lunes 22 de enero de 2018
EN CASA DE HERRERO
El organismo encargado la Ética Pública quedó dentro de un conflicto de intereses.
La OA de Laura Alonso, sin filtro
La Oficina Anticorrupción contrató como agente de prensa a una consultora vinculada al PRO que además hace lobbying para empresas privadas. El lobbying consiste en representar intereses particulares ante el Estado. Ahora puede hacerlo desde el Estado mismo.
Captura de pantalla: la misma consultora revela su falta de timidez para publicitar los servicios que brinda.
La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, contrató como responsable de prensa a una consultora. Es algo de por sí inusual para funcionarios públicos, que suelen manejarse con voceros y equipos de comunicación que ocupan puestos estatales. En este caso, además, no se trata de un mero contrato obtenido presumiblemente gracias a un vínculo político, ya que la firma está ligada al PRO. La empresa se dedica nada menos que al lobbying, lo cual pone a Alonso ante un evidente conflicto de intereses.
Consuasor, fundada en 2005, fue contratada por la OA a comienzos del año pasado. Entre sus servicios ofrecidos en la web, figura la estrategia comunicacional y el análisis de “riesgo político-regulatorio”. También el lobbying, es decir, la representación de intereses privados ante el Estado.
De modo que la Secretaría de Etica Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (tal es el nombre formal de la OA), una de cuyas tareas es investigar el cruce de intereses estatales y privados, se encuentra ante el escenario de pagar a una consultora que también trabaja para empresas que buscan incidir en políticas gubernamentales. Si Consuasor se dedica a abrir puertas de despachos oficiales para sus clientes, la tarea se le torna mucho más llevadera desde el riñón de una dependencia pública dedicada a monitorear el mapa del Estado argentino.
La consultora detalla su oferta de este modo:
- “Brindamos informaciónìn sensible, imparcial y detallada sobre decisiones relevantes de gobiernos y parlamentos de Latinoamérica para quienes toman decisiones”.
- “Con un enfoque profesional, original y ético del lobbying en tanto gestión de los intereses de nuestros clientes ante los gobiernos, ayudamos a quienes nos eligen a lograr consensos para sus proyectos”.
El artículo 2 de la ley de Etica Pública, directriz de la OA, establece que el funcionario debe “velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular”.
En tanto, el artículo 13 impone que “es incompatible con el ejercicio de la función pública dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado”.
La frontera bifuncional de la consultora contratada por Alonso choca con lo estipulado.
La norma es que ministros, secretarios y altos funcionarios trabajen con equipos de prensa integrados por empleados públicos fijos o contratados, a veces bajo condiciones precarias. Dado que la tarea tiene alta sensibilidad política y suele ir más allá de la vocería, los funcionarios tienen habilitada la designación de profesionales de su máxima confianza en puestos jerárquicos. A veces con el rango de director nacional.
Desde 2015, Anticorrupción ha contado con el área regular de Prensa y con jefes designados ad hoc. La particularidad de la dependencia a cargo de Alonso es la alta rotación de “prenseros”, como se conoce en la jerga a los responsables del área. Al menos tres en dos años.
Consuasor fue ganando terreno y se transformó en la voz de Alonso y jefatura de prensa de la OA. De hecho, una consulta periodística regular formulada al área de prensa es respondida por la consultora.
Los fundadores de Consuasor son tres jóvenes que estudiaron en la Universidad Católica, uno de los cuales, Juan Gentile,conocido como Juano, falleció el 25 de septiembre pasado, a los 34 años. Fue jefe de prensa del bloque PRO en el Congreso entre 2008 y 2012, responsable de prensa del PRO entre 2012 y 2015, y subsecretario de Comunicación Pública desde el inicio del gobierno de Macri. La muerte por enfermedad del joven, oriundo de la localidad de 9 de Julio, provocó un fuerte impacto entre funcionarios y periodistas, que valoraban su carácter siempre afable.
Gentile fue un cercano colaborador de Federico Pinedo en la Cámara de Diputados. Más aún, Consuasor se atribuye la “asesoría estratégica” de “President Pinedo” (sic) desde 2006 hasta la actualidad, incluido su papel como titular provisional del Senado, tercero en la sucesión presidencial. Parte del área de prensa de Pinedo es manejada por la consultora hasta el día de hoy, en otro hecho poco usual.
Sosa Liprandi, en tanto, fue gerente de Comunicaciones del PAMI entre 2012 y 2015 bajo la dirección de Luciano Di Césare, durante el gobierno anterior.
Al producirse el cambio de mando nacional, en diciembre de 2015, Sosa Liprandi retomó la silla de Consuasor, aunque con la función ambigua antes descripta, y Gentile ingresó a la Casa Rosada. Fuentes consultadas indicaron que el joven fallecido no tuvo vínculo formal con Consuasor mientras se desempeñó como subsecretario.
El tercer socio fundador de Consuasor es Alejandro Giúdice, ex jefe de Relaciones Institucionales de Walmart.
ONGs
Alonso fijó como una de las prioridades de su gestión el vínculo con las organizaciones no gubernamentales, mundo del que proviene. Cuando en 2009 dejó la dirección ejecutiva de Poder Ciudadano para ser candidata a diputada del PRO, la decisión produjo un cimbronazo en la organización, ya que el pase socavó la pretensión de apartidismo de ese tipo de entidades.
Los cuestionamientos a la funcionaria van mucho más allá del kirchnerismo o la izquierda. Una de sus críticas frecuentes, Margarita Stolbizer, apuntó contra Alonso el fin de semana por el llamado a licitación para realizar un mapa de la corrupciòn en el Servicio de Sanidad Animal a un costo de 1,3 millón de pesos, lo que para la ex candidata presidencial era una cifra exorbitante y un intento de privatizar tareas que deberían ser propias de la OA.
En respuesta al bisemanario Perfil, fuentes cercanas a Alonso indicaron que “hacía diez años que la OA no trabajaba y para hacer este mapa se necesitan contadores, ingenieros, especialistas. Este análisis no se puede hacer sólo con abogados, que es el personal que tiene el organismo”.
El resbaladizo argumento de Alonso generó reparos incluso dentro de la OA, según pudo saber este diario, pero en cualquier caso, resulta inaplicable al caso de Consuasor como responsable de prensa.
PáginaI12 intentó comunicarse con Alonso para conocer el monto mensual abonado a Consuasor y los motivos de la contratación, y también con la empresa encargada de la prensa. Consuasor no respondió ni como proveedor del Estado ni como vocería de la Secretaría de Etica.
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