lunes 19 de febrero de 2018
Desde la UCR y la CC cuestionaron al macrismo por el escándalo del funcionario con una cuenta millonaria en Andorra.
Una renuncia que piden hasta los aliados
Mientras Marcos Peña defendió ayer al subsecretario general de la Presidencia, el radical Mario Negri dijo que Valentín Díaz Gilligan debería dejar el cargo. Paula Oliveto, de la CC, reclamó que lo investigue la Justicia y no la secretaría de Laura Alonso.
El subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, sigue firme en su cargo, luego de que se revelara que existía una cuenta a su nombre en Andorra por más de un millón de dólares que el funcionario no declaró. Así lo confirmaron a este diario ayer fuentes oficiales. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo sobre su caso que "no habrá protección para nadie. Si alguien hizo algo mal, tendrá que responder ante la Justicia y no vamos a apañar a nadie". Y dijo que la garantía de la inocencia del funcionario la dará que lo investigue la secretaria de Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso. No obstante, la decisión de sostener al funcionario ya está trayendo problemas con los aliados. El jefe del interbloque Cambiemos en Diputados, Mario Negri, salió a plantear que Díaz Gilligan debería pedir su separación del cargo, mientras que la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto Lago consideró que es el Poder Judicial el que debe investigarlo: "Hay que respetar la división de poderes", advirtió.
El diario El País de España reveló el jueves pasado que Díaz Gilligan, el segundo del secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, tenía una cuenta en la Banca Privada d'Andorra (BPA), un microestado europeo que hasta hace poco funcionaba como guarida fiscal. Según las constancias que publicó el diario español, el funcionario PRO figuró hasta noviembre de 2014 como director de la firma Line Action, dedicada a la compra y venta de jugadores, radicada en Inglaterra pero perteneciente en un cien por ciento a la empresa panameña denominada Nashville North Inc. En la cuenta aparecían 1,2 millones de dólares.
Ante ese medio, Díaz Gilligan se defendió asegurando que no era su dinero, sino que había actuado como testaferro de Francisco "Paco" Casal, un empresario uruguayo que, según el dirigente macrista, tenía algunos problemas con el fisco de su país y no podía figurar. Casal también aparece involucrado en el megaescándalo de corrupción conocido como FIFA-Gate. "Paco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía", sostuvo.
Admitirse testaferro no es la mejor explicación. Tal vez por eso el funcionario PRO luego modificó su defensa y dijo que aparece en esa empresa offshore "por solicitud de los titulares de la firma GolTV", de la que era asesor en ese momento. "En 2012 asumí como director de la empresa británica Line Action LTD, dedicada a la intermediación deportiva. Mi vínculo con esta empresa finalizó en 2014, a raíz de mi nombramiento como director de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires", aseguró.
En la misma línea fue la defensa que hizo ayer Marcos Peña: "Es muy importante marcar de qué se trata. Estamos dando una discusión del patrimonio de los funcionarios antes de entrar al Gobierno. En este caso, es un patrimonio previo a su ingreso a la función pública y si lo declararon o no lo declararon", consideró. No obstante, las constancias publicadas por El País indican que Díaz Gilligan abrió la cuenta en 2012, cuando ya era asesor en el gobierno porteño, con Mauricio Macri como jefe de gobierno. "No estamos hablando de fondos públicos, ni estamos hablando de corrupción, como ocurría antes", sostuvo Peña, ignorando ese dato.
Y puso como garantía de la transparencia de la investigación sobre Díaz Gilligan a Laura Alonso, la funcionaria que salió a defender a Macri en el minuto uno en que se descubrieron sus offshores en Panamá.
"La Oficina Anticorrupción tiene plena autonomía para investigar. Tienen un mandato de ser severos en esto", aseguró Peña. "Espero que el lunes se presente Díaz Gilligan. Es una muy buena persona, un muy buen funcionario. Como dijo el Presidente: nosotros confiamos en nuestra gente. Que vaya a la Oficina Anticorrupción y presente todos los papeles", dio por zanjada la cuestión.
"No tenemos problema, en caso de que hubiera una cuestión vinculada a la función actual, en poder hacer un apartamiento temporario", dijo Peña, pero luego aclaró que no se refería ni al caso puntual de Díaz Gilligan ni tampoco al del ministro de Finanzas, Luis Caputo, al que la Comisión Nacional de Valores estadounidense (SEC) lo sindica como controlante de la offshore Noctua, que –según publicó el periódico Perfil – creció un 35 por ciento mientras Caputo negociaba el pago a los fondos buitre.
Díaz Gilligan, por su parte, dijo que probará junto con Laura Alonso que "la acusación es falsa". Hoy se presentará ante la funcionaria macrista para que lo evalúe. Todo el proceso podría durar hasta seis meses, dado que intervendrán distintos estamentos, todos dependientes del presidente Macri.
La decisión de mantener a los funcionarios ante las denuncias es similar a la que tomó el Presidente con Triaca, quien ayer en un reportaje con Clarín indicó que le presentó su renuncia a Macri y este se la rechazó. "Él me dijo: 'Tenés que seguir adelante, tenés una tarea importante'. Sentí su respaldo, el de Marcos Peña y el de todo el Gabinete", indicó.
No obstante, la negativa de Macri a remover al subsecretario general de la Presidencia, o incluso a apartarlo temporalmente, ya trajo las primeras consecuencias con sus aliados. El jefe del bloque radical y del interbloque de Cambiemos en Diputados, Mario Negri, estimó que "Díaz Gilligan, funcionario, debería pedir su separación del cargo, ir a la Justicia y aclarar su proceder". "No es condena, la 'vara' sobre la transparencia está puesta muy alta por parte de Cambiemos. No hay que incomodar al Gobierno, sino ayudarlo", advirtió.
La diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto Lago se diferenció del planteo de Peña de dejar todo en el ámbito de la Secretaría de Lucha contra la Corrupción, que conduce Laura Alonso. "El lugar donde se deben presentar los funcionarios a rendir cuentas es la Justicia. Debería tener un rol fundamental la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Hay que respetar la división de poderes", dijo. Oliveto aclaró que no tiene nada contra Alonso, pero que el ámbito para investigar casos como éste debe ser el Poder Judicial.
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