domingo 21 de enero de 2018
¿Quién acabará con el Estado?
A pesar de que la historia demuestra que es imposible conformar sociedades sin la intervención del Estado, el actual gobierno sostiene el deseo de que prescindamos de él. Mientras el Poder Ejecutivo queda en manos de Ejecutivos de Empresas, el Estado se convierte en una continuidad indefinida del conflicto de intereses. 
Lo que vulgarmente llamaríamos estado regulador, o estado intervencionista, o con más pretensiones, estado keynesiano, no solo no forma parte de las nociones sobre el Estado que tiene este gobierno. Hay algo más, el sueño del actual gobierno de ser un gobierno sin Estado. ¿Cómo sería eso? Viejas ensoñaciones libertarias, con su invalorable dejo de respetabilidad, han dado mil vueltas sobre este tema, la sociedad sin Estado. Un famoso trabajo del antropólogo Pierre Clastrés sostenía esta hipótesis para poblaciones antiguas, de raigambre arcaica en sus hábitos, creencias y procedimientos valorativos, donde lo comunitario se imponía en todos los órdenes. Y allí donde otros pueblos hubieran exigido una mediación entre intereses divergentes, o sea, un Estado, Clastrés decía que en ciertas sociedades, incluso la función de la guerra no definía ninguna instancia superior en esa comunidad utópico. De este modo podía verse a sí misma como “tierra sin males”, pues una vez vueltos los guerreros de su faena, buena o mala, no recibían ninguna consideración especial, se disolvían en el magma social. A eso el antropólogo lo llamaba “el infortunio de los guerreros”.
El estado, condensación de poderes espesos, repletos de oscuras intermediaciones, fue el espectro maligno que figuró entre los dardos más exclusivos lanzados por el anarquismo. Comparado con el poder de los dioses, el Estado extraía toda la fuerza de la sociedad – ésta, siempre prometiendo su llama vital reparadora - y la congelaba en órdenes, controles y represiones. En el inconsciente histórico más arcaico de la humanidad late un signo que llama a un “sin-Estado”. Pero todo el pensamiento moderno, sin ponerse enteramente de espaldas de ese sueño difuso de los pueblos nómades o pre industriales, se definió por un largo debate, que es tan viejo como el pensamiento de Aristóteles o Hegel. No era posible escapar de una lógica de intermediaciones entre el Estado y la sociedad civil.
Si se trataba de los socialismos del siglo XIX, se postulaba la disolución del Estado en la sociedad civil. Si se trataba de otra multiplicidad de procesos políticos que se denominaron de diversas maneras – desde el bismarckismo hasta el tercermundismo del siglo XX - se trataba de considerar el papel del Estado al que se le toleraba pretender una burocracia propia, intereses propios de carácter intermediario y facultades sobre el resto de las actividades, si lo hacía en versiones igualitaristas. Cumpliendo entonces el papel de desequilibrar la predominancia de sectores poderosos en la economía que hacían del Estado “un comité administrador de sus propios intereses”. Había intereses, y el Estado “social democrático”, “tercermundista” o “populista”, tenía que adoptar – y hacer su mutación en torno a ellos - los intereses de los sujetos colectivos más avasallados. Nadie todavía había proclamado el fin de la historia.
Nuestras Voces
¿Cómo es esto para el macrismo? El concepto de “conflicto de intereses”, que usan siempre en caso de apuro, puede aclararlo un poco. Esta vieja noción de los códigos comerciales se ha tornado principal categoría político. Este efecto lo produce el fin de la idea de Estado como conteniendo un bien común, concepto éste siempre considerado un misterio absoluto, pues aunque siempre tuvo una nota de ingenuidad o falsedad, en ninguna versión liberal o republicana, el bien común deja de ser un oscura galaxia atravesada por toda clase de intereses corporativos, tecnológicos, públicos y privados, jurídicos y comunicacionales, sin ningún “tercero exento” que pueda retornar las tareas arbitrales y severas del Estado clásico.
La enorme cantidad de invocaciones que hace el macrismo a la idea de “conflicto de intereses” se debe a una extendida mala conciencia – último hilo que lo mantiene unido a una débil institucionalidad - pues ellos saben perfectamente que una nueva situación antes no considerada está ante los ojos de la sociedad. El Estado ya no es otra cosa que la continuidad indefinida del conflicto de intereses, pero declarando que no existen a fin de que predomine uno solo. Una sola clase de intereses. Los intereses de la clase más encumbrada históricamente, que a la vez, niega la lúgubre y fangosa historia de ese encumbramiento.
Esto implica la apariencia de la extinción absoluta de tal conflicto. Porque si por un lado, continuamente los empresarios que gobiernan tienen que aclarar que no hay el mentado conflicto, es porque su manifestación pública es tan ostensible, ofensiva y humillante para la sociedad, que desde cierta Oficina especializada que se destina a resguardar tales intereses, todos los días lanza el latiguillo. “No, no hay…”
No hay entonces conflicto entre el ministro de energía y las compañías del ramo que integra o integró, no hay incompatibilidad entre el ministro de agricultura y la presidencia de la sociedad rural, no hay discordancia entre el presidente y las numerosas empresas que integra o integró beneficiadas por múltiples inversiones del estado, y así, tampoco la hay entre tal ministro y la más importante cadena de farmacias, entre tal otro y una de las cadenas de ventas de automóviles más activas, entre el de más allá y las grandes empresas de construcción. No hay y no hay.
Si los gobiernos surgidos electoralmente bajo condiciones electorales no necesitaban antes investigar cada uno de sus actos según la dosis de conflicto de intereses existentes, era porque trataron de gobernar, con los inconvenientes conocidos, para limitar, moderar o hacer prevalecer el interés público sobre el privado. No predominaban funcionarios empresariales que diluían el ámbito de decisión autónoma del poder público, e hipócritamente se hacían el análisis científico de transparencia en los laboratorio anti corrupción que con barbijo y bisturí proclamaban, a la salida del recuento globular, no ha lugar. “No conflcit”. Tal ex funcionario de Shell no va a favorecer a Shell. Pero se trata de un favorecimiento formalista – pues hasta sería posible que se haya desprendido de sus acciones - sino de tipo ontológico, pues tal funcionario “piensa como Shell”, “habla como Shell”, su presencia en el estado es una “presencia Shell, Clarín, TN, Telecom, Cablevisión, Irsa”. Lo que sea. Estado y empresa se fusionan como en los pliegos de coaliciones empresariales.
El Estado heredado desde mediados del siglo XIX no existe más, salvo en ciertos ceremoniales, en algunas actuaciones puramente imaginarias donde aún las fuerzas del nuevo ordenamiento tecnológico –que tomaron a su cargo la decisión política, jurídica y la construcción de imágenes de gobierno, aun cuando sea con iconografías de la vida cotidiana, y especialmente con ellas-, aun necesitan ver a los gobernantes, un ratito siquiera, en casas de gobierno con escudos, banderas y uno que otro himno. Pero se les nota el fastidio por esas “horas perdidas” entre bustos de mármol y granaderos. El reciente Decreto de Necesidad y Urgencia de Macri revela que el estado “con sus tres poderes”, el trámite parlamentario, las discusiones previas, las comisiones, el arduo debate posterior, ya no forma parte de la estructura de la decisión, tal como en el viejo Estado, que en la Argentina, con vicisitudes cambiantes, duró desde Mitre a Kirchner, con los terribles interregnos del caso.
Por eso, lo que están haciendo los que han soldado la noción de “ejecutivo” de empresa con la del “Poder ejecutivo”, que vine de Montesquieu o Tocqueville, es destruir la sociedad civil al mismo tiempo que al Estado complejo, con su “burocracia”, sus saberes más o menos cristalizados, su relación con los sindicatos, las fuerzas armadas, etc. Ni se diga del Parlamento. Sigue existiendo porque – simplemente - no se animan a disolverlo por decreto, o con un chiste al pasar hecho en un viaje de avión de línea – engañosa fusión del “funcionario” con el “pasajero común” - pues a la “gente” a la que invocan, aun le gusta ver pompas gubernamentales, toques de clarín, poses dramáticas de los oradores, escolares de guardapolvo reverenciando algo.
Pero para el macrismo ese es un excedente que por ahora toleran mientras ensayan toda clase de fórmulas para la desintegración del átomo, esos antiguos pero imprescindibles corpúsculos de la política – subrayemos aquí - como saber auténtico sobre los más profundos conflictos de interés de una sociedad, que es lo único que crea vida colectiva y conocimiento por la vía del desacuerdo.
El Parlamento – es obvio que esto reviste urgencia, no cualquier urgencia, sino una urgencia de reconstitución de los nexos y nervaduras vinculante de lo social y colectivo - debe voltear, derrumbar y postrar ese DNU doblemente corrosivo: uno, porque sus temas antisociales destruyen la operatividad efectiva del Estado como íntimo resorte del pensamiento democrático, y dos, porque su forma ilegal lleva al extremo una pócima de aniquilación de la representación política surgida de elecciones. Ellos marchan hacia el fin del conflicto de interés con el triunfo del único interés eminente que los mueve: desmantelar la autonomía institucional, reflexiva y emancipadora de la institucionalidad pública. Y con ello la idea misma de pueblo, con el triunfo coactivo de la innecesaridad de mediaciones: parlamentarias, sindicales, etc.
No se privan, en estos casos de utilizar diversas formas de chantaje, pues con ser históricamente deficientes en la argentina muchas de las formas de representación sindical, se las quiere ahora avasallar no por lo que tienen de estropeadas sino por lo que aún conservan, muchas de ellas, de “vita activa”. Para ello, chantajean con elementos extraídos de redes de inteligencia sofisticadas, que también tienen antenas específicas para dirigir la opinión moralizante, dando a conocer informaciones del servicio secreto estatal como actos de guerra y de acuartelamiento de conciencias, a las que les trazan su destino: o la disolución del sindicato en micro-estados de control de poblaciones, o el envío de la carpeta al juezazo de turnazo.
También las fuerzas llamadas de seguridad son un ente tercerizado en los hechos, aunque se cultiven continuidades y áreas de competencia separadas y su mando único en un ministerio que ha declarado también no tener un gramo de intereses en conflicto. Pero todo ello contribuye a la “sociedad sin estado”, gobernada por un estado ad-hoc, es decir, un poder invisible, un estatalismo espectral, construido al lado del anterior, visible, grasoso y anacrónico. Pero es el que realmente actúa para cada caso singular, con la venia apenas ritual de “no hay conflicto de intereses”.
Ante ello, el Ejército, que no ha participado en las graves represiones del último tiempo inmediato, también de “desestatiza” para reemerger omitiendo la generación de juridicidades históricas en el país, soberanamente asentadas, y practicando su interés bajo la forma de un nuevo trazado de un conflicto de símbolos. Al margen de la compleja historia jurídica, intelectual y ética colectiva instaurada en las últimas décadas, realiza un acto amenazador amparado en ese “no conflicto de intereses” encubierto, fingido y simulador. No es que cada ente, institución o grupo humano no pueda conmemorar sus muertos. Pero no hay muertos en común. Y cada conmemoración debe aceptar un acto social previo que regula que efecto sobre la esfera pública desea suscitar. Si se trata de decir, nuevamente, que vendrán lenguas de fuego si los movimientos sociales, sindicales, parlamentarios y culturales colectivos no se diluyen y enmudecen su voz, aquí tenemos otro caso de cómo alguna oficina secreta ha susurrado ante alguna inquisición distraída:
- “¿Es posible hacer tal acto con gran apoyo mediático?”
– “¡Es claro, si no hay conflicto de intereses!”
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