sábado 19 de mayo de 2018
El copamiento M de la Justicia Federal
Mauricio Macri avanza en el copamiento de los tribunales que juzgan los casos de corrupción. Sus mayores logros son la Cámara Federal - Eduardo Freiler, Carlos Farah y Jorge Ballestero fueron desplazados - y la Cámara de Casación - en la que el Gobierno quiere dejar firme a Carlos Mahiques en el cargo al que llegó a dedo en 2017 -. El Gobierno consigue así fallos que golpean al kirchnerismo y se blinda en causas en la que Macri y su círculo son investigados: las coimas de Odebrecht, el vaciamiento del Correo y la evasión fiscal con cuentas off shore.
En junio de 2017 el presidente Mauricio Macri hizo pública su estrategia judicial. Sin temor al escándalo lanzó una amenaza a aquellos magistrados que no alinearan sus fallos a los intereses de la Casa Rosada: “Los jueces tienen que saber que queremos saber la verdad o vamos a buscar otros jueces que nos representen”. Casi un año después, el jefe de Estado puede anotarse varios “representantes” en dos instancias clave con asiento en los tribunales de Comodoro Py: la Cámara Federal de Casación Penal y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, donde tramitan algunas de las causas políticas más sensibles del país.
El “copamiento” judicial que el macrismo inició apenas tomó posesión de Balcarce 50 con el intento de nombrar “en comisión” a dos magistrados en la Corte Suprema de Justicia, ya tiene un importante despliegue en tribunales a dos años y medio de gestión PRO.
Es que el Poder Ejecutivo ubicó en distintos puntos estratégicos del Poder Judicial a jueces que, espera, se manifiesten de acuerdo a sus deseos, tal como dijo el primer mandatario a mitad de 2017.
Nuestras VocesEn las mentadas instancias tramitan las causas de corrupción que golpean a la gestión anterior – y le son funcionales en
términos políticos al oficialismo, sobre todo, en tiempos electorales - pero también expedientes delicados para el actual
Gobierno. Por citar algunos ejemplos, tanto la Cámara de Casación como la Cámara Federal deberán expresarse sobre:
-Las distintas derivaciones del caso Odebrecht. La constructora brasileña fue socia de IECSA, empresa del Grupo Macri, en el Soterramiento del Sarmiento. Cuando explotó el escándalo, la compañía fue vendida a Marcelo Mindlin, quien la rebautizó SACDE. Por las irregularidades en la mentada obra, ocho directivos de la firma fueron citados a indagatoria y comenzarán a desfilar por Comodoro Py a partir de agosto.
-El affaire del Correo, empresa postal de la familia Macri, a la que el gobierno de Cambiemos le intentó condonar el 98,82% de lo adeudado al Estado. La quita que pretendió concretarse en el fuero comercial asciende a $4 mil millones en la actualidad y a más de $70 mil millones a 2033, cuando la firma pagaría la última cuota según su propuesta, rubricada en 2016. Fue tal el escándalo que se generó al conocerse el acuerdo que el Presidente volvió la negociación “a fojas cero” y se abrió una causa penal por negociaciones incompatibles, entre otros delitos.
-Los casos de corrupción o denuncias de incompatibilidades que afectan a distintos funcionarios de Cambiemos, firmas y cuentas offshore mediante.
La avanzada en Casación
El oficialismo busca cubrir las cuatro vacantes que hay en la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país y paso previo en esa materia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y no está lejos de lograrlo.
El Gobierno ya envió al Senado los pliegos de Daniel Petrone (13 de abril) y Diego Barrotaveña (16 de abril) y sumó el de Carlos Mahiques, a quien quiere dejar firme en el cargo al que llegó a dedo en 2017, haciendo una interpretación particular de la acordada cortesana 4/2018.
Mahiques fue ministro de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y es padre de Juan Bautista, Esteban e Ignacio. El primero es subsecretario de Justicia en el Ministerio de Justicia y DD.HH y consejero de la magistratura. Responde a Daniel “Tano” Angelici. El segundo es funcionario de Cambiemos. Mientras que Ignacio es fiscal (y pretende llegar a juez federal de Mercedes). Como procurador, colaboró con Gerardo Pollicita en la imputación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en distintas pesquisas. Fue su secretario durante muchos años.
El aterrizaje de Mahiques en Casación causó gran revuelo en tribunales porque su nombramiento incumplió la Constitución y el reglamento de concursos para la designación de jueces. Accedió a una cámara federal desde la Cámara Nacional de Casación porteña, vía decreto. Su caso no cuenta entre las vacantes a cubrir ya que para esos cargos se realizaron los concursos respectivos en el Consejo de la Magistratura y se giraron cuatro ternas al Ejecutivo.
Desde la bancada peronista en la Cámara Alta, que es comandada por Miguel Ángel Pichetto, se hizo trascender que aportarán sus votos –claves- para aprobar los pliegos de los candidatos a camaristas elegidos por el Presidente si se envían al Senado los de todos los candidatos a cubrir las 4 vacantes en cuestión. Desde el bloque pejotista pretenden negociar los nombramientos. Es que a los tres mencionados, faltan otros dos. Al cierre de esta edición quienes sonaban fuerte para completar la nómina eran Guillermo Yacobucci y Carlos Carbajo.
Con los cambios a implementar en Casación, durante su gestión Macri habrá nombrado 5 camaristas a los 8 que ya estaban (y de los cuales 5 se pronuncian generalmente en sintonía con sus intereses – al menos, por ahora -). A su vez, el oficialismo intenta desplazar a la camarista Ana Figueroa, quien no suele manifestarse en línea con la voluntad de la Casa Rosada. Para lograrlo, se ocupa de que avancen una serie de acusaciones en su contra en el Consejo de la Magistratura.
De esta forma, Cambiemos, tras copar la Cámara Federal, afina su avanzada en la Casación Penal.
La Cámara Federal, arrasada
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal es la instancia revisora de los fallos de los juzgados de primera instancia de Comodoro Py, tribunales donde tramitan las causas políticas más sensibles del país.
Desde que asumió Macri a la fecha, sólo quedó en pie en esa cámara uno de los cuatro jueces que estaban en funciones en diciembre de 2015. Se trata de Martín Irurzun, hacedor de la doctrina judicial por la que todo funcionario del gobierno kirchnerista es culpable hasta que se demuestre lo contrario y puede ser encarcelado sin sentencia firme. Lugarteniente de Ricardo Lorenzetti en Comodoro Py, Irurzun también está a cargo de la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial, encargada de controlar las escuchas telefónicas.
Por su parte, Eduardo Freiler, Carlos Farah y Jorge Ballestero fueron desplazados de sus cargos.
El primero, quedó envuelto en una maniobra que contó con varios cómplices, entre los que se destaca el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien demoró la jura de un consejero (el senador peronista Mario Pais) y habilitó así una conformación momentánea del oficialismo en el Consejo de la Magistratura con la que Cambiemos y aliados pudieron alcanzar una mayoría que no tenían para destituir al camarista (les bastaron 8 votos cuando necesitaban 9 si estaba el plenario completo con sus 13 integrantes).
Farah y Ballestero cayeron en desgracia tras morigerar un fallo y excarcelar a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, algo que molestó al Presidente. Esto les costó el cargo. Farah pidió el trasladado a otro tribunal (terminará ocupando el vació que dejará Petrone cuando este llegue a la Casación) mientras que Ballestero renunció pensando en su jubilación.
A estos movimientos debe agregarse la controversial llegada de Leopoldo Burglia, también por decreto. Su recalada se encaminó el 15 de marzo pasado. Entonces Cambiemos aprobó en el Consejo de la Magistratura que Bruglia quedase como juez definitivo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Poco le importó a la alianza de Gobierno que no haya habido concurso ni sorteo para elegir al ocupante de la sala I del mentado tribunal (que revisa lo que se resuelven en los doce juzgados federales de Comodoro Py). Menos aún que no se respetaran las reglas de competencia, ya que el magistrado provenía de un tribunal oral federal. La decisión fue respaldada luego con un decreto presidencial.
Quien también está pronto a llegar a la cámara es Mariano Llorens, cuyo pliego ya fue girado al Congreso.
Así, el Gobierno se garantiza tres jueces que fallarán según sus “criterios de verdad”, al menos, en el corto plazo.
Aún restan designarse en esta cámara tres cargos más pero no hubo mayores avances al respecto.
Alerta fiscal
Mientras espera negociar con el peronismo la llegada de Inés Weinberg de Roca a la Procuración General de la Nación – el pliego también ya ingresó al Senado - el oficialismo se contenta con el accionar del interino Eduardo Casal, sucesor de Alejandra Gils Carbó en el Ministerio Público Fiscal.
Como jefe de los fiscales, Casal ya se ganó la confianza del Gobierno.
Desplazó con una formalidad y sin temor a la vergüenza a Juan Pedro Zoni de la fiscalía federal N° 8 con asiento en Comodoro Py. Desde allí, Zoni era un firme impulsor de la investigación penal del Corregate. Junto a este apartamiento se multiplica la presión sobre Gabriela Boquin, fiscal general ante la Cámara Comercial y principal impulsora del affaire del Correo en el fuero comercial, donde debe resolverse el concurso preventivo y la acusación de vaciamiento que pesa sobre la empresa postal de la familia presidencial.
Además de Zoni, ahora el oficialismo puso en jaque a otro procurador con despacho en los tribunales de Retiro, a modo de disciplinamiento. Se trata de Federico Delgado.
El 26 de abril, el juez federal Claudio Bonadio se hizo eco de una denuncia realizada por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y estrecho amigo de Macri, Gustavo Arribas, en el marco del caso Odebrecht, y pidió que se abra una investigación penal y otra en el Ministerio Público Fiscal contra Delgado y el fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Se los persigue por haberle tomado declaración sin juramento al cambista brasilero Leonardo Meirelles, quien acusó al jefe de la ex SIDE de recibir cuantiosas sumas de dinero ilegal. En la misma resolución, Bonadio exculpó a Arribas.
Los dos apuntados tienen en sus fiscalías causas calientes para la Casa Rosada.
Delgado está a cargo de una de las pesquisas vinculadas al Lava Jato nacional y fue quien escudriñó los Panama Papers. “Siento una brutal desazón. Este es el peor incentivo que uno pueda pensar para seguir trabajando”, dijo al enterarse de la noticia. Y agregó que la acusación puede “estar vinculada con generar algún tipo de sentido social para que la gente no hable“. “Es difícil que los argentinos consigamos construir un lazo de confianza con algún testigo que nos pueda contar que pasó en relación a Odebrecht y la comunidad de empresarios y políticos argentinos”, concluyó.
Rodríguez está al frente del órgano que analiza delitos de corrupción o irregularidades administrativas cometidas por funcionarios públicos por lo que es un fiscal “molesto” para el Gobierno. Fue, por ejemplo, quien presentó a Zoni un informe esclarecedor en el caso Correo que derivó en solicitudes de allanamiento a dependencias oficiales (una de las causales del desplazamiento de Zoni). Así las cosas, la denuncia solicitada por Arribas e impulsada por Bonadío puede afectar el futuro de distintas causas que preocupan al jefe de Estado.
La presentación contra los fiscales se conoció a días de que el primo del Presidente, Ángelo Calcaterra, haya sido citado a indagatoria en el marco de la investigación por el Soterramiento del Sarmiento - uno de los expedientes del caso Odebrecht, a cargo del fiscal Franco Picardi y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi -. Para quienes transitan Comodoro Py, la acusación tiene la silueta judicial de una advertencia general. Una más, que enciende la luz de alarma en tribunales.
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