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martes 24 de enero de 2017
Sociedad
Todos los años el Ministerio de Salud de la Nación publica sus estadísticas vitales, donde podemos encontrar diversos datos sobre la salud de la población. Entre ellos hay uno que nos toca sensiblemente, por ser evitable: las muertes por aborto inseguro.
En 2015 en nuestro país murieron 55 mujeres por abortar, 12 más que en 2014. Esto sucede porque la interrupción del embarazo, que según la OMS es una práctica médica de bajo riesgo en contextos de seguridad y confianza en el sistema de salud, se encuentra estigmatizada y criminalizada en nuestro país. Por lo tanto las mujeres que abortan frente a una complicación no concurren al sistema de salud por miedo al maltrato, el estigma, la denuncia y la cárcel.
A si mismo la ley no se cumple. En nuestro país el aborto es legal cuando el embarazo proviene de la violencia sexual o se realiza con el fin de preservar la vida o la salud de las mujeres. Muchas mujeres, niñas y adolescentes no conocen que tienen este derecho, por lo tanto no lo solicitan.
Por otra parte el propio sistema de salud obstaculiza el acceso. Por lo tanto desconocemos cuantas de las 55 mujeres que murieron en 2015 hubieran estado en condiciones de exigir su derecho a un aborto legal dentro del sistema público de salud, pero tenemos la certeza de que si hubieran sido contenidas por el sistema hoy estarían con vida.
En este contexto encontramos que las políticas públicas destinadas a reducir la mortalidad ligada al aborto inseguro son deficientes. Si bien contamos con leyes y protocolos que indican que la atención pos aborto sea provocado o espontaneo debe realizarse bajo estricta confidencialidad, casos como el de Belén en la Provincia de Tucumán revelan la cara más dolorosa de un sistema que en lugar de cuidar a las mujeres atenta contra su dignidad y su vida.
Foto MST
La consecuencia de esto es que nos alejemos del sistema de salud, porque no es confiable. Esto genera el agravamiento de cuadros de salud que derivan en morbilidad y mortalidad para las mujeres, niñas y adolescentes de nuestro país.
En este sentido debemos resaltar que el Ministerio de Salud de la Nación que encabeza Jorge Lemus recortó presupuesto y canceló las capacitaciones relacionadas con este tema, por lo que el panorama a futuro es poco alentador.
Mientras tanto otros países han llevado la mortalidad a cero. En nuestra región Uruguay es un buen ejemplo: lo hizo poniendo en marcha una política pública de acceso a la información sobre como abortar en forma segura con el uso de pastillas de Misoprostol.
Luego realizó un cambio legal para permitir la interrupción del embarazo durante el primer trimestre de gestación por la mera solicitud de la mujer. Argentina cada día se encuentra más lejos de ese paradigma y hemos visto un retroceso en el acceso a los abortos por violencia sexual o riesgo para la vida o la salud.
Con seguridad las estadísticas que reflejen 2016 nos dejarán un sabor aun más amargo. Mientras el aborto sea una práctica socialmente estigmatizada y el Estado no lleve adelante políticas públicas tendientes a garantizar una atención sanitaria con perspectiva de género y derecho, continuaremos lamentando las muertes.
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