martes 29 de marzo de 2016
Por Alejandra Dandan
Víctor Cobos no logró ver la cara de Marcos Levín porque lo tapaba una columna. Estuvo todo el día nervioso. Casi a las cinco de la tarde, los integrantes del Tribunal Oral Federal de Salta finalmente leyeron la sentencia que él esperó durante casi 40 años. Los jueces condenaron por mayoría al propietario de La Veloz del Norte y a dos ex policías a 12 años de prisión por participar del secuestro y tormentos contra Cobos. La condena también alcanzó a un auxiliar de la policía a la pena de 8 años de prisión. Esta es la primera vez que la justicia argentina analiza la responsabilidad empresaria en el contexto del terrorismo de Estado: el primer juicio que entiende que hubo intervención empresaria para deshacerse de delegados y trabajadores combativos y disciplinar a los operarios. Cobos era trabajador de la Veloz y delegado gremial de la UTA. Al escuchar la sentencia agradeció exultante la "justeza y honorabilidad" de los magistrados. "Pero también –dijo a Página/12– éste es el puntapié inicial, es como que se ha movido la pelota: ahora vamos a avanzar en todas las causas en lo que representa la responsabilidad civil, esto le he dicho a los compañeros, para que se haga justicia con semejantes empresarios muy poderosos que mucha gente y hasta los propios gobiernos, les tienen miedo."
Terminó de esta manera en Salta el juicio oral que comenzó en el mes de septiembre después de innumerables cantidad de trabas y pedidos de nulidad de las defensas. Para cada uno de los actores de la acusación, acaba de concluir un juicio histórico. No sólo por lo que la sentencia representa para la provincia, sino por lo que significa para las investigaciones pendientes en todo el país.
Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila fueron los dos fiscales del juicio. En diálogo con este diario marcaron un antes y un después de la sentencia. "El fallo sienta un precedente histórico –dijeron– porque a partir de ahora se entiende que hubo una intervención de los empresarios en las prácticas del terrorismo de Estado." En ese mismo sentido se expresó David Leiva, incansable querellante de esta causa: "Estoy re-contento", dijo apenas escuchó la sentencia. "Hubo diferencias en cuanto a la pena, pero los jueces entendieron que Levín hizo aportes para que se comenten los crímenes: aportó nombres, vehículos, supervisó a la policía y hasta que lo reconocieron en la comisaría. Yo me quedé a escuchar toda la sentencia, mirando las caras, porque estamos materializando la concreción de lo que fue la dictadura cívicomilitar, con la complicidad de los empresarios, que son los que recibieron los beneficios durante la dictadura, tuvieron esa enorme transferencia que hizo el Estado, la derogación de las leyes laborales que sufrieron los trabajadores con la clausura del derecho de huelga y hasta la estatización de parte de la deuda privada".
En términos de números, la condena fue menor a la que pidieron fiscales y querellas. La fiscalía había solicitado 18 años para Levín y la querella 20. Aún así, nadie objetó el monto de la pena y quienes intervienen en estas causas señalan que es "muy elevada".
La sentencia salió con los votos de los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Federico Santiago Díaz y la disidencia de Gabriel Casas, que se pronunció por una condena a tres años de prisión en suspenso.
Además de Levín, el TOF condenó a Víctor Hugo Almirón y Víctor Hugo Bocos, por entonces comisario y subcomisario de la Comisaría 4ª de Salta, donde fue trasladado Cobos junto a otra docena de trabajadores que aún no están en juicio y que hoy fue señalado como centro clandestino de detención. También condenaron a Enrique Víctor Cardozo que era auxiliar de la comisaría.
Levín no es el primer empresario condenado por juicios de lesa humanidad, sin embargo sí es el primero que es juzgado como co-responsable del aparato represivo. En 2012 fueron condenados los hermanos Emilio y Julio Méndez en Tandil, pero, en ese caso, los juzgaron por el aporte puntual de una quinta que sirvió como lugar de detención ilegal donde estuvo recluido el abogado laboralista Carlos Moreno. Este caso es diferente, como señala la abogada del CELS Luz Palmas Zaldúa: "Acá se analizó el crimen de lesa humanidad con todas las características del empresario que aporta para deshacerse de los delegados gremiales y para generar el disciplinamiento de los trabajadores".
El secuestro
Víctor Cobos estuvo secuestrado entre diciembre de 1976 y enero de 1977. Era empleado de la Veloz del Norte y delegado de la UTA. Levín había iniciado una causa por una supuesta estafa contra los trabajadores con la que intentó revestir de legalidad los procedimientos ilegales. Además de Cobos, fueron secuestrados y torturados más de una docena de trabajadores que no formaron parte de este juicio porque distintas instancias judiciales dieron sus casos por prescritos, una decisión que aún debe resolver la Corte Suprema. Cobos es el único caso que llegó a instancia oral y sobre el cual se hizo el juicio. Durante el correr del debate, querellas y fiscales señalaron que el objetivo central de la persecución y de la represión sufrida por todos los trabajadores de la empresa tuvo efectivamente por objeto el disciplinamiento. Luego de la reconstrucción del contexto histórico, y en línea con los análisis que intentan hacerse en otras causas del país, la fiscalía planteó que la escalada en los conflictos patronales-sindicales ocurridos entre 1975 y 1976, fue "el antecedente inmediato" de los secuestros y señaló que la represalia buscó generar un "efecto disciplinador y ejemplificador" sobre el conjunto de los trabajadores de la empresa. Sobre el caso particular de Cobos, lo describieron en sus múltiples dimensiones: como trabajador y delegado gremial y señalaron además la persecución a su grupo familiar y el vínculo con otros trabajadores perseguidos.
Los fundamentos de la sentencia se van a conocer el 23 de mayo. Acusación y querellas esperan ese día para entender las razones del monto de la pena, pero también el tipo de análisis que hicieron los jueces sobre el contexto histórico y la relación mundo sindical, empresa y represión. Ese análisis puede impulsar no sólo la investigación por el resto de los trabajadores de la Veloz, sino el camino para las investigaciones en curso y aquellas que aún están pendientes.
"Hay que esperar la sentencia para ver cómo los jueces entendieron el contexto porque eso va a permitir entender cómo miran lo que sucedió con los otros trabajadores –dice el fiscal Sivila–. De momento sobre ese punto no dijeron nada y está bien porque sería pre-juzgamiento. Hoy nos parece muy positivo la condena y también que hayan declarado que se trató de un crimen de lesa humanidad. Ahora es importante ver la argumentación que hicieron porque uno de los aspectos centrales que tuvimos en cuenta como fiscalía fue el análisis de los patrones de este caso en comparación con otros que se dieron en otros lugares del país."
Uno de los elementos centrales de este juicio fue la reconstrucción abrumadora de aportes que hizo Levín para la materialización de los secuestros. Esos aportes incluyeron información de inteligencia; diagramas de servicios, domicilios, datos sobre la actividad gremial, listas de trabajadores a ser detenidos, vehículos, personal, estructura física pero también la "acción psicológica" por "crear las condiciones sociales favorables para el accionar represivo con la publicación a través de la Federación de Empresarios Salteños de Transporte y de las solicitadas publicadas en los medios de prensa, de un pedido público para que se aplicara la ley antisubversiva e intervinieran los militares y las fuerzas de seguridad (ver aparte)".
Esta fue la aproximación que se hizo mientras el Ministerio de Justicia, el Cels y Flacso concluían el Informe sobre Responsabilidad Empresaria Durante el Terrorismo de Estado que también sistematizó lógicas, patrones y prácticas. De los 19 patrones de conducta que recogió el Informe en los 25 casos que se analizaron, la Veloz reunía una importante mayoría de indicadores. Es en ese universo donde también puede impactar la sentencia. "A partir del relevamiento de casos que hizo Cels y otros organismos el año pasado donde quedaron delineados una serie de patrones de conducta –dicen los fiscales– vimos que este caso reunía una importante mayoría de esos indicadores. Hay que ver si el TOF toma esa argumentación y en ese sentido va a ser positivo para analizar analogías con otras formas de intervención de empresarios en otros casos".
La sentencia se escuchó en el Juzgado Federal de Salta. Afuera, los organismos de derechos humanos llegados desde las provincias del noroeste montaron un escenario para esperar el fallo. La bandera de los obreros de las empresas reprimidas durante la dictadura logró posarse sobre el escenario. Un parlante quedó montado afuera para escuchar la sentencia. Cuando el TOF leyó la condena a Levín, en la calle se escuchó como el "Como a los nazis les va a pasar".
"Hoy mi hermano puede estar en paz porque uno de sus asesinos está sentenciado a doce años", dijo Cobos sobre el escenario. Habló así de uno de sus hermanos perseguido en un Falcon celeste de la Veloz por el comisario Bocos. "Esto es muy emocionante, estuvimos cuarenta años esperando esta Justicia. Desde 1984 vengo denunciando esto, hoy hemos llegado a la etapa final. Agradezco a los jueces una sentencia de estas características. Y a todos. Vengo de recorrer otros lugares y en Salta se ha dado la misma modalidad que en todas partes, con la diferencia de que Levín directamente me puso el ojo a mí y a los demás activistas".
Carolina Varsky, coordinadora de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad del Ministerio Público, señalo que "en el marco de la conmemoración de los 40 años es muy importante la sentencia y una vez más probar la responsabilidad civil que tuvieron algunas personas en el golpe, la complicidad de los civiles en la comisión de estos delitos".
Luz Palmas Zaldúa, desde el Cels, consideró que la sentencia era "importante como prueba para analizar la responsabilidad en otros crímenes de lesa humanidad de otros trabajadores de la empresa". "También –agregó– es muy importante que un tribunal analice el contexto social y político. Aunque debemos esperar los fundamentos, se pudo probar que claramente hubo un sector de empresario que estuvo ligado a los crímenes de lesa humanidad en la persecución de sus trabajadores. Es auspicioso para pensar nuevas investigaciones judiciales porque de algún modo abre el camino de que lo que planteamos históricamente y lo que se está planteando en muchas investigaciones judiciales, más allá de lo individual de cada caso permite visualizar y pensar que es posible obtener resoluciones judiciales condenatorias hacia un sector del empresariado vinculado a los crímenes de lesa humanidad."
Levín fue dueño de la Veloz del Norte desde su fundación en 1942. Según recuerda el informe sobre Responsabilidad empresaria, vendió 50 por ciento de su capital accionario en septiembre de 2012 a Luis Derudder, dueño de Flecha Bus. En enero de ese año, este diario había hecho público su pedido de indagatoria por crímenes de lesa humanidad.
Los jueces condenaron a Marcos Levín y a los tres policías por responsables y partícipes
necesarios en el secuestro de Víctor Cobos.
EL EMPRESARIO MARCOS LEVIN RECIBIO 12 AÑOS DE PRISION COMO
PARTICIPE DEL SECUESTRO Y TORMENTOS DE UN TRABAJADOR
Una condena a la pata civil de la dictadura
Fue el primer juicio que entiende que hubo intervención empresaria para deshacerse de delegados y trabajadores combativos y disciplinar a los operarios. También fueron condenados tres policías de la comisaría 4ª de Salta.
Por Alejandra Dandan
Víctor Cobos no logró ver la cara de Marcos Levín porque lo tapaba una columna. Estuvo todo el día nervioso. Casi a las cinco de la tarde, los integrantes del Tribunal Oral Federal de Salta finalmente leyeron la sentencia que él esperó durante casi 40 años. Los jueces condenaron por mayoría al propietario de La Veloz del Norte y a dos ex policías a 12 años de prisión por participar del secuestro y tormentos contra Cobos. La condena también alcanzó a un auxiliar de la policía a la pena de 8 años de prisión. Esta es la primera vez que la justicia argentina analiza la responsabilidad empresaria en el contexto del terrorismo de Estado: el primer juicio que entiende que hubo intervención empresaria para deshacerse de delegados y trabajadores combativos y disciplinar a los operarios. Cobos era trabajador de la Veloz y delegado gremial de la UTA. Al escuchar la sentencia agradeció exultante la "justeza y honorabilidad" de los magistrados. "Pero también –dijo a Página/12– éste es el puntapié inicial, es como que se ha movido la pelota: ahora vamos a avanzar en todas las causas en lo que representa la responsabilidad civil, esto le he dicho a los compañeros, para que se haga justicia con semejantes empresarios muy poderosos que mucha gente y hasta los propios gobiernos, les tienen miedo."
Terminó de esta manera en Salta el juicio oral que comenzó en el mes de septiembre después de innumerables cantidad de trabas y pedidos de nulidad de las defensas. Para cada uno de los actores de la acusación, acaba de concluir un juicio histórico. No sólo por lo que la sentencia representa para la provincia, sino por lo que significa para las investigaciones pendientes en todo el país.
Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila fueron los dos fiscales del juicio. En diálogo con este diario marcaron un antes y un después de la sentencia. "El fallo sienta un precedente histórico –dijeron– porque a partir de ahora se entiende que hubo una intervención de los empresarios en las prácticas del terrorismo de Estado." En ese mismo sentido se expresó David Leiva, incansable querellante de esta causa: "Estoy re-contento", dijo apenas escuchó la sentencia. "Hubo diferencias en cuanto a la pena, pero los jueces entendieron que Levín hizo aportes para que se comenten los crímenes: aportó nombres, vehículos, supervisó a la policía y hasta que lo reconocieron en la comisaría. Yo me quedé a escuchar toda la sentencia, mirando las caras, porque estamos materializando la concreción de lo que fue la dictadura cívicomilitar, con la complicidad de los empresarios, que son los que recibieron los beneficios durante la dictadura, tuvieron esa enorme transferencia que hizo el Estado, la derogación de las leyes laborales que sufrieron los trabajadores con la clausura del derecho de huelga y hasta la estatización de parte de la deuda privada".
En términos de números, la condena fue menor a la que pidieron fiscales y querellas. La fiscalía había solicitado 18 años para Levín y la querella 20. Aún así, nadie objetó el monto de la pena y quienes intervienen en estas causas señalan que es "muy elevada".
La sentencia salió con los votos de los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Federico Santiago Díaz y la disidencia de Gabriel Casas, que se pronunció por una condena a tres años de prisión en suspenso.
Además de Levín, el TOF condenó a Víctor Hugo Almirón y Víctor Hugo Bocos, por entonces comisario y subcomisario de la Comisaría 4ª de Salta, donde fue trasladado Cobos junto a otra docena de trabajadores que aún no están en juicio y que hoy fue señalado como centro clandestino de detención. También condenaron a Enrique Víctor Cardozo que era auxiliar de la comisaría.
Levín no es el primer empresario condenado por juicios de lesa humanidad, sin embargo sí es el primero que es juzgado como co-responsable del aparato represivo. En 2012 fueron condenados los hermanos Emilio y Julio Méndez en Tandil, pero, en ese caso, los juzgaron por el aporte puntual de una quinta que sirvió como lugar de detención ilegal donde estuvo recluido el abogado laboralista Carlos Moreno. Este caso es diferente, como señala la abogada del CELS Luz Palmas Zaldúa: "Acá se analizó el crimen de lesa humanidad con todas las características del empresario que aporta para deshacerse de los delegados gremiales y para generar el disciplinamiento de los trabajadores".
El secuestro
Víctor Cobos estuvo secuestrado entre diciembre de 1976 y enero de 1977. Era empleado de la Veloz del Norte y delegado de la UTA. Levín había iniciado una causa por una supuesta estafa contra los trabajadores con la que intentó revestir de legalidad los procedimientos ilegales. Además de Cobos, fueron secuestrados y torturados más de una docena de trabajadores que no formaron parte de este juicio porque distintas instancias judiciales dieron sus casos por prescritos, una decisión que aún debe resolver la Corte Suprema. Cobos es el único caso que llegó a instancia oral y sobre el cual se hizo el juicio. Durante el correr del debate, querellas y fiscales señalaron que el objetivo central de la persecución y de la represión sufrida por todos los trabajadores de la empresa tuvo efectivamente por objeto el disciplinamiento. Luego de la reconstrucción del contexto histórico, y en línea con los análisis que intentan hacerse en otras causas del país, la fiscalía planteó que la escalada en los conflictos patronales-sindicales ocurridos entre 1975 y 1976, fue "el antecedente inmediato" de los secuestros y señaló que la represalia buscó generar un "efecto disciplinador y ejemplificador" sobre el conjunto de los trabajadores de la empresa. Sobre el caso particular de Cobos, lo describieron en sus múltiples dimensiones: como trabajador y delegado gremial y señalaron además la persecución a su grupo familiar y el vínculo con otros trabajadores perseguidos.
Los fundamentos de la sentencia se van a conocer el 23 de mayo. Acusación y querellas esperan ese día para entender las razones del monto de la pena, pero también el tipo de análisis que hicieron los jueces sobre el contexto histórico y la relación mundo sindical, empresa y represión. Ese análisis puede impulsar no sólo la investigación por el resto de los trabajadores de la Veloz, sino el camino para las investigaciones en curso y aquellas que aún están pendientes.
"Hay que esperar la sentencia para ver cómo los jueces entendieron el contexto porque eso va a permitir entender cómo miran lo que sucedió con los otros trabajadores –dice el fiscal Sivila–. De momento sobre ese punto no dijeron nada y está bien porque sería pre-juzgamiento. Hoy nos parece muy positivo la condena y también que hayan declarado que se trató de un crimen de lesa humanidad. Ahora es importante ver la argumentación que hicieron porque uno de los aspectos centrales que tuvimos en cuenta como fiscalía fue el análisis de los patrones de este caso en comparación con otros que se dieron en otros lugares del país."
Uno de los elementos centrales de este juicio fue la reconstrucción abrumadora de aportes que hizo Levín para la materialización de los secuestros. Esos aportes incluyeron información de inteligencia; diagramas de servicios, domicilios, datos sobre la actividad gremial, listas de trabajadores a ser detenidos, vehículos, personal, estructura física pero también la "acción psicológica" por "crear las condiciones sociales favorables para el accionar represivo con la publicación a través de la Federación de Empresarios Salteños de Transporte y de las solicitadas publicadas en los medios de prensa, de un pedido público para que se aplicara la ley antisubversiva e intervinieran los militares y las fuerzas de seguridad (ver aparte)".
Esta fue la aproximación que se hizo mientras el Ministerio de Justicia, el Cels y Flacso concluían el Informe sobre Responsabilidad Empresaria Durante el Terrorismo de Estado que también sistematizó lógicas, patrones y prácticas. De los 19 patrones de conducta que recogió el Informe en los 25 casos que se analizaron, la Veloz reunía una importante mayoría de indicadores. Es en ese universo donde también puede impactar la sentencia. "A partir del relevamiento de casos que hizo Cels y otros organismos el año pasado donde quedaron delineados una serie de patrones de conducta –dicen los fiscales– vimos que este caso reunía una importante mayoría de esos indicadores. Hay que ver si el TOF toma esa argumentación y en ese sentido va a ser positivo para analizar analogías con otras formas de intervención de empresarios en otros casos".
La sentencia se escuchó en el Juzgado Federal de Salta. Afuera, los organismos de derechos humanos llegados desde las provincias del noroeste montaron un escenario para esperar el fallo. La bandera de los obreros de las empresas reprimidas durante la dictadura logró posarse sobre el escenario. Un parlante quedó montado afuera para escuchar la sentencia. Cuando el TOF leyó la condena a Levín, en la calle se escuchó como el "Como a los nazis les va a pasar".
"Hoy mi hermano puede estar en paz porque uno de sus asesinos está sentenciado a doce años", dijo Cobos sobre el escenario. Habló así de uno de sus hermanos perseguido en un Falcon celeste de la Veloz por el comisario Bocos. "Esto es muy emocionante, estuvimos cuarenta años esperando esta Justicia. Desde 1984 vengo denunciando esto, hoy hemos llegado a la etapa final. Agradezco a los jueces una sentencia de estas características. Y a todos. Vengo de recorrer otros lugares y en Salta se ha dado la misma modalidad que en todas partes, con la diferencia de que Levín directamente me puso el ojo a mí y a los demás activistas".
Carolina Varsky, coordinadora de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad del Ministerio Público, señalo que "en el marco de la conmemoración de los 40 años es muy importante la sentencia y una vez más probar la responsabilidad civil que tuvieron algunas personas en el golpe, la complicidad de los civiles en la comisión de estos delitos".
Luz Palmas Zaldúa, desde el Cels, consideró que la sentencia era "importante como prueba para analizar la responsabilidad en otros crímenes de lesa humanidad de otros trabajadores de la empresa". "También –agregó– es muy importante que un tribunal analice el contexto social y político. Aunque debemos esperar los fundamentos, se pudo probar que claramente hubo un sector de empresario que estuvo ligado a los crímenes de lesa humanidad en la persecución de sus trabajadores. Es auspicioso para pensar nuevas investigaciones judiciales porque de algún modo abre el camino de que lo que planteamos históricamente y lo que se está planteando en muchas investigaciones judiciales, más allá de lo individual de cada caso permite visualizar y pensar que es posible obtener resoluciones judiciales condenatorias hacia un sector del empresariado vinculado a los crímenes de lesa humanidad."
Levín fue dueño de la Veloz del Norte desde su fundación en 1942. Según recuerda el informe sobre Responsabilidad empresaria, vendió 50 por ciento de su capital accionario en septiembre de 2012 a Luis Derudder, dueño de Flecha Bus. En enero de ese año, este diario había hecho público su pedido de indagatoria por crímenes de lesa humanidad.
Las "contribuciones" de Levín
Un emergente clave del alegato de los fiscales en la causa fue la reconstrucción de los "aportes" realizados por el empresario, a partir de datos recogidos a lo largo de la investigación. En ese sentido, mostraron que Levín:
- Aportó acción psicológica: es decir creó las condiciones sociales favorables para el accionar represivo. En ese punto, recordaron que, a través de la Federación de Empresarios Salteños de Transporte y de las solicitadas publicadas en los medios de prensa, realizó un pedido público para que se aplicara la ley antisubversiva e intervinieran los militares y las fuerzas de seguridad.
- Aportó información de inteligencia sobre los trabajadores. Aquí cuentan: los diagramas de servicio que permitieron conocer los lugares donde detener a los trabajadores y el aporte de los domicilios y datos sobre la actividad gremial. Esto se hizo, explicaron, a través de la colaboración de otras personas, como el entonces subcomisario Bocos, que a la vez cumplía funciones de seguridad dentro de la empresa.
- Aportó listas de trabajadores que debían ser detenidos y torturados.
- Aportó la denuncia contra los trabajadores para que se desencadenaran los operativos.
- Aportó vehículos de línea y automóviles particulares de la empresa que se usaron para los secuestros y traslados.
- Aportó personal dependiente de la empresa para los traslados de los detenidos que estaban en Tucumán y la persecución desplegada al interior de la empresa contra los trabajadores más combativos.
- Aportó instalaciones de la empresa para que se produjeran los secuestros.
- Aportó recursos económicos y dádivas al personal policial para que reprimiera a los trabajadores.
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