miércoles 10 de abril de 2019
INVESTIGACIONES
Moyano denunció a Macri por
espiarlo y atacarlo con la AFI
El dirigente camionero Hugo Moyano demandó penalmente al Presidente Mauricio Macri por “actividades ilegales de inteligencia, tráfico de influencias y sustracción de caudales públicos”.También acusó a los periodistas Luis Majul y Alfredo Leuco, entre otros, de ser parte de una campaña dirigida a cambio de publicidad oficial. Por otro lado, los diputados Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade y el senador Marcelo Fuentes también acusaron a Macri y a los jefes de la AFI de realizar “inteligencia para encarcelar a Pablo Moyano” por las presiones al juezCarzoglio, parcialmente admitidas en el Congreso por Arribas y Majdalani. Acusan a dos agentes de la AFI que “apretaron” al juez luego de que Macri le enviara un mensaje.
El ex juez Daniel Llermanos, abogado de Hugo y Pablo Moyano, amplió su denuncia penal ante el Juzgado Federal Número 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Juan Pablo Auge, tal como adelantamos ayer en la crónica de 'Nuestras Voces'. En representaciónde Hugo Moyano señaló directamente al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, como el presunto responsable máximo de la campaña judicial y mediática en contra del líder síndical.
“Que vengo a denunciar los delitos de actividades ilegales de inteligencia, tráfico de influencias, y sustracción de caudales públicos al Presidente de la Nación, Mauricio Macri en carácter de autor de los delitos referidos haciendo extensiva a la presente a quienes resultasen partícipes en cualquier grado y/o encubridores”, sostuvo Moyano a través del escrito presentado por su abogado Llermanos.
Nuestras Voces
Según Moyano, “el denunciando (Macri) en la convicción en que el firmante era un estorbo para sus planes de flexibilización laboral y de endeudamiento público de nuestro país, ha ejecutado desde junio de 2016 hasta la fecha, valiéndose de fondos del Estado y de la activa colaboración de miembros de la Agencia Federal de Inteligencia, del Ministerio de Seguridad, y periodistas, un plan criminal determinado a lograr mi desprestigio público mediante reiteradas maniobras de falsificación material y/o ideológica de expedientes judiciales, mediante tráfico de influencias, extorsión a personas privadas de su libertad, ordenando montar paralelamente políticas de confiscación del patrimonio de la entidad gremial que conduzco y el vaciamiento de la obra social”.
Hugo Moyano afirmó en su demanda: “Dejo reservado para el instante procesal oportuno el ejercicio de acción civil contra el Presidente denunciando – en forma solidaria con quienes fuese penalmente responsables - por la suma de 100 millones de pesos, más el monto que resulte de actualización monetaria e intereses”. En ese sentido, el dirigente camionero y principal referente de la Corriente Sindical, subrayó que su demanda contra Macri, “guarda conexidad con la causa 18.599/19 de trámite ante el mismo Juzgado”.
En ese expediente, el abogado Llermanos había demandado la semana pasada al periodista Luis Majul por la difusión en televisión de una supuesta escucha ilegal de una conversación privada que mantuvieron él y Moyano. Además, Llermanos describió cómo lo siguieron y espiaron en su estudio. Se sumó a los dichos del letrado Carlos Broitman, que apuntó a Elisa Carrió y reclamó ser parte querellante en la causa de espionaje ilegal y armado de causas federales, que tramita en el Juzgado Federal de Dolores y está a cargo de Alejo Ramos Padilla, quien investiga el accionar presuntamente delictivo del supuesto agente de la DEA, Marcelo Sebastián D’Alessio, Carlos Stornelli.
Llermanos denunció a dos agentes de la AFI, que habrían amenazado al juez de Garantías de Avellaneda Luis Carzoglio para que incriminara a Pablo Moyano. El abogado nombró a los espías Sebastián Distéfano o Destáfano y Fernando Di Pasquale, como quienes habrían coaccionado a Carzoglio para que fallara en contra la libertad de Pablo Moyano en 2018 y ordenara su prisión por orden de Macri. Algo que Carzoglio no sólo desestimó por falta de pruebas, sino que denunció ante el fuero penal de su distrito en el marco de un jury en su contra.
Este grave episodio habría sido admitido, en parte, por los jefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, el pasado 4 de abril ante la Comisión Bicameral de Control y Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso. Según fuentes parlamentarias, ambos adujeron que enviaron a dos espías para saber – eso dijeron - si el juez Carzoglio iba a detener a Pablo Moyano, ya que esa decisión podría alterar el orden público con presuntas medidas de fuerza determinadas por los sindicatos.
“La realidad fue otra”, aseguró el juez, durante una entrevista con Radio Cooperativa en la que relató los hechos. “Esa gente citó a un oficial letrado mío en una fiscalía de Lanús, y ahí le transmitieron el interés del Presidente de la Nación de hablar conmigo. Plantearon un interés directo de Macri hablar conmigo”, explicó Carzoglio. Para el magistrado, “no es normal que un presidente de la Nación quiera hablar con un juez sobre una causa en la que tiene interés”. No obstante, aclaró que aceptaría una invitación de ese estilo, “siempre que no sea para presionar. Soy un tipo bien pensado”, subrayó, pese a estar suspendido luego de que decidiera no hacer lugar al pedido del Poder Ejecutivo.
“Fue una satisfacción y me conmovió que el Congreso se haya admitido que enviaron a agentes a hablar conmigo”, remarcó. “Se ratifica que todo lo dicho fue verdad”.
En esta nota del 3 de abril, narré el padecimiento del juez Carzoglio con su mujer enferma y la vida reglamentada bajo constante custodia policial:
“Mire, le vamos a hacer las cosas sencillas. Le vamos a mandar un borrador de una resolución de detención de Pablo Moyano para que usted lo firme. Le va a llegar dentro de un rato”, fue lo que escuchó Carzoglio de parte de Juan Sebastián De Stefano y Fernando Di Pasquale, dos agentes de la AFI. El juez guardó ese borrador en una caja de seguridad y forma parte documental de su denuncia en contra de sus perseguidores que están alineados directamente con el Poder Ejecutivo.
Tan es así, que los diputados Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade y el senador Marcelo Fuentes del Frente para la Victoria-PJ, también denunciaron penalmente a Macri y a los jefes de la AFI, Arribas y Majdalani.
Los legisladores los acusaron por la presunta “comisión de una gran cantidad de delitos” y por “la realización de operaciones de inteligencia” desplegadas por funcionarios del organismo para “encarcelar al secretario general adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano”.
La denuncia recayó en la fiscal federal Paloma Ochoa y el juez federal Sergio Torres. En el escrito, los legisladores recordaron, al igual que Moyano y Llermanos en su demanda, que en noviembre de 2018 funcionarios de la AFI “habían mantenido reuniones con el juezCarzoglio, quien confirmó, posteriormente, que los agentes se reunieron con él para informarle que el presidente (Macri) estaba interesado en la causa que llevaba adelante contra el señor Pablo Moyano y que tenía una obsesión: su detención”.
Al mismo tiempo, remarcaron que la reunión de la semana pasada con los titulares de la AFI, Arribas “reconoció los hechos”.“Ratificaron lo que había señalado el propio juez Carzoglio, en cuanto a que fueron Juan Sebastián De Stéfano y Fernando Di Pascuale los funcionarios de la AFI que lo visitaron”. “(…) Asistimos como miembros de la Bicameral al reconocimiento de responsabilidad en un hecho de extrema gravedad institucional, que involucra directamente al actual presidente de la Nación Mauricio Macri, utilizando la Agencia Federal de Inteligencia para presionar jueces y lograr el encarcelamiento de opositores políticos”, dijeron los legisladores. Y le pidieron a la Justicia que le requiera a la AFI el legajo de los agentes De Stéfano y Di Pascuale; a la bicameral, copias de las notas enviadas y la versión taquigráfica de la reunión del 4 de abril; y que se cite a prestar declaración testimonial al juez Carzoglio.
Así las cosas, el juez de Garantías perseguido por la Alianza Cambiemos ya no se defenderá ante los vecinos de Avellaneda y declarará en el fuero federal penal en dos causas que tarde o temprano tendrán condenados a prisión. Mientras tanto, el miércoles a las 18:30, en el Club Tres de Febrero de Dock Sud, Carzoglio dará una charla con los vecinos de la zona sobre el jury que lo involucra y la situación del trámite judicial en compañía de sus abogados.
Cuando Carzologlio recibió estas presiones, en los últimos meses del año pasado, la diputada Elisa Carrió se comunicó con él. Derivó su denuncia contra la AFI en su secretaria privada, con quien el magistrado se reunió en dos oportunidades, y Carrió desapareció de escena. Ahora aparece de nuevo mencionada incluso en la denuncia de Moyano. Y el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, investiga las constantes comunicaciones telefónicas de su ladera, la legisladora del ARI Paula Oliveto, con Marcelo Sebastián D’Alessio. ¿De qué hablaban? Según la indagatoria del espía de la AFI en arrepentimiento, Hugo Rolando “Rolo” Barreiro, solían conversar sobre información de inteligencia de dirigentes opositores, que le habría encargado Oliveto a D’Alessio.
Leuco y Majul
En la demanda de Moyano contra Macri también fueron denunciados los periodistas Alfredo Leuco y Luis Majul. El dirigente camionero los acusa de presuntas operaciones de prensa destinadas a debilitar su imagen pública. Moyano hizo un repaso detallado de la pauta publicitaria millonaria que habrían recibido por parte de varios organismos del Estado esos periodistas. El mismo criterio denunciatorio está presente en la primera demanda de Llermanos, que se conecta con la de Moyano en una sola causa penal con indudables derivaciones en el fuero civil.
Este flamante y candente escenario demuestra que el expediente por el escándalo del falso abogado D’Alessio en Dolores tendrá su correlato en esta denuncia unificada de Moyano y Llermanos. El poder concentrado de Comodoro Py se deshiela. Si Ramos Padillalogra probar que el mensajero memorioso de las tardes de hastío, Leonardo Fariña, habría aprendido el presunto guión diseñado en el despacho del ministro de Justicia, Germán Garavano, con la supuesta gestión de Luis Majul y en presencia embrionaria de la ex abogada de Fariña, Giselle Robles, con una serie de e-mails encriptados para recitar, la causa de la llamada “Ruta del dinero K” terminaría en la nulidad definitiva.
El juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli estarían apostando a la intransigencia del fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi, quien continúa objetando la competencia del juez Ramos Padilla. Un accionar que si bien no logra detener el proceso penal en desarrollo, refleja la inexistencia del accionar investigativo del Ministerio Público Fiscal en la causa más relevante de esta etapa democrática.
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