sábado 16 de septiembre de 2017
Tierras ancestrales, cárceles y desapariciones
Por SERGIO ZALBA
Santiago Maldonado es otra víctima de la angurria capitalista. No fue un hecho aislado. Como el asesinato de Javier Chocobar en Tucumán, el crimen de Roberto López en la comunidad Qom de La Primavera, la detención de Agustín Santillan en Formosa o la de Jones Huala en Esquel, entre tantísimos otros hechos de violencia que recaen casi a diario sobre miembros de comunidades aborígenes o de quienes se solidarizan con ellos en reclamo por sus tierras, no resultan de una mera actitud discriminatoria. Forman parte de la más burda, pero siempre eficaz, angurria capitalista. La devolución de territorios, tal como lo exige la Constitución Nacional, representaría una pérdida fastuosa para el capital transnacional (34 millones de hectáreas, superficie similar a la que ocupan algunos países europeos como Italia o España, son de dueños extranjeros) así como para las agroexportadoras locales o multinacionales que exprimen el suelo sembrándole soja hasta el borde de las rutas.
El 12 de octubre de 2009, como si se tratara de un macabro recordatorio colonialista, asesinan a Javier Chocobar, diaguita de Los Chuschagasta. Fue en el norte tucumano. Un grupo de sicarios enviado por supuestos titulares de esas tierras tenían la orden de "limpiar la zona". El resultado de la acción fue desolador: un muerto y cuatro heridos, incluyendo un niño. Si el gobierno no podía desalojarlos, lo harían ellos. Por la buenas o por las malas. Lo hicieron a los tiros.
No fue un hecho aislado. El asesinato de Javier Chocobar en Tucumán, el crimen de Roberto López en la comunidad Qom de La Primavera, la detención de Agustín Santillan en Formosa o la de Jones Huala en Esquel, e incluso la desaparición de Santiago Maldonado, entre tantísimos otros hechos de violencia que recaen casi a diario sobre miembros de comunidades aborígenes o de quienes se solidarizan con ellos en reclamo por sus tierras, no resultan de una por mera actitud discriminatoria. Forman parte de la más burda, pero siempre eficaz, angurria capitalista. Recorrer la historia de esa avaricia, llevaría larguísimas páginas de varios tomos. Ahora, sólo unas líneas en torno a la legislación reciente.
En noviembre de 2006, el Congreso nacional promulgó la ley 26.160 por la que se declara "la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país". Esa misma ley, en su artículo 2º, suspendió todos los "actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras" de los pueblos originarios hasta tanto se efectivice un revelamiento catastral de todas las poblaciones aborígenes del país y se dispongan las acciones correspondientes por medio del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
La ley de emergencia territorial, sancionada en orden a la restitución de los territorios ancestrales (Artículo 75 de la Constitución Nacional), disponía que tal relevamiento debería hacerse en el plazo de tres años, mientras que la prohibición de todo desalojo regiría durante cuatro, es decir, hasta noviembre de 2011. Al término de ese período tenía que quedar legalmente resuelta, o en estado muy avanzado, la posesión comunitaria de los territorios tradicionalmente ocupados por las naciones aborígenes. En diciembre de 2009, ante la evidente imposibilidad de cumplir con los plazos establecidos, el Congreso Nacional sanciona la Ley Nº 26.554 prorrogando los plazos por cuatro años más, hasta el 23 de noviembre de 2013. Y por último, en los días previos a su nueva caducidad, se sanciona la ley 26.894 que otorga otra prórroga hasta el 23 de noviembre de 2017.
Hasta el momento, y a pesar de los once años transcurridos desde la primera ley, no se habría relevado más del cincuenta por ciento de los territorios y sólo se restituyó un puñado de tierras comunitarias. Ahora bien, dado que la última prórroga está por vencer, y como aún no se avizoran movimientos firmes hacia una nueva extensión de los plazos, es muy probable que en los próximos meses se agudicen las campañas anti-pueblos originarios. Es que hay muchísimos millones en juego, demasiados.
La devolución de territorios, tal como lo exige la Constitución Nacional, representaría una pérdida fastuosa para cierto capital transnacional (34 millones de hectáreas, superficie similar a la que ocupan algunos países europeos como Italia o España, son de dueños extranjeros) así como para las agroexportadoras locales o multinacionales que exprimen el suelo sembrándole soja hasta el borde de las rutas.
Para el gobierno de Cambiemos, para los CEOs y empresarios que lo constituyen y a quienes éstos representan, la negativa a la restitución de territorios no es solo una cuestión ideológica al estilo sarmientino. Es, sobre todo, una cuestión de pesos, o mejor, de dólares. Y por estos días, no están teniendo mejor ocurrencia que la de crear un nuevo sentido común: el del desprestigio popular de los pueblos originarios. Eso, sospechan, podrá suavizar los conflictos sociales ante la profundización del saqueo que se iniciará el próximo 23 de noviembre, cuando venza el plazo de la ley que limita los desalojos.
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