EDICIÓN JULIO 2018 | N°229
DESIGUALDAD
El costo social del ajuste
En ¿Por qué preferimos la desigualdad?, François Dubet asume que la intensificación de las desigualdades procede de una crisis de solidaridades, de ese apego a los lazos sociales que nos llevaría a desear la igualdad de todos. "Si no se concede a los otros más que una igualdad de principio, nada impide tenerlos por responsables de las desigualdades socioeconómicas que los afectan." (1)
En esa línea idiosincrática, el gobierno de Mauricio Macri enfoca su estrategia de ajuste en un recorte del gasto público — en lugar de incrementar los ingresos por ejemplo mediante impuestos progresivos — que es presentado como la vía inexorable, la única posible para reducir el déficit fiscal. Su contracara: socializar la responsabilidad del "despilfarro" con costos irreversibles.
Las "imposiciones acordadas" con el FMI se traducen en el objetivo de reducir el déficit primario del Estado a 1,3% del PIB durante 2019. Este recorte afectaría sensiblemente a las provincias, al disminuir la inversión en obra pública y las transferencias directas destinadas a gastos para educación, salud, asistencia social, vivienda, agua potable y transporte.
A lo largo de poco más de dos años de gobierno, las consignas "transparencia", "pobreza cero" y "reparación histórica" se vieron erosionadas por la decisión de algunos funcionarios nacionales de alojar sus riquezas en paraísos fiscales, mientras se promovían medidas antipopulares que redundaron en fuertes retrocesos sociales.
Amparado en valores discursivos que aún mantienen cierto aprecio popular, como la meritocracia y el emprendedurismo, Cambiemos consolida la inequidad social. Usa el argumento de que la política de subsidios es insostenible para desregular las tarifas en base a precios internacionales que los hogares argentinos no pueden absorber. Los ¿desaciertos? en su política anti-inflacionaria, conjugados con paritarias que oscilan entre el 15% y el 20%, es decir por abajo del aumento de precios, reducirán aun más el poder adquisitivo de los salarios.
Ello se suma a la pérdida de derechos sociales conquistados. La reforma previsional es un claro retroceso en materia de género si se tiene en cuenta que el 62% de las jubiladas y pensionadas son mujeres. Y que, además, el 86% de ingresantes a la última moratoria — también mujeres — accederá a una pensión equivalente al 80% de la jubilación mínima que cobraba hasta ahora.
La lucha contra las desigualdades, concluye Dubet, supone un lazo de fraternidad previo. De allí que la media sanción de la legalización del aborto no debería ser un punto de llegada, sino uno de partida que busque visibilizar social, política y mediáticamente las desigualdades de género en materia socioeconómica.
1. François Dubet, ¿Por qué preferimos la desigualdad? (aunque digamos lo contrario), Siglo XXI, Buenos Aires, 2016, p. 11.
* Periodista
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur
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