lunes, 27 de marzo de 2017

Las deudas de la democracia


lunes 27 de marzo de 2017


Informe Especial



Las deudas de la democracia


Rigen 417 leyes de la dictadura. Por increíble que parezca, una de cada diez leyes fue firmada por el último gobierno militar. Un grupo de periodistas se encargó de clasificarlas para medir el peso de cada una de ellas en la actualidad.




                                                         
Por          Jorge Repiso


Una de cada diez leyes que componen el digesto jurídico argentino fue firmada de puño por algún presidente de la última dictadura militar. Son 417 de las 4.449 normas vigentes que regulan el funcionamiento de nuestra sociedad. Cuando la Junta Militar, encabezada por el general Jorge Rafael Videla, sacó por la fuerza a la presidenta María Estela Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976, conformó su gobierno con los comandantes generales de la Armada y la Fuerza Aérea. Una semana más tarde se hizo público el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional. En uno de sus artículos se estableció que tras cesar en sus funciones el Congreso de la Nación sería una Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) la encargada de estudiar y elevar propuestas para la posterior sanción de las leyes. La comisión se compuso de nueve miembros de extracción militar, tres por cada fuerza, que rotarían anualmente en la presidencia de ese cuerpo. Desde aquel mes de marzo, y hasta el 9 de diciembre de 1983, los "notables" incidieron en la sanción de cientos de leyes que hoy, a más de 33 años de distancia, nos rigen. Y algunas de ellas, importantes por las órbitas que toca, cobran mayor importancia al no haber sido modificadas. Un grupo de jóvenes periodistas, que componen el sitio Periodismo Sin Fin, se puso a enumerarlas en detalle y las subió al sitio leyesdeladictadura.com. El trabajo, arduo y obsesivo, se completó con una serie de entrevistas subidas a la red por el canal Youtube el pasado fin de semana.

El procedimiento de la CAL era más expeditivo que el de las dos cámaras. Los proyectos provenían de los comandantes generales y desde la Secretaría General de la Presidencia. Luego eran tratados en un plenario que debía resolver en 72 horas el nivel de trascendencia de las iniciativas, las que pasaban a subcomisiones que a su vez contaban con menos de un mes para elevar un dictamen provisorio. Una vez en el ámbito del Poder Ejecutivo, la decisión de sancionar debía tomarse en menos de una semana de plazo y la promulgación, en un mes. Entre el primer centenar de leyes firmadas por Videla, casi una veintena tuvieron como blanco las conquistas laborales. Desde el primer día de gobierno y hasta el 10 de mayo de 1976 se dio de baja a empleados públicos por razones de seguridad, se suspendió el derecho de huelga, se suprimió el fuero sindical especial, se autorizó la suspensión del estatuto docente, se modificó el régimen de contrato de trabajo y se tomaron medidas para desalentar incrementos salariales al margen de los que dispusiera el Estado.


"Es el resultado de un año de trabajo. Para nosotros es un tema relativamente familiar porque provenimos de medios de comunicación. Conocíamos algunas de estas leyes y pensamos que una buena forma de ver la influencia de la dictadura era revelando las vigentes y de qué manera generaban distorsiones en el presente." Javier Borelli es una de las cabezas visibles del portal junto a Gerardo Aranguren y Luciana Rosende. "Partimos del Digesto Jurídico de 2013 que 'peinó' leyes obsoletas para conformar el actual. Algunas promulgadas por la dictadura son muy difíciles de modificar por el ámbito que regulan. Es el caso de la Ley para el Personal de la Policía Federal Argentina, donde cualquier modificación abriría al gobierno un frente interno muy complejo. Otras dos y muy relevantes están relacionadas con el sector financiero y el régimen penal juvenil", cuentan.

La Ley 21965 fue promulgada en 1979 y continúa vigente con leves modificaciones internas. Descartando el verticalismo y autoritarismo que rige la actividad policial, hay que mencionar ciertos impedimentos como la denuncia de ilícitos por fuera de la estructura, una conducta que avala los circuitos de financiamiento ilegal. También persiste hasta nuestros días la autorización para portar armas de fuego estando el efectivo fuera de servicio. Un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) del año 2015 demuestra que 7 de cada 10 muertes ocurridas en episodios de intervención policial fueron ocasionadas por balas de efectivos que se encontraban de franco. La Ley de Minoridad que alcanza a los menores mantiene su vigencia desde 1980. Su permanencia habilitó condenas a cadena perpetua en perjuicio de jóvenes que habían delinquido antes de los 18 años de edad, razón por la cual la Argentina fue sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2013. La letra faculta a los magistrados a penar a adolescentes encerrándolos previamente en institutos con regímenes carcelarios. Una vez cumplida la mayoría de edad se los condena como si fueran adultos.


El ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz supo cómo operar desde su primer día en el despacho. La Ley de Entidades Financieras de 1977 tuvo como objetivo principal la desregulación del sistema en la búsqueda de ganancias ilimitadas y lejano a fomentar la producción. Cientos de entidades menores se convirtieron en bancos que al cerrar sus puertas dejaron el poder concentrado en muy pocas firmas. Los mayores perjudicados fueron las cajas de créditos cooperativos, que en una solicitada pidieron a Videla y Martínez de Hoz por su subsistencia, sin éxito. "El sistema se fue modificando y se profundizó su perfil. De 700 entidades, muchas de ellas en el interior del país, quedaron 70 bancos, en su mayoría extranjeros. Hay pueblos rurales que aun hoy no cuentan con herramientas de créditos para sus fines comerciales o de producción", explicó Borelli.

La Ley 21.950 continua intocable. Se trata de la Ley de Remuneración de Obispos y Arzobispos por la que la jerarquía de la Iglesia Católica percibe un salario equivalente al 80 por ciento del sueldo de un juez de primera instancia. "Tuvimos la colaboración de Memoria Abierta y de una fundación británica que financió el 50 por ciento de nuestra investigación. En el transcurso conversamos con jueces y fiscales, quienes nos plantearon que hasta 1994 rigió una doctrina de facto. La Corte Suprema expresó que la anulación de algunas leyes podría generar un problema de seguridad jurídica. Salvo que haya un fallo en contra, se las considera vigentes. Un gobierno de facto no puede emanar leyes legales, pero no se puede legislar para atrás, nos explicaron."







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