jueves 16 de mayo de 2019
POLÍTICA
El financiamiento de los partidos
Transparencia,
política y dinero
Imagen: Guadalupe Lombardo
La aparición de redes de aportantes truchos que cubrían la provincia de Buenos Aires y sirvieron para financiar la campaña electoral macrista en 2017 empañaron esa imagen de angelical inocencia de la que siempre ha querido rodearse María Eugenia Vidal y dificultaron el financiamiento futuro de la Alianza Cambiemos. Por otra parte, aunque la causa de las fotocopias de cuadernos haya tenido tantas irregularidades y esté viciada por los aprietes del fiscal Carlos Stornelli, el trato discriminatorio a los procesados, la demonización de los gobiernos kirchneristas y la proliferación de detenciones sin sentencia firme, también puso en discusión lo que fue un secreto a voces de la política argentina durante tantas décadas: la cartelización de la obra pública y la escasa transparencia en el financiamiento de los partidos. En su recientísimo libro, la ex presidentaCristina Fernández de Kirchner destaca la antigüedad de las principales empresas de obra pública - más de 100 años en algún caso - por lo que considera "indignante y abusivo a la inteligencia" pretender que tuvieron que esperar al 2004 para aprender el modo de cartelización.
En manos de otros funcionarios políticos y judiciales estos escándalos pudieron haber contribuído a una discusión seria sobre estas cuestiones, pero hubiera sido excesivamente ingenuo albergar expectativas en ese sentido con el gobierno neoliberal y la mayor parte de los jueces de Comodoro Py. El proyecto de ley sobre financiamiento de los partidos que ayer fue aprobado en el Congreso ha querido presentarse como una respuesta moralizadora que transparentará los aportes a las campañas. Lejos de eso, no hace más que consolidar el elemento central en la corrupción de la vida institucional: el financiamiento de los grandes capitales que tarde o temprano condicionan las decisiones políticas. Por otra parte, este proyecto - que no aprobaron sólo los legisladores de Cambiemos - revela cómo entiende el PRO la cacareada transparencia porque no se ataca la principal causa de corrupción sino que se la transparenta y se la legítima.
A partir de la caída de los socialismos reales, la izquierda ha ido abandonando aquella visión de una sociedad futura de la transparencia absoluta que haría innecesaria la existencia del Estado, entendiendo los riesgos de esa concepción tan irreal como incompatible con una idea de profundización permanente de la democracia. Paradojalmente, esa idea de la transparencia absoluta es sostenida hoy por el neoliberalismo.
A esta altura, el lector se rebelará contra nuestra manía de apelar a cuestiones teóricas y nos recordará con razón que la presencia de Laura Alonso en la Oficina Anticorrupción, ignorando los ilícitos presidenciales, debería eximirnos de cualquier asociación entre macrismo y transparencia. Sin embargo, hay también una meta ideal de transparencia en el neoliberalismo. Es la visión de la sociedad de la información en el mundo globalizado bajo la dirección del gran capital. Transparente porque tienden a desaparecer los sindicatos que con sus demandas traban a la plena realización de ese ideal, las pequeñas empresas que no se acoplan a esa perfección tecnológica que requiere una cada vez mayor concentración, en suma, todos los que no comprenden que en un mundo de individuos independientes, toda apelación a lo colectivo supone complejidades innecesarias. Retarda, además, el advenimiento de esa sociedad de gente absolutamente libre y absolutamente sola que encontraremos al final del camino, aunque no todos puedan llegar hasta allí.
No es sorprendente que un gobierno que nombró en los más importantes cargos a los CEO's de las principales empresas de cada sector, sostenga, sin tapujos, que la política es cuestión de los muy ricos y proponga una ley que acentúa las desigualdades en el acceso al financiamiento. Al reivindicar, una vez más, el derecho de los poderosos a gobernar, y a solventar más costosas campañas electorales, se consolida una tendencia a la desigualdad que está inscripta en el mismo funcionamiento de la sociedad.
La asimilación entre personas físicas y jurídicas, concediendo a ambas la posibilidad de aportar en las campañas, resulta contradictoria con la idea básica de la democracia: un asunto de los ciudadanos no de las empresas. Estas son reconocidas por la legislación civil y comercial como necesarias para el funcionamiento del capitalismo, pero no son sujetos políticos de la democracia. No es novedoso afirmar que el mercado produce desigualdad y que por eso se requiere un accionar compensatorio del Estado. Pero el neoliberalismo rechaza esta visión, consagra la preeminencia de los más ricos y renuncia a cualquier idea igualitaria. Por eso el proyecto aprobado por el Congreso no sólo aprueba el financiamiento empresarial sino que reduce a la mitad los espacios de propaganda concedidos a todos los partidos, uno de los modos que en la legislación anterior compensaba la natural desigualdad de acceso a los medios de comunicación. Esa misma intención compensatoria debería extenderse hoy a priorizar el financiamiento estatal y fijar topes más estrechos al gasto electoral, para evitar el festival millonario que significa cada campaña y los grandes negocios que de allí resultan para algunos.
Los defensores de la ley - severamente rechazada en el dictamen de los diputados del FpV - destacan que se fija un límite del 2 por ciento a la contribución de cada persona jurídica, pero, como no se legisla sobre los conglomerados empresarios, cada una de las firmas que los integran podrá aportar hasta alcanzar un porcentaje mucho más alto. En momentos en que el país está ahogado por el endeudamiento, la fuga de capitales y las transferencias en favor del gran capital, los beneficiarios de estas políticas serán favorecidos por la nueva legislación.
Por cierto que esta ley, que favorece al macrismo - ni JP Morgan ni la Shell y tantas otras dudarán esta vez a quien aportar - aunque no logrará salvar del ocaso a un presidente cada vez más amenazado, degrada más la vida institucional. Deberían reflexionar sobre esto quienes afirman que condenan la política del gobierno nacional, pero ayudan a sancionar una propuesta que tiende a fortalecer la hegemonía de quienes hoy oprimen a nuestro país.
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