lunes 12 de junio de 2017
INFORME ESPECIAL
Odebrecht salpica a diestra y siniestra
Entretelones de un escándalo. La puja del Gobierno para que la documentación fuera a la Oficina Anticorrupción y no a la Procuración. Sospechas y enojo de los fiscales. Derivaciones de una causa que impactará en la campaña electoral de medio término.
La protesta de los fiscales Sergio Rodríguez – titularde la Procuraduría de Investigaciones
Administrativas – y Federico Delgado ante el Ministerio Público de Brasil (MPB) impidió que la
información sobre las coimas pagadas en la Argentina por el gigante brasileño Odebrecht
terminaran en la Oficina Anticorrupción, tal como pretendía el Gobierno
Como es de conocimiento público, la Oficina Anticorrupción está a cargo de la ex diputada macrista Laura Alonso. Haber impedido esa maniobra del oficialismo posibilitó que la documentación sobre la ramificación local de la causa Lava Jato terminara en manos de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
Los archivos digitalizados y videos, mails, pasajes de avión, gastos de hoteles, papeles corporativos, entre otras pruebas, que fueron aportadas por los 77 ejecutivos de Odebrecht que se acogieron al régimen de "delación premiada" en Brasil, llegaran a través de valijas diplomáticas a partir del próximo jueves 1 de junio.
Ese día, y no antes, vence el plazo de seis meses que acordaron los representantes de Odebrecht y el MPB para que las delaciones se mantuvieran en reserva, según la cláusula 19 del "Acuerdo de Leniencia" que firmaron ambas partes el 1 de diciembre de 2016 en Curitiba.
Según Odebrecht, los sobornos se dieron en al menos nueve países de América Latina y dos en África, y ascendieron a 788 millones de dólares para obtener licitaciones de grandes obras públicas, como el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento o la construcción de dos plantas potabilizadoras, una en Tigre y otra en el partido bonaerense de Berazategui, según la causa que investiga el fiscal Delgado y tiene a su cargo el juez Sebastián Casanello.
"Hay una orden muy precisa del Presidente de colaborar con la Justicia para saber quiénes son las personas que cobraron esos 35 millones de dólares que la propia empresa Odebrecht reconoció haber pagado en nuestro país, entre los años 2007 y 2014", declaró a principios de la semana pasada el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.
Enmarcado en esa premisa, los funcionarios macristas comenzaron a mantener reuniones con los abogados de la constructora Odebrecht. Fue así que avanzaron en los alcances que obtendría la empresa brasileña si colaboraba con la justicia a través de la Oficina Anticorrupción, que se presentaría como querellante en las cuatro causas abiertas en el fuero federal, cosa que hasta ahora no hizo.
El gobierno también se comprometía a que la empresa continuaría trabajando en el país y que el "resarcimiento" que debe percibir el Estado – por las coimas abonadas a través de intermediarios, a funcionarios o ex funcionarios criollos – no sería demasiado onerosa, y se aproximaría lo más posible a los 35 millones de dólares reconocidos como sobornos. En Brasil, por ejemplo, la firma debió pagar en concepto de multas siete veces más que el valor de los sobornos. En Estados Unidos pasó algo similar.
Enterados de estas tratativas, los fiscales pusieron el grito en el cielo, le hicieron saber al gobierno de Macri que sólo la justicia estaba habilitada para llegar a algún tipo de acuerdo y que esto debía realizarse a través de la justicia de Brasil y la Argentina. También sostuvieron que el pago por resarcimiento debía ser determinado por la Procuración del Tesoro. Al respecto, las fuentes consultadas señalaron que la cifra por rescarcimiento puede llegar a los 100 millones de dólares.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos acusó el golpe, retrocedió en las negociaciones pero hizo trascender que "desconfiaba" de la "utilización" que Gils Carbó podría hacer con la información; que podría "orientar" la investigación hacia los allegados del presidente Mauricio Macri y "encubrir" a ex funcionarios de la administración de Cristina Fernández de Kirchner.
Procuradora. El gobierno cree que Gils Carbó lo perjudicará.
El fiscal Rodríguez reaccionó de inmediato y aseguró que tanto él como Delgado tendrían acceso irrestricto a "toda" la documentación que llegase desde Brasil.
Por su parte, Delgado, les hizo saber que para él no era ninguna garantía de transparencia e independencia que las valijas diplomáticas terminaran en manos de la macrista Alonso en la Oficina Anticorrupción.
Fiscal. Federico Delgado, a cargo de la investigación.
En diálogo con Veintitrés, el fiscal Delgado se excusó de brindar detalles sobre la investigación. Pero aportó datos clave.
Reconoció que "ahora será la Procuración del Tesoro quien impondrá las multas" y que "el acuerdo firmado por Odebrecht en Brasil le pone algunos límites a la justicia argentina porque la cláusula 21 reguló cómo será la cooperación con autoridades extranjeras y estableció que los fiscales brasileños, por ejemplo, sólo podrán compartir información con sus pares de otros países si respetan ciertas pautas, como que la información que se envíe al país requirente deberá utilizarse contra terceros que no hayan firmado acuerdos de cooperación, sea a través de Odebrecht o por cuenta propia. O que sólo podrá utilizarse la información que llegue contra personas que ya negociaron en Brasil".
Delgado también reconoció que la causa por los famosos bolsos con millones de dólares que el ex secretario de Obras Públicas, José López, intentó ocultar en un convento de General Rodríguez "es una de las principales fuentes de información para el caso Odebrecht Argentina".
José López. Ex funcionario de De Vido, el hombre de los bolsos.
De allí surge que el empresario Jorge "Corcho" Rodríguez – el ex de Susana Giménez y actual pareja de Verónica Lozano – "se presentaba como lobbysta de Odebrecht en el país" y que "el soterramiento de la línea del Sarmiento apareció entre la documentación brasileña como una obra supuestamente vinculada con el esquema de coimas de Odebrecht".
En la causa habría intercambios de mails que indicarían la recepción de sobornos por parte de Manuel Vázquez, asesor del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, y el CEO de Iecsa, Javier Sánchez Caballero.
Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, fue el dueño de esa constructora desde el año 2007, cuando se la compró a la familia Macri, y en marzo de este año, y para evitar más denuncias sobre incompatibilidades y favoritismos en la adjudicación de obras, se la vendió a Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía y uno de los principales accionistas de Edenor.
Esa documentación – que no procede de una "delación premiada" sino que fue descubierta en uno de los allanamientos en oficinas de la constructura realizados por la policía brasileña durante el "Operativo Omertá" – se habría extraído de la computadora de Mauricio Couri, uno de los directivos de Odebrecht que están presos.
Forza Italia. Los abogados de Odebrecht negociaban también con el gobierno de Macri la "continuidad" de la constructora en el discutido contrato por el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Respecto de esto, los fiscales también le dejaron en claro a los funcionaros de Garavano que eso está en manos de la Justicia y no es parte de las decisiones del Poder Ejecutivo de la Nación.
Sobre ese punto, Garavano fue taxativo ante los fiscales. Según una alta fuente judicial consultada por Veintitrés, el ministro de Justicia opina que "la salida de Odebrecht es un tema que debe resolverse entre privados", que es obvio que el gobierno "no puede actuar si hay un fallo de la Justicia" pero que en nuestro país "una resolución judicial de ese tipo puede tardar años" y que "sería complicado inaugurar las obras, en plena campaña electoral, teniendo que pagarle a Odebrecht por el soterramiento del Sarmiento en medio del escándalo".
Lo que no dijo Garavano es que sobre la constructora brasileña y el soterramiento el Jefe de Estado tiene otro frente abierto. El 8 de mayo pasado, durante su visita oficial a la Argentina, el presidente italiano, Sergio Mattarella, le formuló un pedido muy especial a Mauricio Macri en la Casa Rosada. Que saque a Odebrecht del consorcio que está haciendo el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.
Visita. Ambos mandatarios y un particular pedido del presidente italiano.
El objetivo sería evitar que las causas de corrupción contra la empresa brasileña impacten en la italiana Ghella, una de las sociedades que participan en esa obra pública. El soterramiento iba a comenzar en 2006 – fue licitado durante el gobierno de Néstor Kirchner – pero recién arrancó en octubre de 2016, cuando Macri inauguró la tuneladora de la estación Haedo y tiene un presupuesto de 3.000 millones de dólares aportados por el Estado nacional.
La UTE, que hasta ahora tiene un avance de obra de apenas el 3%, está formada por la brasileña Odebrecht, la italiana Ghella, la española Comsa y la nacional Iecsa, que cuando ganó el concurso estaba en manos de Calcaterra.
Veintitrés pudo saber que después del pedido de su par italiano, Macri ordenó a la Procuración del Tesoro que revise el contrato.
Como se ve, la caja de Pandora apenas se abrió y ya genera escozores y suspicacias.
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