El manotazo

martes 28 de agosto de 2018




ECONOMÍA

El manotazo

Paralizada la obra pública por el ajustazo, el Gobierno intenta salvar el régimen de las PPP, golpeado de lleno por la crisis y el escándalo de las fotocopias. Como las constructoras no consiguen financiamiento privado, Dietrich anunció que el Estado pondrá la plata para salvarles el negocio

Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. 

Imagen: Pati-Jorh

Por         Fernando Krakowiak




El gobierno adjudicó en junio seis corredores viales mediante el sistema de Participación Público Privada (PPP). Al promocionar la iniciativa, los funcionarios remarcaron que la principal ventaja de esta nueva modalidad era que iba a facilitar la obtención de financiamiento privado por parte del contratista para dinamizar la obra pública. Sin embargo, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, anunció ayer la creación de un fideicomiso integrado con fondos del Banco Nación para que las empresas puedan comenzar con las obras. De este modo, el principal banco público del país financiará con los ahorros de sus clientes a las grandes empresas de obra pública, muchas de las cuales están siendo investigadas por haber pagado coimas para obtener contratos con el propio Estado Nacional (ver aparte). El aporte del Banco Nación oscilará entre los 200 y 300 millones de dólares, mientras que la tasa de interés todavía no fue informada.


“Hemos creado un fideicomiso que va a permitir que los aportes de los bancos para el financiamiento de las primeras etapas de las obras de PPP viales vaya a través de este fideicomiso del Estado a las empresas”, dijo Dietrich en una conferencia de prensa que brindó junto al subsecretario de Participación Público Privada, José Luis Morea; el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga; y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.


El fideicomiso es para viabilizar el financiamiento de corto plazo y garantizar así que las obras puedan comenzar entre octubre y noviembre. “Para dar inicio en tiempo y forma es necesario instrumentar financiamiento de corto plazo que le permita a los consorcios avanzar con las obras del primer año mientras estructuran y concretan el financiamiento de largo plazo en los mercados internacionales”, aseguró Morea. El financiamiento de corto plazo estaba previsto, pero se suponía que los consorcios iban a conseguir ese dinero por su cuenta en la banca privada. En el gobierno aseguran que los bancos no les están dando el dinero por la investigación que surgió a partir de los cuadernos del chofer Oscar Centeno y que involucró a numerosas empresas de obra pública en el pago de coimas. “Sabemos que la llamada causa de los cuadernos ha generado cierta incertidumbre”, sostuvo Dietrich. 

El fideicomiso se ideó para sortear este problema, pues se supone que los bancos que se resisten a prestarles el dinero directamente a las contratistas de obra pública no tendrían problema en canalizar los fondos a través del Estado Nacional, quien sería el garante de la operación. Sin embargo, pareciera que ni siquiera el fideicomiso es garantía suficiente porque el Banco Nación es, al menos por ahora, la única entidad financiera que va a aportar fondos. “El Banco Nación está comprometido con el éxito del proceso de la obra pública como lo manda su carta orgánica y consecuentemente hemos decidido prestar a este fideicomiso entre 200 y 300 millones de dólares en condiciones de mercado que se van a definir en los próximos días”, aseguró Javier González Fraga, presidente de la entidad, quien también comprometió una línea de 30.000 millones de pesos para el financiamiento de la obra pública tradicional.

“Es muy importante y valorado el aporte que va a hacer el Banco Nación para el funcionamiento de este fideicomiso que después será acompañado por otros bancos privados argentinos e internacionales”, remarcó Dietrich. En los hechos, el aporte del banco público está garantizado, mientras que los desembolsos de la banca privada por ahora son solo una promesa. “Estamos hablando con los bancos privados, locales e internacionales, y todos han demostrado un interés en explorar y participar eventualmente de este fideicomiso”, agregó Morea. 

El proyecto consiste en el desarrollo de seis corredores viales que suman 7347 kilómetros y demandarán una inversión de 6000 millones de dólares en un plazo de cinco años. En teoría la inversión iba a ser privada y el Estado garantiza su recuperación a través de un contrato de concesión por 15 años que incluye el cobro de peajes en las rutas y autopistas adjudicadas. Por ahora el financiamiento de corto plazo lo va a garantizar la banca pública, lo que al menos por ahora vuelve inexplicable el sistema PPP, mientras que el financiamiento de largo plazo continúa siendo una incógnita. Las adjudicatarias tienen un año para conseguir los fondos, pero en el contexto actual el riesgo argentino vuelve prácticamente imposible la obtención de esos recursos en el mercado financiero internacional. “Tienen hasta agosto de 2019 para demostrar financiamiento por estos 6000 millones de dólares del total de las obras de los primeros cinco años”, concluyó Morea. Si no lo logran, se supone que el Estado Nacional podría ejecutar las garantías que pusieron.

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