La Corte, CFK y
el vendaval ofuscado
La Corte Suprema de Justicia levantó un vendaval de manifestaciones ofuscadas al pedir la causa por la que el 21 de mayo comenzaría el juicio por la obra pública contra Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido y otros imputados.
(para La Tecl@ Eñe)
Desde el macrismo hablaron de escándalo y pacto de impunidad. Margarita Stolbizer dijo que ni el macrismo quiere a CFK en el banquillo y el ex miembro del Consejo de la Magistratura, Alejandro Fargosi, aludió al origen peronista de algunos jueces, y dijo que, como no existe sentencia definitiva no hay violación a la Constitución.
Desde La Nación, Carlos Pagni (“Una postergación que anticipa la idea de impunidad”) habló del impacto negativo sobre la opinión pública - concepto utilizado para denominar a lectores propios - mientras que Joaquín Morales Solá (“La Corte ya votó por CFK”) dijo que, quebrando su propia jurisprudencia, la Corte se convirtió en un tribunal ordinario para hacerle un favor a la ex Presidenta.
Morales Solá calificó el trabajo del juez Julián Ercolini (que hizo la investigación del caso) como “impecable” (es decir, no necesitamos que otros jueces adviertan algo raro que no hay) y ligó la decisión de la Corte al origen peronista de quienes supuestamente tomaron la decisión; se quejó porque, de hacerse lugar a lo solicitado por las defensas, el juicio oral se demoraría meses, tal vez años. Agregó queHighton de Nolasco conserva indebidamente su cargo porque cumplió 75 años (no formuló la misma crítica el 15 de septiembre de 2015 al tratar la permanencia del juez Carlos Fayt en la Corte a pesar de contar con 97 años).
Respecto del único juez que dicen no habría firmado la decisión (lo que es falso, porque el pedido del expediente se hizo con la sola firma de un secretario), Morales Solá dijo: “Digan lo que digan de Rosenkrantz, es el único juez de la Corte que primero lee la ley y luego la jurisprudencia del tribunal para después tomar una decisión”. (Como juez de la Corte, Rosenkrantz intervino en casos de empresas de las que había sido abogado, pero eso sería un dato menor para el escriba de La Nación).
Desde TN-Clarín, Adrián Ventura dijo: “que la Corte se apoye en algunas cuestiones legales como la falta de pruebas, tiene una primera consecuencia que es el impacto enorme que se realice un juicio a CFK en un año electoral” (Ventura sabe que no puede haber juicio con falta de pruebas, pero no es lo que importa en esta coyuntura).
El asunto es que todos ellos ponen el foco en la fecha de inicio del que supuestamente sería el primer juicio oral contra CFK, ¡oh, casualidad! un mes antes de definirse los candidatos para las próximas elecciones. Pero nadie alude a que el sistema judicial se tomó años para realizar el juicio y, más allá de la irregularidad de la demora, que fijó fecha de inicio en plena campaña electoral para intentar beneficiar al macrismo (porque, no seamos ingenuos, de eso se trata).
Alejandro Carrió (La Nación, “Una decisión sorpresiva y riesgosa”) puso el acento en que no existe sentencia definitiva o la posibilidad de agravio irreparable a las partes. Reconoció que probablemente el juicio comience y, mientras tanto, se realicen las pruebas que solicitaron las defensas.
También desde La Nación, opinó el jurista Roberto Gargarella ('El riesgo de un pacto de impunidad'), diciendo que estamos inmersos en otro episodio de frustración colectiva (analizar a qué sectores aludió) en el contexto de un nuevo período electoral. Se refirió a pactos reiterados de impunidad entre las élites que controlan distintas instancias de poder.
Gargarella mencionó distintos ejemplos de impunidad, pero excluyó a Mauricio Macri (cuya causa por contrabando fue cerrada gracias a la ayuda de la Corte menemista, por citar sólo un caso), y aludió a la “causa de los cuadernos” como ejemplo notorio de acuerdo por la impunidad que echó luz sobre las cloacas de una entente político-económica y estratégica; mientras que a la investigación de Ramos Padilla - sin nombrarlo - la llamó “ofensiva” para contaminar a la “causa de los cuadernos”. Tachó de “insólita” la decisión de la Corte y consideró que su razón de ser es la búsqueda de consenso político.
En su momento Gargarella calificó de “paso positivo” la ley del arrepentido promulgada durante este gobierno, porque sería una herramienta eficiente para desarticular las mafias elitistas, aunque reconoció que su aplicación podía ser abusiva y arbitraria, pero sólo como excesos de los funcionarios intervinientes. Resulta cuanto menos ingenuo considerar que los grandes negociados que benefician a una élite y perjudican a las grandes mayorías podrán ser desarticulados con una herramienta tan cuestionable. Porque el macrismo es su promotor y no pensó en semejantes desarticulaciones, sino en encapsular, doblegar, advertir, los tímidos intentos de ponerles restricciones. Y porque la desarticulación de esos negociados se logra sobre todo con política, logrando los consensos necesarios que necesitan las mayorías.
Con la 'ley del arrepentido', todo gobierno que se atreva a poner algún límite a los grupos económicos deberá enfrentar al final de su mandato una investigación judicial con arrepentidos de las mismas élites que los señalen como jefes de asociaciones ilícitas o autores directos de negociados. (El lawfare en su máxima expresión está pensado para limitar eventuales alianzas políticas que respondan al interés de las mayorías). La ley nació como límite a gobiernos que no son afines o dóciles a la élite, más allá del modelo que sustenten, de su propia corrupción y de sus propios límites ideológicos.
Gargarella vió un riesgo de impunidad en el pedido del expediente, mientras que no sólo desconoció la relación espuria entre fiscales, jueces, políticos y servicios de inteligencia, sino que, además, los describió como contraofensiva sobre una investigación plagada de irregularidades. Todo ello a pesar del uso arbitrario de la prisión preventiva, la utilización de información de inteligencia y las presiones para orientar las declaraciones de los supuestos arrepentidos. Hay una disputa de poder que se traduce en esa causa, con dos alfiles como Bonadío y Stornelli, a quienes sólo sostienen, justamente, los de las élites que Gargarella dice querer desarticular.
Ante el pedido del expediente por parte de la Corte, se hizo referencia a la independencia de poderes y a la igualdad ante la ley. Más allá de que ambos principios estén escritos en nuestras leyes fundamentales, lo cierto es que son aspiraciones cotidianas, los invocamos para robustecer posiciones, sobre todo de los más débiles. Pero no seamos ingenuos: la independencia del sistema judicial es errática; los jueces, por distintas razones (conveniencia personal, corrupción, ascenso esperado, temor a las presiones, cercanía a algún grupo de poder) escuchan a los sectores de poder, leen sus periódicos, saben que son objeto de ataques, presiones y operaciones por parte del poder mediático-empresario. Las presiones existieron, existen y seguirán existiendo. Las operaciones, también. La decisión final está en el ámbito interno de cada juez, por lo que la confianza en el sistema es lábil. (Rosenkrantz habla de la necesidad de unir derecho y confianza, pero su interlocutor es un sector determinado. Comparto que esa unión sería plausible, pero puesto en su boca no resulta creíble, sobre todo, porque jamás se ha referido a los sectores más vulnerables de la sociedad).
La pregunta, en todo caso, es qué sectores ejercen presiones. Si es la familia Macri en la causa del Correo, o sectores gremiales que piden por compañeros sin trabajo, o grupos de víctimas de violaciones a los derechos humanos, o defensores de genocidas. Cada uno sabrá cuál es su lugar. Los jueces deben decidir según la ley, pero, como decía Leopoldo Schiffrin, su imparcialidad no significa que no deban ver los conflictos sociales, o permanecer impasibles frente al sufrimiento humano. Una vez más: la independencia de poderes, como la igualdad ante la ley, son objetivos permanentes, no realidades. Sólo sin igualdad ante la ley se explica que hoy gobierne un grupo de empresarios, o que las cárceles sean de uso casi exclusivo de los pobres, lo que explica la sistemática violación a los derechos humanos que diariamente se cometen en cada una de ellas.
Que la Corte pida el expediente a días de comenzar el juicio oral, es, efectivamente, algo inusual. Pero quienes hoy reclaman por esta excepcionalidad, callaron cuando la Cámara Federal de Casación Penal revocó el procesamiento del empresario Carlos Blaquier por su participación en crímenes de lesa humanidad. Incluso, La Nación alabó esa decisión en uno de sus editoriales, cuando también se trató de una excepción.
La Corte debe velar por la constitucionalidad de los actos de gobierno, por la vigencia de los derechos de las personas. Es una cuestión constitucional a ser tratada por la Corte que el derecho de defensa no sea efectivo. Que no es oportuno pedir el expediente a días del inicio del juicio oral, es un debate que, en todo caso, merecería exigir que no haya demoras, que el examen de la materia sobre la que versará el juicio sea claro y hasta que el criterio sea ampliado hacia todo el universo de casos penales frente a posibles atropellos. Que la Corte mida los tiempos políticos, siempre lo ha hecho, aunque debamos exigir que así no sea. (Fijar fecha de juicio oral a una ex Presidenta que posiblemente sea candidata, a días de la nominación, también es medir los tiempos políticos). Pero quienes patalean por el pedido del expediente, lo hacen porque los jueces serían peronistas. Dicho de otro modo, si Rosenkrantz - por decir alguno - pidiera un expediente atendiendo un reclamo de La Nación, sería un juez respetuoso de la ley. El problema sigue siendo el de siempre: el conflicto de clase que se desprende de la actuación de jueces, empresarios, juristas, periodistas.
No hay que escandalizarse por las consecuencias políticas de los actos judiciales. Lo que debe hacerse es, en todo caso, analizar a qué apunta cada uno de ellos, a qué sectores beneficia. Todo esto sucede mientras el macrismo logra imponer un resquebrajamiento mayor a las instituciones autorizando el aporte económico de empresas a sus partidos políticos y su discurso represivo se cae a pedazos con la imputación que la Cámara Federal de Gral. Roca formuló por homicidio agravado de Rafael Nahuel contra un miembro de la Prefectura Naval.
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