lunes 06 de marzo de 2017
Todo está a la venta
Macri firmó tres decretos en 2016 por los que van a enajenar medio centenar de inmuebles.
Según el escrito, el Presidente incurrió en la posible comisión de incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otrosdelitos. La primera norma data del 18 de agosto y bajo el número 952/2016 le da vía libre a la Agencia de Administración de Bienes del Estado para disponer de la venta de 17 inmuebles del Estado Nacional, en su mayoría localizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El segundo decreto es el 1064 del mes de octubre y alcanza a 33 edificios y oficinas, llegando a involucrar propiedades en las ciudades de Bogotá, Brasilia, Montevideo, Washington y Colonia del Sacramento. Ya sobre fin de año, Macri autorizó la enajenación de tres inmuebles más.
Denunciante. Baldiviezo, abogado y miembro del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Para Baldiviezo y Klejzer, el total de lo que pretende ponerse a la venta es de unas 50 hectáreas, lo equivalente a medio Puerto Madero. "Estamos esperando la respuesta de la justicia, que en estos casos se tomará unos días para citarnos a ratificar la denuncia. Lo que debe saberse es que en lo que tiene que ver con bienes nacionales, el tema debe ser tratado por el Congreso Nacional mientras que a nivel provincial o municipal, la discusión deben llevarla adelante las respectivas legislaturas", explica Baldiviezo dando uno de los argumentos de la denuncia.
"Como figura penal, suponemos que por parte del presidente hubo abuso de autoridad porque se arrogó una facultad que no tiene. Sucede que se atuvo al Decreto Ley 22.423 que firmó el general Videla en 1981 y que por no funcionar el Congreso, se facultaba al Poder Ejecutivo Nacional a autorizar la venta de bienes" Según reza el texto de la denuncia, un artículo de la Constitución Nacional de 1853 establecía que el parlamento tenía la facultad de disponer del uso y de la enajenación de las tierras propiedad del Estado.
Con la reforma de 1994, el inciso 5 del artículo 75 mantuvo dicha prescripción, por lo que el único poder competente para proceder a la disposición de un bien propiedad del Estado nacional seguiría siendo el propio Congreso de la Nación. "Hay ejemplos acerca de quiénes podrían beneficiarse con la compra de las propiedades. Para comprobarlo, basta conocer los nombres de los que se ofrecieron a construir el Paseo del Bajo en la ciudad de Buenos Aires, una obra objetada técnicamente", y agregó Baldiviezo que"con nuestra iniciativa ante la Justicia pretendemos que el Congreso defienda, como le corresponde, sus facultades".
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