miércoles 08 de noviembre de 2017
La última conquista de Macri
El presidente Mauricio Macri impulsa una reforma para el Ministerio Público Fiscal que le permita tener control discrecional sobre todas las investigaciones judiciales del país. Presiona para conseguir hoy mismo en comisión legislativa el dictamen. Se trata de un cambio clave, luego de empujar a Alejandra Gils Carbó para que dejara el cargo (renunció a partir del 31/12).
Por ARI LIJALAD
A Mauricio Macri le quedaban pocos espacios estatales por ocupar. Una de las últimas conquistas por concretar era la Procuración General de la Nación, jefatura de todos los fiscales del país. Ya logró la renuncia de Alejandra Gils Carbó, que se hará efectiva a partir del 31 de diciembre. En su texto de dimisión, Gils Carbó afirmó que daba un paso al costado para disuadir al Gobierno de avanzar con reformas que afecten la autonomía del Ministerio Público Fiscal. No tuvo efecto. Envalentonado con el último resultado electoral, blindado por los medios oficialistas y protegido por gran parte de la cofradía judicial, Macri decidió avanzar con el reformateo del Ministerio Público Fiscal.
El proyecto, que involucra también al Ministerio Público de la Defensa, ya fue presentado en el Congreso. Allí, pese a la puesta en escena del Gobierno respecto a que no cuenta con mayorías automáticas, nunca tuvo inconvenientes en los números parlamentarios para aprobar leyes. Un dato central muestra que Macri cuenta, una vez más, con uno de sus aliados más efectivos. El borrador del proyecto fue presentado con las firmas de los senadores Federico Pinedo (PRO), Angel Rozas (UCR) y el paraoficialista Miguel Ángel Pichetto.
Nuestras Voces
El proyecto recibió ya numerosas críticas, pero el Gobierno apunta a aprobarlo cuanto antes para luego nombrar al reemplazante de Gils Carbó con nuevas reglas. Se tratará en la comisión de Justicia y Asuntos Penales, y Macri pretende que tenga dictamen hoy mismo. El apuro tiene otros factores: que pase por el Senado antes de que asuma CFK y evitar las numerosas críticas que ya recibió el proyecto. Nuestras Voces consultó a jueces y fiscales y recogió las críticas de especialistas y diversas organizaciones a este nuevo avance de Macri que, denuncian, es en realidad un retroceso de la democracia.
Sin autonomía
¿Por qué Macri se empecina en modificar el Ministerio Público Fiscal? Consultado por Nuestras Voces, el ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni plantea: "El Ministerio Público es quien decide la política criminal, es decir, a quién se persigue penalmente y a quién no, no olvidemos que esta es su función. Quizá sea más importante decidir a quién no se persigue".
La frase resume la baja intensidad del Estado de Derecho hoy en Argentina. A Macri no le basta con jueces y fiscales funcionales, quiere establecer que todo el Ministerio Público opere a su favor a costa de su autonomía. Los propios fundamentos del proyecto reconocen que el Gobierno quiere avanzar hacia un sistema acusatorio, donde los fiscales tomen un rol preponderante en las investigaciones judiciales. El abogado constitucionalista Gustavo Arballo analizó: "si alguna vez hay un proceso acusatorio, la investigación que hoy hacen los jueces federales de instrucción lo harán los fiscales. O sea que serán el engranaje recontraclave de TODAS las investigaciones, tanto las de crimenes comunes como las de las que eventualmente investiguen a poderes políticos. Ministerio Público será la nueva dirección de Comodoro Py" . Y Macri quiere tenerlo controlado.
La Constitución Nacional, en su artículo 120, establece: "El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República".
Macri, sin embargo, está empeñado en desconocer estas características. Zaffaroni afirma que, "en general, el proyecto viola la Constitución, porque es manifiesto que significa acabar con la autonomía del Ministerio Público para volver a someterlo al Poder Ejecutivo, como antes de la reforma de 1994". Para dar una magnitud del cambio a contramano del mundo que propone Macri, Zaffaroni da un ejemplo: "México es el país de la región que más ha abusado históricamente del Ministerio Público dependiente del Poder Ejecutivo. El Procurador General era nombrado y removido por el Poder Ejecutivo, era a la vez el Ministro de Justicia y el jefe de la policía. Hoy México ha enmendado su Constitución para dar autonomía al Ministerio Público e inamovilidad al Procurador General, alineándose con casi todos los países de la región. Nosotros pretendemos marchar a contramano".
La preocupación por este proyecto llegó hasta la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que emitió un comunicado donde advirtió sobre "las consecuencias que su aprobación pudiera generar en detrimento de la autonomía e independencia del Ministerio Público argentino". Firmaron los pares de Gils Carbó de 11 países.
"El proyecto es en general desacertado porque pretende hacer tabla rasa con un proyecto de trabajo del Ministerio Públic Fiscal que es hoy exitoso", afirma Maria Laura Garrigós de Rébori, jueza de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y presidenta de la Agrupación Justicia Legítima.
El fiscal ante la Cámara de Casación Javier De Luca, consultado por Nuestras Voces, plantea que "toda reforma que implique una quita de Independencia o una sumisión del Ministerio Público al Poder Ejecutivo y al Congreso genera un déficit, una perdida en términos republicanos en la que la que pierde es la ciudadanía porque no va a tener Fiscales independientes para acusar, para investigar, para descubrir hechos de toda índole criminales ni Defensores públicos que defienden a la gente como si lo hiciera un defensor particular"
El proyecto puso en alerta a muchas organizaciones. Varias de ellas, emitieron un comunicado conjunto. Son el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Pensamiento Penal (PP), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Poder Ciudadano. "La propuesta contiene normas inconstitucionales y otras que constituyen un peligro para la división de poderes y amenazan con debilitar la figura del/la próximo/a Procurador/a", afirmaron.
A tiro del Presidente
"Lo lógico es que siempre el presidente de la Nación proponga un procurador", afirmó Macri en julio pasado . El proyecto enviado al Congreso contiene ese concepto y apunta a facilitar la designación y la remoción del Procurador.
En el mecanismo para designarlo, rebaja el requisito de contar con dos tercios de los Senadores presentes a la mitad más uno de los miembros de la cámara alta. Es decir, podrán nombrar un procurador con el voto de 37 senadores. El Gobierno, entre PRO pura sangre y sus aliados de Cambiemos ya suma 25. Necesita 12 voluntades, y ya tiene la de Pichetto que puede arrastrar un número relevante. Visto al revés, la oposición real en el Senado tiene escasas chances de llegar a los 37 votos que bloqueen la designación del nuevo procurador.
El fiscal De Luca sostiene que "no se pueden reformar las instituciones sin información real, sin prejuicios de marketing, y pensando en los funcionarios que ocuparon tala o cual cargo".
Desde INECIP, el CELS, ACIJ, PP y Poder Ciudadano criticaron este aspecto ya que "quiebra el alto nivel de acuerdo político necesario" hasta ahora para designar un procurador. "La crítica más importante a la gestión anterior fue la falta de independencia, sin embargo, al mismo tiempo se pretende reformar la ley de modo de debilitar el acuerdo político transversal que estas figuras requieren para su designación y posterior estabilidad en el ejercicio de su función", agregan.
También recibió fuertes críticas los nuevos mecanismos de remoción. Macri quiere evitar lo que tuvo que batallar para quitar del camino a Gils Carbó. Tal como contó Nuestras Voces, una de las operaciones para desplazarla fue plantear, junto con sus aliados del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, la inconstitucionalidad del requisito del juicio político. Ahora, quiere erradicarlo.
El proyecto enviado por el Gobierno modifica el artículo 76 de la ley Orgánica del Ministerio Público, que establecía el mecanismo de juicio político y el requisito de dos tercios de ambas cámaras para concluirlo. Ahora, Macri pretende que con mayoría simple de Diputados o por "decisión fundada" del Presidente se pueda iniciar la destitución del Procurador General. Más aún: el proyecto establece que "la iniciativa de remoción suspende inmediatamente el ejercicio del cargo del Procurador General de la Nación mientras dure el proceso de remoción".
Estos mecanismos de designación y remoción fueron criticados incluso por la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), que lidera el fiscal Carlos Rívolo, en un comunicado donde plantean que "el proyecto de reforma de la Ley Orgánica pretende establecer un método endeble de elección y remoción del Procurador General de la Nación que afectará su actuación en concordancia con los principios" de independencia, autonomía y autarquia.
Para INECIP, el CELS, ACIJ, PP y Poder Ciudadano estos nuevos mecanismos de remoción "atentan contra el mínimo de estabilidad necesario para garantizar su autonomía y evitar influencias indebidas de los otros poderes del Estado". En especial, respecto a la posibilidad de que el Presidente inicie el proceso de remoción, afirman: "Esta modificación deja al/la Procurador/a o Defensor/a en una situación de debilidad frente a las consecuencias políticas que las investigaciones criminales o actos de gestión puedan acarrear".
La jueza Garrigós de Rébori plantea que "la disminución a mayoría absoluta requerida para la designación-remoción en el ámbito del legislativo, además de facilitar la preeminencia de la fuerza política gobernante porque les evita la 'molestia' de construir consensos con sus opositores, tiene el grave problema de que el candidato que sea seleccionado no va a contar con el respaldo político suficiente -sólo lo tendrá de parte del partido gobernante y eventualmente algún aliado circunstancial- y está circunstancia redundará en un acotamiento de la autonomía que pretende el texto constitucional en su art 120".
Cortito y chiquito
Otro de los cambios que impulsa el oficialismo es la limitación del mandato del Procurador. Hasta ahora, era un cargo vitalicio, al igual que un juez de la Corte Suprema. Macri quiere limitarlo a 5 años con la posibilidad de reelección por 2 años más por única vez.
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno plantea que hay que reducir los mandatos del Procurador y el Defensor General, "que no están sujetas al escrutinio popular, no resultan compatible con los principios democráticos y republicanos si se les concede estabilidad vitalicia". Misma situación tienen los jueces de la Corte: nadie los vota y quedan en el cargo de por vida. Incluso, como el caso de Carlos Fayt, hasta los 98 años.
Desde INECIP, el CELS, ACIJ, PP y Poder Ciudadano coinciden con limitar la duración del mandato del Procurador pero no con el tiempo que quiere Macri. Proponen el modelo chileno, donde el cargo dura 8 años sin reelección, tiempo que estiman suficiente para instrumentar una política criminal.
El nuevo Ministerio Público Fiscal que imagina Macri tiene que ser totalmente distinto al actual. Esto se refleja en el proyecto, donde se eliminan directamente todas las procuradurías especializadas creadas, muchas de ellas, por Gils Carbó. Esto elimina la investigación sobre corrupción, crímenes de lesa humanidad, lavado de dinero y delitos financieros, narcocriminalidad, trata de personas y violencia institucional. El proyecto también elimina Direcciones Generales que profundizan políticas de género, investigaciones patrimoniales, hacen acompañamiento de víctimas e incluso la dirección de Acceso Territorial a la Justicia (ATAJO), que posibilita el acceso a la Justicia a los sectores más vulnerables.
Varias de estas procuradurías molestan al macrismo y sus aliados, desde las investigaciones por lavado de dinero hasta las denuncias por los desmanejos del dinero de ANSES. Una vez más, el Gobierno no explica porque elimina las áreas vinculadas a la protección de los derechos de las mujeres.
Esto no sólo es una intromisión de dos poderes (el Ejecutivo que impulsa y el Legislativo que da lugar) sobre otro, sino que además no queda claro que pasa con todos los trabajadores y fiscales designados en esas áreas.
Despidos
Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU) alertaron que el proyecto afecta la estabilidad laboral de empleados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal.
El proyecto tiene varias cláusulas transitorias cuyo único objetivo visible es revocar decisiones tomadas por Gils Carbó. Revocarlas, vale repetir, desde otros poderes.
Las cláusulas transitorias son tres: la primera establece que todos los fiscales o defensores que fueron trasladados en los últimos 5 años vuelvan al cargo por el que concursaron en un máximo de 30 días o serán removidos; la tercera deja sin efecto designaciones a partir de la ley de Ingreso Democrático. Esto no sólo viola la división de poderes sino la estabilidad de empleados públicos.
"La decisión de poner en comisión a agentes que se han desempeñado correctamente y que han sido designados conforme a las normas vigentes al momento de sus respectivos nombramientos, no sólo atenta contra la estabilidad laboral de los eventuales perjudicados, lo que augura secuelas litigiosas respectivas, sino que parece un mensaje", afirma la jueza Garrigós de Rebori.
Nada dice el proyecto del destino de muchos fiscales, incluso federales, que ejercen sus cargos sin haber concursado nunca. Varios de ellos son, por conveniencia o convicción, fieles operadores del Gobierno
Para el fiscal De Luca, el "cese generalizado de funciones de personas designadas en un determinado período, es un proyecto que es una muestra del desconocimiento del funcionamiento de los Ministerio Público y de los problemas que tienen los ministerios públicos para cubrir las necesidades que exige el trabajo"
"Por ejemplo –continúa De Luca- si la Defensoria General no hubiese podido nombrar una gran cantidad de abogados para ejercer funciones de Defensores en distintos jurisdicciones no hubiesen podido atender la extraordinaria demanda de Defensores oficiales que hay en todo el país. Lo mismo ocurre con las fiscalías en varias jurisdicciones donde la cantidad de trabajo que hay es enorme para atender todos los casos y juicios que hay distribuidos en todo el país. Antes de hacer exclamaciones o declamaciones públicas respecto de las designaciones hechas por tal o cual persona o sobre cuál otra persona, habría que atender caso por caso, que es lo que pasó o qué es lo que no pasó o por qué se hizo tal cosa o por qué no se hizo tal otra".
Desde el SITRAJU le enviaron una nota al senador Pedro Guastavio, presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, con la explicación de esta situación y solicitando ser escuchados en la discusión de este proyecto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario