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Organizaciones sociales desafiaron al gobierno
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miércoles 22 de febrero de 2017
POLÍTICA
Organizaciones sociales desafiaron al gobierno
Representantes de Barrios de Pie y otros grupos reclamaron respuestas de las autoridades, que finalmente acordaron apurar para la semana próxima la reglamentación de la ley de Emergencia Social.
Por Emiliano Russo
Mientras el gobierno logró desactivar un acampe de piqueteros encabezados por Barrios de Pie al asegurar la continuidad de unos 7 mil beneficios sociales en discusión - en el oficialismo aclararon que no se realizaron los pagos porque no se presentaron los papeles respaldatorios - la semana próxima intentará anudar con las organizaciones la reglamentación de la ley de Emergencia Social que crea un registro al que podrían ingresar un millón de trabajadores de la economía popular y que amplía partidas por $30 mil millones hasta 2019.
El piquete sobre el puente Pueyrredón y las protestas frente al Obelisco visibilizaron el reclamo de Barrios de Pie y otros grupos frente al riesgo de que se cayeran miles planes de Construir Empleo.
En el gobierno reconocieron que faltaban los listados de casi 7 mil beneficiarios, que ningún plan iba a darse de baja pero que "provisoriamente estaban fuera del programa hasta tanto presenten el proyecto de trabajo y regularicen su situación".
En este sentido, precisaron que "Barrios de Pie presentó los proyectos de 1038 de sus 1050 beneficiarios iniciales por lo cual seguirán percibiendo el beneficio económico" que asciende a $4 mil.
Ayer por la tarde Daniel Menéndez (Barrios de Pie) y otros dirigentes sociales fueron recibidos en la sede de Trabajo por el secretario de Empleo, Miguel Ponte, y de Promoción del Sector Social de la Economía, Gustavo Vélez y acordaron la continuidad de los programas.
'Otras organizaciones no presentaron los proyectos y había algunas demoras de pago por problemas con Hacienda pero eran momentáneos. Por eso levantaron el acampe', dijo a este diario una fuente de la cartera laboral.
El ministerio de Desarrollo Social, de estrecho vínculo con las organizaciones sociales, ayer no estuvo en la mesa de negociaciones pero sí lo estará próximo jueves 2 de marzo cuando reciba a los principales referentes para avanzar en la reglamentación de la ley de Emergencia Social, que crea un registro de trabajadores de la economía popular que comenzarán a cobrar un salario social complementario.
En paralelo, las organizaciones dialogan con la Superintendencia de Servicios de Salud para crear una obra social para los trabajadores informales.
Esteban 'Gringo' Castro, líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), tiene buen vínculo con los funcionarios pero ayer acompañó la protesta. "Quisieron bajar los programas, por eso marchamos. La situación está cada vez peor, la crisis va empujando a trabajadores fuera del sistema todas las semanas. En el comedor de mi barrio, en Cuartel V de Moreno, cada vez más niños vienen a merendar", sostuvo.
Castro anticipó que participará de la reunión en Desarrollo Social del próximo jueves. "Le hicimos una propuesta y vamos a hablar sobre ello y trataremos de terminar la reglamentación. Aspiramos a que en una primera etapa se incluya a un millón de compañeros pero son más de 4 millones los que se encuentran en esta situación", concluyó.
En tanto, un funcionario de la cartera conducida por Carolina Stanley resaltó ante la consulta de este medio "el buen vínculo existente con las organizaciones. La semana próxima nos reuniremos para avanzar. Pero antes de hablar de números (del registro) tenemos que ver lo social y lo técnico. Estamos trabajando distintas alternativas y una primera aproximación nos las da el registro del monotributo social, que establece una categoría fiscal de las personas."
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