Feminicidios
(o femicidios con complicidad estatal)
La violencia de género crece a un ritmo acelerado, atravesando fronteras territoriales, edades e incluso clases sociales. En lo que va del año se han registrado en el país 22 femicidios que alertan que el riesgo para mujeres y niñas está latente. Si bien el término femicidio es indiscutiblemente válido hasta nuestros días, es necesario poner el acento en otro concepto: el feminicidio, que resulta más abarcativo a la hora de describir uno de los flagelos del siglo XXI que lejos de ser coyuntural es estructural, en tanto apunta a develar la complicidad del aparato estatal.
El año 2019 no tiene nada de nuevo, al menos en lo inherente a la continuidad de la escalada de violencia de género que se viene perpetuando a través del tiempo. Sólo en los escuetos días que van desde que el calendario marcara el inicio de aquél, se han registrado en el país 22 femicidios, el último contabilizado es el de Juana Carolina Britez Rojas, una mujer embarazada quien falleció luego de 12 días de agonía tras ser quemada por su pareja, el femicida Isidoro Brizuela. Estos números reafirman que hoy - como ayer - ser mujer es un factor de riesgo.
A menudo al realizar nuestros hábitos cotidianos (encender el televisor o la radio, leer el diario, ingresar a nuestros perfiles de redes sociales) nos encontramos con una realidad dolorosa y estremecedora: el número creciente de muertes de mujeres víctimas de violencia de género, quienes engrosan un listado en el que nadie quiere estar; aquél que indica que en Argentina, según los datos registrados durante el mes de enero, cada 33 horas murió una mujer en manos del sistema patriarcal.
La violencia de género ha crecido en los últimos tiempos a un ritmo acelerado, atravesando fronteras territoriales, edades e incluso clases sociales. Las estadísticas no paran de cuantificar las múltiples violencias que a menudo se sufren. Sólo en lo que va del año se han registrado en el país 22 femicidios que alertan que el riesgo para mujeres y niñas está latente.
El término femicidio lo popularizó Diana Russell en ocasión de usarlo en su participación en el “Tribunal Internacional de los Crímenes contra la Mujer”, una conferencia realizada en el año 1976 en Bruselas a la que concurrieron mujeres de alrededor de 40 países, entre ellas Simone de Beauvoir quien consideró el hecho como “el inicio de la descolonización de la mujer”.
Allí la palabra femicidio se utilizó con la intención de superar aquella que se venía empleando como genérica (homicidio) y que por tanto invisibilizaba el trasfondo que había en las muertes violentas de mujeres: diversas formas de asesinato sexista perpetrados por varones que se creían sus propietarios.
Con regularidad desde esa época se usa la noción para llamar la atención sobre las muertes de mujeres en razón de serlo. Si bien el término es indiscutiblemente válido hasta nuestros días. La intención de este escrito es poner el acento en otro concepto: el feminicidio, que resulta más abarcativo a la hora de describir uno de los flagelos del siglo XXI que lejos de ser coyuntural es estructural.
El término feminicidio a priori parece similar al de femicidio y de hecho comparte su nota distintiva fundamental; explicitar que con él se hace referencia a la muerte violenta por razones de género. Sin embargo, es más amplio en tanto apunta a develar la complicidad del aparato estatal en esas muertes que podrían evitarse si el rol de las instituciones públicas que intervienen en el abordaje de la violencia de género se desenvolviera acorde al objetivo de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, eje fundamental de los compromisos asumidos por el Estado argentino en el plano internacional al adherir a la Convención de Belém do Pará, faro orientador de políticas en materia de género, que goza de jerarquía constitucional en nuestro país.
El término “feminicidio” se lo debemos a la reconocida intelectual y política mexicana Marcela Lagarde, quien lo utiliza con la intención manifiesta de desenmascarar esas complicidades. La expresión permite enfatizar en lo que subyace detrás de este hecho: las violaciones a los derechos humanos de las mujeres. En palabras de la mencionada antropóloga feminista: “El feminicidio es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de niñas y mujeres”.
Los feminicidos son por tanto crímenes de odio contra las mujeres en los que el Estado tiene una gran responsabilidad en tanto fuente de reproducción del orden patriarcal.
La materialización de esos crímenes refleja la presencia de tres agentes: víctimas (mujeres y niñas) victimarios (hombres) y cómplices (Estado). Para que se produzca un feminicidio - que en la escalera de la violencia es el último peldaño - tienen que haber fallado las instituciones previamente: agentes del Estado inexpertos y escasamente capacitados para atender los planteos de violencia de género, lentitud en las causas judiciales, denuncias desestimadas, botones antipánico que no funcionan, etc.
El vínculo Estado/agresores es indiscutible. Si bien éste no es concertado, esto es, no hay una suerte de “contrato” o acuerdo explícito entre unos y otros, es un producto del sistema patriarcal. El machismo y la misoginia impregna a las instituciones estatales; por lo general las víctimas de violencia de género con frecuencia son doblemente violentadas en tanto la falta de preparación de los agentes públicos las somete a un proceso de “revictimización” en ocasiones cargado de preguntas que la colocan en lugar de victimario: ¿Cómo estabas vestida? ¿El escote era pronunciado? ¿Qué hiciste para que reaccionara de ese modo? son interrogantes propios de personas sin preparación que no hacen el más mínimo esfuerzo mental por buscar explicaciones en lo estructural.
La sociedad patriarcal en la que vivimos continúa reproduciendo mandatos atávicos en diversos ámbitos y los poderes del Estado no son la excepción. En este orden, dentro del aparato estatal concurren una serie de factores que contribuyen a sembrar en “terreno fértil” la concurrencia de estos hechos de violencia que las estadísticas registran a diario; sin dudas el principal de ellos es lo que se conoce como “ceguera de género”, esto es, el no reconocimiento (ni cuestionamiento) de los roles que configuran relaciones asimetrías entre mujeres y hombres.
En el entramado institucional aquella no sólo contribuye reproducir el statu quo sino que es el principal obstáculo para impulsar políticas públicas que permitan derribar los mitos que sustentan la división sexual del trabajo y por ende la desigualdad entre mujeres y hombres. Esa “ceguera de género” impregna a las instituciones pero también domina a los agentes estatales, los anula y los hace cómplices por su negligencia u omisiones voluntarias.
La voz autorizada de Lagarde nos recuerda que cuando el Estado es parte estructural del problema por su signo patriarcal y por la preservación de dicho orden, el feminicidio es un crimen de Estado.
En Argentina cabe recordar que en materia de gestión de políticas de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, las autoridades de cambiemos mantienen un discurso ambivalente; caracterizado por continuos avances y retrocesos, con predominio de éstos últimos.
La afirmación anterior se sustenta en innumerables hechos acaecidos durante estos tres años de gobierno. Algunos ejemplos que permite ilustrar esa ambivalencia datan del 2018, año en el que habilitaron el debate y sanción de la denominada “Ley Micaela” (registrada bajo el N° 27.499) que prevé la realización de capacitaciones obligatorias en la temática de género y violencia contra las mujeres para los agentes de los tres poderes del Estado. Esa iniciativa legislativa que era parte de la agenda de género, pese a estar trabada por vario tiempo en el Congreso, formó parte de los proyectos sancionados en la última sesión extraordinaria celebrada el 19 de diciembre.
Sin embargo, como contracara de esa loable legislación cabe mencionar la recurrente desinversión que vienen fomentando al destinar cada vez menores recursos públicos para luchar contra la violencia de género y al reasignar de forma arbitraria partidas presupuestarias de la órbita del Instituto Nacional de las Mujeres a otras áreas. Eso, señores gobernantes, también contribuye al encubrimiento, a la complicidad y a la escaldada de violencia.
Como ciudadanos debemos hacernos eco de aquello que el feminismo viene denunciando desde hace años; que “lo personal es político” y como tal el Estado debe dar respuestas y promover políticas públicas frente a estos hechos. Hay que poner fin a uno de los flagelos del siglo XXI y con ello a la complicidad estatal. Que los gritos se multipliquen a lo largo y ancho del territorio argentino: ¡Ni una menos! ¡Basta de feminicidios! ¡Basta de complicidad estatal!
1 comentario:
Desde mi personal parecer, creo que estamos frente a una cuestion cultural de profundas raíces, por lo que no hay que minimizar y reaccionar solo emotivamente, si no los profesionales ponernos a estudiarlas para clarificarlas en su esencia y causa. Y digo esto, pues no veo que se esté dando una persecución y muerte a las mujeres por su género, si no que la mayoría de los casos que se conocen publicamente, es por la reaccion de hombres sin antecedentes penales pero si de rasgos posesivos y autoritarios que a la vez demuestran debilidad e inseguridad , y que no soportan ser abandonados, por su "mujer-posesion" , ni verlas con otras parejas, que sienten derrumbarse su supuesta autoridad, y sin importarles la situacion en la que se encuentren, ya sea sola o frente a hijos, no pueden frenar su impulso autodestructivo y desvalorizado, y tampoco les interesa las consecuencias, ya sea de prision perpetua o suicidios, y actúan violentamente. O sea que se trata de un fenomeno sociocultural que hay que profundizar para actuar a nivel profesional y social, aclarando con mensajes publicos para llegar a esas personas con rasgos patologicos muy específicos que son los causantes de estas aberraciones.
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