lunes 24 de julio de 2017
Por qué no se investiga la apropiación de bienes en la dictadura
El desmantelamiento de la UIF como parte de una política de Estado
Por Andrés Klipphan
El fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició al represor Luis Muiña tuvo un efecto acotado por la reacción ciudadana en contra de que lo alcanzara la ley del 2x1. De ese modo se frenó una acción que podría llevar a la libertad a varios genocidas condenados. Pero hay otra decisión, en este caso del Gobierno nacional, que lleva meses en ejecución y sobre la cual poco se discute: el desmantelamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF) que vio reducir sus funciones al punto de dejar de ser el organismo principal en las políticas de prevención y persecución de delitos como el lavado de dinero.
Mariano Federici, es el actual titular de la UIF. Y como en muchos otros casos, su nominación fue seriamente cuestionada por sus estrechos vínculos con el sector que debería controlar. Sucede que Federici fue abogado asesor en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Durante la mayor parte de su carrera en ese organismo, ocupó el cargo de asesor regional para Latinoamérica y el Caribe; además formó parte del grupo de integridad financiera del departamento jurídico del FMI. Más tarde fue promovido a abogado Sénior, convirtiéndose en parte del staff del Departamento jurídico del FMI con oficinas ya no en Buenos Aires, sino en Washington D.C.
El traspaso de la UIF a la Secretaría de Finanzas fue introducido sobre el final de la votación del paquete de leyes del blanqueo. Desde su creación, durante el gobierno de la Alianza, en el año 2000, la UIF siempre estuvo bajo la esfera del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y con los años, a diferencia de los que sucede ahora, fue ganando autonomía en la gestión. "Con el cambio de órbita, una de las primeras decisiones que se tomaron fue dejar de impulsar las causas que por lavado de activo de más de 600 inmuebles que los genocidas se apropiaron de los detenidos desaparecidos y que investigamos y denunciamos nosotros desde la UIF". Así lo afirma el ex titular de la UIF, José Sbattella
"Unas sesenta personas fueron echadas de la UIF de un día para el otro y sin ninguna explicación ni justificativo. Trabajaban en un programa muy importante que estaba destinado a congelar los bienes de represores que estaban prófugos. Ellos, por ejemplo, habían conseguido que fueran apresados 23 de los más de 100 represores que había prófugos cuando nos hicimos cargo de la UIF, aplicando la Ley Antiterrorista. También fueron despedidos quienes trabajaron en los casos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, como Papel Prensa, la apropiación de los bienes de los hermanos Laccarino y la causa del represor Jorge Vildoza, entre muchas otras. También desempeñaron un rol esencial como querellantes en esas causas y ahora eso no ocurre", explica.
Sbattella vincula la acción judicial con la del Poder Ejecutivo, en el sentido de buscar beneficiar a los represores. " Los jueces en la Argentina se van acomodando a los climas políticos que vive el país. Y no seguir investigando e impulsado la causa sobre la ODESSA Argentina es un clarísimo ejemplo de la intenciones que tiene este gobierno sobre todo lo que tiene que ver con el terrorismo de Estado y la permeabilidad de muchos jueces a los intereses del Poder Judicial", dice.
Cuando Sbatella nombra a la "ODESSA Argentina" hace referencia al título de tapa de la revista Veintitrés de hace dos años cuando reveló de manera exclusiva la red de Inmobiliarias, financieras, contratistas de juegos de azar, empresas y hasta estudios de abogados, que formaban – y algunas de ellas aún forman - parte de oscura red económica al servicio de los represores prófugos para seguir escapando de la Justicia.
Parte de ese entramado financiero lo formaban las ventas espurias que se realizaron de buena parte de esos 600 inmuebles y empresas robadas por los genocidas a sus víctimas. Sbatella recibió a Veintitrés en las oficinas de San Telmo que utiliza cada vez que viaja de la ciudad de La Plata a Capital Federal. Y sobre todo cuando debe recorrer los tribunales de Comodoro Py donde enfrenta una causa que por "violación de secretos", debido a la difusión de datos, durante la emisión de uno de los programas de "6 ,7,8" en la TV Pública, y que estaban vinculados a investigaciones que la UIF realizaba sobre varias empresas del Grupo Clarín, y sobre la adquisición de este multimedios y el diario La Nación, de la empresa Papel Prensa durante la última dictadura militar.
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