@MartinPique
El hecho salió a la luz el 23 de diciembre, cuando empleados del área de Leyes Reparatorias de la Secretaría de Derechos Humanos descubrieron un faltante de carpetas. Lo que buscaban eran legajos con la carátula de color terracota, entre naranja y rosa, con tres datos que suelen estar escritos a mano: el nombre y apellido de la persona que reclama un subsidio o una reparación histórica a partir de las variadas leyes sancionadas por el Congreso desde el retorno de la democracia como indemnización y desagravio por la persecución política, la privación de la libertad y los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura. Las carpetas que faltaban correspondían a la última ley sancionada con ese fin: la ley 26913/13, de pensión graciable para ex presos políticos de 1976 y 1983 y también para encarcelados en los últimos años del gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón en condición de 'detenidos especiales' – a partir de septiembre de 1974 - y sin las garantías amparadas por la Constitución. En un primer momento, la Secretaría de Derechos Humanos que encabeza Claudio Avruj intentó minimizar el faltante. La directora de Asuntos Jurídicos en Materia de DDHH, Rosana Gargiulo, aseguró que se habían perdido "cuatro expedientes y varios más". Sin embargo, a partir de un cable de la agencia Télam, como también de la insistencia de varios damnificados, entre ellas la misionera Amelia Báez, detenida en 1976 y ex subsecretaria de Derechos Humanos en su provincia, se comprobó que las carpetas extraviadas eran muchas más.
En realidad, los expedientes que desaparecieron misteriosamente del segundo piso de la sede de avenida de 25 de Mayo 544 eran 140. Se encontraban en las oficinas de la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias que gestionan los pedidos de indemnización para las víctimas del Terrorismo de Estado y de la escalada criminal del último período del gobierno de Isabel. Los sectores ultraconservadores, en buena medida apologistas de la dictadura, suelen cuestionar el cobro de esos subsidios con descalificaciones de todo tipo hacia los beneficiarios. Otro hecho llamativo es que la Secretaría de Derechos Humanos realizó la denuncia ante la seccional 1ª de la Policía Federal, Lavalle 451, recién diez días después de comprobado el extravío. Una de las primeras reacciones públicas de la Secretaría fue difundir como perdidos los legajos con las solicitudes de José Lázaro Alonso, Santiago Catalino Andes, Oscar Norberto Miller y Víctor Canotia. Pero para calcular la dimensión real del robo hay que multiplicar este número por 35.
Fuera de la sede de Derechos Humanos de 25 de Mayo 544/552 – las oficinas de Avruj se encuentran en la ex ESMA - el primer indicio de que en la Secretaría había sucedido algo extraño lo tuvo Báez. Detenida en septiembre de 1976 con 18 años, cuando formaba parte de la UES y estudiaba Trabajo Social en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, Báez fue subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno provincial hasta el 15 de septiembre del año pasado. En 1976, mientras su entonces compañero se encontraba clandestino y prófugo (lo detuvieron tres meses después, aunque logró sobrevivir), Báez fue llevada por la fuerza a la Jefatura de la Policía de Posadas, el mayor centro clandestino de la zona. Estuvo 4 días detenida en la jefatura. Luego salió con el régimen de libertad vigilada, con cuatro agentes de la policía provincial que se rotaban 24 horas para observarla tanto en la puerta de la casa de sus padres como en los distintos movimientos que hiciera en la ciudad. Mientras fue funcionaria provincial, Báez reunió a buena parte de los familiares de desaparecidos y sobrevivientes de la dictadura en Misiones para organizar la presentación en los juicios. El máximo responsable de la represión en esa provincia fue el coronel del Ejército Carlos Humberto Caggiano Tedesco, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Caggiano Tedesco fue el firmante de un acta enviada a los interventores de todas las facultades en las que se aconsejaba la desafectación de las aulas y los claustros, como la investigación de cada caso, de estudiantes y docentes acusados de pertenecer o adherir a 'organizaciones subversivas'. Báez se encontraba en ese listado.
En la última década, la ex subsecretaria de DDHH de Misiones integró durante un tiempo el Consejo Federal de los Derechos Humanos. Esa participación le permitió tener una agenda poblada con ex presos de la dictadura y encarcelados durante el gobierno de Isabel, a partir de septiembre del '74. A finales de enero, desde la oficina de ANSES de Posadas –donde se inicia el trámite para acceder a la pensión graciable contemplada en la ley 26913- le advirtieron que se había perdido toda su documentación y que la debía presentar nuevamente. "Me parece grave, gravísimo, que toda esta documental, que todo lo que refiere a esto tan siniestro que vivió nuestro país, que cuesta mucho conseguir, que costó tanto reunir, se pierda en una institución nacional que debería velar por la protección de todo esto", contó Báez en diálogo telefónico con Tiempo. Tras varios días de llamados y comunicaciones con distintos puntos del país, Báez comprobó que los expedientes perdidos eran muchos más. "Yo empecé a indagar en algunas provincias, para ver si a otros compañeros les habían perdido los legajos. Y así nos empezamos a enterar que habían perdido la documentación de unos cuantos. Pero la cifra concreta de que eran 140 la dio (José Brian) Schapira", informó. Se refería al abogado proveniente de un estudio jurídico de la elite más conservadora (Estudio Bunge), con máster en la Southern Methodist University de Texas (EEUU), allegado al embajador en Portugal, Oscar Moscariello, y al propio Avruj, a quien trató mucho mientras el hoy secretario fue director ejecutivo en la DAIA. Schapira hoy reviste como subsecretario de Protección de Derechos Humanos, virtual número 2.
Hace una semana, Schapira confirmó efectivamente que el extravío de carpetas de la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias alcanzaba la cifra de 140. Ese número sorprendió al fiscal a cargo del hecho, Ramiro González, a quien delegó la investigación el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. El jueves pasado, las oficinas de 25 de Mayo 544/552 fueron escenario de varias medidas de prueba realizadas por la División de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad. Consultado por este diario, el fiscal González aclaró que la orden que se concretó el jueves no se trató de una "inspección ocular" sino de "reciclar toda la situación, recoger testimonios, ver mapas, croquis" y comprobar "si en el lugar habían cámaras y todo eso". "Ya se ordenaron un montón de medidas. Y hemos hecho varias. Se encomendó a una fuerza a que se constituyera allí, que viera, con orden de presentación y allanamiento. Y se le dio una serie de ítems para desarrollar", informó.
En la investigación ya se ordenó tomar declaración testimonial a Giraudo, Mónica Gavilanes y Roxana Lódico, tres coordinadoras del área afectada por el extravío. "Se va a analizar todo. El objeto de la presentación ya está en curso y, más allá de si son 1 o 140 legajos, más allá de que hay una diferencia importante, no es lo mismo, la investigación está en curso. Puedo tener varias hipótesis de lo que sucedió, pero todavía es aventurado decirlo", agregó González.
Anoche, este diario se comunicó con la secretaría de DDHH para consultar la opinión oficial de Avruj. Desde la secretaría informaron que el funcionario se encontraba de viaje y que no había más voceros en condiciones de responder la consulta. En la sede de 25 de mayo 544/552 ya se ordenaron varios sumarios administrativos.
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