lunes 11 de septiembre de 2017
Opinión
Temporada de cacería
La represión tras el acto por Santiago Maldonado. Arrestos e incomunicaciones ilegales. Cheques en blanco de Rodríguez Larreta a las policías bravas. Directivas policiales brutales y malos tratos a los presos. Desmovilizar metiendo miedo: el objetivo del Gobierno. Un revés para la criminalización en Mendoza.
Imagen: Leandro Teysseire
Por Mario Wainfeld
El Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, estaba contento el sábado 2 de septiembre. Su alegría era ajena al área municipal, a la belleza del espacio público, al transporte, al aire puro: lo entusiasmaba que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi hubiera incomunicado por más de 48 horas a 31 detenidos en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Habían sido arrestados con prepotencia y abuso de autoridad, mayormente por policías de civil o sin placa identificadora visible. Rodríguez Larreta predicó-resolvió, desde el confort de su hogar, que las personas apresadas habían delinquido y que era adecuado irlos castigando a cuenta. Extendió dos cheques en blanco: a los uniformados y al impresentable juez. ¿Se equivocó? Hummm. Otra es la hipótesis de esta nota, que se irá explicando. Su principal error fue ilusionarse en exceso.
El activismo y la profesionalidad de los abogados, un comienzo de movilizaciones, denuncias de periodistas independientes del macrismo, apuraron a su Señoría. Adelantó las indagatorias, fijándolas para las ocho de la mañana del domingo, en Comodoro Py.
Los trasladaron allí, el magistrado se dignó llegar cuatro horas tarde. Tal vez había pasado una larga velada sabatina: los jueces ganan mucho dinero, gozan del beneficio de elusión impositiva, viven de rechupete… una noche de relax no se le niega a (casi) nadie. Sin excluir el hedonismo, es evidente que quiso mantener en vilo y bajo vejamen a los detenidos.
La indagatoria puede comenzar y realizarse sin la presencia del juez de la causa: no se honró esa regla. Algunos ciudadanos y ciudadanas declararon, otras u otros se acogieron a la garantía de negarse a hacerlo. Martínez de Giorgi excarceló a la casi totalidad: treinta sobre treinta y uno. La excepción fue un hombre sin documentos, que dio indicaciones imprecisas sobre su identidad: nada que ver con el conjunto. Estaba escrito de antemano que sería así, se los detuvo y mantuvo incomunicados para amedrentarlos, para que mediten si se movilizarán nuevamente.
Todo avanzó con el freno de mano puesto. La información sobre las comisarías que albergaron (es un decir) a las víctimas de la prepotencia estatal, los interrogatorios.
En el ínterin el discurso oficial y el de los medios dominantes concordaban en sindicar a 31 personas como terroristas peligrosos, que estaban recibiendo el comienzo de su merecido. En la Argentina de Cambiemos las condenas preventivas van haciéndose regla.
Dura lex sed lex… empieza un proverbio jurídico que se remonta al derecho romano cuando el latín era lengua viva. Se usa para remarcar la severidad. Es más largo, su segunda frase expresa: "dura lex, scripta tamen". La ley es severa pero está escrita, en traducción a ojímetro y polisémica: lo escrito perdura, debe acatarse. Estiremos la idea: ley puede ser drástica pero estipula sus límites. Al estar escrita es obligatoria para todos: las agencias de seguridad, los mandatarios políticos sin ir más lejos
Según el artículo 205 del Código Procesal Penal (CPP) la incomunicación post arresto es de aplicación restringida por un plazo máximo de 48 horas, extensible excepcionalmente a 72. Exige resolución fundada, sólo válida cuando existan motivos para temer que el detenido se pondrá de acuerdo con terceros u obstaculizará la investigación.
Sería exagerado aducir que la incomunicación no se aplicó nunca en ocasiones similares. Es estricto decir que casi no se usó durante años. En este caso fue un disparate y así quedó comprobado.
El artículo 100 de la ley 5688 de la Ciudad Autónoma aprobada en 2016 impone que: "Es obligatorio para todo el personal policial interviniente en manifestaciones públicas portar una identificación clara que pueda advertirse a simple vista en los uniformes correspondientes". Se incumplió con ensañamiento y, claro está, premeditación. Lo comprueban centenares de fotografías y filmaciones, anche los de la prensa macrista.
Los policías profirieron amenazas, incluso la de hacer desaparecer a los detenidos. Se hacinaron varias personas en cárceles impropias, sin retretes, a varias se le negó ir al baño. Se desnudó de prepo a mujeres. Son tormentos violatorios de las constituciones nacional y porteña, Rodríguez Larreta no retractó su júbilo iniciático cuando se conocieron. A confesión de parte, esta vez implícita, relevo de prueba.
Las develaciones dejaron en offside a las policías bravas, al manodurista Jefe de Gobierno, al aparato político-policial-mediático del macrismo. La Policía carecía de pruebas contra la casi totalidad. Se falsificaron instrumentos públicos que contienen horario y lugares de arresto apócrifos. El que más trascendió, para nada exótico, fue el del docente José Morales, quien fue esposado de prepo en la puerta de un local de comidas donde acababa de consumir una pizza y una cerveza. Hombre ordenado, había conservado el ticket. Le sirvió para acreditar que estaba suelto mucho después de la hora en la que (según la documentación oficial) habría sido atrapado in flagranti delicto. Y lejos del teatro de operaciones. Lo cierto es que lo detuvieron por haber sido pescado a ocho cuadras, pongalé, in flagranti sobremesam.
Las directivas de la Superioridad que precedieron a la razzia inculcaron e incentivaron la furia. La "Orden interna reservada número 17", divulgada en www.pagina12.com.ar/59956-la-nueva-doctrina-m previene y alecciona a los agentes del orden respecto de "posibles acometimientos o ataques destinados a la sustracción de armamento, equipo de comunicación, credencial, etc. o la privación de su libertad a modo de represalia ante el esgrimido argumento de los organizadores y eventuales perpetradores, de casos de desaparición forzada de personas, 'gatillo fácil' pretendidamente causados por FFPP y FFSS por la posibilidad de ser blancos rentables de células anarquistas que desconocen la autoridad del Estado y ven al personal policial como exponente del mismo en la vía pública". Alta paranoia que da rienda suelta a las peores prácticas.
El mensaje tiene reminiscencias de los difundidos durante la presidencia de Eduardo Duhalde en días previos a la masacre de Avellaneda donde fueron asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Si "desde arriba" se instiga a quienes traducen las directivas en la calle, escalan los peligros de violencia institucional. La magnitud depende de las circunstancias (no es lo mismo una desconcentración que una movilización masiva que busca cruzar un puente)… la incitación es patente.
Hasta ahora hay cuatro sospechosos por haber cometido desmanes o vandalismos. Una cifra indeterminada pero mucho más alta de policías sospechosos de haber falsificado instrumentos públicos, posible delito que se califica cuando lo comete personal estatal.
La dinámica (en fin…) del fiscal Ramiro González da la impresión de ser parcial, adivinen a favor de quién… aunque se debe extremar la cautela porque se desconocen datos relevantes, por regir el secreto del sumario. Por lo pronto, se difundió que pidió como corresponde informes sobre lesiones que sufrieron los policías. Pero no mandó peritar a los ciudadanos apresados, que fueron golpeados durante el procedimiento y en las comisarías.
Las provocaciones de policías sin uniformes y servicios de inteligencia son un clásico, reestrenado para la ocasión.
Las claves constantes: En los primeros meses de su gobierno, el presidente Mauricio Macri trazó las claves de su gestión. Pago generoso a los fondos buitres, endeudamiento desmesurado, supresión o baja de retenciones a productos agrícolas o mineros, detención infundada de Milagro Sala, despanzurramiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Impedir, castigar, criminalizar la protesta social es prioridad desde el inicio del mandato. Lo que tal vez no estaba previsto o bien mensurado era la magnitud y la vastedad de los sectores que, también desde los primeros meses de 2016, ocupan calles y plazas, constituyéndose en la principal oposición al proyecto de la derecha argentina aggiornada y legitimada en las urnas pero fiel a su historia.
La oposición social, más consistente que la política, se expresa ante medidas concretas. Las movilizaciones suelen ser poli clasistas, pluralistas, con militantes de distintas fuerzas o con personas con escasa participación política anterior. La policromía y la diversidad constituyen una de las claves de su potencia.
A la narrativa del Gobierno le "caben" mejor los grupos homogéneos, a tiro de la discriminación simplista, cuando no estigmatizadora. Los encapuchados, los piqueteros, los troskos, los kirchneristas, en esta temporada se agregan los mapuches. Sin decirlo se los equipara a delincuentes sin derechos, sin ciudadanía.
De ahí a apalear a trabajadoras de fábrica recién despedidas (PepsiCo) media un trecho muy corto, que las fuerzas del orden recorren con entusiasmo, obedeciendo órdenes de su conducción política. En las ofensivas caen con creciente frecuencia trabajadores de prensa, que están cubriendo los hechos. De nuevo: en PepsiCo, en Plaza de Mayo hace nueve días.
La memoria histórica de "la gente", la sabiduría de abogados, la dignidad de una minoría de Defensores, fiscales y jueces atrancan las agresiones del gobierno. Todo modo, van in crescendo.
La dialéctica entre acciones ilegales o lesivas del oficialismo, respuesta social mediante acción directa, negociación, retroceso o retractación es una de las claves de la gobernabilidad macrista.
Un equilibrio tenso que Macri intenta descompensar en cada conflicto. La teoría oficial en boga es que una ratificación del resultado favorable de las Primarias Abiertas será un salvoconducto para acrecentar su "dureza". Frente a los gobernadores, al movimiento obrero, a las leyes laborales y a la protesta social.
Todo lo que antecedió y sucedió a la desaparición de Maldonado es una muestra consistente con el resto. También con un contexto mundial preocupante o más bien atroz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acomete contra los derechos de hijos de inmigrantes que viven y laburan en su país desde hace años. En la Argentina se acentúa la vindicta contra los inmigrantes, se construyen cárceles, se estatuyen regímenes de deportación express, con pseudo procesos sin respetar el derecho de defensa,
Europa repele a los recién llegados: el macrismo construye su propia horda de personas privadas de derechos, así más no fuera el de pataleo.
Esas políticas son repudiables tanto si concitan repudios muy amplios cuanto si consiguen consenso de sectores numerosos de la opinión pública.
La cacería inducida: El oficialismo procura cambiar la correlación de fuerzas del equilibrio inestable. La propaganda es un recurso, válido así se valga de artimañas. Infundir temor es una herramienta distinta por donde se la mire: autoritaria por esencia, ilegal en la implementación.
Testigos presenciales declaran que escucharon gritos de los gendarmes: había que agarrar a Santiago Maldonado. En la cacería de Plaza de Mayo la Policía ordenaba a los agentes: "Hay que hacer la corrida y lograr detenciones, lograr detenciones. Vamos a hacerlo con las brigadas, el GAM 1, el GAM 2 y usted, qué va a llegar con el personal de urbano para dar apoyo a las detenciones".
La avanzada judicial contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lleva bajo la manga la baraja de la proscripción. De nuevo, igual que en Brasil respecto del ex presidente Lula. Cargos inverosímiles, penalización de decisiones políticas. El sayo de "infame traidora a la Patria" que la Constitución constriñe a un solo delito, extremo y ajeno a esta causa. En el interregno entre dos elecciones, instante estratégico. Ahora dicen que el Poder Judicial es independiente y ajeno a la influencia del Ejecutivo (ver asimismo nota aparte).
La Vulgata macrista y hasta algún formador de opinión indulgente podrían replicar: "¿para qué proscribir al rival si se lo puede vencer en buena ley?" Hay una respuesta posible, cada vez más verosímil y coherente con otras modalidades represivas: porque la intención es ganar las elecciones para avanzar en las violaciones de derechos.
Esa es una hipótesis, a comprobar. Es un hecho comprobado que la prepotencia estatal escala. No es coincidencia que la desaparición de Santiago Maldonado haya sido precedida por una ofensiva irregular y brutal contra poblaciones mapuches. Ni que, anticipando a Rodríguez Larreta, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich haya firmado, semanas atrás, un cheque en blanco a Gendarmería.
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