Sobre actuarios y profetas
El ministro que vive un baldío escribió el lunes en twitter que el paro le iba a "costar a los argentinos casi 29 mil millones de pesos". Para los gobiernos serios como el nuestro, la realidad se analiza de dos maneras antagónicas. Con ojo de actuario en lo que se refiere a los derechos de las mayorías – cuyo costo suele ser insostenible – y con pasión de profeta en lo que respecta a las ventajas de las minorías más ricas.
El lunes 25 de junio, día del paro general convocado por la CGT y respaldado por todo el espectro sindical, el ministro que vive en un baldío escribió en su cuenta de twitter: "El paro de hoy le va a costar a los argentinos casi 29 mil millones de pesos. La única manera de sacar adelante nuestro país es trabajando". Una cifra creativa luego retomada con pasión por varios periodistas serios en lo que se conoce como "nado sincronizado independiente", un proceso que le permite a los medios llegar a las mismas conclusiones que el gobierno pero de forma independiente.
Como explicó Martín Rodríguez, "Lo bueno de saber 'cuánto cuesta un paro' es que por fin aceptan lo que nunca dicen: que los trabajadores producen riqueza. Porque el resto de los días a los trabajadores los tratan como a un costo". En efecto, para los gobiernos serios el sueldo no es la contraparte del capital a la mano de obra que genera riqueza sino un costo que la limita. Lo mismo ocurre con las cargas sociales, las indemnizaciones e incluso las leyes laborales que protegen al trabajador: no son derechos sino privilegios que penalizan el desarrollo. Según el pensamiento mágico de nuestros gobiernos serios, emulando los sueldos y las leyes laborales de Burundi lograremos igualar la riqueza de Alemania.
Por supuesto, la obsesión de actuario por los costos de cada decisión sectorial no se aplica en todos los casos. Ningún miembro del actual oficialismo, por ejemplo, se dedicó a calcular los costos del lock-out patronal que a principio del 2008 y durante meses enfrentó la resolución 125 dictada por el gobierno de CFK. En aquel momento se trataba de una "gesta heroica" que intentaba frenar a un "Estado depredador". Al fin y al cabo, salvar a la república no tiene costo. Lo mismo ocurrió con el reclamo de los holdouts. Apenas se conoció el extravagante fallo del juez Griesa, Mauricio Macri, entonces jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, explicó: "Ahora hay que ir, sentarse en lo del juez Griesa y hacer lo que diga", lo que efectivamente llevó a cabo apenas fue elegido presidente. No hubo actuario alguno que calculara el costo de pagar en efectivo lo que reclamaban los acreedores ni la ventaja de negociar con ellos como el gobierno negocia hoy paritarias por debajo de la inflación. De la misma forma, Cambiemos nunca creyó necesario calcular el costo fiscal de la eliminación de retenciones al agro y a la minería, es decir, "lo que le va a costar a los argentinos".
Ocurre que, para los gobiernos serios como el nuestro, la realidad se analiza de dos maneras antagónicas. Con ojo de actuario en lo que se refiere a los derechos de las mayorías – cuyo costo suele ser insostenible – y con pasión de profeta en lo que respecta a las ventajas de las minorías más ricas. En este último caso calcular los costos sería una pérdida de tiempo ya que, en un futuro tan virtuoso como indeterminado, esa mejora inmediata de una porción mínima de la sociedad se traducirá en un beneficio para todos.
Como la curación por las gemas, es sólo cuestión de fe.
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