INVESTIGACIONES
"¿El fin del 'lawfare'?"
El 18 de enero de 2015 el fiscal Alberto Nisman fue encontrado sin vida en el baño de su departamento, sin que desde entonces se haya podido demostrar la intervención de terceros en el tiro que le voló la tapa de los sesos. No obstante, la conversión de su 'suicidio en asesinato' fue sin duda el bautismo de fuego del 'lawfare' en la Argentina, así como se denomina la ' judicialización de la política' a través de la triple alianza entre el Poder Judicial, los 'servicios de inteligencia' y la prensa más importante del país.
Es una notable paradoja que justamente el ahora procesado periodista del diario Clarín, Daniel Santoro (uno de los alfiles de tal metodología), haya echado luz sobre el asunto de manera involuntaria, durante su indagatoria ante el juez federal Alejo Ramos Padilla en la causa que investiga la “asociación ilícita” encabezada por el espía polimorfo Marcelo D’Alessio.
Es que al ser interrogado sobre si conocía al ex comisario bonaerense y agente de la AFI, Ricardo Bogoliuk (uno de los detenidos), respondió:
“Lo conocía de nombre. Aunque no personalmente. ¿Por qué conocía su nombre? Porque Nisman antes de morir había pedido una pistola calibre 22. Y a uno que había consultado es a un comisario Bogoliuk, quien en ese momento era una persona desconocida para todos los periodistas”.
Tal dato confirma que el fiscal andaba pidiendo prestada un arma en los días previos a su fallecimiento, lo cual dejaría sin sentido el procesamiento del técnico informático Diego Lagomarsino (considerado participe del hecho por ser suya la pistola que causó el deceso de Nisman), quedando así en la nada la antojadiza hipótesis del “homicidio”.
Claro que semejante giro resultó opacado ante la opinión pública a raíz de la catástrofe electoral del 'oficialismo'. Pero lo cierto es que el fin de la 'larga noche macrista' también implica el derrumbe de un modelo de gobernabilidad cifrado en el ejercicio continuo de la impostura con fines persecutorios.
Cabe aclarar que el 'lawfare' no un invento reciente. Lo prueba el 'affaire Dreyfus', ocurrido al concluir el siglo XIX. Su víctima: el capitán del ejército francés, Alfred Dreyfus, un 'oficial judío' acusado injustamente por espionaje para la Alemania imperial. Y que terminó en el penal de la Isla del Diablo, en la Guyana Francesa, pese a que en París ya se sabía la identidad del verdadero filtrador. El caso sacudió los cimientos de la Tercera República, además de dividir a la sociedad al compás del 'incipiente nacionalismo antisemita', entre otras disfunciones políticas alentadas por la prensa amarilla de la época. En defensa del militar se alinearon intelectuales como Bernard Lazare, Georges Clemenceau y Émile Zola, quien el 13 de enero de 1898 publicó en el diario "L’Aurore" su aún recordado artículo “Yo acuso” ("J’Acusse"), que contribuyó a torcer el rumbo de los acontecimientos: en 1899, Dreyfus fue indultado por el presidente Émile Loubet. Pero recién en 1906 fue rehabilitado por la justicia.
Casi once décadas después, la artillería mediático-judicial, enlazada por el hilo invisible del espionaje, comenzó a ser disparada sobre las democracias más inestables de Occidente. Brasil –con el 'golpe parlamentario' contra Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula – es al respecto un gran ejemplo.
El 'lawfare' puede tener por objeto desestabilizar gobiernos “populistas” o neutralizar 'opositores', depende desde donde se aplique. En Argentina, sus primeros signos visibles fueron articulados precisamente por Nisman con la denuncia contra CFK y el canciller Héctor Timerman por el 'Memorándum de Entendimiento con Irán'. Otro hito: a mediados de 2015, la maniobra basada en el falso testimonio del convicto Martín Lanatta para malograr la candidatura bonaerense de Aníbal Fernández. Ya con Mauricio Macri en la presidencia, el laboratorio en la materia fue la provincia de Jujuy con la crucifixión jurídica de Milagro Sala en aras de imponer un ejemplo aplastante de disciplinamiento social. Pero la temporada nacional de esta especialidad comenzó el 15 de abril de 2016 con la citación del juez Claudio Bonadío a la ex presidenta por el tema del 'dólar a futuro'; aquella vez su llegada al edificio de Comodoro Py se transformó en un acto opositor. Sin embargo, eso no frenó el ímpetu lindante entre la dramaturgia y el revanchismo que el Poder Ejecutivo había empezado a deslizar. A partir de entonces las prisiones preventivas para ex funcionarios fueron moneda corriente, al igual que otros tantos expedientes surgidos de la imaginación de sus instructores. La lista es larga, pero no está de más rescatar dos clásicos: el caprichoso renacer de la denuncia por el 'Memorándum con Irán' y la instalación del falso “homicidio” de Nisman. Pero el 'Oscar' a la mejor ficción fue para la llamada “causa de las fotocopias”.
El fiscal federal Carlos Stornelli resultó ser un abanderado del 'lawfare'. Y con el juez Claudio Bonadío supo idear un sistema confesional basado en la delación asistida. Una mixtura entre el 'macartismo' y la 'inquisición española' a los efectos de encarcelar a todo imputado que no declare lo que ellos quieren oír. Así se originó el 'festival de los arrepentidos'.
Sin embargo, nadie fue más pintoresco que el fiscal Guillermo Marijuán. Ese hombre pequeño y cabezón será recordado en el futuro por ser el artífice de una imagen icónica del período (aún) en curso: las excavadoras abriéndose el paso en la inmensidad de un campo patagónico, en busca de un 'inexistente tesoro kirchnerista'.
En este punto bien vale retrotraerse al mediodía del 10 de diciembre de 2015, cuando el aún flamante presidente leía con tono afable su discurso ante la Asamblea Legislativa. Entonces, tras un leve carraspeo, de pronto, dijo: “En nuestro gobierno no habrá jueces 'macristas'. Y a quienes quieran serlo les digo que no serán bienvenidos si quieren pasar a ser instrumentos nuestros”.
Una salva de aplausos estalló en el recinto.
Días después de tan sabias palabras designó con un 'DNU' a dos jueces de la Corte Suprema (Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz). Ya por aquellas horas el apuro del asunto y el desprecio por la división de poderes, anudadas a través de la 'desubicación presidencialista', no eran un dato menor.
Eso lo supieron después en carne propia ciertos funcionarios judiciales de probada rectitud. Como la ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó (quien renunció tras ser presionada y hostigada para dejar su cargo a alguien funcional al Ejecutivo), al igual que el juez platense Carlos Rozanski (quien renunció antes de que el Consejo de la Magistratura fallara en su contra por una denuncia de “maltrato laboral”), el juez platense Luis Arias (removido bajo los cargos de “abuso de autoridad e intromisión en causas ajenas” por una denuncia impulsada por el procurador bonaerense Julio Conte Grand), el juez de Lomas, Luis Carzoglio (removido por una denuncia que también contó con el impulso de Conte Grand tras negarse a firmar una orden de arresto contra el sindicalista Pablo Moyano), el miembro de Sala I de la Cámara Federal, Jorge Ballesteros (por haber ordenado la libertad de Cristóbal López) y su colega de Sala, Eduardo Freiler (su listado de inconductas incluye el procesamiento de Macri por las escuchas cuando era jefe de Gobierno porteño; su postura para archivar la denuncia Nisman contra CFK y su impulso a la indagatoria de los dueños de "Clarín" y "La Nación" por la apropiación de 'Papel Prensa' durante la última dictadura).
En contraposición con esas almas descarriadas, ya se sabe que Stornelli fue un ejemplo de entereza republicana. Pero cometió el pecado de tensar la cuerda extorsiva más de lo debido, extendiendo su voracidad procesal hacia la 'alimentación de presuntas cuentas bancarias a su nombre'.
Desde una perspectiva totalizadora, no está de más puntualizar que el 'lawfare' fue concebido como un mecanismo de relojería. Pero apenas basta un desperfecto en alguno de sus engranajes para transformar a sus hacedores en protagonistas de una patética comedia de enredos. En este caso, ese engranaje se llamaba Marcelo D’Alessio. La calamitosa caída en desgracia de aquel tipo jactancioso y bocón dejó al desnudo una red de chantaje y fisgoneo integrada por cabecillas judiciales, periodistas, espías, legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo.
Entre estos últimos resaltan Germán Garavano y Patricia Bullrich.
La situación del primero se torno embarazosa al quedar a la intemperie su rol persoanlizado en el reclutamiento y la financiación de testigos falsos en expedientes sensibles. Tal fue, por ejemplo, el caso del soplón VIP, Leonardo Fariña, en la pesquisa sobre presuntas irregularidades 'kirchneristas' en la obra pública. Todos los detalles del papel de Garavano en dicha trama – junto a las correspondientes pruebas documentales – fueron volcados por la ex abogada de Fariña, Giselle Robles, ante Ramos Padilla.
La situación de Bullrich no es menos vidriosa. Pese a que ella continúa diciendo por "TV" que con D’Alessio mantuvo un solo encuentro y que le causó una mala impresión, los hechos prueban que él era un colaborador de primer orden en la estructura – diríase – “inorgánica” del Ministerio de Seguridad.
Tanto es así su figura atravesó los “operativos” más mediáticos de esa cartera como un fantasma apenas disimulado. A saber: intervino en la captura negociada del traficante de efedrina, Ibar Pérez Corradi (quien finalmente incumplió el pacto de ensuciar en su indagatoria a Aníbal Fernández, aunque si denostó al socio radical del PRO, Ernesto Sanz, por una coima); entregó al barrabrava Marcelo Mallo (a quien pretendieron endilgarle la ejecución de dos narcos colombianos en un playón del Unicenter en base a un peritaje balístico fraguado) y armó las pruebas apócrifas para armarle una causa al ex director de Aduanas, Juan José Gómez Centurión (también una iniciativa fallida), entre otras dramaturgias.
La caída en desgracia del pobre D’Alessio marcó un punto de inflexión en la práctica del 'lawfare', aunque el declive de dicho recurso está en realidad emparentado a la crisis – al parecer – terminal del régimen 'macrista'.
Ya a fines de marzo, mientras Macri reclama por TV la destitución de Ramos Padilla, poco beneplácito causó en la primera línea del gobierno que la Corte Suprema resolviera por votación unánime la liberación de presupuesto para que éste pueda continuar investigando el expediente del 'poder macrista'. La acordada – que implicó el aporte de fondos para incorporar otro secretario letrado y un jefe de despacho, además de la puesta a disposición de un vehículo – no fue sino un apoyo tácito del máximo tribunal al juez que el Presidente estaba obsesionado en ralear. A eso se le sumó la imposibilidad de conseguir entre los integrantes del Consejo de la Magistratura los votos necesarios para removerlo.
A más de cuatro meses de aquellos síntomas, la potestad de Macri sobre el poder judicial ya no vale ni un centavo.
Días pasados, al entrevistar a Jorge Asís en su programa de TV, "Nada personal", la animadora Viviana Canosa incurrió en una infidencia: “La última vez que hablé con Mauricio me dijo que si pierde tiene miedo de ir preso”.
¿Acaso le llegó la hora de la soledad del poder?
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