viernes 12 de mayo de 2017
Entre el desempleo y la informalidad
La situación del mercado de trabajo, desde la asunción de Mauricio Macri, no ha hecho más que deteriorarse. Aumentaron los despidos estrepitosamente y se avanza en un proceso de flexibilización laboral. La informalidad se presenta como un problema y la respuesta del gobierno es aplicar viejas recetas que ya fracasaron. Peones rurales, trabajadores textiles y empleadas domésticas están entre los más afectados.
Por HERNÁN LETCHER
Desde diciembre de 2015, los despidos y suspensiones han crecido vertiginosamente, se ha deteriorado el poder adquisitivo del salario – con más intensidad entre los ingresos más bajos y el sector informal – y se ha emprendido un importante proceso de flexibilización laboral. En este contexto, la informalidad laboral aparece como una problemática compleja, que se agrega al escenario desfavorable para el conjunto de los trabajadores argentinos.
La respuesta del gobierno frente a esta problemática, radica casi exclusivamente en reducir las contribuciones patronales, a pesar de que esto ya ha sido aplicado durante los años 90 sin efectos positivos sobre los niveles de empleo o la reducción de la informalidad. Reducir las prácticas de no registración laboral no invalida los beneficios fiscales, pero requiere una política integral de promoción del empleo formal. Esto último solo será posible en un contexto de crecimiento económico y generación de puestos de trabajo de calidad.
La creación de empleo y la reducción de la informalidad se alcanzan con políticas específicas sobre el mercado laboral y con el fortalecimiento del mercado interno, mejorando el ingreso de los trabajadores.
En cuanto al origen de las prácticas de no registración laboral, es importante considerar, en primer lugar, el análisis segmentado según tamaño de empresa. Esto remite, indefectiblemente, a la sustentabilidad de la actividad económica en el caso de las unidades más pequeñas, y a razones vinculadas a mejora de márgenes de ganancia, en el caso de las de mayor tamaño. En paralelo a ello, algunas actividades presentan niveles elevados de informalidad dada su configuración histórica y particular.
Por un lado, un sector de la economía argentina (y latinoamericana) presenta escasa productividad y rentabilidad, derivando de ello, dificultades para formalizar el empleo y ser sustentable a la vez. Esto es observable de manera directa en el cuentapropismo y en el caso de los asalariados dependientes – en muchos casos – de empleadores con pequeñas unidades de negocio de hasta 5 trabajadores (pequeños comercios barriales – kioscos, verdulerías, peluquerías, etc. - o puestos de ferias). Se trata de sectores que, sin mediar regulación y acompañamiento estatal, no pueden formalizar. Cabe indicar que la tasa de empleo no registrado alcanza el 70 por ciento en el segmento mencionado.
Por otro lado, es posible identificar sectores donde se observa resistencia empresarial a la formalización. En efecto, el 31 por ciento de los asalariados no registrados pertenece a unidades de negocios con algún trabajador formalizado, y dentro de este grupo el 65 por ciento son unidades de negocios de más de 5 trabajadores (en empresas de 6 a 40 trabajadores la informalidad alcanza el 45 por ciento, mientras que en empresas de más de 40, alcanza el 18 por ciento). Estamos frente a unidades productivas de mayor tamaño que sin embargo mantienen empleo "en negro".
A este análisis por tamaño debe incorporarse la existencia de actividades que nuclean bolsones de informalidad. Son un ejemplo los peones rurales, con una histórica configuración patronal-sindical de sostenimiento del no registro o el caso del trabajo doméstico, que aun teniendo desde 2014 una ley que regula la actividad, mantiene niveles elevados de informalidad. Otro ejemplo, se evidencia en la cadena textil, donde la tarea de corte y confección se realiza íntegramente con trabajadores informales y donde se han detectado otras irregularidades como el trabajo infantil y esclavo. En este caso, la informalidad tiene un vínculo con la tercerización laboral dado que las grandes marcas de indumentaria solo mantienen como empleo propio el diseño y luego tercerizan la elaboración de las prendas en talleres. La dificultad para reconstruir la trazabilidad mantiene a oscuras un sector importante de la producción textil. Finalmente, el caso de la construcción, presenta una mixtura con el contratismo y empleo eventual que dificulta tanto la estabilidad en el tiempo como la formalización de los trabajadores.
Además de las razones mencionadas, como las dificultades de sustentabilidad económica y las reticencias empresariales en determinadas actividades donde la informalidad es "costumbre", cabe agregar otros elementos que han habilitado la expansión del no registro. Se trata de la ausencia de capacidades de fiscalización laboral estatal, dada su descentralización en los años 90, y su transformación en una herramienta de atracción de inversiones/empresas a provincias con menor presencia reguladora. Otro fenómeno destacable y mencionado anteriormente tiene que ver con las cadenas de tercerización laboral, donde se oculta una parte del proceso productivo (como ocurre en el sector textil, en servicios públicos, etc.) y donde esos trabajadores, además de perder su relación de dependencia directa, no se encuentran registrados.
Controles e incentivos
Atendiendo al diagnóstico previo, debería existir un sistema de incentivos y controles. Para los que "no pueden" es necesario impulsar la promoción de empleo, donde existan incentivos transitorios como la reducción impositiva de la carga patronal. Los beneficios deben segmentarse según el tamaño de la empresa (hasta 5 trabajadores y hasta 40 trabajadores) beneficiando naturalmente a las más pequeñas y con control sobre el nivel de facturación. Para ello es clave la simplificación de los trámites, menores costos y mayor control.
Es importante mencionar que la reducción generalizada de los aportes patronales en los 90, abultó los márgenes de ganancia de las grandes empresas que ya tenían a sus trabajadores formalizados, sin generar mayor empleo ni mejorar los niveles de formalidad laboral.
Para las empresas más grandes, la formalización no se asocia con incentivos, sino que depende de la presencia efectiva del Estado y del impulso que se les otorgue a los controles y a la fiscalización de las irregularidades. Si existe reticencia empresarial a la formalización (dado el objetivo de maximizar ganancias), esta posición no se verá alterada si no median instancias punitivas. En este sentido es interesante lo legislado en la ley 26.940 sancionada a fines de 2014, y con escasa aplicación efectiva, que establecía un registro de empleadores con sanciones laborales (REPSAL) a los que se les impedía (por el tiempo que permanecieran en el incumplimiento), el acceso a "programas, acciones de fomento, o subsidios del Estado", e incluso a "líneas de crédito de bancos públicos". De constatarse reincidencia, se establecía una exclusión del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y se impedía la deducción del impuesto a las ganancias por los gastos inherentes al personal.
Finalmente, cabe hacer mención a una variable contextual y fuertemente condicionante de la expansión de la informalidad laboral: el desempeño económico nacional y local. En efecto, los controles establecidos para las empresas pequeñas y con problemas de viabilidad, sin contemplar la situación económica general, difícilmente tengan éxito.
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