sábado 12 de enero de 2019
POLÍTICA
Abrid escuelas y se
cerrarán cárceles
Pocas veces como en estas últimas semanas volvió a tener vigencia esta afirmación que efectuó la jurista, intelectual y feminista española Concepción Arenal a mediados del Siglo XIX y que retomó años después nuestro Domingo Faustino Sarmiento.
Lamentablemente, la actualidad de la frase de Arenal no ocurre porque se esté llevando a la práctica tan sabio consejo. Sino porque estamos frente a un gobierno que está haciendo todo lo contrario: al mismo tiempo que cierra escuelas secundarias, solo elabora estrategias punitivas y represivas para los/las niños/as y adolescentes que quedan al margen del sistema educativo.
No es posible analizar la coincidencia de las acciones de ataque a la escuela pública y de reducción de la necesaria discusión sobre la responsabilidad penal juvenil a la baja de la imputabilidad, como un hecho casual. A través de estas dos acciones el gobierno de Macri propone, implícitamente, que la cárcel es el lugar para quienes no encuentran posibilidades en la escuela y/o en el trabajo. En lugar de desarrollar políticas para dar oportunidades a quienes no trabajan ni estudian, elabora estrategias para desalentar e impedir que se integren aquellos que se ven obligados a realizar ambas tareas.
Así como Macri está convencido de que “caen en” la escuela pública los estudiantes que no pueden ir a la privada, también cree que la cárcel debe ser la amenaza para quienes se “caen de” la escuela pública y del mundo del trabajo hacia la marginación. Pero esta última caída no es espontánea. Está favorecida por el “empujón” que viene desde las políticas oficiales que cierran escuelas y fuentes laborales. De esta manera se cumple la profecía enunciada por María Eugenia Vidal: ¿Para qué queremos más Universidades, si los pobres no pueden acceder a los estudios superiores?
En este punto cabe recordar a las autoridades que hace 16 años que la escuela secundaria es obligatoria en la Ciudad de Buenos Aires “en todas sus modalidades y orientaciones” (Ley 898) y que en el año 2006 esta obligatoriedad se extendió a todo el país a partir de la nueva Ley de Educación Nacional (Ley 2026). Por lo tanto, la apertura de vacantes para TODOS los niños, adolescentes, jóvenes y adultos que deben terminar sus estudios medios no es una acción voluntaria que puede o no decidir el gobierno de turno. Es una obligación del Estado. Solo en la CABA hay más de 400.000 adultos sin escolaridad media y casi 15.000 jóvenes en edad escolar secundaria fuera de la misma.
La Ley 898, cuyo proyecto tuve la iniciativa de enviar a la Legislatura en el año 2002 como Secretario de Educación de la CABA, para incluir a los jóvenes en momentos de profunda crisis económico-social, fue aprobada por unanimidad. En ella se plantea la exigencia de “incrementar progresivamente los servicios educativos necesarios para la extensión de la educación obligatoria”. También la distribución de becas para quienes “su situación socioeconómica lo justifique” y las “reformas curriculares” necesarias para actualizar y mejorar la calidad educativa. En caso de necesitar estas reformas, como plantea el gobierno, la Ley también fija el mecanismo a través del cual puede hacerlo, creando “una comisión consultiva de seguimiento ad-honorem integrada por representantes del gobierno, de UNESCO y UNICEF, de los sectores de la educación de gestión pública y privada, del ámbito académico y gremial docente y representantes de los alumnos y las cooperadoras”.
Quiero terminar este breve artículo alertando que es evidente que el cierre de escuelas públicas se corresponde con las políticas de ajuste presupuestario que impone la aplicación del programa del FMI. Pero circunscribirlo a una mirada economicista es subestimar su objetivo. La complementariedad de las medidas educativas y penales que estamos analizando muestra que estamos ante algo mucho más grave que una política de ajuste. Es una propuesta de un “orden social” donde solo unos pocos puedan disfrutar de una ciudadanía plena y crecientes sectores de la población queden al margen de los derechos sociales.
Por eso la respuesta y el rechazo a esta política no pueden quedar solo bajo la responsabilidad de los docentes y la comunidad educativa. Debe ser asumida por todos/as los/las ciudadanos/as que aspiramos a vivir en una sociedad más justa, profundamente democrática e inclusiva.
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