lunes 30 de enero de 2017
La operación de la mala palabra
Escucha telefónica a CFK. Cómo fue el entramado judicial que derivó en que tomara estado público el famoso audio. Quién es quién en la causa y la utilización política para usar el hecho como tapón mediático.
Por Andrés Klipphan
Qué duda cabe de que, mediáticamente, el tema de la semana fue el insulto (coloquial, cariñoso, de confianza o agresivo, según se quiera interpretar) que la ex presidenta le propinó a su ex jefe de Inteligencia, Oscar Parrilli, durante una charla telefónica cuyo audio se conoció públicamente en los últimos días. Una rápida investigación pudo comprobar que la desgrabación estaba en poder del juez y del fiscal desde hace tiempo y la pregunta entonces pasó a ser quién lo filtró a la prensa. Sucedió cuando crecía el caso de los 600 mil dólares que cobró Gustavo Arribas – jefe de la AFI, hombre de confianza de Mauricio Macri – a través de un intermediario vinculado con la empresa brasileña Odebrecht y que aún no pudo justificar.
"Me enteré por un informe de inteligencia, no por el audio, al que no tuve acceso y conozco en el día de hoy, se me advierte que en una comunicación que estaba teniendo el ex secretario de Inteligencia (por Oscar Parrilli) con la ex presidenta (por Cristina de Kirchner) se hablaba sobre la posibilidad de haber armado causas judiciales. Más allá de la rectificación, entiendo que es una circunstancia que debe ser investigada. Entonces le pedí a (el juez Ariel]) Lijo que formule la denuncia en el expediente. Ese segmento va a ser investigado por el juez (Sebastián) Casanello."
Esa es la explicación que el fiscal Guillermo Marijuán le dio al periodista Ari Paluch, el 20 de enero pasado. Los posibles delitos, "abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público" y "falsa denuncia", previstos en los artículos 245 y 248 del Código Penal. La razón, una escucha telefónica entre el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la ex mandataria difundida 24 horas antes por Luis Majul en su programa de radio La Red en la que Cristina Fernández le preguntaba al ex jefe de los espías criollos por las causas que le "armaron" a Antonio Horacio "Jaime" Stiuso y que fue ampliamente difundida por diferentes medios.
En esa misma pinchadura telefónica, la ex jefa de Estado le aclaró a Parrilli – que estaba en Neuquén – que lo llamaba por la entrevista que el 11 de julio del año pasado el diario La Nación publicó con Stiuso. "A este tipo hay matarlo, es un caradura", dijo la ex Presidenta.
Sucede que, en esa nota, el ex hombre fuerte de la SIDE sostenía que Cristina Fernández era una "mujer loca" que "ya no tiene poder". "Los Kirchner no utilizaban la SIDE porque tenían sus servicios paralelos, con gente que investigaba para ellos y les armaba sus propios carpetazos", agregaba el ex espía.
Veintitrés pudo establecer que, en realidad, el fiscal Marijuán (así como también el juez Lijo) tuvo en su despacho la desgrabación de esa y otras escuchas telefónicas en el mes de agosto del año pasado. Tanto es así que, según fuentes judiciales, Marijuán utilizó el contenido de esa escucha para solicitarle al magistrado que prorrogue "por 30 días más" las pinchaduras legales sobre los teléfonos del ex jefe de la AFI, a quien se lo investiga aún hoy por el presunto encubrimiento a Ibar Pérez Corradi, que estaba prófugo en Paraguay y se entregó cuando Cambiemos llegó al poder.
Habla Ariel Lijo
Parrilli era escuchado desde julio. El juez Lijo había dispuesto, a pedido de la fiscalía, la pinchadura telefónica por 60 días. Y como no había arrojado "resultados positivos para la causa" había decidido interrumpirlas.
"Pero el fiscal me solicitó que la extienda un mes más cuando se enteró de ese diálogo", le contó el magistrado a Veintitrés.
--¿Y después qué pasó?
–En septiembre dispuse el cese de la intervención porque no surgía nada de interés para la causa en que investigo a Parrilli por supuesto encubrimiento de Pérez Corradi y aún no decidí su situación procesal.
–¿Esto quiere decir que tanto usted como el fiscal Guillermo Marijuán conocían cada una de las frases que intercambiaron Cristina y Parrilli?
–Le aclaro que no sólo nosotros, sino también Parrilli, quien a través de su abogado se llevó las cientos de horas de escuchas, ordenadas por mí, en 86 CD. Las escuchas eran perfectamente legales.
–¿Usted filtró la escucha a la prensa?
–De ninguna manera. Es más, si usted, ahora que trascendieron las escuchas, me llama y me dice "las necesito porque si no me echan del trabajo" debería solicitarlas a la Corte porque yo no tengo los audios. Cuando se ordena una intervención telefónica, en el marco de una causa determinada, los que escuchan las conversaciones sólo avisan al juez, o le envían un informe, si hay algo de interés para el expediente. Y en este caso no ocurrió.
–¿Quién está a cargo de las escuchas? La diputada Elisa Carrió salió a cuestionar muy fuerte al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, por ese tema. Dijo que él no debería estar a cargo y sugirió que desde allí se podrían haber filtrado los audios.
–Desde el año pasado, las intercepciones telefónicas que ordenamos los jueces están en manos de la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, que es la que cuenta con una Oficina de Captación de Comunicaciones. Es decir que ya no depende del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (Dicom) que dependía de la Procuración. Ni mucho menos de la vieja estructura de la ex SIDE, cuando dependía de la Oficina de Observaciones Judiciales, de la UIF o de la ex SIDE; le aclaro esto para que la sociedad tenga en claro que los procedimientos de escuchas son absolutamente legales y trasparentes. Lo que dice Carrió corre por cuenta de ella.
–¿Por qué cree que el fiscal Marijuán denunció ahora y no antes a la ex presidenta por el audio que difundió Majul?
–No sé. Pero la secuencia no es esa. El fiscal denunció ahora a la ex Presidenta por el dicho "habría que matarlo" a Stiuso. Una semana antes que apareciera el audio en los medios el fiscal ya la había denunciado por el tema de los supuestos "carpetazos" y "armado de causa".
Operación encubrimiento mediático
Casualidad o no, la escucha difundida por Majul y la nueva denuncia de Marijuán surgieron al mismo tiempo que la diputada Carrió, una de las fundadoras de Cambiemos y socia política del Presidente Mauricio Macri, ratificó su denuncia contra Gustavo Arribas, el actual titular de la AFI y amigo personal del jefe de Estado por haber recibido, en el año 2013, un presunto soborno de 600 mil dólares, a través de cinco giros, en sus cuentas de Suiza de parte de Leonardo Mairelles, un operador de la empresa brasileña Odebrecht, para impulsar el "soterramiento del tren Sarmiento" si Macri llegase a la Casa Rosada. Mairelles está condenado en la causa Lava Jato y es quien lo habría denunciado en su declaración como arrepentido ante la justicia brasileña.
La obra ya había sido licitada por el gobierno de Cristina Fernández y entre las firmas ganadoras se encuentra la polémica Odebrecht, pero, como se conoce, después de tres inauguraciones, el soterramiento quedó paralizado hasta ahora, que Cambiemos le dio un nuevo impulso y volvió a anunciar con bombos y platillos la continuación de los trabajos.
Arribas, contador y ex hombre de confianza de Macri cuando este era presidente de Boca, se defendió tímidamente asegurando que no existen esos giros y presentó la certificación de sólo un depósito de 70 mil dólares producto de la venta de un inmueble en Brasil, país donde vivía y tenía instaladas las oficinas de su empresa de trasferencias de jugadores.
Lo hizo mediante un lavado comunicado en el que no mostró la escritura de compra venta del inmueble, y ante el juzgado de Lijo, que subroga a Rodolfo Canicoba Corral en el mes de feria, a través de un escrito en el que asegura que está a disposición de la justicia y que presentará las pruebas a su favor, cuando le sean requeridas.
Basta repasar los medios para corroborar que el viejo audio de Cristina y Parrilli opacó no sólo la ratificación de Carrió, sino también el pedido de investigar al contador Arribas por el supuesto soborno solicitado por el fiscal federal Federico Delgado, quien ya le pidió al juez las declaraciones juradas del titular de la AFI.
Y más aún, en el recuerdo popular ni siquiera quedó la frase de los "carpetazos" o "armado de causas", sino la manera en que la ex mandataria destrató a su ex funcionario.
La difusión de ese audio tendría un segundo objetivo, cual es beneficiar o hacer ver como víctima al ex hombre todopoderoso del espionaje nacional, Antonio Stiuso. Marijuan también pidió que se envíen copias de esa pinchadura a la causa en que se investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Sucede que sobre el caso el propio Marijuán le dijo a la prensa: "Es poco feliz (la expresión "a este tipo hay que matarlo") porque hemos tenido un muerto (por Nisman). Será todo motivo de análisis e inclusive la explicación que tenga que hacer sobre si es coloquial o no (la expresión) la van a tener que hacer en un expediente. No por simplemente hacer una afirmación de que todos los días digo 'a fulano de tal hay que matarlo', con eso simplemente no desaparecen los efectos jurídicos que pueda tener esa manifestación".
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