martes 18 de diciembre de 2018
POLÍTICA
Prohibido fallar
El Gobierno profundiza la política de castigar a los jueces que no fallan de acuerdo a los deseos del oficialismo. Presentaron en el Consejo de la Magistratura el juicio para destituir a los camaristas que pusieron un freno a los despidos masivos en la agencia Télam
Imagen: Daniel Paz
Por REDACCIÓN de PÁGINA 12
Los autoridades de Télam presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra los dos camaristas que, en agosto pasado, confirmaron un fallo que dejó sin efecto los despidos en la agencia oficial de noticias. El pedido de jury apunta contra los miembros de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Enrique Arias Gibert y Miguel Rodríguez Brunengo. En su momento, ambos habían sido recusados por la dirección de Télam. Su fallo fue revisado por la Sala VI, que ratificó la vigencia de la sentencia. Sin embargo, la ofensiva del Gobierno no se detuvo. Como hace cada vez que se dicta alguna resolución laboral contraria a sus intereses, Cambiemos va ahora por la destitución de los camaristas.
En agosto, Enrique Arias Gibert y Miguel Rodríguez Brunengo ratificaron un fallo de primera instancia dictado por el Juzgado Nacional de Apelaciones del Trabajo 22, que ordenó la reincorporación de cinco trabajadores de Télam, los cinco primeros que judicializaron sus cesantías.
La denuncia presentada por los abogados de la empresa estatal sostiene que los camaristas hicieron lugar a medidas cautelares más allá de lo que se había resuelto en primera instancia. El pedido de jury espera a ser sorteado entre los miembros que de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura. Por este motivo, los magistrados aún no fueron notificados de la acción que pretende sentarlos en el banquillo.
Las reincorporaciones dictadas en primera instancia en junio pasado habían sido apeladas por Rodolfo Pousá, presidente de la agencia de noticias y subordinado del titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi. El paso siguiente se dio en agosto, cuando Arias Gibert y Rodríguez Brunengo dictaron la “nulidad” de esa presentación y ratificaron las reincorporaciones. En septiembre, la Cámara los apartó. Luego la Sala VI revisó el fallo y volvió a ratificarlo.
Lo que permitió revertir judicialmente los despidos masivos – el intento fue dejar en la calle a 357 trabajadores – fue que la agencia omitió iniciar un procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo antes mandar los telegramas, según obliga la Ley Nacional de Empleo. Con todo, los trabajadores debieron sostener una huelga de 119 días hasta que lograron que todos los cesanteados que pidieron ser reincorporados volvieran a la agencia, en varias tandas de amparos.
Mariano Suárez, abogado de los trabajadores de Télam y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), advirtió que la ofensiva tiene el objetivo de presionar a los camaristas, ya que estos dos mismos jueces deben expedirse por el reclamo de otros 150 despedidos de la agencia. “Hay cinco fallos que ya están confirmados en todas las instancias”, explicó el abogado, “pero hay todavía otras 150 demandas que tienen sólo fallo de primera instancia. En este momento están en la Cámara de Apelaciones, en esta misma Sala. Es decir, que deben resolver sobre ellas estos mismos jueces, que por otra parte volvieron a ser recusados. Esto es una presión destinada a esos futuros fallos”.
No es la primera vez que la administración de Mauricio Macri obra de esta manera con jueces que fallan contra alguna de sus decisiones. Incluso, ni que lo hace contra Arias Gibert. En febrero, el entonces Ministerio de Trabajo, luego devaluado a Secretaría, presentó un pedido de juicio político contra ese camarista, por haber fallado contra la intromisión del Gobierno en la paritaria bancaria. La cartera laboral había intentado anular el acuerdo entre los bancos y la Asociación Bancaria de un aumento del 24 por ciento, que era superador del techo del 27 que había intentado fijar la Casa Rosada.
La ofensiva del Gobierno no se limita a los jueces del Trabajo. Más de un centenar de abogados laboralistas se reunieron este viernes para anunciar la creación de un Foro de abogados sindicales, cuyo principal objetivo es advertir sobre la avanzada de Cambiemos en todos los frentes que hacen a la defensa de los derechos de los trabajadores.
Guadalupe Lombardo
El camarista Enrique Arias Gibert, uno de los apuntados por el Gobierno.
El Foro, integrado entre otros por Matías Cremonte (Asociación Abogados Laboralistas), Hugo Moyano, Juan Martínez Chas (CGT), Adolfo Matarrese (Alimentación), Lucho Martínez (Pilotos), León Piazek, Guillermo Gianibelli (Metrodelegados), Hector García (Ctera) y Paula Lozano denunció que la persecución por parte del gobierno es también ejercida contra los abogados del fuero “con la única finalidad de desprestigiar y disciplinar a actores que tienen por misión garantizar la Autonomía Sindical, neutralizarlos en su accionar y desmantelar la justicia nacional del trabajo”.
Como parte del mismo menú de violación de los derechos laborales, el foro enumeró las intervenciones a los sindicatos,la persecución política contra dirigentes, abogados y jueces del trabajo, la represión, la imposición de multas para atentar contra el derecho de huelga, la utilización arbitraria de la conciliación obligatoria para desarmar los reclamos, la pasividad de la secretaría de Trabajo frente a despidos masivos.
Los laboralistas concluyen que hay “una ostensible decisión Gubernamental de afectar derechos fundamentales consagrados por la Constitución Nacional e Instrumentos Internacionales ratificados por el Estado argentino, vulnerando con tal accionar las garantías de los trabajadores”.
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