viernes 10 de marzo de 2017
En el mes de febrero, el caso de Atanor fue popularmente conocido. La empresa química dejó en la calle a 136 trabajadores, por el cierre de dos plantas dejando un sencillo cartel en la puerta que informaba sobre esta cuestión. Las suspensiones en Volkswagen ascendieron a 600. Los trabajadores insinúan que les pagarían 75% en negro.
"¡QUEDA DESPEDIDO!"
Hacia fines de febrero se sumaron 250 suspensiones en General Motors e Alvear, provincia de Santa Fe. Por la apertura importadora nuevamente hubo vacaciones anticipadas en empresas. Este mes sucedió en Alpargatas, en su planta de Bella Vista. Finpak también expresa la complicada situación de la metalurgia. Hubo 30 despidos y peligran 24 más, en el marco del intento de reconversión de heladeras a termotanques.
Por Hecho en Argentina
Análisis de los despidos en febrero de 2017
Al 31 de enero de 2017 se contabilizan 249.143 despidos y suspensiones (Tabla N° 1). Los despedidos ascienden a 207.740 y los suspendidos a 41.403 casos.
Dentro de ellos, los despidos del sector privado ascienden a 132.647 y las suspensiones suman 41.373 (Tabla N° 5).El aumento en el mes de febrero fue de 3.677 casos, una cantidad similar a la del mes anterior.
El 87% de los casos (3.209) corresponden al sector privado y sólo el 13% (468 casos) al sector público.
La participación del sector privado en términos de despidos y suspensiones sobre el total tuvo un avance de 0,26 puntos porcentuales en el mes de febrero.
Al interior del sector privado se evidencia nuevamente en el mes bajo análisis un incremento en la participación del sector industrial sobre el total de despidos y suspensiones.
En el caso de la industria se contabilizan 2.938 despidos y suspensiones adicionales en febrero.
Es decir, el 80% del total de despidos y suspensiones corresponden a la industria.
Si bien la industria se vio aquejada desde el inicio del proceso de expulsión de trabajadores en el mercado de trabajo, es desde septiembre último que se ve particularmente afectada.
En los últimos seis meses, a diferencia del sector público, el sector primario, la construcción y los servicios, la industria continuó con cesantías.
Fueron 30.039 trabajadores despedidos o suspensiones en los últimos 6 meses en relación a 41.063 despidos y suspensiones totales para el periodo mencionado (el 73,15% en promedio).Este proceso se puede percibir con claridad en el gráfico 4, donde se detalla la cantidad de despidos y suspensiones en la industria: 67.802 sumaban en septiembre, 73.248 en octubre, 83.905 en noviembre, 88.015 en diciembre, 90.766 en enero y 93.704 en febrero.
Actividades industriales, las más afectadas
Encabezan el ranking de despidos y suspensiones acumulados desde enero de 2015 la rama metalúrgica, con 17.617 despedidos y suspensiones; el sector textil, con 3.927 despidos y 12.050 suspensiones; el sector automotriz con 10.360 bajas laborales (al que deben complementarse 1.514 trabajadores despedidos y suspendidos en y 364 despidos y 1.800 suspensiones en el sector neumático); el sector petrolero con 8.371 casos; electrónica y electrodomésticos, con 5.123 despidos y 2.870 suspensiones de trabajadores y el sector alimenticio con 7.666 despidos y suspensiones.
Estas actividades suman el 73% de los despidos y suspensiones entre diciembre 2015 y febrero 2017.
Los despidos del sector primario y en el sector servicios durante el mes de febrero no han sido demasiado significativos.
En la construcción no se registraron despidos en el mes.
Constataciones
Como se percibe en el apartado II del presente trabajo, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) computa 52.155 trabajadores menos en el sector industrial entre noviembre de 2015 y diciembre de 2016.
Según el presente relevamiento, los despidos, sin suspensiones, del sector industrial ascienden a 53.586, levemente por encima de lo registrado por SIPA pero considerando los meses de enero y febrero de 2017.
Casos paradigmáticos en febrero 2017
En el mes de febrero, el caso de Atanor fue popularmente conocido.
La empresa química dejó en la calle a 136 trabajadores, por el cierre de dos plantas dejando un sencillo cartel en la puerta que informaba sobre esta cuestión.
Las suspensiones en Volkswagen ascendieron a 600.
Los trabajadores insinúan que les pagarían 75% en negro.
Duraría hasta mediados de 2018. Hacia fines de febrero se sumaron 250 suspensiones en General Motors e Alvear, provincia de Santa Fe.
Por la apertura importadora nuevamente hubo vacaciones anticipadas en empresas. Este mes sucedió en Alpargatas, en su planta de Bella Vista.
Finpak también expresa la complicada situación de la metalurgia.
Hubo 30 despidos y peligran 24 más, en el marco del intento de reconversión de heladeras a termotanques.
En el caso de los despidos de Mascardi, en el sector plástico, luego de la conciliación obligatoria la empresa prosiguió con los 53 despidos.
Los despidos en Cerámica San Lorenzo refieren al cierre de planta (en enero había hecho lo propio con su planta de San Luis).Por los 25 despidos, en el caso de PMV, los trabajadores tomaron la planta.
La empresa se dedica a maquinaria agrícola, actividad ampliamente beneficiada en la etapa. En la industria vale recordar los casos sucedidos en enero de 2017 que también han sido paradigmáticos: textil Neuquén, Banghó y Mefro Wheels.
Hubo 10 despidos en el Supermercado Libertad de la ciudad de Rosario. Este conflicto se enmarca en el conflicto de apertura de supermercados en domingo.
El comercio tiene intenciones de hacerlo mientras que los trabajadores reclaman que se cumpla la ley provincial de descanso dominical. El caso llegó a conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo.
Por la paralización de las obras, se produjeron 110 despidos en Atucha.
En el Hospital de Bariloche se produjeron 8 despidos por recortes de gastos provinciales.
Conflictos abiertos
El apartado III del presente trabajo permite vislumbrar futuras situaciones conflictivas en materia laboral. El recuento asciende a 7.025 casos. De ellos, 3.100 corresponden a casos de servicios, y 3.925 a casos industriales.En el caso de los industriales, se percibe la profundización de la crisis laboral en el sector petrolero.
Marzo, un mes de discusiones paritarias
El mes de marzo comenzó con la convocatoria de las diversas centrales sindicales a una movilización el 7 de marzo. A dicha movilización se sumaron organizaciones sociales y políticas en un abanico de reclamos entre los que se destaca el reclamo por los recurrentes despidos.
Sin embargo, tanto en lo referido a la convocatoria como a los objetivos posteriores de la marcha, la mirada no resulta homogénea.
El recuerdo del post 29 de abril de 2016 donde luego de una masiva movilización popular sólo se consolidó el acuerdo de la cúpula cegestista en relación al reclamo por fondos de obras sociales, pero como contraparte, se garantizó casi un año sin conflictos, se encuentra aún fresco en la memoria.
En relación a la convocatoria, la decisión de no realizar un paro nacional ni congregarse en la Plaza de Mayo, expresan la intencionalidad de un sector sindical de evitar un efecto mayúsculo en contra del gobierno nacional.
Como contrapartida, la presión de la Corriente Federal junto con otros gremios, con interés en apuntalar un paro nacional a fin de marzo, también se ha expresado y ha tenido resultados en esta convocatoria.
De hecho la movilización fue impulsada desde la Comisión de Industria de la CGT, donde comulgan los gremios más combativos y tiene como antecedente la movilización de los metalúrgicos contra despidos y suspensiones del 14 de febrero.
En este escenario es oportuno seguir de cerca el proceso de unidad de la CTA, quien también promociona el llamado a un paro nacional.
Finalmente, vale mencionar la estrategia de Cambiemos en relación a estos reclamos.
Además de la recurrente mención al supuesto cambio de dinámica en lo referido al mercado de trabajo, se sumó en la primera semana de marzo la premeditada estigmatización de un sector gremial representado en el ataque a Roberto Baradel, Secretario General de SUTEBA.
La finalidad de tales menciones están dirigidas a justificar aumentos salariales que consoliden la pérdida de poder adquisitivo producida a lo largo de 2016 junto con el condicionamiento de los futuros reclamos, pasos necesarios en el proceso flexibilizador explicitado por el propio gobierno.
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