firme sobre la desaparición de Santiago Maldonado apunta a la responsabilidad de Gendarmería. El hecho de partida, el que funda cualquier debate, es ése: un joven de 28 años que desapareció cuando había ido al territorio de Pu Lof, cerca de la localidad chubutense de Cushamen. No había viajado como turista: fue en defensa de una causa, la del pueblo mapuche, la de protestar por la liberación de uno de sus líderes, Facundo Jones Huala.
Y aquí radica el centro de la discusión que se torna impostergable extender a cualquier rincón de la sociedad. Porque se podrán cuestionar los métodos, se podrán debatir años de historia. Podríamos partir del genocidio a los pueblos originarios para crear un Estado Nacional, enquistado en la Conquista del Desierto comandada por Julio Argentino Roca y llegar a la extranjerización de la tierra, en manos de latifundistas como los Benetton. Discutamos. Pero el hecho insoslayable: un joven que desapareció en un contexto de protesta social donde la Gendarmería reprimió. Y si la Gendarmería reprime, es, a veces, con orden judicial – cuando no con abuso, liso y llano - pero, fundamentalmente, con orden política. Por eso el Estado es responsable. No por capricho, no por reclamo ideológico.
Porque en Argentina hay una Constitución, hay derechos y garantías, y hay acontecimientos. El acontecimiento: Maldonado, sujeto de derecho en un país democrático, fue a ejercer su potestad de ciudadano que reclama. De pronto, la represión. De pronto - en ese momento y en ese lugar, desapareció –corroborado por numerosos testigos, y aquí cabe pensar, también, en la complejidad de los testimonios, que quizás por ahora no puedan aportar a cara descubierta y sientan miedo por futuras represalias. De todas maneras, luego del levantamiento de secreto de sumario (previsto para las próximas horas), fuentes cercanas a la familia aseguran que los testigos que vieron a Maldonado en la zona, y luego a Gendarmería deteniéndolo y llevándoselo en una camioneta - y que ya declararon ante la Procuvin, y no ante la justicia local que ordenó reprimirlos, por miedo a volver a quedar identificados - se incorporarían formalmente a la causa, con medidas de protección previamente acordadas.
Las instituciones del Estado, mayormente etnocéntricas, clasistas, blancas y occidentales, deben comprender esas diferencias culturales. Porque el devenir de la causa judicial no es algo menor: las pruebas son necesarias para fundamentar el hecho, más teniendo en cuenta que hubo un juez que demoró una semana en intervenir, y con una comunidad que lucha por sus tierras y siente desconfianza en la justicia local, aterrada por sicarios de terranientes y las botas de los gendarmes.
Nadie podrá objetar como ilegítimo el pedido de renuncia de Patricia Bullrich por parte de la familia de Maldonado. El maltrato de la ministra hacia las víctimas, su defensa acérrima de la Gendarmería, su decisión de exponer públicamente a un testigo protegido, son algunos de los bochornos de la funcionaria, elementos suficientes para la sospecha de un encubrimiento estatal. Con el paso de los días, y contrariamente a lo que esperaban desde el gobierno y desde la campaña mediática de criminalizar la causa mapuche - sin una necesaria historización ni contexto ni diferenciación, y el interrogatorio de Jorge Lanata a Facundo Jones Huala fue una simple muestra de la infamia prepotente del malalechismo mediático - la pregunta fue derribando cualquier muro de contención.
Porque la pregunta, incómoda, parece pesar cada vez en las clases dominantes: ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está?
No, Macri no es la dictadura ni aquí hay un plan sistemático de exterminio: hay un gobierno que otorga licencia y decisión política para que las fuerzas de seguridad, sin controles institucionales, puedan detener, reprimir, requisar, vigilar y controlar el espacio público. No, Maldonado no es Julio López, no es Luciano Arruga, no es Daniel Solano ni cualquier desaparecido en democracia. No es posible equiparar: los casos son diferentes, cada uno tiene su singularidad. Por poner un ejemplo: A López se lo llevaron - ¿un grupo de tareas? - después de declarar contra los genocidas. A Maldonado, por protestar. A Julio López, más allá de la lenta investigación policial y judicial, lo buscaba todo el arco político, oficialista y opositor. A Santiago Maldonado lo descalifican políticamente. Los que se preguntan por Santiago, se preguntaron siempre por Julio. Los que no se preguntan por Santiago, nunca se preguntaron por Julio. Lo hacen, muchas veces, con provocaciones tontas por redes sociales, sin nunca poner el cuerpo en la calle.
Aún así, el caso Maldonado – que no es un caso policial, sino un caso político - instala pensar en los desaparecidos de la democracia, en la lucha por la tierra, en las leyes que permiten la concentración de poder, en pensar que en la Patagonia "algo está pasando" entre las fuerzas represivas y los mapuches y otros pueblos originarios. Urge pensar, urgen los debates, contrastar hipótesis como la existencia de una guerrilla –"RAM"- que amenaza a la ilustrada Nación con periodismo riguroso, memoria histórica y conversación cotidiana, lugar por lugar, espacio por espacio, sin subestimar a nadie. Este ejemplo, muy ilustrativo, del columnista Fernando Laborda, en su editorial del domingo del diario La Nación : "¿Qué puede pensar un potencial inversor extranjero cuando es informado de que grupos armados de supuestos mapuches han protagonizado en los últimos cuatro años más de 70 episodios violentos que incluyen ataques contra la propiedad privada? ¿Qué podría transmitirles, por ejemplo, Carlo Benetton, cuyas tierras patagónicas son blanco de esas bandas delictivas?".
Día a día, la presión internacional es inconmensurable, aunque también lo fue con el escándalo de Macri y Panamá Papers, y hasta con la detención y encarcelamiento de Milagro Sala. El ciberactivismo demostró ser una herramienta política de arrollador impacto, y la polémica llegó a las escuelas – donde ya hay noticias de docentes sancionados por intentar "adoctrinar" a los alumnos -. Los grados de complicidad en padres "indignados" porque a sus hijos no les enseñan los contenidos curriculares y les coartan la "libertad de pensamiento" al hablarles de la desaparición Maldonado, recuerdan a años oscuros, donde detrás de la aparente inocencia y opinión "apolítica" de una familia se escondía una propaganda estatal defensora del "sentido común" para defender los "valores" de la sociedad ante la amenaza "subversiva". La historia se repite, la primera vez como tragedia, y la segunda como farsa.
Es difícil mantener la calma y pensar en estrategias lúcidas en medio del desconcierto. Pero hay que intentarlo. Hay que salir a diferenciar que Maldonado no es López, hay que pensar que cualquier provocación – sea la de no contener la bronca y destruir un negocio, sea la de tirar una bomba molotov a Gendamería - es lo que los poderosos están buscando para deslegitimar una lucha popular, un sentido de justicia fundado en lo político – y no político en lo partidiario, político en la manifestación de una voluntad humana-. El golpe más duro que el poder teme es el de la sociedad movilizada en las calles: que el tema se instale, que se hable, que se pregunte, que no se calle, que se interpele, que haya fastidio por las respuestas de Bullrich. Hay que tomarse unos minutos para ceder el impulso de la rabia y no eliminar contactos de Facebook ni dejar de juntarse con los que no piensan como nosotros: con ellos debemos entender la dimensión dramática de un pibe que desapareció por protestar. Debemos tomarnos unos minutos ante la indiferencia o la confusión ajena, y demostrar sensatez, emoción, sensibilidad, claridad y pensamiento. Ahora bien, ¿hace falta en este contexto un cuadernillo de un sindicato que es, para los medios hegemónicos, signo del kirchnerismo? ¿No se podría encarar de otra manera sin claudicar al tema en las aulas pero teniendo en cuenta la dispar correlación de fuerzas imperante? ¿No habría que plantearse diferentes tácticas de intervención para no ceder a la sutil hegemonía, para no dar alimento a los guardianes de la clase dominante? ¿Cómo no indignarse ante los dichos de Hebe de Bonafini de que Julio López era un guardiacárcel, que sirvieron para completar las columnas de los Lanata de turno?
¿Qué vamos a esperar de los canallas si no el oportunismo de tapar la marcha más contundente de los últimos tiempos – junto a la del 2 por 1 - con el loop de los "incidentes", de la avenida de Mayo "sitiada" y conseguir las tapas que querían, de infiltrar agentes de inteligencia para esperar que los grupos radicalizados enciendan la mecha? ¿De esos mismos que ante una pedrada justifican una represión con balas de goma al cuerpo, de esos que vestidos de civil camuflados de manifestantes, cual fuerza policial, detuvieron poniendo sus rodillas en la cara de una mujer, de esos que son, siempre, signo del terror, de las operaciones más abominables?
La CORREPI denunció una cacería represiva y una "operación" direccionada a deslegitmiar el reclamo por Maldonado, con episodios previos de un "clima de violencia", como una razzia efectuada en Córdoba en locales de organizaciones de base. Varios de los detenidos que fueron liberados demostraron que los lugares y horas de arresto mencionados en las actas de indagatoria eran falsos. Entre los 31 detenidos, a los que se incomunicó como si fueran terroristas peligrosos, había varios trabajadores de prensa, mayormente de medios alternativos. Y si detienen a cualquier trabajador de prensa es un atropello intolerable. Es algo indiscutible: los trabajadores de prensa, muchas veces, no representan las editoriales de sus medios, y basta el rechazo de la redacción de La Nación a las posturas negacionistas de la dictadura. Es la imagen del vocero de TN Julio Bazán, victimizándose en la multitud, la que da vergüenza ajena. Un vocero no es un simple trabajador de prensa, aunque nada justifica la agresión. El poder aprendió a ser sofisticado, construye consenso de forma hábil e inteligente, polariza fácilmente. No es nada torpe ni estúpido. Y lo que buscan es la lógica del espectáculo, porque a Bazán no le importaba otra cosa que recibir una trompada. No hay que dársela.
El signo político, la memoria fundante que dejó una plaza emocionada de más de 250 mil personas es el de no permitir la impunidad. Como dijo la lúcida periodista mexicana Cecilia González, corresponsal en Argentina: "No ocurre esto en México, en donde los desaparecidos se nos amontonan con total impunidad del Estado. Ustedes, los argentinos que luchan, son un faro en medio de tanta oscuridad" -. Es el signo de quebrar el miedo – que ha reaparecido con las ofensivas represivas, con el armado de causas de forma arbitraria, con detenciones "al voleo" como hubo en la marcha por Maldonado - de resistir el bastardeo de una forma de ejercer la militancia, que hoy para el relato de los poderosos es una palabra de sospecha y difamación, porque en Santiago Maldonado se representa la experiencia de poner el cuerpo y la cabeza a una causa. Y algo, aún, más revelador: que los jóvenes, que una gran parte de la sociedad se plantó en un Nunca Más ante un gobierno que mira para otro lado, que defiende a sus fuerzas de seguridad con discurso y acción.
El intenso trabajo de los organismos de derechos humanos y de una minoría de medios de comunicación impidió que la desaparición de Santiago Maldonado pasara desapercibida ante un Estado que intentó esconderlo, desacreditarlo, minimizarlo, para luego criminalizarlo con una supuesta "violencia" de movimientos mapuches, a los que Bullrich calificó como "anarquistas", "terroristas" y "separatistas". ¿Es la desaparición de Maldonado una preocupación que acapara al conjunto de la sociedad? La marcha que recorrió el mundo – el pueblo movilizado y no los "incidentes", como decidieron titular los medios oficialistas – parece demostrar que no podrá existir, de ahora en más, un país que siga con su marcha democrática sin exigir, sin pedir explicaciones, sin demandar, sin luchar por la aparición con vida de un joven comprometido con los más débiles y excluidos del sistema capitalista.
Nunca más un desaparecido en democracia. Nunca más un desaparecido por protestar contra los poderosos del ayer, del presente, del futuro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario