jueves 24 de enero de 2019
Embriagados de hubris
Puede parecer asombroso que quienes denunciaban durante la larga noche kirchnerista el siniestro avance del Estado, hoy festejen que ese mismo Estado pueda apoderarse de los bienes de cualquier ciudadano a partir de una simple sospecha. Pero invocar la lucha contra la corrupción para perseguir partidos populares y restringir garantías individuales es una vieja tradición de nuestro país.
Bernardo Saravia Frías Procurador del Tesoro de la Nación.
Como ocurre con frecuencia a partir de la ausencia crónica de buenos resultados económicos, el presidente Mauricio Macri lanzó una iniciativa para entretener a la ciudadanía y hacerle olvidar por un rato la pérdida de poder adquisitivo de sueldos y jubilaciones, el deterioro de la producción y el aumento de las tarifas de los servicios públicos. Con cara de circunstancia anunció la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para la extinción del dominio de bienes resultado de la corrupción y el narcotráfico.
El noble objetivo presidencial consiguió el apoyo de personalidades que hasta no hace mucho, digamos mientras gobernó el kirchnerismo, se oponían con tenacidad a los DNU, considerándolos un instrumento contrario al espíritu republicano y propio de gobiernos autoritarios. El constitucionalista independiente Daniel Sabsay, quién antes consideraba que “los DNU destruyen al Congreso y transforman al presidente en autócrata”, saludó la decisión presidencial con reminiscencias casi lugonianas: “La lucha contra la corrupción, la trata de personas y otros delitos similares no admite demora. La posibilidad para el estado de recuperar los bienes resultantes de esos delitos requiere celeridad. La inconcebible ´lentitud´ de los senadores no deja otra salida que el decreto”.
Laurita Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, no se quedó atrás en el apoyo apasionado, olvidando lo que explicaba cuando era diputada: “Cuando un presidente firma un DNU está siendo más autoritario, cuando se firma un DNU hay menos democracia”. Por su lado, el diputado Pablo Tonelli, otro denunciante serial de los DNU, también apoyó el decreto presidencial aunque tuvo la cortesía de explicitar quién es la destinataria: “Está bastante claro que la ex presidente dirigió una asociación ilícita que se dedicó a robar. Me parecería buenísimo que los bienes vuelvan a la sociedad”.
Pero quién descolló a la hora de hacer explícitas las intenciones fue el incansable Bernardo Saravia Frías, actual Procurador del Tesoro de la Nación y ex secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Hacienda, cuyo estudio jurídico tuvo como cliente al Grupo Macri , lo que sin duda prueba su independencia. En un texto farragoso que quedará en los anales de la literatura fantástica – en particular la cita que encabeza esta columna – señaló que como los DNU existen es legítimo usarlos, olvidando por un lado las normas que los rigen pero sobre todo el contenido del mismo. Como explicó la abogada Graciana Peñafort, “el decreto es un mamarracho jurídico. No solo viola la presunción de inocencia, el derecho a juicio previo, sino que es tan loco que incluso le podés quitar bienes a personas que no están involucradas en el delito”.
Nuestras Voces
Puede parecer asombroso que quienes denunciaban durante la larga noche kirchnerista el siniestro avance del Estado, que incluso podía llegar a controlarnos a través de la tarjeta SUBE, hoy festejen que ese mismo Estado pueda apoderarse de los bienes de cualquier ciudadano a partir de una simple sospecha.
En realidad, invocar la lucha contra la corrupción para perseguir partidos populares y restringir garantías individuales es una vieja tradición de nuestro país.
Hay abundantes citas de época, como la de Matías G. Sánchez Sorondo, ministro del Interior de Uriburu, referida al gobierno de Yrigoyen que acababan de derrocar: “Una horda, un hampa, había acampado en las esferas oficiales y plantado en ellas sus tiendas de mercaderes, comprándolo y vendiéndolo todo, desde lo más sagrado hasta el honor de la Patria”. No existiendo todavía el peronismo, las hordas de ladrones eran necesariamente radicales.
También existen ejemplos como la Comisión Nacional de Investigaciones (CNI) creada en 1955, luego del golpe contra el gobierno de Juan D. Perón, “con el objeto de investigar las supuestas irregularidades producidas durante la gestión del peronismo y que se transformó en uno de los emblemas de la persecución política contra el régimen depuesto”. La incansable labor de la comisión incluía las denuncias referidas al culto al líder: “Se denunciaba tanto la construcción de un monumento a Eva Perón como el caso de un director de escuela en un pueblo de la provincia de Santa Fe, acusado por brindar un ‘discurso emocional’ al morir Evita y de organizar el ‘acto carnavalesco’ del entierro”.
Más cerca en el tiempo encontramos la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial (Conarepa), “creada por la dictadura en diciembre de 1977 para investigar, como si fuera un juzgado de instrucción, a Isabel Perón y a otras 80 personas a las que se detuvo, se les confiscaron sus bienes y hasta en algunos casos, luego de quedar libres, se les prohibió ejercer su profesión”.
Además de las penurias padecidas por ciudadanos inocentes, aquel mamarracho jurídico terminó costándole al Estado más de 200 millones de dólares de indemnizaciones. Un costo que el nuevo adefesio político de Cambiemos tiene pocas chances de generar: es improbable que sobreviva al más tenue de los filtros constitucionales.
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