domingo 18 de febrero de 2018
El Estado reprimiendo garantiza la inseguridad
Con un gobierno que festeja el gatillo fácil y felicita a gendarmes que reprimen, las alarmantes señales sobre el rumbo elegido abundan. Una de ellas es simbólica y una espeluznante postal de época: el 19 de diciembre en plena represión frente al Congreso, el poder Ejecutivo abrió una licitación para comprar 15 millones de balas de goma. El Foro contra la Violencia Institucional reforzó la convicción de que nunca en la historia un Estado violento garantizó la seguridad.
Por FLORENCIA SAINTOUT
Los Gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal asumieron las gestiones de los gobiernos nacional y provincial con una decisión política tomada: usar la violencia institucional para disciplinar las protestas sociales y legitimar de manera cínica y peligrosa el "gatillo fácil" y el empoderamiento desmedido de las fuerzas de seguridad.
Decisión política avalada y transformada en un falso relato por el descomunal aparato de medios oficialistas que se sacan la careta y, sin vueltas, vuelven a hacer posicionamientos públicos del pasado, que fueron los preámbulos de las épocas más oscuras de nuestro país. La editorial del Diario La Nación del 14 de febrero titulada "Sin fronteras entre la defensa y la seguridad", pide que los militares vuelvan a las calles y que "debería eliminarse la arbitraria e ideologizada limitación puesta durante el gobierno de Cristina Kirchner, por el cual las Fuerzas Armadas solo pueden actuar frente a una amenaza externa". En línea con las tristemente célebres arengas a los militares en los días previos al golpe del 24 de marzo de 1976, La Nación toma los dichos de Macri sobre la necesidad de crear una Fuerza de Despliegue Rápido (FDR) de las tres fuerzas armadas para apoyar al Ministerio de Seguridad, y los usa para reconstruir una siniestra doctrina.
Nuestras Voces
Un coro oficialista completa el escenario con un relato de una nueva (vieja) concepción de la seguridad de mano dura y represión, basada en argumentos que ponen en riesgo las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Cuando jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, Nicolás Massot, habla de promover una reconciliación entre las víctimas de la dictadura y los represores para garantizar algún tipo de paz social, vuelve a poner a las Madres y a las Abuelas ante la penosa situación de decir que "reconciliación y perdón son sinónimo de impunidad". Con un Presidente, una Gobernadora y ministros que festejan el gatillo fácil y felicitan a gendarmes que reprimen, las alarmantes señales sobre el rumbo elegido abundan. Una de ellas es simbólica y una espeluznante postal de época: el 19 de diciembre en plena represión frente al Congreso, el poder Ejecutivo abrió una licitación para comprar 15 millones de balas de goma.
Con una conducción política del Estado abriendo la puerta a la violencia institucional, las consecuencias fueron inmediatas: Santiago Maldonado perseguido hasta la muerte por Gendarmería, Rafael Nahuel asesinado por la espalda con una bala de las fuerzas de seguridad y la policía desbocada en cada protesta social. Ninguno de estos hechos son aislados, ni locuras de algún uniformado. Cada situación hay que interpretarla una al lado de la otra hasta llegar a la conclusión que el modelo de ajuste de Cambiemos no cierra sin la violencia. Las cifras confirman el diagnóstico: según el informe de la Correpi, el 2016 marcó un record histórico de violencia institucional y una "tendencia creciente a casos de gatillo fácil, detenciones arbitrarias y muertes en comisarías".
Está claro que las políticas de seguridad tienen que ser cada vez mejores, pero sostenidas en procesos de inclusión. Con Macri y Vidal ajustando salarios y jubilaciones, crece la exclusión y si, encima, reprimen, las condiciones para mejorar la seguridad son cada vez peores.
El Foro contra la Violencia Institucional que organizamos este viernes en la Legislatura bonaerense, dejó en evidencia este contexto que asusta y reforzó nuestra convicción de que nunca en la historia un Estado violento garantizó la seguridad. Más bien, todo lo contrario. Convocado por el Bloque de Diputados de Unidad Ciudadana junto a la Red Provincial por los Derechos Humanos, organizaciones sociales y familiares de las víctimas, ratificó que si Macri y Vidal profundizan el peligroso camino que decidieron transitar, el destino será cada vez más oscuro. Por eso, llamó a la organización permanente para generar acciones legislativas que impongan políticas de seguridad eficientes y sin excesos, y una movilización popular que ponga un freno a una doctrina sobre la seguridad que está condenada al dolor y al fracaso.
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