miércoles 21 de febrero de 2018
Cierre de jardines y escuelas del Delta: "Acá está en juego la identidad del isleño"
Así lo manifiesta a Silvia Galarza, directora del Jardín N° 904, quien asegura que "la comunidad no está de acuerdo" con los cambios que implementaron desde el gobierno provincial. Senadores de Unidad Ciudadana piden "dar marcha atrás" con la decisión.
Por Gabriel Di Battista
"El día que nos teníamos que reincorporar de las vacaciones, que fue el 14 de febrero, nos citan a las directoras de los cinco jardines isleños y nos notifican de una decisión política para optimizar recursos, una nueva reestructuración de todo lo que sería la fusión. Por ejemplo, toda la matrícula del Jardín N° 904 tendría que ir al Jardín de Infantes N° 906; y la del Jardín N° 920 de arroyo Las Cañas al N° 906″, detalló Galarza.
Desde la provincia, a través del subsecretario de Educación bonaerense, Sergio Siciliano, salieron a defender la medida y a negar el cierre de centros educativos de Islas del Delta, en el partido de San Fernando. "No vamos a cerrar las escuelas, sino reagruparlas para mejorar los recorridos", enfatizó el funcionario. Es que, precisamente, este reagrupamiento es aquello que los docentes critican.
Para los educadores, la fusión de los establecimientos es lo que lleva a que los mismos desaparezcan. "Con esto se cerrarían también las escuelas que están al lado, porque las escuelas y jardines isleños están bajo el mismo techo o comparten el mismo predio. Acá lo que está en juego es la identidad del isleño, el desarraigo que provocaría en su comunidad irse a otro arroyo", expresó la docente.
Además, defendió el derecho de los chicos a que no los cambien del jardín y de la escuela: "Es su lugar de encuentro, es desde la escuela y desde el jardín donde se gestiona todo eso. Pueden participar en una asociación cooperadora, participar pintando las escuelas, vendiendo rifas y obteniendo recursos y materiales que muchas veces desde provincia no llegan".
"El gobierno aduce que es un tema de optimización de recursos, yo agrego que tiene que ver con la política de ajuste de este gobierno", contó también a Contexto Horacio Mansilla, docente de la Escuela Primaria N° 18, que se encuentra becado de abril a diciembre para brindar un taller de informática.
El caso de Horacio desestima las promesas de que todos los maestros mantendrán sus puestos de trabajo. "En mi caso, con el cierre de la Escuela N° 18 perdería una beca. Al no poder ir a dar clases a esa escuela, perdería la posibilidad de trabajar", remarcó.
La zona del Delta es extensa y puede haber vecinos a quinientos metros como así también a más de dos kilómetros. Muchos de los docentes que van a las escuelas, desde planta urbana, salen con lanchas a la siete de la mañana, llegan a las diez y luego, a la tarde, vuelven en una lancha que es también compartida por habitantes del lugar.
"Lo curioso es que cuando dicen que optimizan los recursos se entiende muy poco. Ahora van a tener que poner una lancha más para llevar a los chicos a los que les cierran las escuelas", subrayó Horacio.
Los padres de los estudiantes, que se enteraron de estas medidas por las redes sociales, realizan por estas horas diversas asambleas para poder rever la situación. En muchas de las escuelas hay casos en donde trabaja la familia entera, algunos como auxiliares, otros como cocineros o lancheros. En estos casos, también se perderían fuentes de empleo. "Hay mucho en juego, y hay arroyos que si no pasa la lancha de la escuela no pasa otra", concluyó Galarza.
Pedido para "dar marcha atrás"
El bloque de senadores de Unidad Ciudadana-FPV se sumó al rechazo de la decisión y pidió "que el gobierno de María Eugenia Vidal dé marcha atrás con la decisión".
Los legisladores presentaron este martes un pedido de informes al Ejecutivo provincial para que se expliquen los fundamentos de la decisión. En la misma línea, advirtieron que la medida "no está orientada a la mejora de la educación de nuestros niños, prioridad que debería atender el gobierno provincial".
Además, sostienen que "la decisión de la gestión lesiona el derecho a la educación de la población del Delta de manera inadmisible, y pone en perspectiva que bajo argumentos presupuestarios se condena a los sectores más vulnerables de la población".
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