jueves, 4 de enero de 2018

'El Cohete a la Luna': Nuevos allanamientos en las casas particulares de Sala y allegados



El Cohete a la Luna

jueves 04 de enero de 2018


Nuevos allanamientos en las casas particulares de Sala y allegados


                                                                        Por        HORACIO VERBITSKY



En plena feria judicial el gobierno del contador Gerardo Morales ordenó allanar el domicilio de 

Milagro Sala en el centro de San Salvador y otras veinte viviendas de personas vinculadas con la

destruida Organización Social Túpac Amaru para mantener la tensión constante. Milagro fue 

detenida hace dos años, el 16 de enero de 2016 por reclamar una audiencia con Morales desde 

la plaza frente a la Casa de Gobierno. Desde entonces, Morales ha inventado decenas de 

causas en su contra, como me anticipó en la entrevista que le realicé el 1º de marzo de ese año,

pero hasta ahora no ha conseguido una sola condena firme. Muchas causas fueron anuladas, en 

otras fue absuelta y la única condena se basó en el testimonio por el que Morales pagó (según 

los documentos que se presentaron en el juicio) y ha sido apelada, por lo que su detención sigue 

siendo arbitraria, según la calificación compartida de los sistemas global e interamericano de 

protección a los Derechos Humanos. El de hoy es el cuarto allanamiento al domicilio de Milagro 

en la calle Gordaliza, del barrio de Cuyaya. Pero también se anunció el envío de máquinas 

excavadoras a la localidad de El Carmen, donde cumple su pseudo prisión domiciliaria, para 

buscar dinero que, aseguran, estaría enterrado. Lo mismo hizo en la Patagonia un fiscal porteño 

para acusar a CFK, pero no encontró nada. "Necesitan seguir con el show de Milagro Sala para 

tapar lo que sucede en Jujuy. Un gobierno que no da respuestas a los trabajadores, que tiene 

permanentemente funcionarios envueltos en escándalos, como el asesinato del estudiante 

Matías Puca, o el reciente incidente que protagonizó el ahora renunciante Director de Juventud, 

Matías Rivera", señalaron desde la Túpac Amaru.


La casa de Milagro revuelta por la patota uniformada de Morales

Matías Puca era un joven estudiante de Maimara. La noche del 21 de septiembre mientras festejaba el Día del Estudiante fue atropellado por un auto. El Gobierno ofreció recompensa por datos pero ocultó los que tenía, la filmación de cámaras de seguridad. El 30 de diciembre fue imputado por encubrimiento el ex secretario de Salud de Morales, Pablo Perovic, quien compró repuestos para reparar el auto Chevrolet Agile que embistió a Puca. En cuanto ocurrió el hecho, Perovic dejó el cargo. La versión que circula en Jujuy es que el hijo de Perovic manejaba el vehículo y que con él estaba el hijo del ministro de gobierno Ekel Meyer, quien viajó sin explicaciones a París.
"Esto demuestra que el Poder Judicial de Jujuy sigue al servicio del gobierno provincial como instrumento de persecución política. Tras la absolución de Milagro en la causa de las bombachas, impulsan en plena feria una denuncia que se realizó en febrero del año pasado, emiten la orden de allanamiento el 29 de diciembre y la ejecutan ahora. Se repite lo mismo que hicieron el año pasado, cuando en pleno enero iniciaron una causa vinculada con hechos de años anteriores, sin que mediara, como en este caso, urgencia alguna. Necesitan mantener el mito de la Milagro ladrona, de la Milagro violenta que no pueden sostener en los procesos judiciales en su contra", señalaron desde la defensa de la dirigente social.
La nueva causa está caratulada como "Lavado de Activos" y tiene como imputados a Milagro Sala, a su esposo Raul Noro, a Guillermo Fiad, a Gladis Díaz, a Mirta Rosa Guerrero, a Marcos Quispe y a Tito Fredy. El juez actuante es Isidoro Cruz y el fiscal Darío Osinaga".
Mientras, el Estado nacional sigue incumpliendo con la medida provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó que se le otorgue la prisión domiciliaria en su residencia habitual o medidas menos restrictivas a sus derechos, y el Poder Judicial jujeño continúa sin dar curso al fallo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió en diciembre en el que ordenó cumplir de modo cabal la medida de la Corte IDH.






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