El Cohete a la Luna
lunes 1º de octubre de 2018
LAS DOS MANOS AMPUTADAS
El gobierno renunció a hacer política monetaria y política fiscal, con un daño incalculable
I. Mandatarios del Fondo
La renuncia de Luis Caputo al cargo de Presidente del Banco Central fue decisión de Madame Lagarde. El FMI no admite, bajo ninguna circunstancia, el uso de la política de intervención sobre el tipo de cambio como parte de una estrategia integrada al programa monetario. Desde julio hasta el 25 de septiembre, fecha en que se instrumentó su renuncia, se perdieron 12.300 millones de dólares de reservas internacionales. Sólo en intervenciones directas, Caputo vendió 5.000 millones. Para el FMI es inaceptable. Por eso salió eyectado justo antes de la firma del acuerdo. El Messi del Central duró apenas tres meses. La saga de ventas realizadas desde la mesa despertó fuertes sospechas incluso en los propios simpatizantes de Cambiemos. Elisa Carrio hizo referencia a posibles actos de colusión financiera, al igual que varios medios de prensa. Incluso una columna de opinión escrita por Lucas Prieto Schorr para el diario La Nación advierte sobre la necesidad de investigar esas operaciones. Caputo ingreso al Central con un dólar de referencia de 27.87 y se fue con un dólar a 38,4. Aún no están los cálculos precisos pero el impacto por operaciones en futuros también será muy significativo.
Las sospechas de favoritismo a operadores del mercado, a bancos con posible información privilegiada, deben ser investigados por la Justicia penal y el Congreso. Hacerlo forma parte de una sana política orientada a promover el derecho a la verdad que la ciudadanía merece frente al avance del poder financiero sobre la democracia. Existen antecedentes precisos en este sentido. Tal el caso del Congreso islandés que luego del desfalco del sistema bancario durante la crisis de 2008, sancionó una ley por la que se creó una Comisión Investigadora que determinó detalladamente las causas del colapso y las responsabilidades legales por imprudencia grave del Primer Ministro del país. El 31 de marzo de 2016, la revista Bloomberg publicó una nota titulada "Welcome to Iceland. This is where bad bankers go to prison". Hauksson, el abogado a cargo de la acusación, trabajó en estrecha relación con la Autoridad de Supervisión Financiera para establecer las características de las operaciones ilícitas y las responsabilidades penales atribuibles a los titulares de los bancos privados. Así se pudo establecer que colocaban préstamos a accionistas e inversores asegurados con el capital de las entidades bancarias. Cuando el mercado comenzó a derrumbarse, las entidades corrieron la misma suerte. La siguiente es la foto de la prisión de Kviabriyggja donde están encerrados esos varones de las finanzas. Fue construida en grandes extensiones de tierra. Nosotros tenemos un país próspero pero un sistema judicial débil, atrapado en tramas mafiosas y extensivas y al servicio de los poderosos.
Horas después de la salida de Caputo se conoció que su reemplazante sería Guido Sandleris, quién previo a cumplir funciones como Secretario de Política Económica de Dujovne fue representante del Ministerio en el directorio del Banco. En ese rol participó de la coordinación de políticas entre economía y Exturzenegger y además pasó la gorra pidiendo adelantos transitorios del BCRA al Tesoro. Esa fue su misión durante un tiempo. Ahora, asumido como Presidente del Central, lanzó el plan "cero emisión monetaria". Cuesta creer que la misma persona que estuvo encargada de pedir los adelantos transitorios, ahora sea el ideólogo de este plan monetario inédito y cuyas consecuencias sociales se verán rápidamente expresadas en la destrucción definitiva de la economía real y las ya pauperizadas condiciones de vida de grandes sectores de la sociedad argentina.
La sola imagen del Ministro de Hacienda sentadito al lado de la Directora Gerente del Fondo, ella con la bandera argentina a sus espaldas y él al lado de un florero, revelan que los planes que se aplicarán de ahora en adelante son obra directa de las autoridades del FMI. Los funcionarios de la cartera económica son mandatarios pero de otro mandante: el Tesoro de los Estados Unidos, que posee el voto mayoritario en la mesa directiva del organismo internacional. El gobierno es el FMI, cuyo domicilio legal está radicado en Washington DC. Lo que queda de este lado es el pueblo y el desafío por recuperar los destinos de un país en ruinas o dar los primeros pasos hacia un protectorado colonial.
Ese y no otro es el resultado de la apuesta por la especulación financiera que el gobierno redobló con el plan monetario de emisión cero. Los meses venideros veremos la disputa entre la apuesta del mercado por doblegar la banda superior de flotación y la del gobierno por reactivar el carry trade a costa de mayor tasa de interés.
II. La doctrina Kudlow
Hace quince días se conocieron las declaraciones de Larry Kudlow, jefe de asesores económicos de la Casa Blanca, quién confesó en una entrevista que en las negociaciones con Argentina se estaba discutiendo volver al modelo de caja de conversión con cero emisión monetaria. Se armó un revuelo y el propio gobierno tuvo que desmentirlo. En su primer discurso, Sandleris anunció que el plan es establecer un programa de no emisión monetaria, asociado con una flotación administrada del tipo de cambio dentro de una banda de 33 a 43 pesos, pero con ajustes del tipo de cambio del 3% mensual, en miras a llegar a diciembre con una banda superior en los 48 pesos. La doctrina Kudlow forma parte del plan presentado por Sandleris y la pauta de apreciación de la banda superior suena a tablita cambiaria. El anuncio conjuga las peores experiencias del monetarismo nacional.
Cero emisión monetaria significa que el BCRA renuncia a su función más importante: emitir dinero. Esto equivale a la disolución del Banco Central. Por eso, como parte del programa del FMI se tiene previsto acelerar la presentación de un proyecto de Carta Orgánica nueva, que en la firma del primer acuerdo estaba fijada para el mes de marzo de 2019. Mediante ese proyecto de reforma se pretenderá consagrar el modelo de caja de conversión y eliminar el mandato de pleno empleo y desarrollo económico.
Cero emisión también significa que el BCRA deja de establecer la tasa de interés de referencia. Ahora la pondrá el mercado, sin participación del organismo regulador. Con ello ganó una pelea central en el campo de la dominancia financiera: quitarle al organismo regulador la herramienta principal para realizar política monetaria y crediticia. Esta primera amputación es la contracara de una segunda amputación que ejecutó el FMI al eliminar cualquier posibilidad de intervenir en el mercado cambiario para incidir sobre el valor del dólar. La banda que fijó el plan monetario es tan amplia que, incluso asumiendo que la apuesta del gobierno por reactivar el carry trade se vuelva una realidad prolongada en el corto plazo, difícilmente el tipo de cambio se aprecie por debajo de los pisos establecidos. Las tasas de interés van a subir tanto como el mercado financiero entienda necesario para establecer el precio de la escasez monetaria. En un día la tasa de la letra de liquidez paso del 60 al 65%. En buen criollo, la actual recesión se va a profundizar aún más de lo previsto. Vamos hacia un escenario salvaje, violento, en donde la falta de dinero, la destrucción del entramado productivo, la caída del consumo, la desocupación podrán ser factores que incidan en la caída de la inflación, pero también podrán ser el escenario de un proceso inverso ligado a la dolarización de los precios básicos de la economía y de la puja distributiva en torno al precio de dólar, que el viernes cerró en 42 pesos.
El programa de emisión cero es paralelo al programa de déficit cero: ambos implican que el gobierno se amputó las dos manos de la política económica, no hace política monetaria ni hace política fiscal. El impacto del daño es incalculable. Al crash financiero se le sumarán el crash productivo y el crash social. Ni el Banco Central ni el Ministerio de Economía fueron concebidos para generar semejante daño. No hay ninguna razón de índole superior que justifique tolerar estas políticas opresivas que no son más que el reflejo del saqueo económico basado en un plan de traición a los mandatos que la Constitución Nacional establece en su preámbulo y sus bases fundamentales. Estas políticas ni siquiera responden a una visión conservadora de la sociedad. Simplemente se trata de la entrega del país a manos foráneas. El FMI es la garantía de ese proceso.
III. ¿Dónde está el Congreso?
Hace tres meses nos impusieron un programa stand-by con el FMI por una suma de 50.000 millones de dólares, de los que ingresaron al país 15.000 millones que ya se fueron por el carril de la fuga de capitales. Esta semana se conoció que el monto fugado en lo que va de 2018 alcanzó la suma de 28.000 millones de dólares. El país se desangra financieramente mientras el Poder Ejecutivo negocia acuerdos ruinosos para el pueblo argentino, que además ni siquiera se debaten en el Congreso. La ley de administración financiera establece una excepción que faculta al ejecutivo a contraer deuda con organismos internacionales de los que forme parte. La validez de esa cláusula es dudosa: no hay motivos razonables para restringir las atribuciones que son propias del Congreso en relación con el manejo de los asuntos vinculados al arreglo y pago de la deuda externa. Por otro lado, la magnitud del endeudamiento, el desequilibro de la balanza de pagos y la naturaleza de los condicionamientos impuestos por el FMI, hacen aún más imperioso el tratamiento parlamentario de las cláusulas y condiciones pactadas, mal que le pese a los dadores de gobernabilidad.
La Constitución establece límites claros a la actuación de los miembros del gabinete nacional. El despacho de los negocios de la Nación y la administración general del país están a cargo el Jefe de Gabinete de Ministros y las carteras respectivas. También son responsables de hacer recaudar las rentas, elaborar y ejecutar la ley de presupuesto. Deben hacerlo basados en criterios de prudencia y con el cuidado exigido por la letra misma del preámbulo constitucional, que establece como misión de la organización política del país "promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino". Frente al alejamiento de este vector, el Congreso debe convocar al recinto a los miembros del gabinete para que formulen las explicaciones verbales y/o escritas que sean necesarias. Incluso tiene atribuciones para formular acusación al gabinete por errores de gestión.
El endeudamiento y la política monetaria son pilares esenciales que no deben quedar exentos de control. El manejo de estos dos asuntos no encontró reparos suficientes por parte del Congreso que amagó varias veces con discutir límites legales a la toma de deuda y finalmente no lo hizo. El fracaso del primer acuerdo con el FMI tampoco fue objeto de discusión en el recinto. El acuerdo actual — aún en vías de aprobación por el pleno del directorio del organismo internacional — presenta exigencias más severas, entre ellas un plus de 7.100 millones más adelantamiento de fondos para 2018 y 2019 (13.400 millones + 22 mil millones, respectivamente), que consumen el margen de actuación financiera para el gobierno que esté al mando en 2020. Ese año habrá que renegociar todo de nuevo.
El presupuesto introduce una reforma al artículo 65 de la Ley de Administración Financiera. En ese artículo se establecen las pautas que condicionan el modo en que se lleve adelante cualquier proceso de reestructuración de deuda externa. En estos casos se deberá seguir el criterio de mejora de monto, plaza y/o tasa. El espíritu de esa cláusula no es otro que prevenir condiciones ruinosas de negociación que agraven el estado de las finanzas publica, del crédito de la Nación y los fines asociados a su administración. Vale recordarlo: estos fines no son otros que el financiamiento de los derechos fundamentales, a pesar de que en la formación ideológica del gobierno nacional no formen parte de las obligaciones del Estado. Mediante el proyecto de ley de Presupuesto para el 2019, el gobierno pretende modificar esta redacción con la excusa de volver más flexibles los términos de futuras negociaciones. Dicen que tal sería el caso de pesificar la deuda externa, como ha ocurrido en Ciudad de Buenos Aires. Este argumento es falso porque una interpretación sana del texto vigente permite fácilmente colegir que reducir la exposición en moneda extranjera es una mejora en los términos de la misma.
El gobierno encubre la verdad de las intenciones que están por detrás del negocio del endeudamiento argentino. Dado que el stock de deuda contraído y el peso de los intereses financieros comprometen la capacidad de pago del país (algunas estimaciones están marcando que la relación Deuda/PIB ya alcanza el 90%), vamos camino a una reestructuración forzada, que realizada conforme reglas de mercado, como propone el gobierno, dejaría a los diputados y senadores sentados en la vereda de enfrente de las negociaciones. Cuando eso suceda, esperemos que el Congreso cuente con suficiente información para formular las impugnaciones necesarias sobre su legitimidad.
El Congreso debería rechazar esta modificación y reasumir sus atribuciones mediante la recuperación directa del manejo de estos asuntos, pudiendo en ese caso designar un cuerpo de representantes con misiones especificas en la materia. Esta propuesta sería prudente dado el grado de irresponsabilidad que el gobierno nacional tuvo hasta aquí en el manejo de la deuda externa, cuyos fondos no se sabe a qué rubros fueron aplicados, aunque es obvio que se emplearon para cancelar gastos corrientes y servicios financieros de la deuda. También ha sido extremadamente irresponsable el BCRA porque es el organismo que tiene que estimar el impacto en el balance de pagos del país. Al menos durante 2016, esas estimaciones fueron un dibujo realizado para cumplir con las formas y ritos previstos en la ley, en un modelo de Banco Central dependiente del Poder Ejecutivo.
El Congreso Nacional necesita volver a discutir el marco jurídico del crédito publico para limitar el endeudamiento externo y la influencia del poder financiero en la decisión de estos asuntos. La oportunidad para hacerlo es la ley de presupuesto que busca convalidar el plan de sujeción del FMI al poder de las finanzas internacionales.
IV. La mordaza de la inclusión financiera
El proyecto de presupuesto, además de pasar un terrible ajuste, introduce nuevamente un saqueo a las arcas del Banco Nación. El año pasado el Tesoro le quitó al banco unos 20.000 millones de pesos y para este año pretende sustraerle otros 15.000 millones, con el adicional del 20% de las utilidades. El Banco Nación atraviesa una delicada situación, hay asambleas en muchísimas sucursales a lo largo del país. L@s trabajador@s se están organizando frente a rumores de privatización del banco más importante del país. La Bancaria junto con la Corriente Federal acaban de emitir un programa de acción política, que refleja una de las visiones más claras frente a la crisis financiera. Esa visión demuestra que el movimiento obrero organizado es crucial en esta etapa. Ese programa debería ser tomado por todas las expresiones y fuerzas políticas que se oponen a los planes del FMI.
Pero volviendo al BNA mientras sus indicadores de liquidez caen, la política de González Fraga es estimular la colocación de créditos blandos bajo el paradigma de la inclusión financiera. En el informe de gestión para el período Mayo-Agosto de 2018, se puede leer que "la meta para el resto del año es focalizar el esfuerzo en la inclusión financiera. Si tomamos los parámetros de otros países de la región, en la Argentina hay 1 millón de emprendedores esperando ser bancarizados. Con ese fin se está trabajando en varios ejes, otorgándole más formalidad a la tarea de los referentes del programa, modificando los criterios de análisis crediticio y también los requisitos mínimos de acceso. Se ha abierto un camino en esta dirección, que se quiere profundizar mediante el financiamiento a personas con o sin ingresos demostrables al momento de presentar la solicitud, estén o no inscriptos en AFIP, como lo permite el BCRA".
Durante el último tiempo, el presidente de la entidad firmó un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación para estimular el endeudamiento de personas que recuperan su libertad luego de pasar un tiempo en prisión. No se discute aquí el derecho a la resocialización de las personas privadas de libertad, menos la apuesta por un futuro digno de quienes salen del infierno carcelario. Sin embargo, el tránsito de las redes penales a las redes de la deuda, podría ser un camino muy distante de cualquier ideario de inclusión financiera. Endeudar a los excluidos del sistema, a los pobres, a quienes día a día sustituyen salario por deuda no es otra cosa que estimular la proliferación de redes de usura, que es el último eslabón al que se acude para pagar el revolving de la carga de intereses financieros. Profundizar este escenario es generar mayor violencia económica. Por estos días se ve el marcado dinamismo que están tomando las financieras en diversas localidades del conurbano. Así como el país se encamina a sufrir la postración de endeudamiento externo, las familias están siendo forzadas por el camino del endeudamiento doméstico. La inclusión financiera es el relato que aglutina el impulso hacia la financieriación de las familias. Frente a este escenario todavía no hay instrumentos legales ni políticos idóneos para frenar el peso de la deuda sobre la economía popular. Muchos hogares están quebrando. Algun@s diputad@s y senador@s están tomando nota de esta problemática pero resta aún discutir las mejores herramientas legales.
El 3 de octubre diferentes organizaciones como INECIP, CINFIN e IDAES se reunirán en el Edificio Volta, para debatir cómo defenderse de la usura y el endeudamiento popular. También será parte de la reunión el movimiento #NiUnaMenos que tiene mucho para opinar frente a la reunión del Woman 20, adonde van las chicas paquetas a discutir el modelo de inclusión financiera como solución a los problemas de pobreza y exclusión. La actividad sostenida gracias al apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, busca abrir un camino de discusión entre académicos, formadores de políticas, sindicatos, abogad@s dedicados a la defensa de usuarios financieros y el litigio en acciones colectivas, jueces y activistas de derechos humanos. Tal vez sea hora de pensar en torno a herramientas orientadas a crear defensorías financieras, legislación sobre endeudamiento familiar y las mejores estrategias para la proliferación de monedas sociales frente al escenario de hambruna monetaria.
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